Contraloría General de la República · N° 010954N17
Dictamen N° 10.954, de 30 de marzo de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 10.954 Fecha: 30-III-2017 Esta Entidad de Control ha dado curso a los documentos del rubro, que establecen los Estatutos de los Centros de Formación Técnica de las regiones de Tarapacá, Coquimbo y Los Lagos, respectivamente, por encontrarse ajustados a derecho. Sin perjuicio de lo anterior, cumple con hacer presente que lo dispuesto en sus literales m) de sus artículos 8°, que otorgan al rector la facultad de “Suscribir y contratar directamente, con cargo al patrimonio del Centro de Formación Técnica y en conformidad con la ley, empréstitos y obligaciones financieras que, de acuerdo con el plan anual de endeudamiento que se establezcan anualmente, no requieran la autorización previa del Directorio; y, en los casos en que exista tal requisito, solicitar la aprobación u opinión respectiva y contratar aquellos que sean autorizados” no constituye una excepción a las normas de contratación pública contenidas en el artículo 9° de la ley N° 18.575 y en la ley N° 19.886, razón por la cual dichos establecimientos enseñanza deberán sujetarse a las mismas, en lo que corresponda. Con el alcance que antecede se ha tomado razón de los decretos con fuerza de ley del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 010954N17, de 30 de marzo de 2017.
Artículos que cita
Más sobre Licitación Pública y Bases
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La Contraloría rechaza la reconsideración y mantiene que la Universidad de Chile debe invalidar la adjudicación, pues la oferta de Hoppmann sí incluía el anexo técnico y su inadmisibilidad se basó en un error. Las compensaciones por perjuicios corresponden a los tribunales.
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La Contraloría concluye que la PDI no ejerció arbitrariamente su facultad de fijar especificaciones técnicas en las bases, pues incluyó rangos de aceptación y fundamentó sus exigencias, por lo que desestima el reclamo; solo recomienda detallar en lo sucesivo las razones de exigencias muy específicas.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, en la contratación de apertura y mantención de cuentas corrientes el municipio debe estimar fundadamente el monto considerando los recursos que se manejarán en la cuenta, para fijar garantías, multas y límites contractuales.
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