Procedimiento general de sanciones: artículo 97 N° 4 del Código Tributario

1 Copiapó, treinta de enero de dos mil veintiséis VISTO: Que a fojas 46 y siguientes, consta Acta de Denuncia N°1-2025 de 17 de enero de 2025, emanada de la III DIRECCIÓN REGIONAL COPIAPÓ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, R.U.T. N°60.803.121-9, interpuesta en este Tribunal el 21 de enero de 2025 y que da origen al presente Procedimiento General de Aplicación de Sanciones, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 161 del Código Tributario. La referida Acta fue formulada en contra de la contribuyente MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA, RUT N°76.694.827-8, con giro en artículos de ferretería, construcción, repuestos y mantención de vehículos, legalmente representada por don José Daniel Bardawil Chakar, cédula de identidad N°26.191.084-5, domiciliada en Los Carrera N°4395, comuna de Copiapó. La referida Acta de Denuncia N°1-2025 le imputa responsabilidad a la sociedad en calidad de autora de Ia infracción tributaria prevista y sancionada en el artículo 97 N°4 inciso segundo del Código Tributario, en Ia forma en que se detalla en dicha Acta y que a continuación se expone. Refiere la denunciante que como resultado de un proceso de recopilación de antecedentes realizado por dicho Servicio, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 161 N°10 del Código Tributario, constató que Ia denunciada durante los periodos comerciales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y enero, febrero, marzo de 2024, mediante Ia incorporación de 7 facturas “maliciosamente falsas” emitidas por 2 contribuyentes, aumentó indebidamente los Créditos Fiscales IVA que tenía derecho a hacer valer en relación con las sumas que debía enterar en arcas fiscales, registrando y declarando dichos créditos en sus Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los periodos tributarios antes señalados, generando un perjuicio fiscal de IVA ascendente a $8.418.900.-. El Acta de Denuncia especifica las 7 facturas, el monto de sus respectivos 2 créditos fiscales IVA objetados por el Servicio para cada factura, así como su descripción, de acuerdo al siguiente recuadro: Folio Factura Fecha Factura Ingreso en L°Compras Rut Proveedor Razón Social Proveedor Neto IVA Total Descripción Factura 128 28-09-2023 09-2023 7.115.504-8 OLGA ELIANA VILLALOBOS MATURANA 5.300.000 1.007.000 6.307.000 ALIMENTACIÓN Y ALMUERZOS AGOSTO 2023 132 27-10-2023 10-2023 7.115.504-8 OLGA ELIANA VILLALOBOS MATURANA 10.530.000 2.000.700 12.530.700 ALIMETACIÓN DIARIA, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MENSUAL PARA LOS TRABAJADORES 144 31-12-2023 12-2023 7.115.504-8 OLGA ELIANA VILLALOBOS MATURANA 7.400.000 1.406.000 8.806.000 ALIMENTACIÓN DIARIA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MENSUAL PARA LOS TRABAJADORES Noviembre y diciembre 2023 Más evento navidad 2023 alimentación y arriendo local 148 30-01-2024 01-2024 7.115.504-8 OLGA ELIANA VILLALOBOS MATURANA 4.220.000 801.800 5.021.800 ALIMENTACIÓN Y EVENTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MENSUAL PARA LOS TRABAJADORES Enero 2024, desayuno, almuerzo y colaciones diarias, mas evento aniversario empresa 172 30-11-2023 11-2023 77.695.009-2 SANTJULIET LIMITADA 7.900.000 1.501.000 9.401.000 Productos varios Art. De ferretería varios, mat. De construcción y vestuarios para trabajadores. 210 20-02-2024 02-2024 77.695.009-2 SANTJULIET LIMITADA 3.160.000 600.400 3.760.400 Productos varios Art. De ferretería varios, electrodomésticos y zapatos para trabajadores. 223 30-03-2024 03-2024 77.695.009-2 SANTJULIET LIMITADA 5.800.000 1.102.000 6.902.000 ARTICULOS MES DE MARZO materiales de construcción para obras menores. Totales 44.310.000 8.418.900 52.728.900 A continuación, el Acta menciona las Declaraciones de IVA en donde se declaró cada factura: Período Fecha Presentación Folio 29 Monto Crédito Fiscal 09-2023 20-10-2023 7772485556 1.007.000 10-2023 19-11-2023 7788355416 2.000.700 12-2023 19-01-2024 7829906056 1.406.000 01-2024 20-02-2024 7852672086 801.800 11-2023 19-12-2023 7809153536 1.501.000 02-2024 18-03-2024 7867533706 600.400 03-2024 18-04-2024 7891424116 1.102.000 Señala, en relación a doña Olga Villalobos Maturana, que los servicios descritos en las 4 facturas detalladas precedentemente no se prestaron, en base a los siguientes antecedentes: a) El 28 de mayo de 2024, concurrió al Servicio don Juan Pablo Robles Villalobos, en representación de la contribuyente Olga Elena Villalobos 3 Maturana, emisora de