Reclamo de avalúo: modificación individual de avalúo bien raíz no agrícola

Concepción, dieciocho de mayo de dos mil quince. VISTOS: Que, a fojas 6 y siguientes, con fecha 24 de octubre de 2014, comparece don Alfonso Valdés Hueche, Rut 12.100.202-7 abogado, en representación procesal de Inmobiliaria Pedro de Valdivia S.A., Rol Único Tributario 80.492.300-4, ambos domiciliados para estos efectos en calle Aníbal Pinto, n° 215, oficina 901, comuna de Concepción, quien interpone reclamo en conformidad a los artículos 149 y siguientes del Código Tributario en contra de las resoluciones modificatorias individuales de avalúos n° A08.2014.00012937 y A08.2014.00012938 de fecha 08 de julio de 2014, ambas emitidas por la VIII Dirección Regional Concepción del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: Parte su exposición arguyendo que el ente fiscal ha dictado las resoluciones indicadas que materializan modificaciones de avaluó del Rol n° 1230-40 de la comuna de Concepción. Es así que, la resolución exenta n° A08.2014.00012937, modifica a partir del 01.01.2013 el giro del impuesto del rol indicado de $0 a $ 10.195.272 por semestre y la resolución exenta n° A08.2014.00012938 modifica a partir del 01.07.2011 hasta el 31.12.2012 el giro del impuesto del rol indicado de $0 a $ 11.531.901 por semestre. Luego, solicita como alegación principal que las resoluciones modificatorias sean dejadas sin efecto debido a su falta de fundamentación, puesto que el ente fiscal pretende sustentar una cuota semestral de contribuciones de naturaleza expropiatoria, dada su cuantía, como consecuencia de modificaciones de avalúos de naturaleza oculta puesto que no se explicitan, siendo revelador que el órgano fiscalizador omita todo dato que permita relacionar lo concluido, con un ítem preciso y determinado del catastro físico del rol 1230-40, de la referida comuna. Asimismo, indica que las resoluciones modificatorias de avalúos carecen de toda fundamentación, revelando doctrina y jurisprudencia al efecto. Luego, y como segunda alegación, señala que las resoluciones impugnadas deben ser dejadas sin efecto, por cuanto no se ha producido circunstancia alguna que afecte la situación tributaria del Rol 1230-40 de Concepción, es así, que siempre ha gozado en forma ininterrumpida de exención de impuesto territorial del predio en cuestión, atendida su afectación al deporte y a la recreación, derivado de la celebración de un contrato de comodato con el Concepción Country Club, quien administra este recinto. Expresa, enseguida, como petición subsidiaria, que las modificaciones de avalúos deben empezar a regir a contar del 01.01.2015, según lo postula el artículo 13 de la Ley 17.235, sobre Impuesto Territorial, procediendo luego a referirse a un fallo dictado por el Tribunal Tributario y Aduanero de Temuco, en causa Rit AB-10-00010-2011. Documento firmado electrónicamente por don/ña Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño, el 18-05-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 4d99a05d-6944-43f4-9c32-48b934f26772 Timbre Electrónico Finaliza solicitando tener por interpuesto el reclamo tributario en contra de las Resoluciones Exentas n° A08.2014.00012937 y A08.2014.00012938, y en consecuencia se ordene dejarlas sin efecto, todo ello con expresa condenación en costas. A fojas 12, se tuvo por interpuesta la reclamación, confiriéndose traslado al Servicio de Impuestos Internos para contestar. A fojas 30 y siguientes, con fecha 16 de diciembre de 2014, comparece doña Mary Pilar Pinto Jaen, abogado de la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, evacuando el traslado conferido, solicitando el rechazo del reclamo de autos de acuerdo a los siguientes fundamentos: Inicia su relato dando a conocer antecedentes relativos a la normativa aplicable y a las características del inmueble reclamado. Expresa, enseguida, que respecto a la alegación de falta de fundamentación de las resoluciones reclamadas, dicho alegato no es procedente ya que la resolución tiene su sustento en lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 7 de la Constitución Política de la Republica y en el inciso 1° del artículo 24 del Código Tributario. Luego, indica que las resoluciones y el análisis de la situación tributaria, lo mismo que la petición de antecedentes y constancia de notificación al propietario, son todos parte del procedimiento del plan de fiscalización implementado por el Servicio, para revisar la procedencia y consecuente eliminación de las exenciones de impuesto territorial modificadas por ley el año 2006, y que al año 2014, se encontraban erróneamente registradas en el catastro de bienes raíces; señalando