Contraloría General de la República · Organización y Procedimiento Administrativo
Gobiernos Regionales
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Gobiernos Regionales, del más reciente al más antiguo. Página 2.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Organización y Procedimiento Administrativo, que incluye Gobiernos Regionales, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Organización y Procedimiento AdministrativoPronunciamientos
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La Contraloría confirma que los recursos de los programas de inversión regional no pueden financiar gastos ordinarios de personal ni bienes y servicios de consumo de las entidades receptoras, pero sí pueden cubrir viáticos, pasajes, peajes y combustibles del personal que fiscaliza actividades específicas del programa, no labores habituales. Rechaza la reconsideración.
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Las transferencias de los GORE a organismos del gobierno central son extrapresupuestarias y se devengan con el informe mensual de rendición aprobado, salvo en 2023, cuando el legislador dispuso que se devengarían en la fecha de egreso.
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La Contraloría concluye que, al no existir un pronunciamiento judicial sobre el fondo, procede informar la denuncia y no advierte irregularidades en la actuación de la Delegada Presidencial Regional del Biobío durante la paralización, al ponderar ella el auxilio de la fuerza pública.
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La Contraloría concluye que la SUBDERE y la DIPRES no cumplieron los plazos legales para distribuir en 2024 el 5% del FNDR de estímulo a la eficiencia, por lo que deberán adoptar medidas para traspasar oportunamente esos montos a los gobiernos regionales.
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La Contraloría concluye que fijar el ancho de la vía T190 debe hacerse mediante un plano de detalle, competencia hoy del GORE y no de la SEREMI, por lo que esta debe ajustar su oficio y plano interpretativo.
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Los GORES ejecutan su presupuesto registrando ingresos y gastos según el devengo, pero la asignación de fondos depende del programa de caja mensual que aprueba la DIPRES; deben publicar su presupuesto y ejecución, sin obligación de DIPRES ni SUBDERE de incluir saldos iniciales de caja en sus publicaciones.
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La Contraloría concluye que el delegado presidencial regional (o gobernador regional) puede fijar, junto al MBN, accesos vehiculares a las playas además del ingreso peatonal, cuando las condiciones del lugar lo justifiquen, pudiendo gestionarse estacionamientos ante el MDN o la DIRECTEMAR.
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El dictamen determina que el Instructivo Presidencial N° 1 de 2024 sobre viajes, cometidos y viáticos no se aplica a los consejeros regionales, pues la ley N° 19.175 regula especialmente esa materia y prevalece sobre instrucciones administrativas.
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La Guía Operativa FRIL 2024 no rige retroactivamente los proyectos ya aprobados técnicamente en 2023 conforme al instructivo anterior, pues exigir nuevas especificaciones afectaría situaciones consolidadas. Se aplica la excepción a la regla general de vigencia inmediata, sin perjuicio de medidas de buena administración.
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La Contraloría revisó denuncias sobre el uso de redes sociales, contratación a honorarios y apariciones en TV del Gobernador Regional Metropolitano, concluyendo que no se advierten irregularidades en esos casos, al tratarse de cuentas personales que replican información oficial, contrataciones dentro de sus facultades y una aparición no recurrente.
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La Contraloría concluye que las diferencias en los recursos del FNDR, FAR, FEI y FIC de 2023 se deben a modificaciones presupuestarias válidas, aplicando las normas de flexibilidad, y remite a la DIPRES la solicitud de información del requirente.
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La Contraloría concluye que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota puede donar el vehículo institucional a la Corporación de Desarrollo Territorial, siempre que se enmarque en el aporte anual y cumpla los límites y formalidades legales.
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La Contraloría concluye que no hay irregularidad en las transferencias presupuestarias a la Asociación de Gobernadores Regionales, pues el legislador creó una asignación específica para ella en las leyes de presupuestos 2023 y 2024.
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La Contraloría concluye que el GORE actuó correctamente al rechazar facturas de la Fundación Entrepreneur, pues su representante legal también era dueño del proveedor, lo que infringe la prohibición del convenio; solo le ordena mayor claridad y celeridad futuras.
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La Contraloría concluye que el Gobierno Regional no debe usar sus redes institucionales para promover que se siga la cuenta personal del Gobernador, pues ello desvía bienes públicos a fines personales, y le ordena adoptar medidas para ajustarse a ello en lo sucesivo.
