Contraloría General de la República
Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoTemas de Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Pronunciamientos
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La Contraloría concluye que la determinación de las cotizaciones previsionales y de salud incluidas en el código 900 del Formulario N° 22 es competencia del SII, por lo que le remite la presentación para que responda a la recurrente, sin pronunciarse sobre el fondo de la compensación CAE.
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La Contraloría concluye que la prohibición del IPS de donar bienes quedó tácita y parcialmente derogada por la Ley de Economía Circular, solo respecto de bienes muebles en desuso, norma que ahora rige esas donaciones.
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La Contraloría concluye que no le corresponde pronunciarse sobre la legalidad de la multa aplicada por el OTIC PROFORMA a la OTEC, pues se trata de una relación entre entidades privadas financiada con fondos privados; sin perjuicio de ello, ordena al SENCE supervigilar que los OTIC respeten el debido proceso en sus fiscalizaciones y sanciones.
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El Ministerio de Bienes Nacionales puede pactar de común acuerdo la partición de una herencia en la que el Fisco es comunero, sin autorización judicial previa, salvo que otro comunero esté bajo tutela o curaduría, caso en que la partición debe aprobarse después por la justicia. Se reconsidera el dictamen N° 10.941, de 1995.
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La Contraloría precisa que la TGR solo puede verificar que las empresas beneficiadas cumplan las condiciones de instalación, y que el servicio debe prestarse desde la zona franca; no obstante, mantiene la autorización de DAP Antártica pese a iniciar servicios en Punta Arenas, por un error administrativo y buena fe.
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La Contraloría toma razón del instrumento de CORFO que modifica la resolución N° 140, de 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la cuota cuya imputación se modifica es la N° 3 del proyecto y no la indicada en su considerando noveno.
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La Contraloría toma razón del instrumento que modifica resoluciones de 2025, por ajustarse a derecho, entendiendo que se funda en la facultad del artículo 41 de la ley de Presupuestos para eximir la asignación de emergencia de ciertas normas.
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La Contraloría toma razón del instrumento que modifica el plazo de ejecución del proyecto "Mejoramiento Parque Portales", entendiendo que regulariza una modificación ya efectuada, con alcances sobre la imputación presupuestaria de las cuotas.
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La Contraloría toma razón del instrumento que amplía el plazo FIGEM 2022 a la Municipalidad de Chonchi, entendiéndolo como regularización de una modificación a la resolución N° 46, de 2022, con alcances: el servicio debe dictar oportunamente estos actos e ingresar los antecedentes de respaldo.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de servicios de datacenter, enlace de datos, internet y telefonía con Livister Chile SpA, con alcances: las auditorías externas solo podrán contratarse si existen atribuciones legales y recursos, y se corrige la imputación presupuestaria.
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La Contraloría concluye que el certificado de disponibilidad presupuestaria solo se exige antes de la adjudicación cuando esta compromete gasto en el año; si no, se emite al dictarse el acto que irrogue el gasto, y no puede comprometerse el proyecto de ley de presupuestos.
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La Contraloría concluye que los contratos de suministro del hospital sí requieren certificado de disponibilidad presupuestaria, salvo exención legal inexistente aquí, y que este solo debe registrar compromisos ciertos pagaderos con el presupuesto vigente, no los de años futuros.
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La Contraloría aclara que el requisito de hitos diferidos y cuotas solo rige para transferencias a ejecutores privados de políticas públicas, no para beneficiarios, y que la proporcionalidad no se exige a esos ejecutores.
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La Contraloría concluye que los municipios pueden usar formatos propios de certificados de disponibilidad presupuestaria si contienen la información mínima del instructivo N° IN4, con un único correlativo anual, y ordena regularizar el anexo N° 1.
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La Contraloría toma razón del documento que regulariza y autoriza la contratación directa y el pago del subsidio al transporte marítimo en zonas aisladas de Aysén, aunque con alcances: el Ministerio debe convocar los concursos con antelación y remitir oportunamente sus actos a toma de razón, pues hubo retraso.