finalmente, que teniendo en cuenta que lo que se presume conocido de derecho conforme al tenor claro y expreso del artículo 8 de nuestro Código Civil, es la ley, en este caso la ley n° 17.235 de impuesto territorial, es que deben entenderse como suficientemente fundadas las resoluciones reclamadas. Posteriormente, señala que la causal impugnada en rigor no corresponde a una modificación individual, sino a la revisión de la exención de impuesto territorial registrada desde el año 1997, debido a un plan de fiscalización centralizado generado para el año 2014, para los recintos deportivos privados exentos en un 100% de impuesto territorial, manteniéndose el avalúo total y su desglose del inmueble reclamado, sin modificación alguna causada por la resoluciones emitidas en julio de 2014, por lo tanto al tenor del artículo 149 del Código Tributario debió ser rechazado de plano. Continuando su exposición, sostiene que con fecha 01 de julio de 2005 se publicó la ley n° 20.033, que introduce modificaciones a la ley n° 17.235 sobre impuesto territorial , entre las cuales se encuentran las referidas al cambio en el sistema de exenciones al impuesto territorial, de acuerdo a un nuevo cuadro anexo que contiene la nueva nómina de exenciones, estableciendo Documento firmado electrónicamente por don/ña Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño, el 18-05-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 4d99a05d-6944-43f4-9c32-48b934f26772 Timbre Electrónico condiciones que deben cumplirse en determinados casos para gozar de las mismas; por lo cual, en este contexto se revisó el reconocimiento efectuado por el Servicio el año 1997, de la exención de impuesto territorial registrada en el rol de avalúo n° 1230-40 de la comuna de Concepción, procediéndose con fecha 06 de mayo de 2014 a notificar al contribuyente para que aportara los antecedentes requeridos, los cuales –continua- no se presentaron, procediéndose , en definitiva, a la eliminación de la exención registrada en el catastro y la consecuente emisión centralizada de las resoluciones que fueron reclamadas, y posteriormente a la emisión de los giros suplementarios a través del rol suplementario de contribuciones a publicar en diciembre de 2014, según establece el artículo 19 de la ley 17.235 sobre impuesto territorial, con el envío centralizado de los recibos de pago de los giros semestrales suplementarios antes de su vencimiento el 31 de diciembre de 2014, modificando también los giros o cuotas trimestrales a través de los roles semestrales de contribuciones a publicar el primer y segundo semestre del año 2015 y siguientes, con la correspondiente emisión de los recibos de pago antes de su vencimiento en abril, junio, septiembre y noviembre de cada año. Termina solicitando que en definitiva se confirme la actuación desarrollada por el Servicio, todo ello con la debida condenación en costas de la parte reclamante. A fojas 35, se tuvo por evacuado el traslado por parte del Servicio de Impuestos Internos. A fojas 37, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: > Efectividad de existir un vicio de falta de fundamentación en la dictación de las resoluciones modificatorias individuales de avalúos n° A08.2014.00012937 y A08.2014.00012938 de fecha 8 de julio de 2014 por parte del Servicio de Impuestos Internos. Antecedentes, hechos o circunstancias que la reclamada habría omitido al dictar los actos administrativos impugnados. > Efectividad que concurren los presupuestos que permitirían dejar sin efecto las resoluciones reclamadas. Antecedentes, hechos o circunstancias que lo acreditan. A fojas 97, se trajeron los autos para resolver. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el reclamo se interpuso dentro del plazo señalado por la ley. SEGUNDO: Que, a fojas 6 y siguientes, con fecha 24 de octubre de 2014, comparece don Alfonso Valdés Hueche, Rut 12.100.202-7 abogado, en representación procesal de INMOBILIARIA PEDRO DE VALDIVIA S.A., Rol Único Tributario 80.492.300-4, ambos domiciliados para estos efectos en calle Aníbal Pinto, n° 215, oficina 901, comuna de Concepción, quien interpone reclamo en conformidad a los artículos 149 y siguientes del Código Tributario en contra de las resoluciones Documento firmado electrónicamente por don/ña Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño, el 18-05-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 4d99a05d-6944-43f4-9c32-48b934f26772 Timbre Electrónico modificatorias individuales de avalúos n° A08.2014.00012937 y A08.2014.00012938 de igual fecha, siendo esta el día 08 de julio de 2014, ambas emitidas por la VIII Dirección Regional Concepción del Servicio de Impuestos Internos. A fin de apoyar sus argumentos, la reclamante rindió la siguiente prueba: DOCUMENTAL 1.