Contraloría General de la República · Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Presupuesto, Gasto e Inversión Pública
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Presupuesto, Gasto e Inversión Pública, del más reciente al más antiguo. Página 6.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, que incluye Presupuesto, Gasto e Inversión Pública, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoPronunciamientos
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional de Los Lagos, con el alcance de que debe corregirse, vía modificación presupuestaria y acuerdo del Consejo Regional, la asignación mal identificada en el documento.
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La Contraloría concluye que los municipios pueden recibir donaciones de particulares para emergencias por catástrofe, incorporándolas al presupuesto y usándolas solo en gastos directamente relacionados, con rendición de cuentas; una cuenta corriente exclusiva favorece la transparencia.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el presupuesto de inversión del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con el alcance de que debe corregir la provisión del Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, inferior al monto fijado en la ley de presupuestos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el presupuesto de inversión del Gobierno Regional de Valparaíso, con el alcance de que debe ajustar la provisión del Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo al monto de la glosa presupuestaria vigente mediante las modificaciones que correspondan.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el presupuesto de funcionamiento del Gobierno Regional de Tarapacá, pues se ajusta a derecho, con el alcance de que el monto para convenios con personas naturales es M$39.645 y no el indicado.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el presupuesto 2024 de la Universidad de Santiago de Chile, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe publicarse conforme al artículo 50 de la ley N° 18.591, omisión que el acto no señalaba.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el presupuesto 2023 del Centro de Formación Técnica de la Región Metropolitana de Santiago, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la personería del suscriptor consta en la resolución N° 4 de 2022 y no en la indicada en los vistos.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza la emisión de valores representativos de deuda pública directa, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la remisión al decreto N° 286 es de 2022 y no de 2021 como indica el acto.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el convenio mandato entre la Subsecretaría de Justicia y la Dirección de Arquitectura, con alcances: debe consignarse la fecha de suscripción (7 de agosto de 2023) y la imputación presupuestaria debe entenderse referida al subtítulo e ítem de cada anualidad, no como indica el acto.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba las normas sobre modificaciones presupuestarias para 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el ministerio debe ajustar el decreto N° 814, de 2003, a la ley de Presupuestos 2024.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación al convenio de transferencia entre el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud Arica, con alcances sobre la imputación presupuestaria y la oportunidad futura de estas modificaciones.
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El dictamen concluye que los CFT estatales, como el de Arica y Parinacota, pueden efectuar operaciones de ahorro o adquirir instrumentos de renta fija sin autorización previa del Ministro de Hacienda, aplicando la excepción del artículo 36 de la ley N° 18.267, siempre que se resguarde su misión institucional y se ajusten a las normas de contratación pública.
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La Contraloría concluye que la DGA y otros organismos pueden implementar instancias de coordinación y participación como los "Consejos de Cuenca Piloto", pues no crean un órgano público ni afectan las funciones de las organizaciones de usuarios de aguas, por lo que rechaza la reclamación.
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La Contraloría toma razón, con alcances, de la resolución que ordena devolver a la Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. un pago en exceso de impuesto de primera categoría, por ajustarse a derecho; observa una referencia normativa improcedente y una imputación presupuestaria errónea.
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La Contraloría autoriza a la AGCID a recibir y administrar una donación de la AECID (300.000 euros) para un proyecto ejecutado por el Ministerio de la Mujer, aplicando una excepción a la regla general presupuestaria, pues son ingresos no previstos, con conformidad de Dipres.
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El ISL puede recibir recursos del FNDR u otras fuentes para proyectos propios de su función, siempre que exista autorización presupuestaria, se ajusten a sus fines y cumplan las normas aplicables; tratándose del FNDR, además, deben respetar sus prohibiciones y objetivos de desarrollo regional.
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La Contraloría concluye que, en contratos de semaforización con partidas mixtas de obras y servicios, se aplica la regla de obras públicas o de bienes y servicios según cuál represente más del 50% del monto total, debiendo la Administración detallar las partidas por separado.
