Reclamo tributario: liquidación

1 EN SANTIAGO, A VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. VISTOS: El escrito de fecha 17 de mayo de 2021, rolante a fojas 1 de autos, presentado por don PABLO ECHEVERRÍA ABUD, RUT N°11.625.488-3, en representación de QUINCHO CO SPA, RUT N°77.376.100-0, domiciliados para estos efectos en Los Alerces N°1071, comuna de Lampa, mediante el cual interpone reclamo de conformidad al Procedimiento General de Reclamaciones establecido en el Código Tributario, en contra de la Liquidación N°81, de fecha 29 de mayo de 2020, emitida por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte del Servicio de Impuestos Internos (en adelante SII), por concepto de reintegro para el Año Tributario (en adelante AT) 2018 por un total de $9.866.208.-, incluidos reajustes, intereses y multas. La contribuyente sostiene, en síntesis, que en la Liquidación reclamada se cobran una serie de gastos rechazados por el Servicio, contemplados en la Declaración de Renta, Formulario 22 (en adelante F22) del AT 2018, a saber: a) Finiquito Producción: $800.000.- b) Indemnización: $10.000.000.- c) Multas Fiscales: $564.520.- d) Multa Camión: $373.536.- Hace presente que al respecto presentó una Reposición Administrativa Voluntaria (en adelante RAV) con fecha 15 de junio de 2020, la que fue rechazada mediante Resolución Exenta N°148 de fecha 27 de agosto de 2020, actuación contra la cual se dedujo Recurso Jerárquico que fue también denegado mediante la Resolución RJ-124047-2021. Continúa señalando que se allana al cobro de los conceptos indicados en las letras a, c y d, solicitando se acepte la rectificación de la declaración de renta correspondiente al AT 2018, pues indica que concordó en que los desembolsos Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 2 precedentes efectivamente no correspondía incluirlos en la categoría de gasto necesario para producir la renta, y que, junto con responder la Citación, rectificó su declaración en la cual se excluían los mencionados conceptos, con lo que debía quedar subsanado el motivo de la mencionada actuación en ese aspecto, no obstante de igual manera se incluyen en la Liquidación reclamada. Agrega que quiso ingresar a mediados de marzo la rectificación del mencionado formulario en la página del SII, la cual estaba bloqueada precisamente a raíz de este procedimiento, intentándolo de manera presencial lo que también habría sido imposible considerando las medidas por Covid-19. Solicitando, en consecuencia, con el mérito del allanamiento efectuado al responder la Citación, que no se aplicase el impuesto del artículo 21 de Ley de la Renta y se admitiese la rectificación de la declaración de renta, excluyendo los referidos gastos, requiriendo además la condonación de los intereses y multas correspondientes a las partidas señaladas, lo que, a su juicio, fue rechazado arbitrariamente. Ahora bien, sostiene la improcedencia de considerar como gasto rechazado el concepto de la letra b) referido al pago de indemnización por accidente del trabajo ascendente a $10.000.000.- Al respecto, explica que este desembolso consiste en el pago de la indemnización efectuada a través de la conciliación celebrada en los autos caratulados “Armijo Ríos, Mauricio con Quincho”, ante el 2° Juzgado de Letras de San Antonio, RIT O-19-2018, con fecha 22 de mayo de 2017. De lo anterior, afirma que este es un desembolso necesario para producir la renta de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y siguientes de la LIR y que, en consecuencia, no procede rechazarlo como gasto, ni cobrar impuesto alguno, por cuanto, en primer lugar, insistir en este cobro generará necesariamente un conflicto de competencia entre esta repartición del Servicio y el poder judicial, que obliga a dejar sin efecto la Liquidación y requerir previamente que la Corte Suprema resuelva dicho conflicto conforme al artículo 7° del Código Tributario. Explica que la Liquidación está desconociendo expresamente el carácter de equivalente jurisdiccional y de sentencia firme y ejecutoriada que tiene la conciliación, dándole el tratamiento de simple acuerdo voluntario de carácter privado y no vinculante para el Servicio, lo que resulta inaceptable, pues el Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. 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Colige que la Liquidación recurrida fue dictada de manera arbitraria e ilegal, desconociendo estos argumentos y limitándose a señalar que la ley era posterior al periodo revisado y que, por tanto, no tenía aplicación. Además, indica que de acuerdo al tenor literal del antiguo artículo 31 de la Ley de la Renta, la jurisprudencia administrativa de esa época y la naturaleza de las indemnizaciones por accidente del trabajo, concluían que de todas formas este pago efectuado en conciliación judicial debe considerarse gasto aceptado, citando el Oficio N°1489 del 22 de agosto de 2014. Señala que en materia de accidentes del trabajo prima hoy en día la teoría de la responsabilidad objetiva, es decir, el empleador será siempre responsable por el accidente que sufra el trabajador con independencia de las medidas de seguridad que haya adoptado, dado que se asume como parte del riesgo de su negocio la obligación de responder por este tipo de contingencias. De lo anterior, explica que se entiende necesariamente como parte de los costos del negocio, oficio o actividad la obligación de responder por los accidentes del trabajo sufridos por los trabajadores, con independencia de si existió o no negligencia o culpa efectiva del empleador en dicho accidente. Hace presente que existe un “Baremo de daño moral” no solo elaborado por las compañías de seguros, sino incluso agregado en la propia página del poder judicial donde se indica de manera estratificada los montos aproximados de indemnización que corresponden por cada tipo de lesión, por lo que se encuentra dentro del marco de las indemnizaciones comúnmente aceptadas para Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. 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Estima que el criterio que pretende sustentarse en la Liquidación reclamada, en cuanto a que los dineros pagados en una conciliación dirigida y motivada principalmente por el propio juez por juicio de accidente del trabajo no podrían imputarse a gasto, resulta además atentatoria en contra de todo el sistema judicial procesal laboral chileno, pues es un hecho público y notorio que en materia laboral se está orientado en orden a que los jueces y las partes hagan sus mejores esfuerzos por conciliar y evitar el juicio por razones de eficiencia, justicia y economía procesal, lo que refuerza la necesariedad del gasto en este caso. Asegura que no puede desarrollar el giro sin trabajadores y que, existiendo trabajadores, siempre esta el riesgo de accidente y el deber de indemnización, de manera que evidentemente es un gasto necesario para producir la renta y claramente vinculado al giro del negocio. Expresa que el ente fiscal por años ha sido reacio a aceptar las conciliaciones, avenimientos o transacciones como gasto necesario por poder transformarse en mecanismos fraudulentos para eludir impuestos. No obstante ello, en su opinión, esta desconfianza del SII en los otros mecanismos de solución de conflictos debía ejercerse con criterio y razonabilidad a fin de evitar caer en arbitrariedades y absurdos. Concluye que lo relevante no es atender al origen del gasto, como tampoco determinar si el gasto se fijó por sentencia judicial o conciliación, ya que ambos son equivalentes jurisdiccionales, sino que lo realmente importante es determinar la efectividad de los hechos que inspiraron la conciliación y si la Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. 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A fojas 42, comparece don EUGENIO WARNIER READI, RUT N°13.832.159-2, en representación de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte del Servicio de Impuestos Internos, domiciliado para tales efectos en Avenida Recoleta N°672 de la comuna de Recoleta, quien evacuó el traslado conferido mediante resolución rolante a fojas 32, indicando, en resumen, que el acto reclamado tiene su origen en la declaración de renta AT 2018, en la que se declaró una base imponible de Primera Categoría de $192.680.983.- y una solicitud de devolución de $163.989.574.-, en cuanto la reclamante había pagado PPM por la suma de $209.817.660.- y declarado un crédito por gastos de capacitación por $3.305.565.-, encontrando ciertas observaciones que fueron informadas. Expone que detectó la existencia de gastos que no cumplían con los requisitos del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por lo que con fecha 9 de enero de 2020 emitió la Citación N°2 por el concepto de “Gastos y/o costos no acreditados” que comprendía las siguientes partidas: a) Finiquitos de Producción: $800.000.-, b) Indemnización: $10.000.000.-, c) Multas Fiscales: $565.520.-, y d) Multa Camión: $373.536.