- A fojas 1 y 2, copia de las resoluciones reclamadas. 2.- A fojas 3, nómina de correos de fecha 9 de julio de 2014. 3.- A fojas 20 y 21, copia de sentencias de fecha 11.11.2005. 4.- A fojas 44, certificado de avalúo fiscal. 5.- De fojas 53 a 92, fallos dictados por Tribunales Tributarios y Aduaneros. TERCERO: Que, a fojas 30 y siguientes, el Servicio de Impuestos Internos evacuó el traslado conferido, solicitando que se confirme la actuación desarrollada por su parte, con costas. CUARTO: Que, la parte reclamada rindió la siguiente prueba. -DOCUMENTAL. 1.- A fojas 50, formulario 2834. - TESTIMONIAL. Que, durante el término probatorio la parte reclamada rindió prueba testimonial, consistente en la declaración de doña Loren Ugalde Jaque, Rut 13.507.336-9, Fiscalizadora, y que rola a fojas 49 y siguiente. QUINTO: Que es un hecho no discutido por las partes: - Que el ente administrativo ha procedido a emitir las resoluciones A08.2014.00012937 y A08.2014.00012938 de fecha 8 de julio de 2014. SEXTO: Que, por el contrario, los hechos controvertidos son los siguientes: - Efectividad de existir un vicio de falta de fundamentación en la dictación de las resoluciones modificatorias individuales de avalúos n° A08.2014.00012937 y A08.2014.00012938 de fecha 8 de julio de 2014 por parte del Servicio de Impuestos Internos. Antecedentes, hechos o circunstancias que la reclamada habría omitido al dictar los actos administrativos impugnados. Documento firmado electrónicamente por don/ña Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño, el 18-05-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 4d99a05d-6944-43f4-9c32-48b934f26772 Timbre Electrónico - Efectividad que concurren los presupuestos que permitirían dejar sin efecto las resoluciones reclamadas. Antecedentes, hechos o circunstancias que lo acreditan. SÉPTIMO: Que, según se aprecia del examen de los actos administrativos impugnados, del escrito de reclamación y de la contestación del Servicio de Impuestos Internos, la controversia jurídica se centra, primeramente, en determinar la existencia o no de una falta de fundamentación en la dictación de los actos administrativos reclamados. OCTAVO: Que, bajo este tenor, se observa que con fecha 8 de julio de 2014 el Servicio reclamado procede a dictar las resoluciones modificatorias individuales de avalúos n° A08.2014.00012937 y A08.2014.00012938, señalando, respecto de la primera resolución, en su considerando el n° 2 que “por aplicación del plan de fiscalización de los bienes raíces, se ha analizado su situación tributaria, en cuanto al impuesto territorial, del bien raíz rol n° 1230-40, ubicado en los Copihues 235, de la comuna de Concepción, resolviéndose modificar a partir del 01.01.2013, el giro del impuesto territorial de dicho bien raíz de $ 0 a $ 10.195.272 por semestre, montos en moneda del segundo semestre de 2014”; y respecto de la segunda resolución, en su considerando el n° 2 que “por aplicación del plan de fiscalización de los bienes raíces, se ha analizado su situación tributaria, en cuanto al impuesto territorial, del bien raíz rol n° 1230-40, ubicado en los Copihues 235, de la comuna de Concepción, resolviéndose modificar a partir del 01.07.2011 y hasta el 31.12.2012, el giro del impuesto territorial de dicho bien raíz de $ 0 a $ 11.531.901 por semestre, montos en moneda del segundo semestre de 2014”. NOVENO: Que, como punto de partida para el análisis propuesto en el motivo anterior, es necesario recordar que ni la Ley de Impuesto Territorial, ni el Código Tributario, entregan un concepto de lo que ha de entenderse por resolución. Frente a esta indefinición legal, debe recurrirse a las normas contenidas en la Ley n.° 19.880 de 2003, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. En este contexto, no debe olvidarse que el artículo 1° de ese texto normativo, consagra el carácter supletorio de sus disposiciones en caso que la ley establezca procedimientos administrativos especiales. Sobre el particular, la Contraloría General de la República ha señalado que la supletoriedad aludida, “significa que su uso procede en la medida en que la materia en la cual incide la norma de este cuerpo legal que pretende aplicarse, no haya sido prevista en el respectivo ordenamiento administrativo especial y, en tanto sea conciliable con la naturaleza del respectivo procedimiento específico, sin que pueda afectar o entorpecer el normal desarrollo de las etapas y mecanismos que dicho procedimiento contempla para el cumplimiento de la finalidad particular que la ley le asigna” (Dictamen