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La Contraloría imparte instrucciones para la aprobación y toma de razón de los presupuestos iniciales 2025 de los Gobiernos Regionales, detallando su contenido, glosas y el acuerdo del CORE. Concluye que las autoridades deben difundir y cumplir cabalmente estas instrucciones.
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La Contraloría concluye que, en las transferencias de los GORES a privados, debe distinguirse si el receptor es beneficiario final (devengo al ser exigible la obligación) o ejecutor de políticas públicas (devengo al aprobarse la rendición de cuentas, excepción de la glosa 15).
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La Contraloría concluye que las bases de los concursos del Gobierno Regional de Los Lagos cumplieron la normativa y que evaluar las preguntas de la prueba es una cuestión de mérito del comité de selección, por lo que desestima los reclamos; además, no puede pronunciarse sobre personas no individualizadas o cuya identidad se pidió reservar.
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La Contraloría concluye que los gobiernos regionales no pueden celebrar convenios mandato para adquirir activos no financieros con cargo al subtítulo 29, pues la ley solo los autoriza para obras públicas del subtítulo 31 y la ley de presupuestos 2024 no lo permite.
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La Contraloría concluye que los Gobiernos Regionales no pueden celebrar convenios mandato para contratar estudios e investigaciones con cargo al subtítulo 22, pues la ley de presupuestos 2024 no los autoriza, a diferencia de años anteriores.
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La Contraloría toma razón de la resolución que modifica el presupuesto de inversión del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que, en lo sucesivo, los documentos fundantes de la asignación directa de recursos deben ser previos al acto que crea la asignación de transferencia.
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La Contraloría concluye que el INIA, aunque es una corporación privada creada por iniciativa estatal para fines públicos, puede considerarse "organismo técnico del Estado" y suscribir el convenio mandato del artículo 16 de la ley N° 18.091 con el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
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La Contraloría concluye que existe un vacío legal sobre la subrogación de un gobernador regional que va a segunda vuelta, pues la ley no regula su ausencia para ese evento, y reitera el deber de probidad y abstención política de autoridades y funcionarios.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el presupuesto de inversión regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la reducción del subtítulo 24 es de Miles $7.701.226 y no la indicada en el acto.
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La Contraloría concluye que la Universidad Católica del Norte es una entidad privada para efectos presupuestarios, por lo que las transferencias que le haga el Gobierno Regional de Antofagasta deben cumplir la normativa sobre transferencias a instituciones privadas de la Ley de Presupuestos 2024.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el presupuesto del Gobierno Regional Metropolitano, entendiendo que la transferencia a Metro S.A. para la obra Baquedano forma parte del proyecto BIP N° 40054843-0.
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El CORE puede aprobar, modificar o sustituir fundadamente las propuestas presupuestarias del gobernador regional, pero no dejar sin efecto un presupuesto ya aprobado. Los consejeros no pueden autoconvocarse ni generar viáticos sin cometido formal del gobierno o consejo regional.
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La Contraloría concluye que la secretaria ejecutiva del CORE solo puede asesorar jurídicamente al consejo dentro de sus funciones legales y como ministra de fe, sin voz en sesiones ni intervención en el presupuesto; remite lo relativo a dirigencia gremial a la Dirección del Trabajo.
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Las corporaciones y fundaciones creadas por los gobiernos regionales pueden realizar todas las acciones propias de su objeto social, no solo estudios, sin desarrollar actividades empresariales. El límite de 50% de financiamiento regional rige solo para programas y proyectos, no para estudios.
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La Contraloría concluye que las multas pagadas por la concesionaria de la Zona Franca de Punta Arenas desde 2009 deben traspasarse al Gobierno Regional de Magallanes, aplicando la excepción del artículo 35 del DFL N° 2, y no quedarse en el fisco.
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La Contraloría instruye que las y los gobernadores regionales que cesan el 5 de enero de 2025 entreguen un acta de traspaso de gestión en la sesión de instalación del 6 de enero, y presenten oportunamente sus declaraciones de intereses y patrimonio de salida.
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La Contraloría toma razón de la resolución que modifica el presupuesto del programa de inversión regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que los montos deben entenderse en miles de pesos y así consignarse expresamente en lo sucesivo.