- Señala que con fecha 14 de febrero de 2020, la contribuyente contestó la Citación, concordando en que los gastos por concepto de finiquitos de producción, multas fiscales y multas de camión no son gastos necesarios para producir la renta. Sin embargo, respecto del gasto “indemnización”, correspondiente a un pago de una indemnización efectuada a través de una conciliación celebrada en los autos “Armijo Ríos, Mauricio con Quincho”, ante el Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 6 2° Juzgado de Letras de San Antonio, RIT O-19-2017, insiste en que es un gasto necesario para producir la renta. Este último no acreditado, por lo que se emitió el acto reclamado en el que se determinó un reintegro de $4.699.481.- Expresa que con fecha 15 de junio de 2020 el actor presentó una RAV, rechazada mediante la Resolución Exenta N°148 de fecha 27 de agosto del mismo año. Respecto de la cual también interpuso con fecha 29 de junio de 2021 un Recurso Jerárquico el que tampoco fue acogido. Acto seguido, sostiene que la liquidación de impuestos es un acto administrativo emitido por el SII en ejercicio de sus facultades legales, conforme se dispone en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N°7, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos. Asegura que el acto reclamado no tiene vicio alguno, que asimismo se encuentra debidamente fundamentado, que no es arbitrario desde ningún punto de vista, que tampoco infringe el principio de certeza jurídica, ni es erróneo, toda vez que las actuaciones reclamadas son el resultado de un procedimiento administrativo acucioso, que supone que, una vez presentados los antecedentes, el fiscalizador los estudia, analiza y pone en conocimiento del fiscalizado la interpretación desde el punto de vista técnico de ellos. Al respecto, abunda en la presunción de legalidad de los actos administrativos del inciso final del artículo 3 de la Ley N°19.880, señalando que, esta norma enmarca la discusión propuesta por el actor desde que cualquier ilegalidad que acuse al acto administrativo de que se trate, en este caso una Liquidación, tiene que ser debidamente probada y fundamentada por la reclamante, debiendo además ser de una gravedad suficiente para restarle validez al acto. Luego, expresa que el SII ha actuado dentro del marco legal que regula sus actuaciones en cuanto Órgano de la Administración del Estado, es decir, en virtud del DFL N°7 de 1980, del Código Tributario, de la Ley N°18.575, y de los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, entre otros cuerpos normativos. Y, que, en ejercicio de tales facultades es que notificó la Citación N°2 analizándose los antecedentes presentados por la contribuyente, y posteriormente, emitiéndose la Liquidación reclamada, respetándose los plazos pertinentes. Así, asegura que las actuaciones son razonadas y debidamente fundadas en aspectos fácticos y Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. 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Agrega que los contribuyentes que desarrollen actividades clasificadas en la Primera Categoría de la LIR, y que tributen en base a renta efectiva mediante contabilidad completa, deben determinar la renta imponible de acuerdo con las normas señaladas en los artículos 29 al 33 de dicho texto legal, los cuales desarrolla latamente en su escrito y, finaliza concluyendo que ante la presencia de una partida que en virtud del referido artículo 33 resulte un gasto no aceptado para el cómputo de la renta líquida imponible del impuesto, procede evaluar su situación frente al artículo 21 del mismo cuerpo legal, debiéndose aplicar en especial para el caso concreto un Impuesto Único de 40%, el cual no tiene carácter de impuesto de categoría. Prosigue refiriéndose a las alegaciones efectuadas por la contribuyente. Respecto al allanamiento en relación a los gastos por finiquito producción, multas fiscales y multas de camión como gastos no aceptados, advierte que si bien es efectivo que la actora en la contestación a la Citación señaló expresamente que concordaba que ellos no debían ser incluidos en la categoría de gastos necesarios para producir la renta, no es efectivo que, junto con la mencionada actuación, haya presentado una propuesta de rectificatoria de la declaración de renta AT 2018, pues tal como consta en el escrito acompañado en autos por la reclamante en el primer otrosí, sólo se aportó copia de la contestación de la demanda del juicio laboral y del acta de conciliación celebrada en dichos autos, y que en el segundo otrosí se hace presente que los demás antecedentes justificativos de la declaración de renta ya se encuentran en poder del Servicio. En relación al argumento de la contraria que indica que le fue imposible ingresar una declaración rectificatoria por internet o en forma presencial, aclara que el artículo 36 bis del Código Tributario autoriza al contribuyente a efectuar una nueva declaración. Agregando que no es efectivo que no existió la posibilidad de que la rectificatoria fuese recibida presencialmente en las oficinas del SII debido a la pandemia, ya que durante todo este periodo de emergencia sanitaria, se ha atendido presencialmente a los contribuyentes, recibiendo trámites de carácter urgente, y que, asimismo, durante el año 2020, se encontraba habilitado el correo electrónico: [email protected], por medio del cual se recibieron declaraciones rectificatorias de los contribuyentes. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 8 Argumenta que la reclamante no cumplió con la obligación de registrar los gastos rechazados en su declaración de renta del AT 2018, por lo que, en su opinión, no puede pretender que por el hecho de reconocer que estos desembolsos son efectivamente gastos rechazados por la legislación, se haga una excepción a su caso particular, y que, para ello, estos gastos sean sacados de su contabilidad y no sean gravados con el impuesto del artículo 21 de la LIR. De ahí que el allanamiento efectuado por la contribuyente no modifica la naturaleza de estos gastos rechazados, que fueron registrados en su contabilidad y posteriormente rebajados para el periodo AT 2018, ocasionando una diferencia de impuestos no declarada en el periodo correspondiente, lo que fundamenta la aplicación del mencionado precepto. Por otro lado, respecto de la afirmación de la reclamante que señala que solicitó, con el mérito del allanamiento, que no se aplicara el impuesto del artículo 21 de la LIR y se aceptara la rectificación de la declaración de renta del AT 2018 y, que, subsidiariamente se le condonaran los intereses y multas, hace presente que dicha solicitud no se presentó en el proceso de fiscalización, sino que fue efectuada en la RAV, cuya resolución no es materia de autos. Concluyendo que su petición es improcedente, pues estos recargos tienen su fundamento en el retardo del pago de las diferencias detectadas en el proceso de fiscalización, tal como lo dispone el artículo 53 del Código Tributario. Acusa que la recurrente confunde el acto reclamado en autos, que es la Liquidación N°81 con la resolución de la RAV o la resolución del Recurso Jerárquico correspondiente. Por otra parte, en relación a la supuesta improcedencia de considerar como gasto rechazado el concepto de la letra b) referido al pago de indemnización por accidente del trabajo, niega que el desembolso de $10.000.000.- en cuestión sea un gasto necesario para producir la renta, en cuanto a que no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 31 de la LIR. Aclara que el hecho de que la Liquidación determine que el pago de una indemnización de perjuicios acordado en una conciliación judicial es un gasto rechazado, no supone una transgresión al artículo 7 del Código Tributario ni una contienda de competencia alguna entre el SII y el Poder Judicial, puesto que el Servicio jamás ha desconocido que la conciliación en su calidad de equivalente Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. 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Estima que si bien la Ley N°21.210 modificó el artículo 31 de la LIR, aceptando expresamente como gasto lo pagado en una conciliación judicial entre partes no relacionadas, dicha modificación no puede aplicarse en forma retroactiva a hechos ocurridos en el Año Tributario 2018, puesto que es una disposición legal que rige in actum en virtud del artículo 8 transitorio de la Ley N°21.210, ya que es su propio texto legal el que regula su aplicación temporal a hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero de 2020. Que, respecto del argumento de la reclamante sobre que igualmente se debe aplicar en forma retroactiva el actual artículo 31 de la LIR que fijó la ley 21.210, en base a lo dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 3 del Código Tributario. De ello advierte que esta regla especial no es aplicable en el presente caso, en cuanto a que esta norma es la consagración en materia de infracciones y sanciones del “principio pro reo”, contemplado en el artículo 18 del Código Penal y, que, el SII al aplicar el impuesto del artículo 21 de la LIR sobre los gastos rechazados, no está aplicando sanción alguna, y que, además, el artículo 31 de la LIR tampoco es una norma que se refiera a infracciones o sanciones. Añade que, de acuerdo con el tenor literal del antiguo 31 de LIR, la jurisprudencia administrativa de esa época y la naturaleza de las indemnizaciones por accidente del trabajo se puede concluir que el pago por concepto de indemnización efectuado a través de una conciliación judicial, es un gasto rechazado ya