Dirección del Trabajo
Ordinario N° 519, de 14 de abril de 2023
ORD. N°519 — ORD. N°519 Organización Sindical; Autonomía Sindical; Conflicto entre socios; Co
Sumario
ORD. N°519 Organización Sindical; Autonomía Sindical; Conflicto entre socios; Competencia Dirección del Trabajo; La Dirección del Trabajo debe abstenerse de intervenir en los conflictos que se susciten al interior de una organización sindical, correspondiendo a los propios interesados, dirigentes y socios, en virtud del principio de autonomía sindical, resolver sus diferencias, salvo que el socio afectado decida someter al asunto a conocimiento de los Tribunales de Justicia.
Texto del pronunciamiento
Dlrecciondel a Unidad e Diciámenes € Homes 519 Derecho OS E81467(526)2022 ORDINARION“__.___ / ACTUACIÓN: Aplica doctrina. MATERIA: Autonomía Sindical. Conflicto entre socios. Competencia. Dirección del Trabajo. RESUMEN: La Dirección del Trabajo debe abstenerse de intervenir en los conflictos que se susciten al interior de una organización sindical, correspondiendo a los propios interesados, dirigentes y socios, en virtud del principio de autonomía sindical, resolver sus diferencias, salvo que el socio afectado decida someter el asunto a conocimiento de los Tribunales de Justicia. ANTECEDENTES: 1) Instrucciones de 27.03.2023, de Jefa Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho. 2) Presentación de 20.04.2022, de SANTIAGO, , 14 ABR 2023 DE: JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO(S)
DIRECCIÓN DEL TRABAJO Az OO 7
Mediante presentación del antecedente 2) expone que los socios del Sindicato al que se encuentra afiliada desde el año 2017, han cuestionado su participación en dicha organización como también la de otros socios por el hecho de formar del equipo directivo del establecimiento educacional en que prestan servicios.
Señala que en una reunión sindical fijada para conversar sobre un beneficio se abordó el tema de la sindicalización de aquellos socios que cumplen funciones directivas en el establecimiento, oportunidad en que un grupo de socios del sindicato les hizo un juicio público e incluso un integrante de la directiva sindical los trató de antiéticos.
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Al respecto cumplo con informar a Ud. lo siguiente:
El artículo 212 del Código del Trabajo, dispone:
“Reconocése a los trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas.”
Por su parte, el artículo 231 inciso 1”, del mismo cuerpo legal, establece:
“El estatuto del sindicato deberá contemplar los requisitos de afiliación, de desafiliación y los derechos y obligaciones de sus miembros, los requisitos para ser elegido dirigente sindical, los mecanismos de modificación del estatuto o de fusión del sindicato, el régimen disciplinario interno y la clase y denominación del sindicato que lo identifique, que no podrá sugerir el carácter de único o exclusivo.”
De las disposiciones legales transcritas se desprende que por expreso mandato del legislador las organizaciones sindicales deben adecuar el desarrollo de sus actividades a las disposiciones contenidas en la ley, y en los estatutos que aprobaren.
De lo expuesto se infiere que las actuaciones que realice el sindicato no solo deben ceñirse a lo establecido en la ley, sino que también a las disposiciones contenidas en sus estatutos, de modo que, su incumplimiento podría tener como resultado la declaración de nulidad, materia que debe ser conocida y resuelta por los Tribunales de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1681 y siguientes del Código civil.
En el mismo orden de ideas, la jurisprudencia administrativa de este Servicio contenida, entre otros, en los Dictámenes Nros. 4401/218 de 18.07.1995 y 1669/138 de 26.04.2000, doctrina reiterada en los Ordinarios Nros. 6180 de 29.12.2016 y 3931 de 27.07.2018, sostiene que:
“Para el legislador tienen el mismo valor las disposiciones dictadas por él que las contempladas en los estatutos y que la fuerza obligatoria de las últimas encuentra su fundamento en el deseo del legislador de no intervenir en la reglamentación de aquellas materias propias del funcionamiento interno del sindicato, a fin de que sea la propia organización la que, en el ejercicio de la autonomía sindical, fije las reglas que en cada situación deberán aplicarse, como sucede por ejemplo, con las convocatorias a asambleas o votaciones, los quórum que deben reunir las asambleas ordinarias o extraordinarias cuando la ley no ha dicho nada al respecto, la forma de votar las censuras, etc.”
De esta forma, corresponde a la organización establecer las reglas que se aplicarán en cada caso, como sucede con los requisitos de afiliación y desafiliación.
Agrega el Ordinario N*2816 de 25.05.2016, que:
* Reafirma lo anterior la derogación por la ley N*19.759, de 2001, del capítulo XI del Código del Trabajo, que contemplaba normas sobre fiscalización de las organizaciones sindicales y de las sanciones correspondientes, de forma tal que la competencia de esta Dirección se encuentra limitada al marco de la ley, sin que resulte pertinente fiscalizar ni emitir pronunciamientos respecto de la aplicación que las organizaciones hagan de sus estatutos sindicales y en general, de su reglamentación interna, sin perjuicio de encontrarse habilitada para advertir, en su caso que las aludidas disposiciones internas contravienen la normativa laboral vigente, y de observar los estatutos y sus reformas, en los casos
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contemplados en los artículos 223 y 233 del Código del Trabajo, que le confieren tal facultad, en la oportunidad y condiciones allí previstas.”
Seguidamente, respecto de las facultades de la Dirección del Trabajo para participar en los conflictos que se originen al interior de una organización sindical, cabe señalar que por medio de la Ley N*19.759, fueron derogadas aquellas normas que de algún modo pudieran debilitar el principio de libertad y autonomía de que gozan estas entidades, tanto en materia administrativa como patrimonial. Lo anterior con el objeto de ajustar el ordenamiento jurídico interno a los convenios internacionales N” 87 y 98, de la Organización Internacional del Trabajo, que reconocen la autonomía de las organizaciones de trabajadores y de empleadores para los efectos de su organización como de su gobierno.
Lo expuesto, se ve reflejado en las normas que entregan a las organizaciones sindicales autonomía para determinar en sus estatutos sus finalidades, organización y funcionamiento, como manifestación de la libertad sindical,
En tal sentido se ha pronunciado este Servicio, entre otros, en el Dictamen N* 2374/133 de 24.07.2002, que señala:
“(...) la Dirección del Trabajo, en su calidad de autoridad pública, debe inhibirse de participar frente a los conflictos que se susciten al interior de una organización sindical y deben ser los propios interesados, de acuerdo con el principio de autonomía sindical que rige a estas organizaciones, los que encuentren solución a los desacuerdos o disputas que se originen.
Finalmente, de lo expuesto se concluye que este Servicio, en su calidad de autoridad pública debe abstenerse de intervenir en los conflictos que se susciten al interior de una organización sindical, correspondiendo a los propios interesados, dirigentes y socios, resolver sus diferencias, salvo que el socio afectado decida someter el asunto a conocimiento de los Tribunales de Justicia.
En consecuencia, sobre la base de las consideraciones formuladas, disposiciones legales citadas y jurisprudencia invocada, cumplo con informar a usted:
La Dirección del Trabajo debe abstenerse de intervenir en los conflictos que se susciten al interior de una organización sindical, correspondiendo a los propios interesados, dirigentes y socios, en virtud del principio de autonomía sindical, resolver sus diferencias, salvo que el socio afectado decida someter el asunto a
conocimiento de los Tribunales de Justicia.
Saluda atentamente a Ud. IN)
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Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
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Dirección del Trabajo, Ordinario N° 519, de 14 de abril de 2023.
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