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El Hospital puede postular a los concursos de ASIVA y del Fondo México-Chile solo si el proyecto se vincula con sus fines propios, lo que debe evaluar; en cambio, no puede postular al Fondo Nacional del Cáncer, pues la ley no lo incluye entre las entidades participantes.
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La Contraloría determina cómo registrar contablemente la variación de la UTM y los intereses de deudas por licencias médicas rechazadas: la UTM incrementa la cuenta 12101 Deudores contra ingresos patrimoniales, y los intereses se devengan en la cuenta 11508, traspasándose luego a la Tesorería General.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere a ENAP el aporte compensatorio indicado, por ajustarse a derecho, con el alcance de que se omitió consignar en sus vistos las resoluciones exentas N° 354 y N° 204, de 2026, de la Comisión Nacional de Energía.
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La Contraloría no da curso al documento que aprueba la modificación del convenio entre la Dirección de Educación Pública y la Municipalidad de San Pedro de la Paz, porque el proyecto no cuenta con evaluación favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y faltan fundamentos exigidos.
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La Contraloría concluye que no es irregular que el Servicio Nacional de Protección Especializada asigne a los supervisores financieros autorizar la baja de bienes inventariables, pues el Director Nacional tiene facultades para instruir dichos procedimientos, sin perjuicio de aplicar la ley N° 21.634.
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El CORE no puede modificar la nómina de proyectos de un concurso público ya regido por bases aprobadas, pues debe aprobarla o rechazarla fundadamente. Se concluye que el acuerdo N° 582, que la rechazó sin invocar vicios, no se ajustó a derecho y el GORE debe regularizar la situación.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el reglamento de la ley N° 21.808, con el alcance de que la cita al artículo 46 de la ley N° 19.880, en el inciso primero de su artículo 18, se entienda referida solo a la notificación de los actos administrativos.
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La Contraloría concluye que el oficio circular N° 26 de Hacienda, que ordenó a DIRECTEMAR reintegrar sus excedentes de caja al Tesoro Público, es legal, pues prevalece el artículo 29 bis del DL N° 1.263 sobre el artículo 115 del decreto N° 427.
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Las solicitudes de saneamiento del decreto ley N° 2.695 pendientes al publicarse la ley N° 21.477 no se rigen por las nuevas exigencias urbanísticas de esta, salvo que los predios estén en asentamientos irregulares de la ley N° 20.234, caso en que sí se aplican.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el adendum al contrato de mudanza, con el alcance de que la imputación presupuestaria debe entenderse también al presupuesto de 2027, si se consultan recursos y se cumplen las condiciones de desembolso.
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El dictamen aclara que los beneficios laborales pactados en convenios colectivos de PRODEMU siguen siendo exigibles, pero no pueden financiarse con recursos públicos, sino con fondos propios. Concluye que el dictamen N° D169 solo rige para convenios de transferencia futuros.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la modificación del convenio de transferencia con la Municipalidad de Santiago, por ajustarse a derecho, con el alcance de que permite rendir gastos ejecutados antes de su total tramitación, conforme al artículo 13 de la Resolución N° 30, de 2015.
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La Contraloría concluye que la Aduana Regional de Puerto Montt eliminó documentos públicos sin cumplir las formalidades de la ley N° 18.845, impidiendo la oposición del Archivo Nacional, y ordena adoptar medidas para ajustarse a esa normativa en el futuro.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba un convenio de transferencia con la Municipalidad de Los Vilos para un proyecto de infraestructura educacional, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo se consigne la distribución de recursos (70% obras civiles y 30% personal) conforme a la normativa de rendición de cuentas.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba una transferencia de fondos al SENAPRED, por ajustarse a derecho, con el alcance de que ese servicio deberá dictar y remitir oportunamente los documentos afectos a toma de razón.
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El dictamen analiza el impacto contable del plan de condonación de deudas educativas del proyecto de ley, concluyendo que la condonación del CAE generaría un gasto patrimonial diferido en el tiempo, tanto para el Fisco como para las universidades estatales, sin poder cuantificarse un monto preciso.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere recursos al Instituto de Previsión Social para financiar el bono de complemento de pensión, entendiendo que la retroactividad alude solo a los meses de julio y agosto de 2026, con los alcances señalados.
