Contraloría General de la República · Salud
Atención Primaria Municipal (Ley 19.378)
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Atención Primaria Municipal (Ley 19.378), del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre salud, que incluye Atención Primaria Municipal (Ley 19.378), y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre saludPronunciamientos
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La Contraloría instruye que los municipios pueden gastar en las celebraciones del Día del Funcionario Municipal y del Día de la Atención Primaria de Salud, siempre que esos gastos sean austeros, proporcionales, se ajusten al presupuesto y se imputen correctamente.
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La Contraloría concluye que no es ajustado a derecho que la Corporación Municipal de La Florida celebre acuerdos para calcular la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.919 usando las remuneraciones a la fecha de término de la relación laboral, pues la ley exige el promedio de los doce meses anteriores a la renuncia voluntaria.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Recoleta no debió asignar al funcionario Sebastián Vargas Olivari funciones de las categorías E y F, distintas del apoyo al nivel profesional propio de su categoría C de técnico de nivel superior, por lo que debe encomendarle tareas acordes a su título.
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La Contraloría concluye que el director de un establecimiento de salud municipal no participa de la carrera funcionaria mientras ejerce ese cargo, pero al reincorporarse a su plaza indefinida sí procede reconocerle el puntaje de experiencia y capacitación acumulado durante esa jefatura.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de María Elena puede financiar el Servicio de Urgencia 24/7 con recursos de la ley N° 19.143, pues constituye una obra de desarrollo local, sin perjuicio de los fondos provenientes de convenios con el Servicio de Salud.
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La CENABAST puede suspender el suministro de medicamentos a municipios con deudas pendientes, conforme a su manual de gestión, sin exceder sus facultades legales. La prescripción de las acciones de cobro no impide dicha suspensión.
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El director de un establecimiento de salud municipal contratado a plazo fijo debe ser calificado y, si obtiene evaluación positiva dentro del 35% mejor de su categoría, tiene derecho a la asignación de mérito del artículo 30 bis de la ley N° 19.378.
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La Contraloría concluye que una funcionaria que postuló a los 66 años solo puede recibir la bonificación por retiro voluntario y el bono adicional, no el incremento del artículo 7°, por lo que rechaza su reclamo.
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El aporte per cápita de la ley N° 19.378 solo puede financiar acciones de salud en atención primaria, no remuneraciones del personal administrativo central de la corporación municipal. Concluye que no procede pagar esas remuneraciones con dichos fondos, debiendo restituirse los mal invertidos.
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La Contraloría concluye que los dirigentes gremiales que trabajan en turnos nocturnos en el SAR mantienen el derecho al recargo del 50% por trabajo nocturno durante los permisos gremiales, pues estos se entienden trabajados para todos los efectos.
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La Contraloría concluye que la cédula vencida de un extranjero con residencia en trámite mantiene vigencia, por lo que puede enrolarse en el sistema de licencias médicas electrónicas cumpliendo los demás requisitos; la SUSESO debe adecuar su circular N° 3.830.
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La Contraloría concluye que no se exige un tiempo mínimo como jefe directo para precalificar, pues la normativa no lo contempla y no cabe agregarlo por vía administrativa.
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La Contraloría concluye que el permiso sin goce de remuneraciones no interrumpe la continuidad laboral, por lo que corresponde pagar la asignación de desempeño colectivo en proporción al tiempo efectivamente trabajado, aplicando una excepción a la regla de los meses completos.
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La bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.919 se calcula una sola vez, a la fecha de retiro, actualizando las remuneraciones según el IPC, sin reajuste posterior. Concluye que es de cargo municipal, y los bonos de los artículos 7° a 9°, de cargo fiscal.
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La Contraloría concluye que, por una excepción a la regla general, no procede exigir el reintegro de la asignación anual de mérito de 2021 percibida en exceso, pues el error fue del municipio y los funcionarios actuaron de buena fe.
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La asignación del artículo 8° de la ley N° 20.816 no se paga por la sola especialidad: requiere que un decreto anual del MINSAL incluya a la entidad administradora y al médico entre los beneficiarios. Concluye que no procede pagarla en una entidad distinta de aquella para la cual fue otorgada; tras el cambio de empleador, el municipio actual debe incorporar su contrato en la información que presenta antes del 30 de octubre, para obtener los recursos desde el 1 de enero del año siguiente.