N° 27.163 de 2009, citado por Lara, J. y Helfmann, M., Repertorio. Ley de Procedimiento Administrativo. Jurisprudencia, Comentarios, Concordancias e Historia de la Ley, Edit. AbeledoPerrot, Santiago, 2011, pp. 2-3). Documento firmado electrónicamente por don/ña Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño, el 18-05-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 4d99a05d-6944-43f4-9c32-48b934f26772 Timbre Electrónico De esta manera, no cabe duda alguna que frente al denunciado silencio normativo de la Ley de Impuestos Territorial y del Código Tributario en cuanto a la definición del concepto resolución, resultan plenamente aplicables las normas contenidas en la Ley n.° 19.880. Conforme lo establece su artículo 3° inciso 1°, las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Precisa el inciso 2° de la misma disposición, que se entenderá por acto administrativo “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública”. Luego, el inciso cuarto define el decreto supremo como la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro "Por orden del Presidente de la República", sobre asuntos propios de su competencia; y el inciso quinto conceptualiza las resoluciones como “los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión”. Luego, es posible conceptualizar la resolución como “un acto administrativo –orden escrita– que dictan las autoridades del Servicio de Impuestos Internos, dotadas de poder de decisión, sobre asuntos propios de su competencia”. DÉCIMO: Que la aplicación supletoria de la Ley n.° 19.880, de 2003, no solo es pertinente a efectos de conceptualizar la voz “resolución”, antes bien, es necesaria para determinar los requisitos mínimos que un acto administrativo como el de la especie debe cumplir. En este contexto, el artículo 11, inciso 2°, del cuerpo legal en estudio, establece que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”. Esta disposición encuentra su correlato en el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, al disponer que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”. De la manera anotada, entonces, el legislador proscribe la arbitrariedad en la dictación de un acto administrativo, entendida aquella como una falta de fundamentación fáctica y jurídica de la decisión adoptada. En materia de modificación del avalúo de bienes raíces –qué duda cabe– la resolución que así lo disponga, por incidir directamente en un aumento del tributo que el administrado deberá pagar, merced al aumento de la base imponible, debe consignar expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que fundan semejante decisión. Que, de lo precedente fluye que la fundamentación es un elemento básico o constitutivo del acto administrativo, la cual, no se cumple con cualquier fórmula convencional, de cliché, o banal. La fundamentación ha de ser “suficiente”, en cuanto debe dar razón y dar cuenta exacta del iter o camino lógico/racional que lleva al autor del decreto o resolución a adoptar la decisión, la cual significa dar solución efectiva y concreta a una necesidad publica especifica que el legislador Documento firmado electrónicamente por don/ña Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño, el 18-05-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 4d99a05d-6944-43f4-9c32-48b934f26772 Timbre Electrónico ha puesto a su cargo. Y, en consecuencia, ha de ser “congruente”, de tal modo que la decisión que se adopta sea la conclusión lógica, racional, de esas normas habilitantes de competencia y de esos hechos/ necesidad publica que la Administración debe resolver, satisfaciéndola. Es, precisamente, en la fundamentación en donde debe concretarse necesariamente esa congruencia, que de no darse vicia la decisión por carencia de decisión, de razonabilidad. De allí es que la fundamentación del acto administrativo que tiene una base constitucional en el derecho fundamental al debido procedimiento racional y justo, que la Constitución reconoce expresamente a toda persona. El vicio en la fundamentación es precisamente la “arbitrariedad”, es decir, la carencia de razonabilidad de la decisión adoptada, desde que ella carece de la indispensable sustentación normativa, lógica y racional, y su consecuencia es la nulidad. (Soto Kloss, Eduardo, “Derecho Administrativo Temas Fundamentales, Tercera Edición Actualizada”, Legal Publishing Chile, Santiago, año 2012, página 430 y siguientes). Este mismo autor, sustenta cuales serían los requisitos esenciales que al carecer de ellos provocarían vicios y por ello al ser estos una gravedad tal que solamente puede ocasionar la nulidad absoluta del acto, estos serían: a) Falta de motivación, cuando ella fuera exigida expresa y concretamente por la norma y se afecte el orden público; b) Ausencia de firma en el acto administrativo que se pretende ratificar; c) Inexistencia de forma escrita, cuando ella es requerida por la ley o la naturaleza del acto, y d) Falta de licitación pública, cuando la exigencia resulte de una norma legal o reglamentaria. (Juan Carlos Ferrada Bórquez. “La Nulidad de los Actos Administrativos en el Derecho Chileno”. LegalPublishing. 