Contraloría General de la República · Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Transferencias y Convenios entre Organismos
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Transferencias y Convenios entre Organismos, del más reciente al más antiguo. Página 9.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, que incluye Transferencias y Convenios entre Organismos, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoPronunciamientos
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El FOSIS puede transferir en una sola cuota los recursos de los programas "Organizaciones Autogestionadas" y "Yo Emprendo" línea grupal, pues las entidades receptoras son beneficiarias y no organismos ejecutores, aunque deberá ajustar sus bases tipo que prohíben el pago único.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de administración o explotación de infraestructura costera y otorga subsidio en Magallanes, aunque observa que faltó la visación previa de Hacienda y ordena contar con ella antes de suscribir convenios futuros.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de transferencia de recursos al INE para la ENUSC 2024, por ajustarse a derecho, con alcances: los recursos se transferirán en una cuota y el reintegro se regirá por las normas legales vigentes al momento de producirse los excedentes.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de transferencia con la FIA, por ajustarse a derecho, con alcances: no se autorizó la subcontratación de actividades ajenas al objeto principal y se advierten errores de referencia en el convenio.
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La Contraloría concluye que la Universidad Católica del Norte es una entidad privada para efectos presupuestarios, por lo que las transferencias que le haga el Gobierno Regional de Antofagasta deben cumplir la normativa sobre transferencias a instituciones privadas de la Ley de Presupuestos 2024.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de atención de salud con la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, por ajustarse a derecho, aunque con el alcance de que tales acuerdos deben suscribirse y aprobarse oportunamente, evitando demoras como la ocurrida.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el convenio de transferencia con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, con alcances: los gastos de operación se vinculan a los programas de su cláusula segunda y el convenio rige solo tras la total tramitación del acto aprobatorio.
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La Contraloría concluye que no procede financiar con fondos de la transferencia la indemnización por años de servicio si se recontrata inmediatamente al mismo personal, pues ello desnaturaliza el gasto público. Instruye a JUNJI prohibir expresamente esa práctica y recuperar los fondos.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el convenio de colaboración y transferencia de recursos con el Servicio de Salud Arica y Parinacota, por ajustarse a derecho, con alcances sobre la armonía de los plazos de pago y el certificado presupuestario.
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La Contraloría revisa un dictamen previo y concluye que el pago del subsidio a "Administradora Marga Marga SpA" fue válido, pues actuó como mandataria de la propietaria del bus, por lo que no se configuró subcontratación ni infracción a la ley N° 19.862.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el convenio entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile para transferir recursos destinados a actividades de interés nacional en 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe usarse el Sistema de Rendición Electrónica (SISREC).
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Las corporaciones y fundaciones creadas por los gobiernos regionales pueden realizar todas las acciones propias de su objeto social, no solo estudios, sin desarrollar actividades empresariales. El límite de 50% de financiamiento regional rige solo para programas y proyectos, no para estudios.
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La Contraloría concluye que es inoficioso pronunciarse sobre el financiamiento solicitado por Carabineros, pues SENAPRED ya contrató y presupuestó el arriendo de equipos P25 y firmó un convenio de uso de la red, instando a las entidades a coordinarse y evitar reiterar esta situación.
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La Contraloría concluye que las multas pagadas por la concesionaria de la Zona Franca de Punta Arenas desde 2009 deben traspasarse al Gobierno Regional de Magallanes, aplicando la excepción del artículo 35 del DFL N° 2, y no quedarse en el fisco.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el reglamento del Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario, por ajustarse a derecho, con el alcance de que los convenios de transferencia solo podrán celebrarse si se crean las asignaciones presupuestarias correspondientes.
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La Contraloría concluye que las normas sobre transferencias de la Ley de Presupuestos 2024 no se aplican a los traspasos del MINEDUC al PNUD, por ser este un organismo internacional con privilegios e inmunidades, sin perjuicio de que el MINEDUC debe cautelar el correcto uso de esos recursos.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere fondos a seis cuentas del sistema de transporte público de Santiago, precisando que la rendición de cuentas del Administrador Financiero de Transantiago S.A. se refiere solo a los recursos transferidos mediante el decreto N° 59, de 2024, y no al período que allí se consigna.
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La Contraloría toma razón del documento que distribuye recursos de gratuidad 2024 a las instituciones de educación superior indicadas, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe mencionarse que solo comprende el monto del literal a) del artículo trigésimo octavo transitorio.
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La Contraloría rechaza autorizar que los municipios manejen extrapresupuestariamente los recursos del Fondo para el Reciclaje, pues constituyen ingresos propios que deben incorporarse a sus presupuestos, ordenando regularizar la situación.
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La resolución que obliga a usar el SISREC sí se aplica a las transferencias de SERCOTEC, aunque sea corporación de derecho privado, porque integra el sector público y ejecuta fondos fiscales. Mientras su sistema propio no sea autorizado por la Contraloría, los receptores deben rendir mediante el SISREC.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere fondos a seis cuentas del sistema de transporte público de Santiago, aunque instruye que en futuras transferencias se consigne la obligación de rendir cuentas vía SISREC.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el adendum al contrato con la Fundación Pro Dignitate Hominis, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo se transcriban íntegramente los anexos del convenio.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación y prórroga del convenio entre el MINVU y FUNASUPO, por ajustarse a derecho, con alcances sobre rendición de cuentas, restitución de fondos, subcontratación, garantía y publicaciones.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba un convenio de transferencia de recursos entre dos subsecretarías, entendiendo que solo traspasa caudales entre entidades públicas. Advierte que un acto posterior que entregue fondos a la Fundación para la Innovación Agraria deberá precisar actividades y gastos conforme a la ley de presupuestos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Servicios Sociales y la Fundación de las Familias, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la remisión al numeral 3.4 debe entenderse al 3.2.1, N° 3).