las 4 facturas cuestionadas, a fin de prestar declaración jurada. En dicha declaración señaló conocer a la denunciada MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA y que en ocasiones le prestó servicios de alimentación, pero no por los montos ni sumas señaladas en las 4 facturas indicadas en el recuadro precedente, refiriendo que la única persona que pudo haberlas emitido es el contador Alexander Quezada Pino. b) El 31 de mayo de 2024, declaró ante el Servicio don Daniel Bardawil Florez, en representación de la denunciada, quien dijo desconocer las 4 facturas objetadas por el SII. c) Agrega el SII que la denunciada no aportó antecedentes que dieran cuenta de la efectiva prestación de los servicios que consignan las 4 facturas cuestionadas. Afirma el SII en su Acta de Denuncia que en relación al supuesto proveedor Santjuliet Limitada, los servicios descritos en las 3 facturas detalladas en los cuadros anteriores no se prestaron, ello en base a los siguientes antecedentes: a) El 31 de mayo de 2024, declaró ante el SII don José Daniel Bardawil Chakar, en representación de la denunciada, quien dijo desconocer las facturas N°s 172, 210 y 233, emitidas por Santjuliet Limitada, señalando que no las conocía, negando que se hayan prestado los servicios a que las facturas se refieren. b) El 28 de mayo de 2024, declara ante el Servicio doña Mery Huerta Allendes, representante legal y socia de Santjuliet Limitada, quien señaló que el contador de su empresa es Alexander Quezada, cónyuge de la otra socia de la empresa. Indicó desconocer a la denunciada y a su representante legal, manifestando que las facturas N°s 172, 210 y 233 no las conoce y que los servicios indicados en ellas no se prestaron. c) El 2 de agosto de 2024, declara doña Giannis Gennesis Valeria Di Giovanni Ortiz, representante legal y socia de Santjuliet Limitada, quien indicó conocer a la denunciada y a su representante legal pero dijo no recordar las 4 circunstancias relativas a las 3 facturas cuestionadas. d) El 8 de julio de 2024, concurre al Servicio Alexander Quezada Pino, quien declaró conocer al representante legal de la denunciada por haberle hecho consultas sobre temas contables y ser su mecánico, pero negó llevar su contabilidad. Con respecto a las 3 facturas cuestionadas, señaló que se están regularizando ya que son servicios que no se prestaron. e) Finalmente afirma que la denunciada no acompañó antecedentes que dieran cuenta de la efectiva prestación de los servicios consignados en las 3 facturas emitidas por Santjuliet Limitada. Con estos antecedentes, afirma que se logró determinar que el contribuyente MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SpA, registró en su contabilidad y declaró en los Formularios Nº29, sobre Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos correspondientes a los períodos tributarios comprendidos entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024, la cantidad de 7 facturas afectas a IVA, que fueron emitidas por los contribuyentes Olga Eliana Villalobos Maturana y Santjuliet Limitada. Mediante estas maniobras, el contribuyente fiscalizado incrementó los Créditos Fiscales IVA que tenía derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que debía pagar en dichos períodos tributarios. Por ello estima que las conductas precedentemente descritas configuran la infracción tipificada en el artículo 97 Nº4 inciso segundo del Código Tributario y provocaron un perjuicio fiscal en Impuesto al Valor Agregado que asciende a $8.418.900.-. Afirma que las conductas materia de la presente acta, fueron ejecutadas por la denunciada en 7 períodos tributarios comprendidos en 2 ejercicios comerciales distintos, por lo que las infracciones materia de esta acta tienen el carácter de reiteradas, según lo dispuesto en el artículo 112 del Código Tributario. Agrega que el Acta de Denuncia se sustenta en la información recabada por el Servicio durante el proceso de Recopilación de Antecedentes y mediante la 5 documentación contenida en el cuaderno de recopilación, consistente básicamente en: declaraciones juradas antes referidas y prestadas por los representantes legales de la denunciada, de los emisores de las facturas y por don Alexander André Quezada Pino; facturas folios 128, 132, 144 y 148, emitidas por Olga Eliana Villalobos Maturana; y folios 172, 210 y 223, emitidas por Santjuliet Limitada; Registro de Compras de los períodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024 de la denunciada y sus Formularios N°29 de IVA correspondiente a los períodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024. De lo anterior se puede advertir inequívocamente que los servicios que dan cuenta las facturas individualizadas no fueron prestados. Asevera que a lo anterior, se agrega que el dolo se constata al apreciar la cantidad de documentos tributarios irregulares utilizados, así como el origen de éstos, los cuales le fueron facilitados por Alexander André Quezada Pino, según consta de las declaraciones juradas antes resumidas. Las maniobras descritas precedentemente configuran a juicio del SII en el Acta de Denuncia N°01-2025, la infracción tributaria reiterada prevista y sancionada en el artículo 97 N°4 inciso segundo del Código Tributario y provocaron un perjuicio fiscal en Impuesto al Valor Agregado que asciende a $8.418.900.-. Lo anterior afirma el Servicio, atendido a que la conducta descrita en el artículo 97 N°4 inciso segundo del Código Tributario, sanciona a “los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deban pagar”. Señala que la infracción se configuró mediante el registro y declaración por parte del representante legal del contribuyente MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA de 7 facturas falsas durante los períodos tributarios de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 6 2024, imputándolo contra los respectivos débitos fiscales, disminuyendo en forma indebida la base imponible y el monto del Impuesto al Valor Agregado a pagar en cada uno de dichos períodos, generando un perjuicio fiscal que asciende a $8.418.900.- por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios. A fojas 50, el Tribunal tuvo por presentada el Acta de Denuncia N°01-2025 de la III Dirección Regional Copiapó del Servicio de Impuestos Internos, en contra de la contribuyente MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA, la que fue notificada por cédula a la denunciada el 17 de enero de 2025, según consta de Acta de Notificación de foja 6 y cuyo TRASLADO se confirió en la misma resolución, notificándose por correo electrónico a la denunciada según consta de foja 51. La denunciada formula a fojas 66 y siguientes, sus descargos al Acta de Denuncia en los siguientes términos: En primer lugar, expone que el fiscalizador del SII don Rafael Bow Peralta tomó declaración al representante legal de la denunciada, don José Bardawil Chakar quien antes de la notificación del Acta de denuncia rectificó la Declaración de IVA correspondiente a las facturas cuestionadas, por lo que nada se adeudaría por este concepto. Alega que el referido fiscalizador vulneró los siguientes principios constitucionales. a) Principio constitucional de legalidad: Afirma que la garantía de legalidad tributaria se sustenta en la necesidad de protección de los contribuyentes en su derecho de propiedad, ya que los tributos como afirma el profesor don Juan Eduardo Figueroa importan restricciones a ese derecho, al sustraer a favor del Estado algo del patrimonio de los particulares. Lo cual en un estado de derecho no es legítimo, salvo que se obtenga por decisión de los órganos representantes de la soberanía popular. En otras palabras, la reserva de ley busca garantizar la libertad patrimonial del individuo, sustrayéndose así la eventual arbitrariedad del Poder Ejecutivo. 7 En resumen, sostiene que la garantía constitucional de la legalidad permite que los contribuyentes puedan conocer cuáles son sus obligaciones tributarias, es decir, el tiempo, modo y cantidad de pago y constituye un mecanismo de defensa frente a las eventuales arbitrariedades de la administración. Agrega que dicha garantía se encuentra consagrada en la Constitución Política de la República en el artículo 63, N°14, en relación a los incisos 2° y 4° del artículo 65. b) Principio constitucional de igualdad: Asevera que la igualdad como concepto no consiste en aplicar la norma favorable o desfavorable a todas las personas de la misma forma, pues en la relación jurídica tributaria, el contribuyente no pueda condicionar su cumplimiento al cumplimiento del Estado o condicionar el nacimiento de la obligación a que el Estado se obligue a algo que se mire equivalente a la del sujeto pasivo. Agrega que la igualdad en la esfera tributaria no se refiere a una igualdad numérica, sino a asegurar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en análogas situaciones, lo cual no obsta a que existan categorías, siempre que éstos sean razonables, con exclusión de toda discriminación arbitraria injusta u hostil contra determinadas personas o categoría de personas. De este