2013. Pág. 296). De lo anterior se desprende, que la falta de fundamentación es uno de los requisitos más relevantes que debe tener un acto administrativo que sustente una carga impositiva. Que, a mayor abundamiento, es preciso dar a conocer un fallo dictado por la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 15 de junio de 2010, recurso de casación en el fondo, Rol n° 1764-2010 que establece lo siguiente;: SEPTIMO; “ Que, por otra parte, corresponde anotar que, además de las mencionadas exigencias para el afectado por una resolución que le aplica multa, la ley impone también obligaciones a la autoridad administrativa que ejerce la referida facultad, entre ellas, la de fundar su decisión, …en otras palabras, debe explicar las razones que originan su determinación.” OCTAVO; “Que la conclusión precedentemente anotada se encuentra corroborada por los principios que orientan los procedimientos administrativos regulados en la Ley n° 19.880 que establece las valses de los procedimientos de esa naturaleza y que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, la cual establece en su artículo 16 el principio de transparencia y de publicidad, a propósito del cual señala: “El procedimiento administrativo se realizara con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el…”, es decir, la necesidad de fundar las decisiones, lo que, sin duda, propende al respeto del principio del debido proceso consagrado constitucionalmente en el artículo 19 n° 4 (sic) de la carta fundamental.” DÉCIMO PRIMERO: Que, al tenor de lo expresado previamente y examinadas las motivaciones estampadas en las resoluciones impugnadas, tanto en sus motivos 1, 2 y 3, resulta Documento firmado electrónicamente por don/ña Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño, el 18-05-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 4d99a05d-6944-43f4-9c32-48b934f26772 Timbre Electrónico de toda lógica concluir que estos argumentos no pueden considerarse como fundamentos validos de las resoluciones en comento, ya que corresponden solo a enunciados de observaciones, no explicando en ningún pasaje de dichos considerandos de qué forma han incidido estos en la adopción de la resolución final. Pues, no es pertinente que un acto administrativo no señala en forma expresa y clara cuales fueron las razones técnicas, jurídicas y económicas que sustentan las modificaciones de los valores de tasación de $ 0 a $10.195.272 y de $ 0 a $ 11.531.901 y solamente sostiene que es debido “a la aplicación de un plan de fiscalización de los Bienes Raíces, se ha analizado la situación tributaria, en cuanto al Impuesto Territorial, del bien raíz rol 1230- 40…”, pero sin identificar ni establecer cuáles fueron los antecedentes tenidos a la vista para motivar esta decisión a través de un acto administrativo. DÉCIMO SEGUNDO: Que reafirma lo anterior, al destacarse que no se altera en nada el aserto anterior ante las alegaciones del ente fiscal que postuló en su escrito de contestación, todas las razones que justificaron la modificación, en razón de que los actos administrativos deben ser fundados en su origen, y no en la instancia jurisdiccional, como en los hechos ha ocurrido. Así lo ha reconocido expresamente la jurisprudencia, al resolver que “es improcedente pretender fundamentar una decisión administrativa en la instancia judicial, puesto que el acto que dicta la autoridad debe tener su fundamentación en la resolución misma que lo contiene y jamás puede esgrimirse ella a posteriori…” (C. Santiago, 17 de mayo de 1984, en Gaceta Jurídica N° 47, pp. 50- 53. En igual sentido, C. Suprema, 30 de diciembre de 1985, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. 