que no cumple con los requisitos del artículo 31 de la LIR y debe gravarse con el impuesto del artículo 21 del mismo cuerpo legal. Aclara que en cuanto al Oficio N°1489 de fecha 22 de agosto de 2014, dicho pronunciamiento no es atingente al caso de autos, ya que se trata de Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 10 desembolsos cuyo objeto es precaver un mayor dispendio por indemnizaciones de perjuicio a causa exclusivamente de acciones ejecutadas por dependientes de una clínica, que, sin ser responsables directamente, deberán responder civilmente en virtud de lo establecido en el artículo 2320 del Código Civil, a diferencia del pago efectuado por concepto de indemnización por accidente del trabajo, ya que dicho desembolso supone la reparación de un daño causado por un accidente laboral. Luego, se refiere al régimen tributario aplicable al caso de conformidad al artículo 31 de la época, el cual expresa que debe ser analizado a luz de la normativa vigente al momento que se efectuó el pago de la indemnización, AT 2018. Al respecto, explica que el gasto por indemnización de los perjuicios causados a un trabajador por un accidente del trabajo contenido en una conciliación, si bien es un pago obligatorio de acuerdo con lo expresado en el acta de conciliación, dicho desembolso no cumple copulativamente con los requisitos del citado precepto toda vez que: a) Es un gasto que no se relaciona con el giro de la empresa. b) No es un gasto que sea necesario para producir la renta, ya que no tiene el carácter de inevitable u obligatorio para cumplir un propósito, en cuanto a que la misma el acta de audiencia preparatoria en la que se efectuó la conciliación, se deja constancia que la reclamante ofreció el pago indemnizatorio al trabajador “con el sólo objeto de poner fin al juicio”. Señala que la legislación laboral y de seguridad social vigente ha puesto de cargo del empleador exigencias de seguridad que permitan a los trabajadores el desempeño de su actividad en condiciones sanitarias y ambientales adecuadas, recayendo sobre el empleador un deber legal de seguridad, por lo que la obligación de éste de pagar una indemnización al trabajador que consta en el acta de conciliación, tiene su origen en un accidente laboral ocurrido por su negligencia, siendo éste el responsable de dar a sus trabajadores condiciones de seguridad adecuadas, por lo que si se le permitiese rebajarlo como gasto necesario sería un premio injustificado. Prosigue refiriéndose al tratamiento tributario de los pagos de sumas acordadas en conciliaciones que ponen término a juicios laborales, citando el Ordinario N°648 de 9 de abril de 2018, criterio que señala haber sido compartido Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. 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A su turno, niega el argumento del actor relativo a que el ente fiscal al rechazar los desembolsos por indemnización pagada en una conciliación en un juicio por accidente del trabajo, es atentatoria contra el sistema judicial procesal laboral chileno, atendido que el Servicio, a través del Ordinario N°648 de 9 de abril de 2018, estableció criterios objetivos respecto de la situación tributaria de los pagos provenientes de conciliaciones que ponen término a juicios laborales, limitándose sólo a fiscalizar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 31 de la LIR para ser rebajados de la RLI, vigente en el Año Tributario 2018, toda vez que la contribuyente voluntariamente se comprometió a pagar una suma de dinero con el objetivo de terminar el juicio. Añade que si el empleador hubiese comprobado la ausencia de responsabilidad del accidente en el juicio laboral, no hubiese estado obligado a pagar una indemnización de perjuicios al demandante, por lo que tampoco se enmarca en ninguno de los dos supuestos establecidos en el ya mencionado Ordinario N°648, el cual concluye que las sumas exigidas en juicio por un trabajador, adeudadas al término del contrato por concepto de sueldos, salarios, otras remuneraciones e indemnizaciones de carácter laboral, pueden ser deducidas como gasto en los términos del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, en la medida que sean calificadas como obligatorias, consignadas claramente en una conciliación laboral y que además cumplan con los requisitos generales y especiales establecidos para la deducción de la renta bruta del gasto. Por otro lado, el SII señala que las cantidades acordadas pagar en carácter de voluntarias, o por acuerdo de las partes, podrán ser deducidos como gasto para efectos tributarios, siempre que ellas sean repartidas a cada trabajador en proporción a los sueldos, antigüedad, cargas de familia u otras normas de carácter general y uniformes aplicables a todos los trabajadores de una empresa. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 12 Finaliza solicitando se rechace el reclamo, con expresa condena en costas. DILIGENCIAS DEL PROCESO: A fojas 27, rola resolución de fecha 27 de mayo de 2021, que resolvió previo a proveer. A fojas 32, rola resolución de fecha 1 de junio de 2021, que tuvo por cumplido lo ordenado y por acompañado el documento. Asimismo, tuvo por interpuesto el reclamo, confiriendo traslado al SII. Y, finalmente, resolvió no ha lugar. A fojas 36, rola resolución de fecha 16 de junio de 2021, que resolvió previo a proveer. A fojas 40, rola resolución de fecha 22 de junio de 2021, que tuvo por cumplido lo ordenado y presente el patrocinio y poder. A fojas 69, rola resolución de fecha 29 de junio de 2021, que tuvo por evacuado el traslado y fijó audiencia de conciliación. A fojas 74, rola resolución de fecha 21 de julio de 2021, que tuvo presente el poder delegado y por acompañado el documento. A fojas 78, rola resolución de fecha 4 de enero de 2022, que resolvió como se pide. A fojas 80, rola resolución de fecha 4 de enero de 2022, que fijó el punto de prueba controvertido de la causa. A fojas 95, rola resolución de fecha 12 de enero de 2022, que tuvo por acompañados los documentos y resolvió no ha lugar. A fojas 116, rola resolución de fecha 26 de enero de 2022, que tuvo por reiterados y por acompañados los documentos. A fojas 118, rola resolución de fecha 26 de enero de 2022, que resolvió no ha lugar. A fojas 124, rola resolución de fecha 9 de febrero de 2022, que resolvió téngase presente. A fojas 128, rola resolución de fecha 7 de abril de 2022, que resolvió como se pide. A fojas 132, rola resolución de fecha 5 de mayo de 2022, que tuvo presente el poder delegado. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 13 A fojas 138, rola resolución de fecha 5 de julio de 2024, que tuvo presente el poder delegado y por acompañado el documento. A fojas 142, rola resolución de fecha 18 de octubre de 2024, que resolvió como se pide y ordenó traer los autos para fallo. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que a fojas 1 de autos comparece don PABLO ECHEVERRÍA ABUD, en representación de la sociedad QUINCHO CO SPA, interponiendo reclamo tributario conforme al Procedimiento General de Reclamaciones en contra de la Liquidación N°81, de fecha 29 de mayo de 2020, emitida por el Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte, solicitando que se dé curso al reclamo, dejándose sin efecto la mencionada actuación. SEGUNDO: Que a fojas 42 y siguientes comparece don EUGENIO WARNIER READI, de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte del Servicio de Impuestos Internos, ya individualizado, quien debidamente facultado para ello, evacúo el traslado conferido mediante resolución rolante a fojas 32 de autos, solicitando se rechace el reclamo, con costas. TERCERO: Que atendido a lo señalado en lo expositivo de esta sentencia se concluye que la cuestión controvertida versa sobre si el pago efectuado por concepto de indemnización de accidente del trabajo ascendente a $10.000.000.- cumple con los requisitos del artículo 31 de la LIR para constituir un gasto aceptado. CUARTO: Que a fojas 80 se fijó el hecho sustancial, pertinente y controvertido, a saber: “- Antecedentes y circunstancias de hecho que darían cuenta que el concepto “Indemnización CTA N°4-1-6-15” por la suma de $10.000.000, declarado por el contribuyente para el AT 2018, constituye un gasto aceptado en los términos establecidos en el artículo 31 de la LIR”. Que respecto de estos hechos rindieron prueba ambas partes, y es la que se señalará, analizará y ponderará en los considerandos siguientes. QUINTO: La reclamante rindió prueba documental, la cual será descrita a continuación: Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 14 i. Documentos acompañados como fundamento de su reclamo: 1.- A fojas 9, Citación N°2, emitida con fecha 9 de enero de 2020, por el SII. 2.- A fojas 10, escrito de respuesta a la Citación N°2, presentada por el contribuyente. 3.- A fojas 13, Notificación N°114 y Liquidación N°81, de fecha 29 de mayo de 2020, emitidas por el SII. 4.- A fojas 18, Resolución Exenta N°148, de fecha 27 de agosto de 2020, emitida por el SII. 5.- A fojas 22, Resolución N° RJ-124047.2021, de fecha 8 de abril de 2021, emitida por el SII. ii.- Documentos acompañados dentro del término probatorio: 1.