Contraloría General de la República · Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Presupuesto, Gasto e Inversión Pública
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Presupuesto, Gasto e Inversión Pública, del más reciente al más antiguo. Página 4.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, que incluye Presupuesto, Gasto e Inversión Pública, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoPronunciamientos
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La Contraloría instruye que el artículo 44 de la ley de presupuestos 2025 permite usar recursos presupuestarios depositados en cuentas corrientes para cualquier gasto legal, pero no fondos de terceros ni recursos no ingresados al presupuesto, y solo durante 2025.
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La Contraloría toma razón del instrumento que adjudica el contrato de consultoría indicado, entendiendo que la imputación del resuelvo undécimo corresponde al año en curso y no al que allí se señala.
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La Contraloría toma razón del documento del Ministerio de Educación que modifica y complementa la resolución N° 6, de 2024, sobre aportes a entidades que administran establecimientos técnico-profesionales, por estar ajustado a derecho, con el alcance de que el pago se hará con cargo al ítem 34.07 "Deuda Flotante".
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La Contraloría toma razón del decreto que determina los coeficientes de distribución del Fondo de Comunas Mineras por ajustarse a derecho, con el alcance de que la transferencia de recursos debe cumplir la exigencia del inciso final de la glosa 24 de la ley de presupuestos vigente.
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La Contraloría toma razón de la resolución que transfiere recursos a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para gastos de emergencia, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe controlarse la correcta inversión de esos fondos de ejecución inmediata.
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La Contraloría toma razón de la resolución que transfiere recursos a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para gastos de emergencia, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe controlarse la correcta inversión de esos fondos de ejecución inmediata.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de Bitumix y confirma que la DOH no estaba obligada a pagar reajustes, pues no se cumplieron los requisitos del artículo 14 transitorio: disponibilidad presupuestaria y convenio suscrito. La expectativa creada no es vinculante.
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La Contraloría concluye que los recursos de la Embajada de Japón deben incorporarse al presupuesto del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, rechazando su manejo extrapresupuestario, pues financian funciones públicas propias del servicio.
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La Contraloría concluye que el Hospital debe ajustar la cuenta 22192 contra la 21534 con signo negativo y reclasificarla mediante ajuste de apertura a la cuenta 22101 Acreedores, reconociendo la deuda hasta su pago efectivo.
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La Contraloría concluye que el Subsecretario del Interior debe informar por escrito, secreta y semestralmente, al Ministro del Interior sobre el uso de gastos reservados, entregando antecedentes suficientes para verificar que se emplearon conforme a la ley.
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La Contraloría actualiza las instrucciones sobre gastos reservados, reemplazando el oficio N° 17.485 de 2003, y concluye que la Subsecretaría de Defensa no está autorizada para usarlos, exigiendo informes al cese de jefes y prohibiendo cuentas personales.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba un convenio de transferencia entre la Subsecretaría de Servicios Sociales y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, con alcances: debe considerarse el plazo legal de reembolso de excedentes y el límite de seis meses para rendir cuentas.
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La Contraloría concluye que las adquisiciones para donaciones en programas sociales deben imputarse al área de gestión 04 Programas Sociales, subtítulo 24, ítem 01, con registro contable según su naturaleza y control detallado de su entrega.
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La Contraloría confirma que los recursos de los programas de inversión regional no pueden financiar gastos ordinarios de personal ni bienes y servicios de consumo de las entidades receptoras, pero sí pueden cubrir viáticos, pasajes, peajes y combustibles del personal que fiscaliza actividades específicas del programa, no labores habituales. Rechaza la reconsideración.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Pucón debe asumir con fondos municipales el sobrecupo de $45.042.783 por asignar más subsidios de agua potable de los autorizados, al ser error del alcalde, e iniciar un sumario administrativo en 20 días hábiles.
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La reposición de un carro bomba siniestrado debe financiarse con la asignación 24.01.025 de Bomberos de Chile; solo si esos fondos son insuficientes, Interior y DIPRES podrán reasignar recursos o usar la asignación de emergencia, y la Subsecretaría deberá ajustar la circular N° 24 de 2019 a la glosa 04.
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Las transferencias de los GORE a organismos del gobierno central son extrapresupuestarias y se devengan con el informe mensual de rendición aprobado, salvo en 2023, cuando el legislador dispuso que se devengarían en la fecha de egreso.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría del Trabajo actuó conforme a derecho al multar a CESPARP por no acreditar la inserción laboral ni mantener actualizado el REUF, pues no se modificaron formalmente los plazos del convenio y las multas estaban previstas en las bases.