82 (1985) 2.5, pp. 283-288). Con este accionar el organismo fiscal, reconoce la carencia u omisión de los motivos impulsivos de las resoluciones reclamadas, razones fácticas y jurídicas en función de las cuales se ha obrado. Cabe también tenerse presente que la doctrina sobre esta materia ha sostenido que: ”En cuanto a la motivación, que en Chile significa que la decisión sea fundada (al tenor del art. 41 inciso cuarto de la Ley 19880), si ella no concurre en un acto administrativo, ¿Esa actuación se sanea por el hecho que el particular concurra a tribunales o ante Contraloría para recién allí conocer las razones de la decisión? Ello subordina la posibilidad de conocimiento de los actos administrativos a la capacidad que tengan los particulares de impugnar, con los naturales costos, no parece racional ni justo. No es racional porque es una exigencia reglada en la ley, y tampoco es justo porque subordina a la eventualidad de la impugnación, lo que implica coartar la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos que protege la Carta de 1980 (art. 19 N° 3),”. Lo anterior, en relación a la carencia u omisión de elementos de juicio imprescindibles para concluir acerca si es correcta o no la decisión que se arribó en el acto administrativo. (Juan Carlos Ferrada Bórquez. “La Nulidad de los Actos Administrativos en el Derecho Chileno”, LegalPublishing Chile, año 2013, pág. 299). Que, bajo estas circunstancias, este sentenciador se ve en la obligación de acoger la pretensión planteada por la reclamante en este aserto. Documento firmado electrónicamente por don/ña Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño, el 18-05-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 4d99a05d-6944-43f4-9c32-48b934f26772 Timbre Electrónico DÉCIMO TERCERO: Que, ahora bien, tomando en consideración lo concluido por este sentenciador en el transcurso de la presente sentencia, es que estimamos impertinente conocer del fondo de las demás alegaciones planteadas por la parte reclamante. DÉCIMO CUARTO: Que, las demás pruebas rendidas y antecedentes aportados en autos, en nada alteran lo razonado y concluido precedentemente. DÉCIMO QUINTO: Que, no se condenará en costas a la reclamada por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar. Por las consideraciones precedentes y visto además lo dispuesto en los artículos,2, 115, 149 y siguientes del Código Tributario; artículos 1, 3 y 41 de la Ley n° 19.880; Ley Orgánica de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, contenida en el artículo primero de la Ley N° 20322, que fortalece y Perfecciona la Jurisdicción Tributaria y Aduanera y demás normas legales pertinentes, SE RESUELVE: I.- Que SE ACOGE, en parte el reclamo interpuesto a fojas 6 por don Alfonso Valdés Hueche, Rut 12.100.202-7 abogado, en representación procesal de INMOBILIARIA PEDRO DE VALDIVIA S.A., Rol Único Tributario 80.492.300-4, en contra de las resoluciones modificatorias individuales de avalúos n° A08.2014.00012937 y A08.2014.00012938 de fecha 08 de julio de 2014, ambas emitidas por la VIII Dirección Regional Concepción del Servicio de Impuestos Internos; solo en cuanto se dejan sin efecto dichas resoluciones, y que el señalado Servicio proceda a determinar en forma correcta y efectiva el avalúo del bien raíz rol 1230-40, de la comuna de Concepción, debiendo dictar las resoluciones que en derecho correspondan, debidamente fundadas. II.- En consecuencia, déjense sin efecto las resoluciones aludidas. III.- Que, en virtud de lo establecido en considerando Décimo Quinto, no se condena en costas por haberse tenido motivos plausibles para litigar. IV.- Que la Directora Regional de la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos dispondrá el cumplimiento administrativo de esta sentencia, conforme lo establece el artículo 6°, letra b), n.° 6, del Código Tributario, sin perjuicio de las facultades conferidas a este Tribunal en el artículo 1°, incisos segundo y tercero, de la Ley n.° 20.322 de 2009, Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros. Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad. Notifíquese la presente resolución a la parte reclamante por carta certificada, y a la parte reclamada mediante la publicación de su texto íntegro en el sitio en Internet del Tribunal. Sin Documento firmado electrónicamente por don/ña Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño, el 18-05-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 4d99a05d-6944-43f4-9c32-48b934f26772 Timbre Electrónico perjuicio, dese aviso a la dirección de correo electrónico a la parte que lo haya solicitado. Déjese testimonio. RUC: 14-9-0001763-5 RIT: AB 10-00116-2014. Pronunciada por don Anselmo Cifuentes Ormeño, Juez Titular del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Bío Bío. Autorizada por don Jaime González Orrico, Secretario Abogado. Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal del Biobio Documento firmado electrónicamente por don/ña Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño, el 18-05-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 4d99a05d-6944-43f4-9c32-48b934f26772 Timbre Electrónico 2015-05-18T14:42:50-0400 ATTA SACTA