Dictamen N° 53.931, de 13 de septiembre de 2010

N° 53.931 Fecha: 13-IX-2010 Se ha dirigido a esta Contraloría General don José Ávila Alcaide, solicitando un pronunciamiento acerca de la situación que indica. Sobre el particular, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, la Contraloría General no puede intervenir ni informar en asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso. Pues bien, según aparece de los antecedentes tenidos a la vista, la materia de que se trata reviste precisamente el carácter de litigiosa, ya que importa emitir un pronunciamiento respecto de la procedencia de percibir el recurrente una indemnización de perjuicios por el supuesto daño moral que le habría infligido el despido que estima arbitrario e injusto -ocurrido en el año 2000-, por parte del alcalde de la Municipalidad de La Granja. Ahora bien, relacionado con el término de funciones del recurrente, es dable señalar que este Ente de Control a través del oficio N° 26.222, de 2001, le informó, en su oportunidad, que el término anticipado del cargo a contrata que servía, por parte del municipio aludido, se había ajustado a derecho, por las razones que allí se exponen. Finalmente, en relación a la supuesta transgresión a sus deberes por parte de los funcionarios que indica -por hechos ocurridos en el año 2000, o a partir de ese año-, cumple informar que se han remitido los antecedentes a la Subdivisión de Auditoría e Inspección de la División de Municipalidades de esta Contraloría General, a fin de que pondere eventuales medidas de fiscalización sobre la materia, en dicho municipio. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República