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere recursos para vacunas adquiridas vía Fondo Rotatorio de la OPS, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo el certificado de disponibilidad presupuestaria debe indicar monto asignado, total comprometido y saldo restante.
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La Contraloría toma razón del decreto del Ministerio de Educación que modifica la distribución de recursos al CFT Estatal de la Región Metropolitana y regulariza actividades, por ajustarse a derecho, con el alcance de que ese ministerio deberá supervisar la correcta y oportuna ejecución de los recursos transferidos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba una transferencia de recursos al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, por ajustarse a derecho, con el alcance de que las conexiones de agua potable y alcantarillado en Quilpué son 150 cada una y no las que indica el cuadro del acto.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación del convenio de transferencia de recursos con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, pues se ajusta a derecho, con alcances sobre el reintegro de excedentes según la Ley de Presupuestos 2024 y sobre la emisión oportuna de futuros instrumentos.
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La Contraloría instruye cómo clasificar los gastos por transferencias corrientes (subtítulo 24) y de capital (subtítulo 33), precisando que la naturaleza del gasto define el subtítulo, salvo excepciones expresamente autorizadas por glosas presupuestarias, que deben interpretarse restrictivamente.
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La Contraloría instruye que, por regla general, el receptor intermediario —público o privado— rinda mediante SISREC los recursos transferidos por gobiernos regionales, salvo la excepción de proyectos bajo el monto del artículo 4° de la resolución N° 1.858.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la modificación al convenio de transferencia con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, ajustado a derecho, con alcances sobre el deber de reintegro y la emisión oportuna de futuros instrumentos.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de administración y subsidio de infraestructura costera en Los Lagos, aunque con alcances: emite los actos con retraso y no contó con la visación previa de Hacienda exigida por ley.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el convenio de administración de infraestructura costera y otorga subsidio en Aysén, aunque observa que se emitió con evidente retraso y sin la visación previa del Ministerio de Hacienda, ordenando corregirlo en lo sucesivo.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere fondos a la cuenta bancaria seis del sistema de transporte público de Santiago, aunque instruye que en lo sucesivo se especifique la oportunidad de los pagos conforme a los contratos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de transferencia con la FIA, pues se ajusta a derecho, aunque con alcances: no se autorizó la subcontratación de actividades ajenas al objeto principal y deberán efectuarse las publicaciones legales.
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La Contraloría concluye que, aunque las transferencias se hicieron antes de la total tramitación de los actos que las aprobaban, corresponde pagar a los ejecutores si las actividades se ejecutaron íntegra y correctamente, por el principio retributivo, sin perjuicio de perseguir responsabilidades administrativas.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica la distribución de recursos al CFT Estatal de Aysén y regulariza actividades, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el Ministerio de Educación deberá supervisar la correcta y oportuna ejecución de esos recursos.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba la transferencia de recursos al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el reintegro también comprende los recursos no rendidos, observados o no ejecutados.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere fondos a la cuenta bancaria seis del sistema de transporte de Santiago, aunque hace presente que se omitió consignar $302.227.849 por ajustes de servicios prestados hasta abril de 2023, lo que debe evitarse y detallarse en la instrucción de pago.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el convenio de transferencia de recursos a la PDI, por ajustarse a derecho, aunque con alcances por errores en la transcripción del convenio que el servicio deberá considerar.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el formato tipo de convenio para proyectos de universidades estatales, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el ministerio debe usar el SISREC desde el 2 de enero de 2024.
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La Contraloría concluye que son los municipios, y no sus corporaciones, quienes deben rendir cuenta a la SEREMI por los recursos transferidos, y que las adquisiciones de esas corporaciones deben ajustarse a la ley N° 19.886 y su reglamento.
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La Contraloría concluye que el Gobierno Regional Metropolitano puede ejecutar directamente sus programas, pero no manejar esos recursos en una cuenta extrapresupuestaria, pues la glosa 01 solo lo permitía para transferencias a entidades receptoras.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el convenio de transferencia con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por ajustarse a derecho, con alcances sobre la cláusula quinta, el monto de la cláusula sexta y un error en el anexo N° 1.
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La Contraloría toma razón del decreto que regulariza y aprueba la modificación de un convenio de desempeño con la ANID, por ajustarse a derecho, aunque instruye dictar y enviar oportunamente esas modificaciones a toma de razón en lo sucesivo.
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El INIA es una entidad privada que no integra la Administración del Estado ni el sector público, aunque el Estado participe en ella. Por eso, la circular N°20 de 2023 le fue aplicable mientras estuvo vigente, al regular transferencias a entidades privadas, y hoy le rige la ley de presupuestos vigente.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere fondos a la cuenta bancaria seis del sistema de transporte público de Santiago, pero hace presente que el período del numeral (iv) del considerando 5° es el comprendido entre el 1 y 31 de mayo de 2024, y no el que allí se señala.
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La Contraloría imparte instrucciones sobre el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo y los aportes al Fondo Común Municipal de las leyes N° 21.591 y N° 21.640, precisando su administración separada, control y reporte. Concluye que los aportes extraordinarios de 2024 no se considerarán ingreso municipal para el mecanismo de estabilización de 2025.
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La Contraloría no da curso a la resolución que aprueba una modificación al convenio de transferencia entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Delegación Presidencial Metropolitana, por no ajustarse a derecho: no regulariza expresamente el retraso ni lo fundamenta, no acredita ejecución ni rendición de recursos y faltan antecedentes.