Contraloría General de la República · Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Transferencias y Convenios entre Organismos
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Transferencias y Convenios entre Organismos, del más reciente al más antiguo. Página 8.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, que incluye Transferencias y Convenios entre Organismos, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoPronunciamientos
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos a la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío (Programa Curadurías 2025), con alcances: la transferencia solo procede desde la total tramitación del acto y deben inutilizarse los espacios en blanco futuros.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos a la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso (Programa Curadurías 2025), con alcances: la transferencia solo procede desde la total tramitación del acto y deben inutilizarse los espacios en blanco futuros.
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La Guía Operativa FRIL 2024 no rige retroactivamente los proyectos ya aprobados técnicamente en 2023 conforme al instructivo anterior, pues exigir nuevas especificaciones afectaría situaciones consolidadas. Se aplica la excepción a la regla general de vigencia inmediata, sin perjuicio de medidas de buena administración.
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La Contraloría concluye que el uso obligatorio del SISREC sí se aplica a las transferencias corrientes del Programa 02 de JUNAEB, incluso cuando se pagan bajo la modalidad de reembolso contra rendición del gasto, pues la resolución N° 30 de 2015 no distingue entre anticipos y reembolsos.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la modificación al convenio de transferencia con la FIA, pues se ajusta a derecho, con alcances sobre la vigencia de los convenios, la transcripción íntegra del acuerdo y la personería del firmante.
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La Contraloría concluye que los recursos de los programas "Fiscalización Ambiental" y "Laboratorio de Alta Complejidad" de la SMA son transferencias autoejecutables, ejecutadas directamente por el servicio sin traspaso a terceros, por lo que no les resulta aplicable la resolución exenta N° 1.858 de 2023 sobre uso obligatorio del SISREC.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba una modificación al convenio de transferencia de recursos con la Dirección General de Promoción de Exportaciones, por ajustarse a derecho, aunque con el alcance de que la personería del Subsecretario subrogante consta en el decreto exento N° 121, de 2023, y no como indica la cláusula sexta del convenio.
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La Contraloría concluye que la resolución exenta N° 1.858, de 2023, que obliga a usar el SISREC, no se aplica a los contratos de prestación de servicios celebrados por la Subsecretaría del Trabajo con cargo a las asignaciones 24-01-432 y 24-01-435, pues se rigen por la ley N° 19.886 y no por las normas de rendición de cuentas propias de las transferencias.
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La JUNAEB consulta cómo contabilizar los recursos del programa "Residencia Familiar Estudiantil" transferidos a entidades públicas. Contraloría concluye que, pese a ser entidad pública el receptor, debe aplicarse el procedimiento F-07 (transferencias al sector privado), sin necesidad de modificación presupuestaria, reconsiderando el informe de auditoría de 2019.
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La Contraloría concluye que no procede que un Servicio de Salud o FONASA suscriban convenios para que entidades extranjeras otorguen prestaciones del Régimen de Garantías Explícitas en Salud, pues la ley exige que se brinden en establecimientos ubicados en Chile.
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El dictamen concluye que el bono del permiso sin goce de remuneración de la ley N° 21.247 debió pagarse con cargo a la transferencia de la JUNJI a los SLEP para jardines infantiles VTF en 2021, por lo que esos gastos deben incluirse en la rendición de cuentas del SLEP Costa Araucanía.
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La Contraloría concluye que el SISREC no se aplica a las asignaciones que DIPRECA administra internamente para asistencia médica o dental, pero sí rige las transferencias a terceros de las asignaciones 284, 287, 289 y 290, por no estar eximidas.
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El dictamen concluye que las contrataciones a honorarios de las consultantes, pagadas con recursos transferidos por SENDA mediante una cuenta complementaria, no se rigen por el dictamen N° E173171 de 2022, por lo que se desestiman sus requerimientos.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la segunda modificación al convenio con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, con alcances: los convenios rigen solo tras la total tramitación del acto aprobatorio, el mayor plazo aplica solo al programa de Industria y Minería, y se instruye remitir oportunamente futuros instrumentos a toma de razón.