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La Contraloría concluye que una corporación municipal no puede usar sus ingresos propios para celebrar el "Día de la Atención Primaria de Salud" mientras este no sea declarado por decreto supremo, por lo que debe ajustar su proceder a lo expuesto.
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La Contraloría concluye que el "retiro" del artículo 1° de la ley N° 20.919 es la fecha fijada por el funcionario para su renuncia voluntaria, y que las entidades administradoras deben pagar todos los beneficios de esa ley, incluidos los de cargo fiscal, en esa misma oportunidad.
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La Contraloría cambia su jurisprudencia y concluye que no procede pagar horas extraordinarias durante feriados, permisos o licencias médicas, pues estas deben efectivamente realizarse; el cambio rige solo hacia el futuro.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el dictamen N° E533724: en el concurso interno de la ley N° 21.308 debe aplicarse el límite de puntaje del artículo 54 del decreto N° 1.889, por remisión expresa de su reglamento, y no el criterio del dictamen N° 42.208.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Cerro Navia pagó indebidamente a una funcionaria la “Asignación Transitoria Especial de Gestión Corporativa Directiva” —no prevista en la ley N° 19.378— y le enteró colación, movilización y perfeccionamiento improcedentes, por lo que instruye restituirlos y determinar responsabilidades administrativas.
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La Contraloría concluye que el bono postlaboral de la ley N° 20.305 puede solicitarse entre la postulación al bono de la ley N° 20.919 y el mes siguiente a la adjudicación del cupo, por lo que la solicitud de la recurrente fue oportuna y el Servicio de Tesorerías debe concederlo.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Juan Fernández debe usar el contrato de reemplazo de la ley N° 19.378, y no la subrogación de la ley N° 18.883, para suplir ausencias de personal de salud, sin excepción por su condición insular.
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La funcionaria que postuló a la bonificación por retiro voluntario en la anualidad en que cumplió 60 años no puede postergar su decisión: solo podrá desistirse una vez designada beneficiaria de un cupo, pues antes solo tiene una mera expectativa.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la contratación de capacitaciones para personal de Atención Primaria de Salud Municipal, con el alcance de que el contrato deberá terminarse anticipadamente si al contratista se le impone la inhabilitación para contratar con el Estado.
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La Contraloría aclara que los concursos internos de las leyes N° 20.858 y N° 21.308 deben proveer las horas que excedan el límite del artículo 14 de la ley N° 19.378, no cargos específicos. Concluye rechazando la reconsideración y manteniendo ese criterio.
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La Contraloría rechaza reconsiderar su dictamen de 2002: como la integración de la comisión calificadora está regulada expresamente en la ley N° 19.378, no cabe aplicar supletoriamente la ley N° 18.883 para agregar un representante de los funcionarios.
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La Contraloría concluye que el municipio actuó correctamente al convocar un concurso público en 2023, pues la obligación de concurso interno solo aplica si al 30 de septiembre se excede el 20% de contratos a plazo fijo, condición que no se cumplía. Se desestima el reclamo.
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La asignación de mérito del artículo 30 bis de la ley N° 19.378 solo corresponde a quienes tenían la calidad de funcionarios al momento de los procesos calificatorios y mantengan ese vínculo al momento del pago. La Contraloría concluye que el municipio debe pagarla únicamente a esos funcionarios, y no a los exfuncionarios desvinculados antes del entero.
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La Contraloría concluye que los funcionarios que renunciaron a contratos indefinidos para postular a plazo fijo sí cumplen el requisito de tres años y podían participar en el concurso interno de la ley N° 21.308, pero ordena al municipio acreditar sus exigencias académicas o invalidar los traspasos.
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El dictamen concluye que es improcedente percibir la bonificación de la ley N° 20.919 junto con la de la ley N° 21.135, por ser incompatibles, y que tras recibir la primera el funcionario no puede volver a desempeñarse en la Municipalidad de Cerro Navia sin devolver el beneficio.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación, con alcances: la entidad debe precisar en aclaraciones el término anticipado por inhabilitación para contratar y aclarar que el presupuesto máximo incluye impuestos.
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El dictamen concluye que en los concursos internos de la ley N° 21.308 no se aplica el criterio del dictamen N° 42.208, de 2017, sino el límite de puntaje de capacitación del artículo 54 del decreto N° 1.889, de 1995.
