Contraloría General de la República · Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Presupuesto, Gasto e Inversión Pública
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Presupuesto, Gasto e Inversión Pública, del más reciente al más antiguo. Página 5.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, que incluye Presupuesto, Gasto e Inversión Pública, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoPronunciamientos
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La Contraloría imparte instrucciones para el cierre del ejercicio contable 2024 a varios organismos autónomos, fijando plazos y criterios de valorización, provisión y presentación de información. Concluye exigiendo remitir el balance de diciembre de 2024 antes del 8 de enero de 2025 y los anexos requeridos antes del 22 de enero de 2025.
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La Contraloría imparte instrucciones para el cierre del ejercicio contable 2024 del Sector Público, fijando plazos y procedimientos para modificaciones presupuestarias, registros contables, reportes y envío de información complementaria. Concluye exigiendo a los servicios cumplir cabalmente estas instrucciones dentro de los plazos señalados.
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La Contraloría imparte al Servicio de Tesorerías las instrucciones para el cierre del ejercicio contable 2024, fijando plazos para tramitar decretos presupuestarios, registrar movimientos de cierre y remitir el balance y anexos. Concluye exigiendo cumplir cabalmente estas instrucciones dentro de los plazos señalados.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el presupuesto de inversión regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la reducción del subtítulo 24 es de Miles $7.701.226 y no la indicada en el acto.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de transferencia con la FIA, por ajustarse a derecho, con alcances: no se autorizó la subcontratación de actividades ajenas al objeto principal y se advierten errores de referencia en el convenio.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el presupuesto del Gobierno Regional Metropolitano, entendiendo que la transferencia a Metro S.A. para la obra Baquedano forma parte del proyecto BIP N° 40054843-0.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba modificaciones al contrato de transporte para el censo 2024, con alcances: debe indicarse el ítem presupuestario en actos futuros y corregirse una referencia errónea a cláusulas del contrato original.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el presupuesto del Sector Público para 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo ese organismo remita oportunamente al trámite de toma de razón instrumentos como el de la especie.
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La Contraloría toma razón de la resolución que regulariza y aprueba el contrato de transporte para el Censo, con alcances: prevalece el precio en números, debe indicarse el ítem presupuestario y se completa una cláusula incompleta.
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La Contraloría concluye que es inoficioso pronunciarse sobre el financiamiento solicitado por Carabineros, pues SENAPRED ya contrató y presupuestó el arriendo de equipos P25 y firmó un convenio de uso de la red, instando a las entidades a coordinarse y evitar reiterar esta situación.
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La Contraloría concluye que las multas pagadas por la concesionaria de la Zona Franca de Punta Arenas desde 2009 deben traspasarse al Gobierno Regional de Magallanes, aplicando la excepción del artículo 35 del DFL N° 2, y no quedarse en el fisco.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el reglamento del Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario, por ajustarse a derecho, con el alcance de que los convenios de transferencia solo podrán celebrarse si se crean las asignaciones presupuestarias correspondientes.
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La Contraloría concluye que las normas sobre transferencias de la Ley de Presupuestos 2024 no se aplican a los traspasos del MINEDUC al PNUD, por ser este un organismo internacional con privilegios e inmunidades, sin perjuicio de que el MINEDUC debe cautelar el correcto uso de esos recursos.
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La Contraloría concluye que los ingresos del Duty Free son ingresos propios de la DGAC y deben incorporarse al presupuesto público, rechazando su manejo extrapresupuestario y ordenando regularizar los registros contables.
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La Contraloría concluye que, como el Día de la Atención Primaria de Salud no ha sido declarado por decreto supremo del Presidente, la Municipalidad de Molina no puede financiar su celebración con fondos públicos, incluido el ítem de gastos de representación.
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La Contraloría concluye que la campaña del Gobierno sobre la reforma de pensiones se ajustó a derecho: el MINTRA actuó dentro de sus facultades, la contratación vía licitación no presenta observaciones y el spot indica que el proyecto está sujeto a aprobación del Congreso.