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La Contraloría acoge el recurso de SENCE y, aplicando una excepción a la regla general, acepta la rendición de 24 cursos ejecutados tras el término anticipado del convenio, pues los fondos se destinaron al fin comprometido y hubo buena fe.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el contrato de compra de kits forenses para la PDI, con el alcance de que su pago debe imputarse a la cuenta contable N° 214-05 conforme al decreto N° 154 de 2024, y no como indica su resuelvo 2°.
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La Contraloría toma razón de la resolución que transfiere recursos a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para gastos de emergencia, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe controlarse la correcta inversión de esos fondos de ejecución inmediata.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba una modificación al convenio de transferencia con el Ministerio Público en el marco del "Plan Calles Sin Violencia", por ajustarse a derecho, con el alcance de que fue dictado conforme al numeral 2 y no al numeral 1 del decreto N° 41, de 2009.
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La Contraloría concluye que no hay irregularidad en las transferencias presupuestarias a la Asociación de Gobernadores Regionales, pues el legislador creó una asignación específica para ella en las leyes de presupuestos 2023 y 2024.
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La Contraloría concluye que el GORE actuó correctamente al rechazar facturas de la Fundación Entrepreneur, pues su representante legal también era dueño del proveedor, lo que infringe la prohibición del convenio; solo le ordena mayor claridad y celeridad futuras.
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La glosa 03 prohíbe que INIA, FIA, IFOR y CIREN recontraten al personal cuya indemnización legal se financió con cargo a la misma asignación presupuestaria, y solo permite indemnizaciones legales, no voluntarias.
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La Contraloría autoriza excepcionalmente extender el procedimiento simplificado de rendición de cuentas digitales de la ANID desde septiembre de 2023 hasta que se resuelva el uso de la plataforma Zendesk, permitiendo que los documentos originales queden en custodia de los receptores privados.
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La Contraloría concluye que la Corporación Opción debe reintegrar al SENAME los saldos no ejecutados del PRJ Iquique, pues no existía una situación consolidada que permitiera su traspaso, y esos montos deben ingresar a rentas generales de la Nación.
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La Contraloría toma razón del instrumento que distribuye recursos al CFT Estatal de O'Higgins para infraestructura, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el reintegro de excedentes debe hacerse conforme al artículo 25 de la Ley N° 21.640.
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La Contraloría concluye que el SENAME debe exigir a los organismos colaboradores la restitución de los dineros no utilizados y de los bienes muebles al término de los proyectos, pudiendo complementar sus instrucciones sobre la forma de restitución.
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La inhabilidad de cinco años para reingresar a la Administración del Estado tras recibir la bonificación por retiro no se aplica a quien es contratada a honorarios por una universidad privada, aunque se financie con fondos transferidos por un GORE. Concluye que no debe devolver el beneficio.
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La Contraloría toma razón del documento que distribuye recursos al Centro de Formación Técnica Estatal de Atacama para gastos de capital 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el reintegro de excedentes debe regirse por el artículo 25 de la Ley N° 21.640.
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La Contraloría toma razón del instrumento que distribuye recursos al CFT Estatal de O'Higgins, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el reintegro de excedentes debe hacerse conforme al artículo 25 de la Ley N° 21.640 o a las normas vigentes al momento de producirse.
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La Contraloría concluye que el Club Deportivo Universitario no debe rendir cuentas de los recursos del Fondo Social Presidente de la República recibidos en 2001, por ser anteriores al dictamen N° 25.262 de 2012, y puede volver a postular a fondos públicos.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica la resolución que autorizó transferencias a Bomberos y aprueba recursos adicionales, con el alcance de que debe consignarse el nuevo monto total de $6.232.544.000, omitido en él.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica la resolución que autorizó transferir fondos a la Junta Nacional de Bomberos y aprueba recursos adicionales, entendiendo que el monto total asciende a $6.466.334.000.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica la resolución que autorizó transferencias para capacitar a Bomberos de Chile y aprueba recursos adicionales, con el alcance de que debe consignarse el nuevo monto total: $4.007.088.000.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba la modificación del convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio de Educación e INTEGRA, por ajustarse a derecho, con el alcance formal de que en lo sucesivo los espacios en blanco de los instrumentos se inutilicen con firma y timbre del funcionario competente.