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Los funcionarios regidos por la ley N° 19.378 que realicen cursos obligatorios fuera de jornada en modalidad e-learning sincrónica tienen derecho a descanso complementario, aplicando supletoriamente la ley N° 18.883, pues esa modalidad equivale a la presencial.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, la relación laboral de la exfuncionaria se mantuvo vigente hasta el pago del bono de retiro voluntario (diciembre de 2022), por lo que el municipio debe pagarle las remuneraciones entre el 30 de noviembre y el 26 de diciembre de 2022.
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El director de consultorio con contrato indefinido previo no puede ascender de nivel mientras ejerza ese cargo directivo, porque queda exceptuado de las normas sobre carrera funcionaria; solo puede volver a su plaza original al término de su período.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de San Carlos actuó correctamente al contratar indefinidamente a los recurrentes solo por las horas que desempeñaban a plazo fijo al 29 de septiembre de 2023, pues la ley N° 21.308 busca regularizar esos contratos, no aumentar la jornada.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el dictamen N° E232934 de 2022: para reconocer una capacitación en la carrera funcionaria debe estar en el programa municipal del año en que se cursó, y solo cuentan los cursos que cumplen los requisitos legales, no los extraprogramáticos.
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La Contraloría concluye que en las rendiciones de cuentas de los programas de reforzamiento de atención primaria deben incluirse todos los estipendios que constituyan remuneración según la ley N° 19.378 y la jurisprudencia, no solo el sueldo base y la asignación de atención primaria municipal, por lo que el Servicio de Salud de O'Higgins debe dejar sin efecto su oficio N° 1.294 de 2022 y ajustar las rendiciones ya efectuadas a este criterio.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Paillaco no ha incumplido los mínimos legales de los sueldos base de atención primaria, pero debe revisar e informar si cumple las ponderaciones de capacitación y experiencia de su reglamento de carrera.
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La Contraloría concluye que sí procede pagar la asignación del artículo 8° de la ley N° 20.816 a los médicos especialistas que se desempeñan como directores en un CESFAM, pues la norma no exige funciones asistenciales, sino solo trabajar en un establecimiento municipal de atención primaria y cumplir los requisitos de especialidad y registro.
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La Contraloría reconsidera su criterio anterior y concluye que quienes fueron destituidos de corporaciones municipales por faltas a la probidad quedan inhabilitados para ingresar a la Administración por cinco años, aunque no sean funcionarios públicos.
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La Contraloría concluye que los estipendios que recibe la médica municipal en misión de estudio constituyen remuneración para todos los efectos legales, pues no tiene la calidad de becaria y no le aplican los beneficios del régimen de becarios.
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La Contraloría concluye que las farmacias municipales pueden vender medicamentos por medios electrónicos con despacho por un tercero licitado, cumpliendo los requisitos sanitarios, y que la responsabilidad sanitaria por los productos despachados sigue siendo del establecimiento autorizado.
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El dictamen concluye que el descanso reparatorio de la ley N° 21.409 puede fraccionarse libremente, sin exigir un mínimo de días continuos, pues la ley no impone esa restricción. Ordena a la Municipalidad de Lo Barnechea otorgar el beneficio sin condiciones adicionales.
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La Contraloría toma razón del decreto N° 51, de 2022, de Salud, que fija los establecimientos rurales de desempeño difícil para 2023-2027, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debió citarse la resolución exenta N° 9, de 2023, como antecedente fundante.
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La Contraloría toma razón del decreto N° 50, de 2022, de Salud, que fija establecimientos urbanos de desempeño difícil de atención primaria 2023-2025, por ajustarse a derecho, con el alcance de que deben remitirse los antecedentes fundantes omitidos.
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La Contraloría concluye que el origen de los recursos no impide reconocer el descanso reparatorio de la ley N° 21.409 a una profesional a honorarios financiada por convenios con el servicio de salud, pues la norma solo exige continuidad y jornada mínima. Ordena al municipio verificar los demás requisitos y, si corresponde, otorgar el beneficio.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de San Ramón actuó correctamente al reubicar a la funcionaria del nivel 6 al 9, pues su designación original no se ajustaba a la experiencia y capacitación exigidas por la ley N° 19.378.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, para acreditar la jornada de 33 o más horas semanales de quienes sirvieron a honorarios por hora sin jornada pactada, se debe calcular el promedio semanal de horas trabajadas en cada mes, y si iguala o supera ese umbral, ese tiempo computa para los tres años de antigüedad exigidos.