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La Contraloría toma razón de la resolución que modifica el presupuesto del programa de inversión regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que los montos deben entenderse en miles de pesos y así consignarse expresamente en lo sucesivo.
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La Contraloría toma razón del documento que deja sin efecto el alza de tarifas del transporte público de Santiago, Puente Alto y San Bernardo, por omitir la glosa presupuestaria 2024, e instruye al ministerio remitir oportunamente sus actos a toma de razón.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación y prórroga del convenio entre el MINVU y FUNASUPO, por ajustarse a derecho, con alcances sobre rendición de cuentas, restitución de fondos, subcontratación, garantía y publicaciones.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el trato directo entre MSLI LATAM INC. y la Dirección de Compras, con el alcance de que el pago en dólares se hará en su equivalente en pesos chilenos, al no constar autorización previa del Ministerio de Hacienda.
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La Contraloría toma razón del decreto del Ministerio de Educación que modifica la distribución de recursos al CFT Estatal de la Región Metropolitana y regulariza actividades, por ajustarse a derecho, con el alcance de que ese ministerio deberá supervisar la correcta y oportuna ejecución de los recursos transferidos.
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La Contraloría toma razón del instrumento que determina los grupos de municipalidades y los recursos del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, por ajustarse a derecho, con el alcance de corregir la referencia a la resolución N° 14, de 2023, que debe entenderse hecha a las resoluciones N°s. 7, de 2019, y 14, de 2022.
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La Contraloría instruye cómo clasificar los gastos por transferencias corrientes (subtítulo 24) y de capital (subtítulo 33), precisando que la naturaleza del gasto define el subtítulo, salvo excepciones expresamente autorizadas por glosas presupuestarias, que deben interpretarse restrictivamente.
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El dictamen concluye que el Hospital de Carabineros no tiene facultades para celebrar el contrato de recaudación con COOPEUCH, por lo que debe dejarlo sin efecto, y que los ingresos obtenidos deben registrarse en el presupuesto como venta de servicios, no como fondos internos.
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El límite del gasto anual en personal municipal debe calcularse solo con los ingresos propios permanentes del año anterior, sin incluir los ingresos por percibir de la cuenta 115-12-10, pues son variables y eventuales. Así, no corresponde considerarlos para ese cálculo.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica la dotación máxima de personal de servicios de salud, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo tales instrumentos se remitan oportunamente a toma de razón.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica la dotación máxima de personal de los servicios de salud y establecimientos que indica, del presupuesto vigente del Ministerio de Salud, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo dichos instrumentos se remitan oportunamente a toma de razón.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con Importadora y Exportadora Realtone Limitada para ayudas técnicas auditivas, pues se ajusta a derecho, con el alcance de que los pagos con cargo a presupuestos futuros requieren disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento de las condiciones previstas.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el presupuesto del Sector Público para 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo esa entidad remita oportunamente estos instrumentos a toma de razón.
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El gasto por el sistema Transbank para pagos con tarjetas en las oficinas de Seguridad Privada de Carabineros debe imputarse al subtítulo 22, ítem 10, asignación 999, del Clasificador Presupuestario, según lo concluido en armonía con DIPRES.
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La Contraloría concluye que el artículo 28 del decreto ley N° 1.263 no aplica a los aportes al Fondo Común Municipal, pues no está entre las causales expresas de excepción; el municipio debe hacer modificaciones presupuestarias para cumplir esa obligación legal.
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La Contraloría concluye que el Gobierno Regional Metropolitano puede ejecutar directamente sus programas, pero no manejar esos recursos en una cuenta extrapresupuestaria, pues la glosa 01 solo lo permitía para transferencias a entidades receptoras.
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La Contraloría toma razón del decreto que regulariza y aprueba la modificación de un convenio de desempeño con la ANID, por ajustarse a derecho, aunque instruye dictar y enviar oportunamente esas modificaciones a toma de razón en lo sucesivo.