- A fojas 83, escrito de contestación de demanda, en causa RIT-O-19 2017, presentado ante el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, en autos caratulados “Armijo con Quincho SpA”, por la reclamante. 2.- A fojas 92, Acta de Conciliación, de fecha 22 de mayo de 2017, en causa RIT-O-19 2017, del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, en autos caratulados “Armijo con Quincho SpA”, entre don Mauricio Javier Armijo Ríos y la reclamante. El Servicio de Impuestos Internos rindió prueba documental, la que será descrita a continuación: i.- Documentos acompañados al evacúa traslado: 1.- A fojas 54, escrito de contestación de demanda, en causa RIT-O-19 2017, presentado ante el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, en autos caratulados “Armijo con Quincho SpA”, por la reclamante. 2.- A fojas 63, Acta de Conciliación, de fecha 22 de mayo de 2017, en causa RIT-O-19 2017, del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, en autos caratulados “Armijo con Quincho SpA”, entre don Mauricio Javier Armijo Ríos y la reclamante. 3.- A fojas 65, sentencia de fecha 8 de julio de 2010, emitida por la Excelentísima Corte Suprema, Rol N°2585-2010. ii.- Documentos acompañados dentro del término probatorio: 1.- A fojas 103, Resolución Exenta N°148, de fecha 27 de agosto de 2020, emitida por el SII. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 15 2.- A fojas 107, Resolución N° RJ-124047-2021, de fecha 8 de abril de 2021, emitida por el SII. 3.- A fojas 109, Oficio SII N°648 del año 2018, emitido por el SII. 4.- A fojas 112, Oficio SII N°137 del año 2016, emitido por el SII. SEXTO: Que como se ha venido señalando, la prueba aportada ha estado constituida solo por documental presentada por ambas partes, probanzas han sido debidamente incorporadas al expediente. SÉPTIMO: Que de lo expuesto por las partes y de la documentación acompañada, se pueden tener por acreditados los siguientes hechos: 1.- Que, el reclamante es contribuyente de Primera Categoría. 2.- Que, el reclamante a la época registraba las actividades de servicios de corta de madera a cambio de una retribución o por contrato; venta al por mayor de materias primas agrícolas; venta al por mayor no especializada. 3.- Que, don Mauricio Javier Armijo Ríos tenía una relación laboral con la reclamante en el año comercial 2017. 4.- Que, con fecha el 17 de febrero de 2017 don Mauricio Javier Armijo Ríos tuvo un accidente laboral, siéndole amputado el dedo índice y medio de la mano izquierda. 5.- Que, don Mauricio Javier Armijo Ríos presentó demanda laboral en contra de la reclamante, en autos caratulados “Armijo Rios, Mauricio con Quincho”, seguido ante el 2° Juzgado de Letras de San Antonio, RIT O-19-2018. 6.- Que, con fecha 22 de mayo de 2017 en audiencia preparatoria de autos caratulados “Armijo Rios, Mauricio con Quincho”, seguido ante el 2° Juzgado de Letras de San Antonio, RIT O-19-2018., el Tribunal tuvo por conciliadas a las partes, donde el reclamante se obligó a pagar a don Mauricio Javier Armijo Ríos un total de $10.000.000.- 7.- Que, el contribuyente declaró una base imponible de Primera Categoría de $192.680.983.- y una solicitud de devolución de $163.989.574.- para el Año Tributario 2018. 8.- Que, con fecha 9 de enero de 2020 el SII emitió la Citación N°2 solicitando aclarar al contribuyente su declaración de renta correspondiente al AT 2018. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 16 9.- Que, con fecha 29 de mayo de 2020 el SII emitió la Liquidación reclamada que determinó un reintegro de $9.866.208.- incluidos recargos legales. 10.- Que, con fecha 15 de junio de 2020 el actor presentó una RAV en contra de la Liquidación reclamada, rechazada por parte del SII, mediante la Resolución Exenta N°148 de fecha 27 de agosto del mismo año. 11.- Que, con fecha 29 de septiembre de 2020 el contribuyente presentó un Recurso Jerárquico el que también fue rechazado mediante la Resolución N°RJ-124047-2021. OCTAVO: Que, a efectos de verificar la procedencia de lo solicitado, cabe analizar la normativa vigente en relación a lo controvertido. Que los requisitos generales para la deducción de los gastos se regulan conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 31 de la Ley de la Renta, el que dispone que la renta líquida de las personas referidas en el artículo 30 del mismo cuerpo legal, se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla, siempre y cuando dichos gastos cumplan con los siguientes requisitos copulativos: 1) Que el gasto tenga la calidad de necesario para producir la renta; 2) Que se relacione directamente con la actividad; 3) Que se encuentre efectivamente pagado o adeudado en el ejercicio correspondiente; y 4) que se acredite o justifique fehacientemente. NOVENO: Que, asimismo, cabe hacer presente que la reclamante no somete al conocimiento de este Tribunal la totalidad de los conceptos objetados en la Liquidación reclamada, sino que únicamente el Concepto B: Indemnización por $10.000.000.- De esta manera es que los gastos por Finiquito Producción de $800.000.- , Multas Fiscales por $564.520.- y, Multa Camión por $373.536.- no son parte del presente litigio. En consecuencia, la solicitud efectuada por el actor sobre ordenarle al SII aceptar la rectificatoria de la declaración de renta correspondiente al AT 2018 solicitada por el actor, en relación a agregar a la misma los mencionados desembolsos, no son objeto de autos. Además, el allanamiento efectuado por la reclamante no modifica lo declarado ante el SII, pues es el mismo contribuyente el que tiene que rectificar el Formulario 22 ante el ente fiscalizador respectivo para que ello sea efectivo. Por tanto, debe declararse improcedente esta petición. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 17 DÉCIMO: Aclarado lo anterior, en relación al punto de prueba, a saber: “Antecedentes y circunstancias de hecho que darían cuenta que el concepto “Indemnización CTA N°4-1-6-15” por la suma de $10.000.000, declarado por el contribuyente para el AT 2018, constituye un gasto aceptado en los términos establecidos en el artículo 31 de la LIR”. Al respecto, la reclamante estima que es improcedente considerar como gasto rechazado el pago por concepto de indemnización por accidente del trabajo ascendente a la suma $10.000.000.- Pues este desembolso consiste en el pago de la indemnización efectuada a través de la conciliación celebrada en los autos caratulados “Armijo Ríos, Mauricio con Quincho”, ante el 2° Juzgado de Letras de San Antonio, RIT O-19-2018, con fecha 22 de mayo de 2017. Expone que, por una parte, insistir en este gasto como rechazado generará necesariamente un conflicto de competencia entre el Servicio y el poder judicial que obliga a dejar sin efecto esta Liquidación, y requerir previamente que la Corte Suprema resuelva dicho conflicto conforme al artículo 7° del Código Tributario, atendido que se está desconociendo expresamente el carácter de equivalente jurisdiccional y de sentencia firme y ejecutoriada que tiene la conciliación. En segundo lugar, plantea que la Ley N°21.210 que modificó el artículo 31 de la LIR, aceptó expresamente en su inciso final como gasto lo pagado por transacción judicial entre partes no relacionadas, de modo que el gasto cuestionado debe aceptarse tanto por tratarse de la modificación de una disposición legal que rige in actum, como por aplicación del artículo 3 del Código Tributario que hace retroactivamente aplicable la norma más favorable al contribuyente, por lo que no se puede aplicar la sanción del artículo 21 de la LIR que grava con un 40% los gastos rechazados. Finalmente, indica que de acuerdo al tenor literal del antiguo artículo 31 de la Ley de la Renta, la jurisprudencia administrativa de esa época y la naturaleza de las indemnizaciones por accidente del trabajo, igual concluían que de todas formas este pago efectuado en conciliación judicial debía considerarse gasto aceptado. Agregando al respecto que el empleador será siempre responsable por el accidente que sufra el trabajador con independencia de las medidas de seguridad que haya adoptado, dado que se asume como parte del riesgo de su negocio la obligación de responder por este tipo de contingencias. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 18 De lo anterior, hace presente que el SII permite rebajar de la renta bruta imponible los gastos efectuados por pagos de primas de seguros para cubrir la responsabilidad civil por eventuales negligencias del personal del contribuyente, por lo que con mayor razón se debían entender como gasto necesario los pagos efectivos realizados en una audiencia laboral para poner término a un juicio por accidente de trabajo, en virtud de un accidente efectivamente sufrido por el trabajador. Concluye que resulta el gasto cuestionado incluso al tenor del antiguo artículo 31 de la LIR no debía rechazarse. UNDÉCIMO: Por otra parte, el SII niega que el gasto referido a el pago de indemnización por accidente del trabajo acordada en una conciliación judicial en el juicio laboral “Armijo Rios, Mauricio con Quincho”, sea un gasto necesario para producir la renta, en cuanto dicho gasto no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 31 de la LIR. Aclara que el hecho que la Liquidación reclamada determine que el pago de una indemnización de perjuicios acordada en una conciliación judicial es un gasto rechazado, no supone una transgresión al artículo 7 del Código Tributario ni una contienda de competencia alguna entre el SII y el Poder Judicial, puesto que el Servicio jamás a desconocido que la conciliación en su calidad de equivalente jurisdiccional corresponde a una sentencia firme para todos los efectos legales. Advierte que el acta de conciliación y la resolución del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio ponen fin a la causa en cuestión, en la que se ventiló un conflicto de carácter laboral, no obstante, en ninguna parte se pronuncia respecto de los “efectos tributarios” del desembolso que efectuará la demandada por los perjuicios que sufrió el trabajador, en cuanto dicho pronunciamiento, excede la litis ventilada en el juicio laboral y la competencia del órgano jurisdiccional, sino que es de competencia exclusiva del ente fiscal. En lo que se refiere a la norma vigente aplicable al caso, expone que si bien la Ley N°21.210 modificó el artículo 31 de la LIR, aceptando expresamente como gasto lo pagado en una conciliación judicial entre partes no relacionadas, dicha modificación no puede aplicarse en forma retroactiva a hechos ocurridos en el AT 2018, puesto que es una disposición legal que rige in actum en virtud del artículo 8 transitorio de la Ley N°21.210, ya que es su propio texto legal el Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 19 que regula su aplicación temporal a hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero de 2020. Prosigue argumentando que, en base a lo dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 3 del Código Tributario, esta regla especial no es aplicable en el presente caso, en cuanto esta norma es la consagración en materia de infracciones y sanciones del “principio pro reo”. En último lugar, explica que el gasto por indemnización de los perjuicios causado a un trabajador por un accidente del trabajo contenido en una conciliación, si bien es un pago obligatorio de acuerdo con lo expresado en el acta de conciliación, dicho desembolso no cumple copulativamente con los requisitos del artículo 31 de la LIR, toda vez que es un gasto que no se relaciona con el giro de la empresa y que no es necesario para producir la renta. Agrega que la obligación del empleador de pagar una indemnización al trabajador que consta en el acta de conciliación tiene su origen en un accidente laboral ocurrido por su negligencia, siendo éste el responsable de dar a sus trabajadores condiciones de seguridad adecuadas. DUODÉCIMO: Que para acreditar este punto de prueba la reclamante acompañó los siguientes documentos: a fojas 83, escrito de contestación de demanda, en causa RIT-O-19 2017, presentado ante el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, en autos caratulados “Armijo con Quincho SpA”; a fojas 92, Acta de Conciliación, de fecha 22 de mayo de 2017, en causa RIT-O-19 2017, conocida ante el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, en autos caratulados “Armijo con Quincho SpA”, entre don Mauricio Javier Armijo Ríos y la reclamante. Por su parte, el SII presentó a fojas 54, escrito de contestación de demanda, en causa RIT-O-19 2017, presentado ante el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, en autos caratulados “Armijo con Quincho SpA”; a fojas 63, Acta de Conciliación, de fecha 22 de mayo de 2017, en causa RIT-O-19 2017, conocida ante el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, en autos caratulados “Armijo con Quincho SpA”, entre don Mauricio Javier Armijo Ríos y la reclamante; a fojas 65, sentencia de fecha 8 de julio de 2010, emitida por la Excelentísima Corte Suprema, Rol 2585-2010; a fojas 109, Oficio SII N°648 del año 2018; a fojas 112, Oficio SII N°137 del año 2016. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 20 DÉCIMO TERCERO: Que, del detalle de los antecedentes acompañados se logró apreciar que, no es controvertida la existencia de un accidente laboral ocurrido el día 17 de febrero de 2017 en un galpón donde se muele y se seca el aserrín para el proceso de fabricación de briquetas. Que, al efecto, al trabajador de la empresa reclamante don Mauricio Javier Armijo Ríos, le fue amputado el dedo índice y medio de la mano izquierda a la altura de la primera falange. A raíz de lo anterior, es que don Mauricio Javier Armijo Ríos, en autos caratulados “Armijo Rios, Mauricio con Quincho”, seguido ante el 2° Juzgado de Letras de San Antonio, RIT O-19-2018, presentó demanda en contra de la reclamante. Que tampoco forma parte de lo discutido que con fecha 22 de mayo de 2017 en audiencia preparatoria del mencionado litigio laboral, el Tribunal tuvo por conciliadas a las partes, levantando una acta, tenida a la vista a fojas 63 y 92, respecto de la cual se observó que quedó estipulado lo siguiente: “1.- La demandada Quincho CO SPA sin reconocer los fundamentos de las acciones impetradas en su contra y con le solo objeto de poner fin al juicio ofrece pagar al demandante la suma única y total de $10.000.000 en cuatro cuotas iguales y sucesivas de $2.500.000 cada una de ellas documentadas en cheques nominativos y sin cruzar, con vencimiento los días 05 de junio; 05 de julio; 04 de agosto y 05 de septiembre de 2017 a nombre del abogado Andrés Saavedra Herrera, los que serán dejados en la secretaría de este Tribunal antes de su vencimiento para custodia y posterior entrega. 2.- Con el cumplimiento de la obligación de pago señalada contraída las partes declaran que nadie tienen que reclamarse por los hechos generados por la presente causa. (SIC) 3.- Para el incumplimiento imputable a la demandada se pacta un recarago legal del 100% del saldo adeudado, 4.- Cada parte, pagará sus costas”. De ello es que se puede visualizar que esta acta corresponde a una conciliación judicial, por la cual Quincho Co SpA, sin reconocer los fundamentos de las acciones que se le imputan, se obligó al pago de $10.000.000.-, poniéndosele fin al conflicto laboral descrito. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 21 DÉCIMO CUARTO: Ahora bien, en virtud de las alegaciones hechas por las partes, corresponde a este sentenciador determinar, en primer lugar, la normativa aplicable al gasto en cuestión a la época de los hechos. Al respecto, el reclamante sostiene que la Ley N°21.210 que modificó el artículo 31 de la LIR, aceptó expresamente en su inciso final como gasto lo pagado por transacción judicial entre partes no relacionadas, de modo que el gasto cuestionado debe aceptarse tanto por tratarse de la modificación de una disposición legal que rige in actum, como por aplicación del artículo 3 del Código Tributario que hace retroactivamente aplicable la norma más favorable al contribuyente. Que, el artículo 8 transitorio inciso segundo de la Ley N°21.210 que moderniza la legislación tributaria dispone que “Las modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta contenidas en el artículo 2° de la presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de enero de 2020. En consecuencia, se aplicarán sus disposiciones a los hechos ocurridos a contar de dicha fecha […]. Por su parte, el artículo 2 número 13 letra g) inciso cuarto del mismo cuerpo normativo agrega en lo pertinente el número 14 al artículo 31 de la LIR, indicando lo siguiente: “Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N°824, de 1974: […] 13. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 31: [… g) Agrégase el siguiente numeral 14°: […] También constituyen gasto los desembolsos acordados entre partes no relacionadas que tengan como causa el cumplimiento de una transacción, judicial o extrajudicial, o el cumplimiento de una cláusula penal". Así las cosas, de las disposiciones tenidas a la vista, se ha podido corroborar que el precepto legal que dispone expresamente que los desembolsos acordados en transacciones judiciales sin un gasto aceptado y necesario para producir la renta, entra en vigencia desde el día 1 de enero de 2020, no existiendo alguna otra disposición que indique una excepción a lo establecido, para este caso en particular. DÉCIMO QUINTO: Que, de la alegación hecha por la parte reclamante en cuanto a que, en virtud del artículo 3 del Código Tributario que hace retroactivamente aplicable la norma más favorable al contribuyente, el gasto Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 22 cuestionado debe aceptarse por tratarse de la modificación de una disposición legal que rige in actum, en relación al nuevo número 14 del artículo 31 de la LIR, desarrollado en el considerando anterior. Del análisis del artículo 3 del Código Tributario a la época pertinente el cual establece en su inciso primero lo siguiente: “En general, la ley que modifique una norma impositiva, establezca nuevos impuestos o suprima uno existente, regirá desde el día primero del mes siguiente al de su publicación. En consecuencia, sólo los hechos ocurridos a contar de dicha fecha estarán sujetos a la nueva disposición. Con todo, tratándose de normas sobre infracciones y sanciones, se aplicará la nueva ley a hechos ocurridos antes de su vigencia, cuando dicha ley exima tales hechos de toda pena o les aplique una menos rigurosa”. El legislador es claro en establecer de manera taxativa que únicamente en los casos de normas sobre infracciones y