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La Contraloría concluye que la prohibición de financiar gastos en personal con recursos de los Programas de Inversión Regional se aplica a los gastos ordinarios del personal de dotación de SERNATUR, como los viáticos consultados, pero no al personal contratado directamente para ejecutar el programa o proyecto.
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La prohibición de financiar gastos en personal con recursos de inversión regional no impide contratar personal externo para ejecutar proyectos ni cubrir gastos administrativos directamente vinculados a ellos, siempre que estén previstos en los convenios y no superen el 5% fijado por DIPRES.
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La Contraloría concluye que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos no puede invertir en el mercado de capitales los recursos transferidos para el programa "Bomberos de Chile" ni los aportes de gobiernos regionales, pues están afectos a fines específicos y la normativa no lo permite.
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La Contraloría concluye que los recursos de convenios de estudios clínicos son ingresos propios del INC y deben incorporarse al presupuesto público, rechazando su manejo extrapresupuestario y ordenando regularizar esa situación.
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La Contraloría toma razón del documento que adjudica la licitación de subsidio al transporte marítimo en zonas aisladas de Magallanes, con el alcance de que los pagos solo procederán en 2024 si existe disponibilidad presupuestaria y se cumplen las condiciones previstas.
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La DIBICAR debe financiar los consumos básicos de sus comisiones administrativas con su patrimonio de afectación fiscal, no con los recursos que la Ley de Presupuestos asigna a Carabineros, pues este patrimonio se administra separada e independientemente del presupuesto institucional.
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La Contraloría toma razón de la resolución que modifica el presupuesto 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el alcance de que las transferencias del subtítulo 24.01.002 deben cumplir el artículo 23 de la ley N° 21.516.
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La Contraloría concluye que las fiestas patrias en misiones diplomáticas pueden imputarse a gastos de representación, protocolo y ceremonial, siempre que se enmarquen en la política exterior y asistan las autoridades indicadas, aplicando así una excepción a la regla general.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere recursos para vacunas adquiridas vía Fondo Rotatorio de la OPS, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo el certificado de disponibilidad presupuestaria debe consignar monto total, comprometido y saldo final.
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La Contraloría concluye que un CFT estatal puede autorizar empréstitos para gastos corrientes y de capital, pero solo si la autorización detalla proyectos específicos y no fines genéricos como cubrir déficits de caja, respetando el período presidencial.
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La Contraloría toma razón del instrumento que modifica un contrato de adscripción al servicio y otorga subsidio en el perímetro de exclusión de Iquique-Alto Hospicio, por necesidad de conectividad, precisando los montos de la imputación presupuestaria.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la modificación al contrato de adscripción al servicio y otorgamiento de subsidio en el perímetro de exclusión de Iquique-Alto Hospicio, con alcances sobre la imputación presupuestaria: precisa que el monto mensual adicional para 2023 asciende a $24.061.030.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica la resolución N° 140, de 2016, por ajustarse a derecho, entendiendo que el monto de la última columna de la tabla corresponde al suplemento autorizado y no al monto máximo del proyecto.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del GORE de Magallanes y confirma que los recursos del Fondo de Contribución Regional 2021-2022 se distribuyeron conforme al artículo 9° de la ley N° 21.210, aplicando la regla general y no la excepción pretendida.
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La Contraloría concluye que los municipios pueden financiar con fondos globales gastos menores de alimentación en reuniones de trabajo de concejales y en capacitaciones de funcionarios, pero no ayudas sociales, que deben imputarse a Transferencias Corrientes.
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Las multas aplicadas en contrataciones regidas por la ley N° 19.886 son ingresos propios del servicio, por lo que les aplica el procedimiento de multas del SIGFE II en el pago centralizado, sin alterar su naturaleza.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría del Interior puede financiar con el Programa de Seguimiento de Causas Judiciales los eventuales gastos periciales de la causa por la muerte de Pablo Neruda, si hay disponibilidad presupuestaria, correspondiéndole determinar los gastos específicos.