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La Contraloría imparte instrucciones sobre el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo y los aportes al Fondo Común Municipal de las leyes N° 21.591 y N° 21.640, precisando su administración separada, control y reporte. Concluye que los aportes extraordinarios de 2024 no se considerarán ingreso municipal para el mecanismo de estabilización de 2025.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el presupuesto 2024 de la Universidad de Chile por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo se cumpla el plazo de los artículos 50 de la ley N° 18.591 y 4° del decreto N° 180, de 1987.
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La Contraloría concluye que el plan del GORE del Biobío que somete todos los proyectos al CORE debe adaptarse a la normativa presupuestaria 2024: las modificaciones a inversión y transferencias privadas requieren acuerdo del CORE sin importar el monto, pero las primeras identificaciones del subtítulo 31 solo lo exigen si superan 7.000 UTM.
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La ley N° 21.549 aún no rige, pero distingue multas con pago anticipado ante la Tesorería General (sin registro municipal) de las remitidas a juzgados de policía local, que siguen el régimen del artículo 14 de la ley N° 18.695.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el decreto N° 99 de 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que dicho acto autoriza la reapertura de la serie de bonos indicada, cuestión que se omitió señalar.
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La Contraloría concluye que la compra de viviendas de emergencia, camarotes y colchones para donación debe imputarse al área de gestión "04 Programas Sociales", subtítulo 24, ítem 01, con registro contable según su naturaleza, y se abstiene de pronunciarse sobre el convenio con la Fundación Vivienda.
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La Contraloría concluye que no puede imponerse a la cooperativa la administración de la planta de tratamiento, debiendo el municipio pedir a la Subdirección iniciar el procedimiento para formar un comité o cooperativa, o autorizar excepcionalmente a otro prestador.
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Los municipios solo pueden usar los fondos de la oferta económica de casinos para cumplir sus funciones legales y deben incorporarlos a su presupuesto, sujetos a la ley N° 18.695 y a las normas de administración financiera del Estado.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos para el funcionamiento de la Junta Nacional de Bomberos de Chile y organismos dependientes para 2024, por estar ajustado a derecho, con los alcances sobre el reintegro de recursos no rendidos, observados o no ejecutados y los deberes de publicidad.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos para capacitación de Bomberos de Chile 2024, por estar ajustado a derecho, con alcances sobre el reintegro de recursos no rendidos, observados o no ejecutados y sobre los deberes de publicidad.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos para capacitación de Bomberos de Chile 2024, por estar ajustado a derecho, con alcances sobre el reintegro de recursos no rendidos, observados o no ejecutados y sobre los deberes de publicidad.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos para importaciones y compromisos en moneda extranjera de los Cuerpos de Bomberos de Chile para 2024, con alcances sobre el reintegro de recursos no rendidos, observados o no ejecutados y sobre los deberes de publicidad.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos para los Cuerpos de Bomberos de Chile 2024, por ajustarse a derecho, con alcances sobre el reintegro de recursos no rendidos, observados o no ejecutados y sobre los deberes de publicidad.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos para gastos de operación de Cuerpos de Bomberos 2024, por estar ajustado a derecho, con alcances sobre el reintegro de recursos no rendidos, observados o no ejecutados y sobre los deberes de publicidad.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el presupuesto 2024 de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo el acto contenga solo esa aprobación y los respaldos vayan en instrumento separado.
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El IND puede transferir fondos al COCH y ADO y exigirles garantías de fiel cumplimiento cuando el convenio supere 1.000 UTM, conforme al artículo 24 de la Ley N° 21.640, pudiendo incluir los costos financieros de esas cauciones en el convenio.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el presupuesto de inversión del Gobierno Regional de Tarapacá, con el alcance de que debe corregir la provisión del Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, inferior al monto de la glosa presupuestaria vigente.