sanciones se aplicará la nueva ley, si es que la pena es más beneficiosa para el contribuyente, por lo que, la regla general es que las modificaciones legales de normas impositivas regirán desde el día primero del mes siguiente al de su publicación. Cuestión que en virtud del artículo 8 transitorio inciso segundo de la Ley N°21.210 el nuevo numeral 14 del artículo 31 de la LIR, como ya se expuso, comienza a regir desde el 1° de enero de 2020. Finalmente, es necesario hacer presente que el artículo 21 de la LIR sobre gastos rechazados, conlleva a la determinación de un impuesto único a ciertos casos en particular que se encuentran taxativamente regulados, los que no tienen el carácter de impuesto de categoría y tampoco implica el ejercicio de sanción alguna. Y que, por su parte, el artículo 31 de la LIR tampoco es una norma que se trate sobre infracciones o sanciones. Además, el inciso primero del artículo 3 del código del ramo se refiere a “[…]cuando dicha ley exima tales hechos de toda pena o les aplique una menos rigurosa […]”, refiriéndose claramente a infracciones en materia penal. En efecto, esta judicatura tampoco puede acoger esta argumentación. DÉCIMO SEXTO: A su turno, sobre la alegación efectuada por la contribuyente en su líbelo de reclamo, en virtud de la cual sostiene que el criterio del SII en determinar este gasto como rechazado generará necesariamente un conflicto de competencia entre el Servicio y el poder judicial, que obliga a dejar Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 23 sin efecto la Liquidación y requerir previamente que la Corte Suprema resuelva dicho conflicto conforme al artículo 7° del Código Tributario, atendido que se está desconociendo expresamente el carácter de equivalente jurisdiccional y de sentencia firme y ejecutoriada que tiene la conciliación. Al respecto, esta magistratura considera que lo cuestionado no es si el SII desconoce la conciliación como equivalente jurisdiccional, cuestión que sería contraproducente con lo establecido por el Juez laboral a cargo de la causa en el acta de audiencia preparatoria, que la misma recurrida aportó, donde se celebró la conciliación pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, objeto de autos, además de encontrarse establecido como equivalente jurisdiccional en el artículo 198 del Código de Procedimiento Civil. Que, no se deben confundir los efectos del acuerdo celebrado mediante una conciliación que pone fin a un litigio equivalente a una sentencia definitiva en materia laboral, en este caso, el pago de $10.000.000.- por concepto de indemnización por accidente del trabajo, a los efectos tributarios que tienen estos desembolsos para el demandado como contribuyente, materias totalmente distintas. De ello es que el Servicio, en virtud de sus facultades fiscalizadoras comprendidas en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N°7 que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, fiscaliza el tratamiento tributario de estos egresos, asunto que es de su competencia exclusiva. En consecuencia, se debe tener por no acogida esta alegación. DECIMO SÉPTIMO: Ahora bien, aclarado lo anterior, como se ha venido señalando, el contribuyente rebajó como gasto el pago efectuado por concepto de indemnización por accidente del trabajo ascendente a $10.000.000.-, acordado a través de una conciliación realizada en un juicio laboral, desembolso que debe cumplir con las exigencias legales para su acreditación. Así, para que los egresos de una empresa sean deducibles de la base imponible como gasto, el legislador en el artículo 31 de la LIR, señala que se deben cumplir con los siguientes requisitos copulativos: 1) Que el gasto se relacione directamente con la actividad; 2) Que tenga la calidad de necesario para producir la renta; 3) Que se encuentre efectivamente pagado o adeudado Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 24 en el ejercicio correspondiente; y 4) Que se acredite o justifique fehacientemente. Que, el SII en la Liquidación reclamada cuestiona principalmente los requisitos de necesariedad del gasto y que se relacione directamente con su actividad, pues sostiene que el pago de indemnización de perjuicios por accidentes de trabajo establecida en una conciliación judicial es un gasto rechazado del artículo 21 de la LIR, por no cumplir con los requisitos establecidos al no tener correlación con los ingresos del periodo y al ser un acuerdo voluntario, deja de tener el carácter de inevitable u obligatorio. DÉCIMO OCTAVO: Que, en lo relacionado con que los desembolsos deban tener la calidad de necesario para producir la renta, cabe tener presente qué significa el vocablo “necesario”. Que, respecto a la falta de necesariedad alegada por el ente fiscal, en lo relativo al desembolso efectuado por la reclamante a la empresa, se debe tener presente qué significa el vocablo “necesario”. Que, según lo ha determinado la jurisprudencia, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (en adelante RAE), se define necesario como: “1.- Que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder. 2.- Que se hace y ejecuta obligado por otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo, y también de las causas que obran sin libertad y por determinación de su naturaleza. 3.- Que es menester indispensablemente, o hace falta para un fin”. Por su parte, la doctrina chilena señala que se trata de un desembolso que ha sido indispensable para producir la renta. De la lectura de la contestación del SII, se puede desprender, en relación a que el monto pactado por las partes en la conciliación judicial se originaría por un hecho relativo a la negligencia del mismo empleador, por lo que este desembolso no constituiría un gasto para producir a renta, ya que no tiene la calidad de inevitable y obligatorio pues si se hubiesen cumplido diligentemente las obligaciones como empleador, no se hubiera incurrido en el referido gasto, no pudiendo beneficiarse el contribuyente de su propia negligencia o incumplimiento. Agregando que, además, la actuación del recurrente de autos habría sido voluntaria. Con lo anterior queda de manifiesto que el citado órgano fiscal, interpreta el vocablo “necesario” como obligatorio jurídicamente. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 25 Que, la lógica lleva a este sentenciador a establecer que la interpretación del SII de lo necesario es errada en este caso, atendido a que, la necesariedad va ligada a aquellos desembolsos en que debe incurrir el contribuyente para generar la renta, y en concreto, se debe considerar el fin último de la empresa que es obtener utilidad. Que establecer que los vocablos “necesario” y “obligatorio jurídicamente” son sinónimos, es errado. En nuestro Derecho, cuando la ley se refiere a una “obligación” utiliza los términos “deberá” o “se encuentra obligado”. De esta manera, en la compraventa regulada en el Código Civil, la obligación de entregar la cosa y pagar el precio, no se refieren por la ley como “será necesario que el vendedor entregue la cosa” o es “necesario que el comprador pague el precio” o el “precio es necesario por parte del comprador”. Es decir, en parte alguna de nuestro Derecho, el vocablo “necesario” es sinónimo de una “obligación jurídica”. De la misma forma, si la ley hubiese querido exigir la existencia de una obligación jurídica, hubiera usado precisamente dicha exigencia, señalando que el gasto debe ser “jurídicamente obligatorio” o, sencillamente, habría utilizado el vocablo “obligatorio”. Resulta impensable sostener que la intención del legislador ha sido reemplazar “obligatorio” por “necesario” en la Ley de Impuesto a la Renta. Esto porque el término obligatorio es usual en el lenguaje de los juristas y conocido por el legislador, por lo que era una opción obvia si hubiere querido aplicarlo. De lo anterior se puede concluir que se debe entender que la noción de “necesario” debe ser distinta de “obligación jurídica” y que se trata de un concepto indeterminado, cuyo sentido y alcance debe ser fijado por el intérprete considerando la evolución de los gastos en la empresa moderna, y la libertad de empresa, consagrada en la Carta Magna. Cabe hacer presente que la Excelentísima Corte Suprema ha entendido “obligatorio” a aquellos desembolsos en que se deben incurrir para generar la renta líquida imponible, lo que sólo se podrá determinar caso a caso considerando las máximas de la experiencia, sin perder de vista el fin último de la empresa que es obtener una utilidad. DÉCIMO NOVENO: Con lo razonado, aplicando las reglas de la lógica y la máxima de la experiencia, este Tribunal, en primer lugar, ha arribado a la conclusión que la interpretación sistemática y jurídicamente más coherente de Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 26 “necesario” es aquella que exige una relación potencial posible entre ingresos y gasto, conforme lo determine la actividad empresarial y la contabilidad de la empresa. En este sentido la tercera acepción de la voz necesaria que da la RAE, “Que es menester indispensablemente, o hace falta para un fin” es una interpretación más armónica y refleja mejor el sentido del vocablo necesario como un medio para el objetivo de obtener una renta. Y en el caso de aceptar la segunda acepción, se debe entender