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La Contraloría concluye que la SUBDERE y la DIPRES no cumplieron los plazos legales para distribuir en 2024 el 5% del FNDR de estímulo a la eficiencia, por lo que deberán adoptar medidas para traspasar oportunamente esos montos a los gobiernos regionales.
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El gasto debe clasificarse según su naturaleza y no por la boleta de honorarios que lo respalde. Contraloría concluye que los servicios de eventos van al subtítulo 22 y los estantes al 29, debiendo el municipio corregir la imputación de los servicios.
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La ley solo otorga asignación por traslado, alimentación y alojamiento a los representantes del Consejo Consultivo Nacional, no a los de los Consejos Consultivos Regionales, que sesionan dentro de su región. Por ello, Contraloría concluye que no procede pagar esa asignación a estos últimos.
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La Contraloría concluye que no procede financiar con el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa las reparaciones y mantenciones del edificio del Ministerio de Defensa, pues esos recursos solo pueden destinarse a inversión en material bélico e infraestructura asociada.
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La USACH no está regida por el artículo 23 de la Ley de Presupuestos 2024, pues su presupuesto no está incluido en ella; debe asignar recursos conforme al artículo 9° de la ley N° 18.575, pudiendo excepcionalmente usar trato directo fundado. Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre el caso concreto por falta de antecedentes.
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Los GORES ejecutan su presupuesto registrando ingresos y gastos según el devengo, pero la asignación de fondos depende del programa de caja mensual que aprueba la DIPRES; deben publicar su presupuesto y ejecución, sin obligación de DIPRES ni SUBDERE de incluir saldos iniciales de caja en sus publicaciones.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza a Televisión Nacional de Chile contratar un crédito de largo plazo con garantía estatal, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe cumplir las normas aplicables a la posterior contratación del crédito.
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La Contraloría concluye que la resolución que obliga a usar el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas no se aplica a los traspasos que la SIR hace con cargo a esas asignaciones presupuestarias, porque corresponden al pago de honorarios profesionales y de una membresía, no a transferencias sujetas a rendición.
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La Guía Operativa FRIL 2024 no rige retroactivamente los proyectos ya aprobados técnicamente en 2023 conforme al instructivo anterior, pues exigir nuevas especificaciones afectaría situaciones consolidadas. Se aplica la excepción a la regla general de vigencia inmediata, sin perjuicio de medidas de buena administración.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la modificación del contrato de servicios de data center con Livister Chile SpA, con el alcance de que el gasto se imputará al presupuesto de 2025 y años siguientes, según el certificado de disponibilidad presupuestaria.
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La Contraloría concluye que el MTT está legalmente autorizado para cobrar por la información de tránsito asociada a la programación de semáforos, pues las leyes de presupuestos 2024 y 2025 lo facultan expresamente, y no emite pronunciamiento sobre su gratuidad.
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La Contraloría toma razón del documento que reajusta las remuneraciones del personal de la Universidad de Santiago de Chile, con alcances: precisa que la asignación de dirección ya está contenida en la resolución N° 16, de 2023, y corrige la imputación del gasto.
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La Contraloría concluye que, durante la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad, CONAF debe registrar por separado el ingreso por venta de pases a parques nacionales (Subtítulo 07) y el gasto por comisión de plataformas electrónicas (Subtítulo 22), rechazando el registro neto propuesto.
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La Contraloría concluye que el municipio puede contratar una plataforma online para gestionar ayudas sociales, pero debe imputar el pago del servicio al subtítulo 22 y la transferencia a los beneficiarios al subtítulo 24-01, por tratarse de egresos de distinta naturaleza.
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La Contraloría concluye que los recursos de los programas "Fiscalización Ambiental" y "Laboratorio de Alta Complejidad" de la SMA son transferencias autoejecutables, ejecutadas directamente por el servicio sin traspaso a terceros, por lo que no les resulta aplicable la resolución exenta N° 1.858 de 2023 sobre uso obligatorio del SISREC.
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La Contraloría no da curso a la resolución que aprueba el contrato de compra de servicios de salud GES, porque el certificado presupuestario no acredita los recursos necesarios y falta una cláusula de término anticipado.