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La Contraloría toma razón, con alcances, del documento que regulariza el decreto exento N° 22.781, de 2014, que aprueba el Reglamento de Presupuesto de esa casa de estudios superiores, precisando plazos, toma de razón de actualizaciones y formato presupuestario.
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La Contraloría toma razón de la resolución que ordena devolver un impuesto a la renta pagado en exceso, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el gasto debe imputarse a la asignación 50-01-01-01-09-004, Devoluciones de Renta, y no como indica el acto.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con Copec Canal Inc para importar petróleo diésel, por ajustarse a derecho, con el alcance de que los pagos futuros requerirán disponibilidad presupuestaria, condición omitida en el documento.
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La Contraloría toma razón del documento que deja sin efecto el aumento de tarifas del transporte público de Santiago, Puente Alto y San Bernardo, aunque con el alcance de que se omitió consignar la glosa N° 03 de la partida 19 de la ley N° 21.516.
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La Contraloría toma razón de la resolución que distribuye el presupuesto de inversión del Gobierno Regional de O'Higgins para 2023, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la asignación N° 100 del subtítulo 24, ítem 03, debe denominarse "Aplicación Numeral 3.1 Glosa 03 Común para los Gobiernos Regionales".
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La Contraloría toma razón de la resolución que distribuye el presupuesto del Fondo de Desarrollo de Magallanes y la Antártica Chilena, pues se ajusta a derecho, con el alcance de que el Gobierno Regional debe cumplir el artículo 2° de la ley N° 19.275 al ejecutar esos recursos.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba las normas sobre modificaciones presupuestarias para 2023, con alcances: los ingresos o saldos iniciales incorporados deben destinarse a gastos de capital transitorios o proyectos de inversión, salvo destino legal especial.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el presupuesto de inversión 2022 de los Gobiernos Regionales indicados, entendiendo que la disminución de M$82.371 se efectúa en el Programa de Inversión del Gobierno Regional de La Araucanía, lo que se omitió consignar en el acto.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2025, con alcances: los recursos dependerán de los presupuestos anuales y la participación de organismos autónomos requiere acuerdo previo.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere recursos a la Delegación Presidencial Regional del Biobío para financiar proyectos del programa inversión en la comunidad, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la transferencia en cuotas debe sujetarse al programa de caja previo de la Dirección de Presupuestos.
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La Contraloría confirma que Hacienda y Dipres asignaron y reasignaron los recursos del FIC Regional 2020-2021 conforme a la ley de presupuestos y las normas de flexibilidad presupuestaria, sin irregularidad. Rechaza la reconsideración del GORE de Magallanes.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación del presupuesto vigente de los Gobiernos Regionales que indica, por ajustarse a derecho, con el alcance de que se omitió consignar la letra b) de la glosa 01 del programa 05-05-06 de la ley N° 21.395.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la modificación del convenio de transferencia de recursos, con alcances: el traspaso debe sujetarse al programa de caja autorizado por la Dirección de Presupuestos, y las referencias a la Ley de Presupuestos 2019 y a la Intendencia deben entenderse por las de 2022 y la Delegación Presidencial Regional Metropolitana.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere recursos a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para financiar proyectos del programa inversión en la comunidad, por ajustarse a derecho, con el alcance de que las cuotas deben sujetarse al programa de caja autorizado por la Dirección de Presupuestos.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de Constructora Río Maule sobre el traspaso a "otros ingresos" de retenciones sin canjear, confirmando que no procede el pago por haber prescrito la obligación, sin perjuicio del derecho de la empresa a recurrir a tribunales.
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La Contraloría toma razón del decreto que autoriza el pago del aporte anual 2022 a la Corte Penal Internacional, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el certificado presupuestario es del 14 de julio de 2022 y no como indica el decreto.