que “obligatorios” son los gastos en que precisa, forzosa e inevitablemente, ha debido incurrir el contribuyente para generar sus rentas, entendiendo que aquello será algo que se deberá determinar caso a caso en atención al objeto social y enfoque que tenga el contribuyente respecto de la organización de sus negocios. VIGÉSIMO: Que atendido lo señalado, cabe preguntarse qué tan necesario era para el actor el pago realizado por concepto de indemnización por accidente laboral. Al respecto, las máximas de la experiencia indican que, las estrategias comerciales y financieras se realizan conforme al presupuesto de una empresa, por consiguiente, al caso de autos, y como se desarrollara latamente en los considerando que siguen, no era rentable para la sociedad empleadora someterse a la totalidad del juicio, aunque éste, como parte demandada, no reconociera los hechos y la responsabilidad que le fue impetrada en la demanda laboral presentada por don Mauricio Javier Armijo Ríos. Que, de los antecedentes tenidos a la vista, como ya se señaló, no es controvertido que efectivamente se celebró una conciliación entre don Mauricio Javier Armijo Ríos, como parte demandante, y la contribuyente, como demandado, en autos caratulados “Armijo Rios, Mauricio con Quincho”, seguido ante el 2° Juzgado de Letras de San Antonio, RIT O-19-2018, donde se acordó el pago en cuatro cuotas de un total de $10.000.000.- por concepto de indemnización por accidente laboral, por la amputación de dos dedos del trabajador demandante. De manera tal que, mediante una conciliación judicial se acuerda el término del litigio laboral, en el que la reclamante se obliga a pagar la suma señalada. Cabe recordar que el actor, en este caso, empleador, no reconoció en la mencionada audiencia las acciones que le fueron imputadas por el trabajador, Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 27 obligándose al pago del monto mencionado solo con la finalidad de poner término al juicio. Que, la audiencia preparatoria en un juicio laboral donde se desarrolla la conciliación es una instancia irrenunciable prevista por el legislador en la materia, siendo un requisito esencial del proceso, donde el Juez a cargo tiene los antecedentes necesarios para conocer y comprender el arbitrio sometido a su conocimiento y así, poder determinar las bases fundadas para la conciliación, considerando que esta es realizada una vez terminada la etapa de discusión. Cabe señalar que en la página web de la Academia Judicial chilena en el índice “Guía para la conducción de la Audiencia de Conciliación Laboral” en la sección “La conciliación en audiencia preparatoria” en lo pertinente explica que “[…] Por otra parte, la conciliación en esta etapa permite ahorrar la audiencia de juicio, destinando esos recursos a otra de las causas que exigen la atención del tribunal y evita a las partes el desgaste económico de sostener un proceso judicial de lato conocimiento. La oportunidad precisa, de acuerdo al artículo 453, número 2, del Código del ramo, es una vez “terminada la etapa de discusión”, momento en que el juez o jueza debe iniciar una conversación con las partes actuando como un mediador o mediadora […]. Así las cosas, es importante hacer presente que en esta etapa del arbitrio el Juez que dirige la audiencia en cuestión debe necesariamente realizar un estudio previo de la causa con la finalidad de conocer y comprender el conflicto, de mantera tal de poder determinar las pretensiones y argumentos de la demanda y la defensa del demandado, en este caso, el empleador, y así poder ofrecer bases razonables para la llegada de un acuerdo. Además, el mecanismo de resolución de conflicto en cuestión es una especie de "cierre" a toda diferencia o pretensiones en relación a las cuestiones que fueron motivo del litigio y hechas valer en el mismo. VIGÉSIMO PRIMERO: Ahora bien, en el caso de autos, del acta de conciliación tenida a la vista, se logró verificar que el trabajador demandó y alcanzó lo demandado, pretensión que, si bien no es idéntica a la solicitada, ciertamente consintió en un pago total de $10.000.000.-, cantidad que en este escenario originó el efecto de resolver la totalidad del débito. Que, el acuerdo conciliatorio celebrado con fecha 22 de mayo de 2017 al tener un efecto legal equivalente a una sentencia definitiva, es a todas luces Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 28 obligatorio para el contribuyente de cumplir, es decir, es un gasto que existe y en el que se debe incurrir. Primero, porque es una instancia legal a la que se debe concurrir, así como también que el llegar a un acuerdo por ambas partes apunta a una justa composición de las controversias y no a un resultado cualquiera, en atención a que, como fue desarrollado en el considerando anterior, el Juez que dirige la causa debe realizar un estudio de la causa y de las pretensiones y defensas pertinentes, así como proponer bases debidamente fundamentadas que no escapen de una propuesta razonable y justa. Es importante también hacer presente que en este caso la obligación de pago de la contribuyente no es en ningún caso una sanción o multa al demandado, sino que tiene la naturaleza de mecanismo alternativo de resolución de conflictos con el objeto de ponerlo fin a un litigio, donde se llega a un acuerdo entre ambas partes. Por tanto, la lógica lleva a este sentenciador a establecer que la interpretación fiscal de lo necesario como obligatorio es errada en este caso, porque aun considerando que el desembolso efectuado al trabajador se originó a través de un acuerdo mediante una conciliación judicial, que como se ha demostrado, si es una obligación de pago relacionada al giro del actor; es un gasto que existió y en el que se debió incurrir para lograr el fin último de obtener menos pérdida y de esa manera una mayor utilidad. De ahí que finalmente el gasto efectuado implique un menor costo en comparación a haberse continuado con el litigio, conforme a las necesidades de la empresa. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, sin perjuicio que, en el considerando décimo cuarto, este sentenciador despejó las dudas sobre la vigencia del nuevo numeral 14 del artículo 31 de la LIR, en especial, respecto de transacción judicial entre partes no relacionadas. Es importante para el caso destacar el espíritu de la ley para la aplicación de este concepto como gasto aceptado. Que, históricamente ha existido una interpretación administrativa de la necesidad del gasto como algo obligatorio o inevitable, por lo que se aplicaba un criterio restrictivo en el caso de la no aceptación del gasto por concepto de transacción judicial, lo que conllevaba su aplicación como gasto rechazado en virtud del artículo 21 de la LIR. Que ello, resultaba opuesto a la naturaleza del contrato de transacción o en esta oportunidad de conciliación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, pues de esa forma el demandado Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 29 adquiere una responsabilidad civil derivada de la función indemnizatoria del acuerdo, debiendo aceptarse el cumplimiento de las obligaciones originadas en éste sin determinarlos como actuaciones voluntarias. De ello es que las modificaciones de la Ley en cuestión solucionan este conflicto histórico en este tipo de interpretaciones, pues el nuevo numeral 14 del inciso cuarto del artículo 31 introduce expresamente que “los desembolsos acordados entre partes no relacionadas que tengan como causa el cumplimiento de una transacción”, respetándose la naturaleza propia de este tipo de egresos, el cual no era reconocido, siempre en relación con las exigencias generales para la aceptación de gastos, evitando de esta manera eventualidades y resguardando contiendas judiciales prolongadas en este caso que, finalmente, puedan ocasionar mayores gastos. VIGÉSIMO TERCERO: Así las cosas, en lo que se refiere al accidente del trabajo ocurrido en la situación particular de este trabajador, es evidente que el actor tiene la obligación de incurrir en estos gastos, sumándole a lo anterior las actividades que tiene el contribuyente de servicios de corta de madera y armado de quinchos, suponen un riesgo para el trabajador que puede ser tanto de negligencia del empleador como del mismo trabajador, por lo que a ser este tipo de contingencias de alguna manera usuales en este tipo de labores y parte de su negocio, el reclamante de manera sensata llega a un acuerdo con la persona afectada por la eventualidad ocurrida, teniéndose en consideración tanto el grado de invalidez al que llega el trabajador, como el tiempo del tratamiento o cirugías al que se sometió. Lo que sin duda es menos gravoso que someterse a un litigio laboral en todas sus etapas donde las posibilidades de demostrar por parte del empleador su falta de culpabilidad, son improbables debido al riesgo del oficio que ejecuta, las que finalmente son asimilables a responsabilidades objetivas, pues también existe un interés público comprometido, en particular, a la protección de la vida e integridad de los trabajadores. Que, verdaderamente relevante es verificar la efectividad de los hechos que originaron la conciliación y si el monto acordado satisface los patrones comunes de indemnización para este tipo de