Ordinario N° 777, de 27 de febrero de 2014

cb REcada e si DIRECCION DEL TRABA. DEPARTAMENTO JURIDICO K1838(416)14 0777 : MAT.: Informa lo que indica. ANT.: 1) Pase N* 353 de 20.02.14 de la Sra. Jefa de Gabinete de la Sra. Directora del Trabajo. 2) Oficio N% 11210 de 13.02.14 de la Contraloría General de la República. 3) Ordinario N* 1460 de 25.11.13 del sr. Alcalde la llustre Municipalidad de Punta Arenas. A A ——<— SANTIAGO, 21588 209 DE: DIRECTORA DEL TRABAJO A : SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Mediante oficio del antecedente 2), Ud. solicita a esta Dirección, informe sobre una presentación formulada por la Municipalidad de Punta Arenas, que contiene diversas consultas relativas a materias de la Ley N' 20.647. La primera de ellas, acerca de la obligación que pesaría sobre las municipalidades de financiar los servicios de bienestar creados al amparo de la ley N* 20.647, que modificó la Ley N? 19.754, tratándose del personal de atención primaria de la salud que depende de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro; la segunda consulta, que dice relación con la posibilidad de efectuar este aporte según las normas sobre subvenciones contempladas en el artículo 59, letra g) de la Ley N” 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y finalmente, aquella que requiere determinar el estatuto según el cual se debe otorgar este aporte en el evento que exista obligación de otorgarlo y no se pueda llevar a cabo por la vía de las subvenciones.

Al respecto, cumplo con informar lo siguiente:

Analizada la historia de la Ley N* 20.647 por la que se consulta, se ha podido establecer que ella en forma reiterada señala que la fiscalización de los servicios de bienestar a que se refiere esta nueva normativa quedaría supeditada a la Contraloría General de la República y no a esta Dirección.

En efecto, según aparece consignado en página 6 del Mensaje Presidencial contenido en la recopilación de la historia fidedigna de la ley de que se trata, elaborada por la Biblioteca del Congreso Nacional, “En materia de fiscalización, el proyecto determina que la unidad de bienestar, como parte de la estructura municipal(sic). Por ende, no se innova respecto de la ley N* 19.754, por lo que la materia queda sometida especialmente a la fiscalización de la Contraloría General de la República.”

Luego, en la página 7 del mismo Mensaje se señala: “En materia de fiscalización, ella queda entregada especialmente a la Contraloría General de la República.”

A su vez, en la discusión en sala durante el Primer Trámite Constitucional (página 35 de la Recopilación), el diputado Sr. Sergio Ojeda, en representación de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, expresa: “El hecho de que la fiscalización quede entregada a la Contraloría General de la República da mayor fuerza y transparencia al sistema.”

A su turno, el informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional (página 49) señala, además: “Finalmente, el mensaje declara que estos servicios de bienestar quedan bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República, pues formarán parte de la estructura municipal”

Lo antes expuesto permite sostener que si bien esta Dirección es el órgano encargado de fiscalizar las normas laborales del personal sujeto a la Ley N* 19.378 que labora para las corporaciones municipales de derecho privado, carece de competencia para pronunciarse sobre las materias específicas de ta consulta, referidas todas ellas al financiamiento de los servicios de bienestar.

A mayor abundamiento, cabe señalar que coste Servicio ya se había pronunciado con anterioridad, mediante dictamen N* 4242/161, de 11.10.03, cuya copia se adjunta, según el cual la Dirección carece de competencia para pronunciarse sobre las funciones especiales de las municipalidades, establecidas en el artículo 5%, letra y) de la Ley N* 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, correspondiendo el pronunciamiento sobre esta materia a esa Contraloría, materia a la que especificamente se refiere la segunda consulta formulada por el Sr. Alcalde de la llustre Municipalidad de Punta Arenas.

Lo anterior se encuentra acorde también con lo dispuesto en dictámenes 21.689, de 10.04.13; 69.200, de 18.11.10; 25.303, de 26.04.11; 15.526, de 08.03.13, y 2.891, de 15.01.13, todos de ese organismo, que señalan que dicha Contraloría ejerce el control de los recursos financieros de las corporaciones municipales, correspondiendo a esta Dirección la fiscalización solo, como ya se señaló, de las normas de carácter laboral que rigen al personal sujeto a la Ley N* 19.378 que se desempeña en las corporaciones municipales a que se refiere el decreto con fuerza de ley N* 1-3063, de 1980, del Ministerio del Interior,

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