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La Contraloría concluye que, en las transferencias de los GORES a privados, debe distinguirse si el receptor es beneficiario final (devengo al ser exigible la obligación) o ejecutor de políticas públicas (devengo al aprobarse la rendición de cuentas, excepción de la glosa 15).
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación al convenio entre la Subsecretaría de Agricultura, Corfo y el Comité Agroseguros, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el monto consignado debe ser M$64.929 y no M$69.329.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere fondos a la cuenta bancaria seis del sistema de transporte público de Santiago, precisando que dicha transferencia no constituye un pago a Metro S.A., como erróneamente señala su numeral 1°.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la modificación y texto refundido del Anexo Convenio Básico, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la fecha de término del convenio es el 1 de enero de 2044 y no la indicada en su Considerando 6.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, el administrador provisional reemplaza al sostenedor y puede recibir los recursos para pagar esas bonificaciones, siempre que la Dirección del Trabajo determine quiénes cumplen los requisitos; por ello remite la consulta a esa Dirección.
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Los intereses generados por fondos transferidos por SENADIS a la Municipalidad de San Fabián no pueden usarse en fines municipales distintos; pueden destinarse al fin convenido si las partes modifican el convenio, o deben reintegrarse.
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La Contraloría concluye que los $7.498.346 de origen desconocido deben mantenerse en la cuenta Banco Estado, sin ajuste contable, traspasándose a una cuenta corriente del servicio; no corresponde restituirlos a la TGR por provenir de transferencias anteriores a la ley N° 20.981.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la modificación al convenio de transferencia con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, con alcances: la garantía debe renovarse hasta 90 días tras el término del acuerdo y se corrige una cifra mal consignada.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional del Cáncer, por ajustarse a derecho, con alcances sobre el cumplimiento de la normativa contable, la ley de compras y la improcedencia de aceptar pagarés como caución.
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La Contraloría concluye que los gobiernos regionales no pueden celebrar convenios mandato para adquirir activos no financieros con cargo al subtítulo 29, pues la ley solo los autoriza para obras públicas del subtítulo 31 y la ley de presupuestos 2024 no lo permite.
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La Contraloría concluye que los Gobiernos Regionales no pueden celebrar convenios mandato para contratar estudios e investigaciones con cargo al subtítulo 22, pues la ley de presupuestos 2024 no los autoriza, a diferencia de años anteriores.
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La Contraloría toma razón del documento que ordena transferir fondos a la administradora provisional de los establecimientos educacionales antes administrados por la Corporación Municipal de Tiltil, pues se ajusta a derecho, con el alcance de que modifica el decreto exento N° 324, de 2024, del Ministerio de Educación.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere fondos a la cuenta bancaria seis del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de Santiago, precisando que la estimación de pago a Metro S.A. corresponde a junio de 2023 a noviembre de 2024, y no al período indicado en el acto.
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La Contraloría toma razón, con alcance, del instrumento que modifica un convenio de transferencia para la televigilancia móvil del Plan Calle Segura, entendiéndolo como regularización por los plazos transcurridos, e instruye remitir oportunamente futuros instrumentos a toma de razón.
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La Contraloría concluye que el INIA, aunque es una corporación privada creada por iniciativa estatal para fines públicos, puede considerarse "organismo técnico del Estado" y suscribir el convenio mandato del artículo 16 de la ley N° 18.091 con el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
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La Contraloría concluye que no puede determinar si el uso obligatorio del SISREC aplica a las transferencias del SENCE en esas asignaciones, porque no se acreditó si los ejecutores se seleccionan por concurso público (con rendición de cuentas) o conforme a la ley N° 19.886 (sin ella).
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La Contraloría no da curso a la resolución que modifica un convenio de transferencia por no ajustarse a derecho: falta aclarar el ítem "infraestructura", precisar la vigencia de la modificación y las reglas de reintegro.