contingencias sufridas por el trabajador en el ejercicio de sus labores, lo que se ha logrado confirmar por parte de este Tribunal, pues el suceso efectivamente ocurrió, así como también, Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 30 el valor acordado es consistente con el tipo de daño sufrido, según el análisis que se ha venido desarrollando. A mayor abundamiento, como bien señala la reclamante en su libelo, existe un Baremo Jurisprudencial Estadístico sobre indemnización de daño moral por lesiones derivadas de infortunios laborales de montos indemnizatorios extraídos de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia chileno, la que se pudo tener a la vista de la página del poder judicial. Que, al respecto, se observó cómo se ha comportado la jurisprudencia en casos similares, principalmente en sentencias definitivas dictadas por jueces laborales, que las indemnizaciones por este concepto clasificadas en amputaciones de extremidades de la mano, como ocurre en autos, los montos determinados por los tribunales del trabajo la mayoría son montos similares y no muy por debajo de lo acordado en la conciliación realizada por las partes, por lo que esto confirma la razonabilidad del monto. Asimismo, de la jurisprudencia tenida a la vista en materia laboral se ha podido corroborar que las sentencias definitivas dictaminadas en juicios de lato conocimiento o resueltas en etapa de conciliación, en su mayoría e históricamente, han sido falladas a favor del trabajador demandante, como ya fue mencionado, a modo de ejemplo en causas similares y de hechos ocurridos en la misma época, a saber: RIT: 0-896-2017; del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel; RIT: O-5784-2016 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago; RIT: O-5604-2017 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago; RIT O-199-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno; RIT O- 608-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco; RIT O-789-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta; RIT O-457-2017 del Juzgado de Letras de Colina, este último dictamen condenando al empleador al pago de la cantidad de $7.500.000.-por concepto de daño moral, aun cuando se determinó una responsabilidad compartida entre las partes por el accidente laboral ocurrido. VIGÉSIMO CUARTO: Por lo anterior, se puede concluir que el pago por concepto de indemnización por accidente del trabajo en este caso es de toda lógica y guarda coherencia por una legítima razón de negocios para producir renta. Es decir, a medida que la empresa va tomando decisiones comerciales va creciendo en su desarrollo y desempeño. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 31 La pretensión de la administración tributaria, en este caso, negando la deducibilidad de estos gastos, no se condice con la realidad, y aparece contrariando el sentido común y el principio de libertad de empresa que ostenta un rango constitucional, reconocido por la doctrina nacional. Sumado a esto, es preciso señalar que, la indemnización pactada, no es en estricto rigor “voluntaria”, toda vez que esto implicaría una decisión unilateral de parte del empleador quedando condicionado al libre albedrío de éste, y que por el contrario son pactos que se han originado y aceptado tanto por el empleador como por el trabajador, lo que convierte a estos desembolsos en un gasto necesario para producir la renta. Y, además, como se ha señalado, es el mismo Juez a cargo de la causa el que propone bases fundadas para llegar a un buen término en una conciliación. VIGÉSIMO QUINTO: Finalmente, en relación a la jurisprudencia administrativa y jurisdiccional presentada por la reclamada en autos, cabe hacer presente que en relación a la Oficios N°18 del 9 de abril de 2018 y N°137 del 22 de agosto de 2016, en primer término, que los oficios emitidos por el SII en el ejercicio de su facultad interpretativa son respuestas a consultas respecto a casos particulares efectuadas por los administrados, los cuales no son vinculantes para el contribuyente. Además, pues se refieren al término de un contrato laboral y de costas personales a las que son condenadas las ISAPRES en recursos de protección, pagos que tienen un origen y naturaleza distinta al de autos. Por su parte, respecto a la sentencia Rol 2585-2010 emitida por la Excelentísima Corte Suprema que versa sobre una casación en la forma y en el fondo las que fueron denegadas, y que confirman lo concluido por el tribunal de primera instancia en relación a que el pago de la indemnización a que fue condenada la contribuyente en la causa Rol N°L-3591-2001 del Quinto Juzgado Laboral de Santiago, no cumple con los requisitos de ser un gasto inevitable o indispensable para generar los ingresos del giro afectos a la LIR, atendido que el pago a que fue condenada tiene la naturaleza de una sanción por el daño causado en la persona de un trabajador, que se originó por la negligencia de la empleadora. Ahora bien, es menester indicar que, sin perjuicio que el criterio de los tribunales superiores ha ido modificándose, el dictamen al que se refiere no se Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 32 resolvió en una conciliación judicial como es el caso de autos, sino que, mediante sentencia definitiva a través de un juicio laboral, respecto del cual existió una audiencia de juicio donde se rindió prueba por las partes, donde se acreditó la culpabilidad y negligencia del demandado en los hechos. VIGÉSIMO SEXTO: Condensando lo dicho hasta aquí, este sentenciador considera que el presente desembolso efectuado por la recurrente es un gasto necesario para producir la renta, tal como lo exige el artículo 31 de la LIR. Por tanto, corresponde rebajar de la Renta Líquida Imponible los $10.000.000.-, por lo que el punto de prueba se tiene por acreditado. A su turno, tal como se señaló en el considerando noveno, la solicitud efectuada por el actor sobre a ordenarle al SII aceptar la rectificatoria de la declaración de renta correspondiente al AT 2018 solicitada por el actor, en relación a agregar a la misma los mencionados desembolsos, no son objeto de autos. Que además, el allanamiento efectuado por la reclamante no modifica lo declarado ante el SII, pues es el mismo contribuyente el que tiene que rectificar el Formulario 22 ante el ente fiscalizador respectivo para que ello sea efectivo. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en mérito de las alegaciones hechas por las partes y los documentos acompañados, apreciados conforme a las reglas de la sana critica, basado en la multiplicidad, gravedad y precisión de los medios probatorios tenidos a la vista por este sentenciador en el proceso, y conforme a las razones jurídicas, lógicas y técnicas, que le dan razonabilidad a la decisión adoptada en el presente dictamen, se ha llegado a la conclusión que la reclamante acreditó que el gasto por indemnización por accidente del trabajo determinada en una conciliación judicial por la suma de $10.000.000.- para el AT 2018, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la LIR. Que, por su parte, respecto a los otros desembolsos liquidados el acto reclamado se encuentra firme. En consecuencia, la Liquidación reclamada deberá ser modificada conforme a lo resuelto en la presente sentencia. VIGÉSIMO OCTAVO: Que, las demás pruebas rendidas y antecedentes aportados en autos en nada alteran lo razonado y concluido precedentemente. VISTOS, ADEMAS, lo establecido en los artículos 21, 29 al 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta; artículos 17, 18, 24, 25, 59, 115, 124, 125, 127, Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 33 130, 131, 131 bis, 132 y 148 del Código Tributario; artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales pertinentes, SE RESUELVE: HA LUGAR EN PARTE a la reclamación interpuesta a fojas 1 y siguientes por don PABLO ECHEVERRÍA ABUD en representación de QUINCHO CO SPA, ambos ya individualizados, conforme lo razonado y concluido en los considerandos séptimo a vigésimo octavo. En consecuencia, modifíquese la Liquidación N°81, de fecha 29 de mayo de 2020, emitida por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte Servicio de Impuestos Internos, conforme a lo resuelto en la presente sentencia. Que, atendido el mérito del proceso, no se condena en costas a las partes, por existir motivos plausibles para litigar. Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad. NOTIFIQUESE, la presente Resolución a la reclamante por carta certificada, y a la reclamada por la publicación de su texto íntegro en el sitio de internet del Tribunal. Déjese testimonio en el expediente. RUC: 21-9-0000375-2 RIT: GR-16-00065-2021 CUANTÍA BRUTA (UTM): 190,47 RESOLVIÓ DON OSCAR MERIÑO MATURANA, JUEZ TITULAR DEL SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 34 AUTORIZA DON JOSÉ ANTONIO GUERRERO URIARTE, SECRETARIO TITULAR DEL SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oscar Renato Meriño Maturana Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal R. Metropolitana. Segundo Documento firmado electrónicamente por don/ña Oscar Renato Meriño Maturana, el 29-10-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 67fb284889e84717b6de338959a9de3b Timbre Electrónico 2024-10-29T09:46:50-0300 FEA