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La Contraloría concluye que la resolución exenta N° 1.858, de 2023, que obliga a usar el SISREC, no se aplica a los contratos de prestación de servicios celebrados por la Subsecretaría del Trabajo con cargo a las asignaciones 24-01-432 y 24-01-435, pues se rigen por la ley N° 19.886 y no por las normas de rendición de cuentas propias de las transferencias.
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La JUNAEB consulta cómo contabilizar los recursos del programa "Residencia Familiar Estudiantil" transferidos a entidades públicas. Contraloría concluye que, pese a ser entidad pública el receptor, debe aplicarse el procedimiento F-07 (transferencias al sector privado), sin necesidad de modificación presupuestaria, reconsiderando el informe de auditoría de 2019.
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La Contraloría concluye que las diferencias en los recursos del FNDR, FAR, FEI y FIC de 2023 se deben a modificaciones presupuestarias válidas, aplicando las normas de flexibilidad, y remite a la DIPRES la solicitud de información del requirente.
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El dictamen concluye que no procede incorporar el mecanismo excepcional de reajustabilidad del decreto N° 304/2023 ni el del artículo 14 transitorio del Reglamento de Obras Públicas, pues el contrato no ingresó al Sistema Nacional de Inversiones y se rige por el reglamento de las Fuerzas Armadas, a suma alzada y sin reajustes.
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La Contraloría concluye que no hay irregularidad en las transferencias presupuestarias a la Asociación de Gobernadores Regionales, pues el legislador creó una asignación específica para ella en las leyes de presupuestos 2023 y 2024.
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La Contraloría toma razón del instrumento que distribuye recursos al CFT Estatal de O'Higgins para infraestructura, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el reintegro de excedentes debe hacerse conforme al artículo 25 de la Ley N° 21.640.
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La Contraloría toma razón del documento que distribuye recursos al Centro de Formación Técnica Estatal de Atacama para gastos de capital 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el reintegro de excedentes debe regirse por el artículo 25 de la Ley N° 21.640.
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La Contraloría toma razón del instrumento que distribuye recursos al CFT Estatal de O'Higgins, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el reintegro de excedentes debe hacerse conforme al artículo 25 de la Ley N° 21.640 o a las normas vigentes al momento de producirse.
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La Contraloría imparte instrucciones para la aprobación y toma de razón de los presupuestos iniciales 2025 de los Gobiernos Regionales, detallando su contenido, glosas y el acuerdo del CORE. Concluye que las autoridades deben difundir y cumplir cabalmente estas instrucciones.
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La Contraloría actualiza las instrucciones para calcular el déficit municipal, incorporando ajustes y otros indicadores como el déficit de caja y el equilibrio presupuestario. Concluye que las municipalidades deben aplicar estas nuevas reglas y adoptar medidas oportunas ante desviaciones, dejando sin efecto las instrucciones anteriores.
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La Contraloría concluye que los recursos por remates y tribunales tributarios y aduaneros son ingresos propios del SNA y deben incorporarse a su presupuesto, no tratarse como extrapresupuestarios, imputándose al subtítulo 08, ítem 04 "Fondos de Terceros".
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La Contraloría toma razón del documento que otorga a Silica Networks Chile S.A. una concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones, precisando que el subsidio se financia con la Cuenta de Administración de Fondos N° 21.405, omitida en el numeral 10, y que el servicio debe cumplir el artículo 24 de la ley N° 21.640.
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La Contraloría concluye que los gobiernos regionales no pueden celebrar convenios mandato para adquirir activos no financieros con cargo al subtítulo 29, pues la ley solo los autoriza para obras públicas del subtítulo 31 y la ley de presupuestos 2024 no lo permite.
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La Contraloría concluye que los Gobiernos Regionales no pueden celebrar convenios mandato para contratar estudios e investigaciones con cargo al subtítulo 22, pues la ley de presupuestos 2024 no los autoriza, a diferencia de años anteriores.
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La Contraloría toma razón de la resolución que modifica el presupuesto de inversión del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que, en lo sucesivo, los documentos fundantes de la asignación directa de recursos deben ser previos al acto que crea la asignación de transferencia.
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La Contraloría imparte instrucciones a las municipalidades para el cierre del ejercicio contable 2024, fijando plazos y criterios de contabilización. Concluye que los decretos de modificación presupuestaria solo tendrán efecto legal si se dictan hasta el 31 de diciembre de 2024.