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La Contraloría no da curso al decreto que modifica el presupuesto del Ministerio Público para crear un programa especial para la Fiscalía Supraterritorial, pues esa separación de recursos afectaría la autonomía constitucional del órgano al exigir autorización externa del Ministerio de Hacienda.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba una transferencia de fondos al SENAPRED, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo ese servicio debe dictar y remitir oportunamente los documentos afectos a toma de razón.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de subsidio con Biothervax SpA, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el plazo de su cláusula décima, letra b), debe considerar la ley N°10.336 y las instrucciones de la Contraloría.
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La Contraloría no da curso al documento que aprueba la modificación del convenio entre la Dirección de Educación Pública y la Municipalidad de San Pedro de la Paz, por faltar el certificado de disponibilidad presupuestaria actualizado, y formula observaciones sobre las transferencias y cláusulas del convenio.
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La Contraloría concluye que las observaciones contables del oficio N° E112983 no afectan la determinación de los montos del CAE ni la cobranza de la TGR, por lo que no corresponde revisar los casos reclamados.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de subsidio con Botlab SpA, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el plazo de la cláusula décima, letra b), debe considerar la ley N° 10.336 y las instrucciones del órgano de control.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza la contratación directa y aprueba el contrato de subsidio al transporte lacustre Puerto Fuy-Pirihueico, con alcances: el servicio debe ajustar los seguros de responsabilidad civil e incendio al contrato y licitar con antelación.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de mantención de sistemas electrónicos, con el alcance de que en lo sucesivo la entidad debe indicar el monto imputado al presupuesto del año en curso.
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La Contraloría toma razón del instrumento que amplía el plazo para ejecutar y rendir recursos FIGEM 2020 a la Municipalidad de General Lagos, entendiendo que regulariza una modificación a la resolución N° 88, de 2020, con el alcance indicado.
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La Contraloría toma razón del instrumento que transfiere a ENAP el aporte compensatorio indicado, por ajustarse a derecho, con el alcance de que las entidades otorgante y receptora rendirán cuentas en una fiscalización según la resolución N° 2, de 2026.
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La Contraloría instruye que las transferencias consolidables entre organismos públicos pueden aprobarse solo mediante resolución exenta, sin convenio, salvo que la glosa o el jefe de servicio exijan lo contrario; dichos actos quedan exentos de toma de razón, pero deben mantenerse disponibles para su fiscalización posterior.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el contrato con MSLI LATAM INC. para licencias Microsoft, con alcances: el precio en dólares se pagará en pesos chilenos y los pagos futuros requerirán disponibilidad presupuestaria.
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La Contraloría concluye que no hubo infracción legal en el rechazo de la postulación de la Fundación Ciudad Literaria, pues la falta de fundamentación fue un error informático subsanado después y considerado al adjudicar, desestimando el reclamo.
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La Contraloría precisa que los recursos comprometidos que exceden el ejercicio presupuestario pueden consignarse en el apartado "Información adicional (opcional)" del certificado, y que el número correlativo se asigna por servicio y año calendario. Además, el monto total del presupuesto puede extraerse del SIGFE.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato entre FONASA y Clínica Portal Oriente, con alcances: el plazo de pago corre desde la recepción de la factura, no desde su aceptación, y los pagos con cargo a presupuestos futuros requieren disponibilidad presupuestaria.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza la contratación directa y aprueba el contrato de subsidio al transporte marítimo en Isla Santa María-Lota, con el alcance de que el ministerio debe licitar con antelación y remitir oportunamente sus actos a toma de razón.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba un contrato de prestación de servicios de salud, con el alcance de que los pagos con cargo a presupuestos futuros solo procederán si existe disponibilidad presupuestaria y se cumplen las condiciones previstas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de un estudio, con alcances: en futuras imputaciones presupuestarias deberá indicarse el monto cargado al presupuesto vigente y transcribirse la fecha de suscripción del contrato.