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La Contraloría concluye que, por el principio de inocencia, no reprocha que el Gobierno Regional del Biobío financie la defensa judicial del gobernador, pero si una sentencia firme lo declara responsable, deberá exigirse la devolución de esos montos. Además, el trato directo del abogado incumplió exigencias previas del artículo 107 del reglamento.
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La Contraloría instruye que, por regla general, el receptor intermediario —público o privado— rinda mediante SISREC los recursos transferidos por gobiernos regionales, salvo la excepción de proyectos bajo el monto del artículo 4° de la resolución N° 1.858.
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La Contraloría concluye que el Gobierno Regional Metropolitano puede ejecutar directamente sus programas, pero no manejar esos recursos en una cuenta extrapresupuestaria, pues la glosa 01 solo lo permitía para transferencias a entidades receptoras.
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La Contraloría concluye que el plan del GORE del Biobío que somete todos los proyectos al CORE debe adaptarse a la normativa presupuestaria 2024: las modificaciones a inversión y transferencias privadas requieren acuerdo del CORE sin importar el monto, pero las primeras identificaciones del subtítulo 31 solo lo exigen si superan 7.000 UTM.
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La Contraloría concluye que no puede pronunciarse sobre las denuncias genéricas de FENAGORE porque no identifica concursos ni funcionarios afectados, y rechaza los reclamos específicos al constatar que no hubo vicios de validez ni discriminación.
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La Contraloría concluye que los gobernadores de Tarapacá y Valparaíso regularizaron o no debían registrar sus viajes, pero el de Biobío omitió registrar viajes no exentos, por lo que debe subsanarlo; y que la potestad sancionatoria del artículo 15 no le aplica por ser electo por sufragio universal.
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La Contraloría concluye que, como regla general, los funcionarios deben trabajar presencialmente y que el teletrabajo solo procede excepcionalmente, por caso fortuito acreditado y de forma transitoria (máximo 30 días hábiles), mientras se habilitan inmuebles seguros; además, ordena a los jefes de servicio relocalizar a su personal.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el presupuesto de inversión del Gobierno Regional de Tarapacá, con el alcance de que debe corregir la provisión del Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, inferior al monto de la glosa presupuestaria vigente.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional de Los Lagos, con el alcance de que debe corregirse, vía modificación presupuestaria y acuerdo del Consejo Regional, la asignación mal identificada en el documento.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, los gobiernos regionales pueden colaborar en catástrofes fuera de su territorio, siempre que la zona haya sido declarada como tal y sean convocados por el Presidente del Comité Nacional o Regional correspondiente.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el presupuesto de inversión del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con el alcance de que debe corregir la provisión del Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, inferior al monto fijado en la ley de presupuestos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el presupuesto de inversión del Gobierno Regional de Valparaíso, con el alcance de que debe ajustar la provisión del Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo al monto de la glosa presupuestaria vigente mediante las modificaciones que correspondan.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el presupuesto de funcionamiento del Gobierno Regional de Tarapacá, pues se ajusta a derecho, con el alcance de que el monto para convenios con personas naturales es M$39.645 y no el indicado.
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Los Gobiernos Regionales no pueden transigir en juicios donde son demandados, porque la ley no les otorga esa facultad expresa y la transacción implica renunciar a derechos. Concluye que están impedidos de suscribir contratos de transacción.
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La Contraloría concluye que el delegado presidencial provincial puede exigir administrativamente, con auxilio de la fuerza pública, la restitución de inmuebles fiscales ocupados irregularmente, pues la facultad de vigilancia alcanza a todos los bienes del Estado.
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La circular N° 20 de 2023 no se aplica a concursos ni asignaciones directas de fondos regionales iniciados antes de su vigencia, por lo que esos procesos pueden concluir conforme a la normativa anterior.
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El dictamen aclara que el fallo anterior solo aplicó una excepción para el INIA, entidad colaboradora del Estado, y no una regla general. Concluye que, fuera de esas excepciones legales, la contratación de personal para programas transferidos debe ser a honorarios, según lo estipulado en el convenio.
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La prohibición de financiar gastos en personal con recursos de inversión regional no impide contratar personal externo para ejecutar proyectos ni cubrir gastos administrativos directamente vinculados a ellos, siempre que estén previstos en los convenios y no superen el 5% fijado por DIPRES.