modo, el legislador distribuye la carga impositiva mediante alguno de los criterios formulados por la doctrina económica, esto es, la capacidad contributiva, origen de las rentas, beneficio del contribuyente u otros parámetros que estime conveniente, sin establecer discriminaciones o diferencias arbitrarias. Señala además que, en relación a este principio, es necesario que los impuestos se apliquen con generalidad, esto es, abarcando íntegramente a las categorías de personas previstas en la ley y no a una parte de ellas. c) Principio constitucional de generalidad: Afirma que este principio consiste en que verificados los supuestos exigidos por la ley para que un sujeto se constituya en deudor de una obligación tributaria, no es posible librarse de ella, salvo que la ley, en consideración a 8 determinados factores, hubiera establecido un beneficio tributario que importe una liberación o exención tributaria. d) Principio del derecho de propiedad: Al respecto, aduce que la Constitución no obstante autorizar la afectación de la propiedad con impuestos, prohíbe que éstos lesionen aquel derecho en su esencia, por lo que los impuestos no pueden sino bajo circunstancias extraordinarias tener el carácter de confiscatorios. e) Principio de protección jurisdiccional: Señala que en un Estado de derecho resulta fundamental tanto la subordinación de gobernantes y gobernados a un mismo orden jurídico, como la presencia de garantías constitucionales que estén reforzadas con acciones judiciales que permitan su materialización o concreción práctica, lo cual a su vez se configura en un derecho propio emanado de la naturaleza humana, para lo cual es menester que la acción se ejerza en un debido proceso, acorde a la garantía consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República. Al respecto, en materia tributaria, el año 2009 se promulgó la ley que reconoce los Tribunales Tributarios y Aduaneros como órganos jurisdiccionales, letrados, especiales e independientes. A continuación, la denunciada alega la buena fe en su actuación, al sostener que las facturas emitidas por Santjuliet Ltda. ya fueron observadas, corregidas y pagadas con el correspondiente impuesto debidamente actualizado, ello con el fin de mantener al día y de manera regular la contabilidad de la empresa. Además, refiere que dichas facturas deberán ser regularizadas y que el representante legal de la denunciada está dispuesto a pagar las diferencias de impuestos adeudados, acompañando los comprobantes respectivos, con el fin de no verse enfrentado nuevamente a un proceso de fiscalización, demostrando transparencia y voluntad de colaboración con el proceso de declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado del año comercial 2024 y de esta forma dar por 9 solucionado y terminado el proceso de fiscalización. Agrega que de esa forma se da por acreditado de manera fehaciente con la documentación fidedigna y que emana del SII y de la Tesorería, la que no podrá ser objetada o invalidada, porque es emitida por el ente pública destinado al proceso de control y resguardo fiscal, por lo que la denunciada no adeuda nada a título de impuestos. Alega que lo señalado por el señor fiscalizador tributario don Rafael Bow Peralta en el Acta de Denuncia N°1-2025, en la que tipifica la conducta de la representante legal de la denunciada, esto es, don José Luis Bardawil Chakar, en calidad autor del delito, consistente en aumentar deliberadamente el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho de hacer valer en relación a la cantidad que deberán pagar, como si lo hubiera realizado maliciosamente; lo cual aduce ser de suma gravedad, debido a que la persona del fiscalizador tributario específica este tipo de conductas punitivas por el solo hecho de existir facturas que no son más de 2 o 3, las cuales fueron recibidas sin tener la documentación fidedigna de respaldo en relación al giro u objeto de la sociedad, lo cual a su juicio no constituye en sí mismo el tipo penal. De ser así, sostiene la denunciada, no estaría facultada para solicitar el giro del impuesto, lo cual se ha acompañado mediante el respectivo documento denominado “convenio de pago”. Por todo lo anterior solicita dar lugar a los descargos y que se tengan por aceptados todos y cada uno de los puntos especificados en el convenio consistente en la aceptación del impuesto total adeudado, autorizando desde ya dicho convenio, el que se obligará a pagar dentro del plazo y forma establecido por la Tesorería General de la República. Por todo lo expuesto, solicita: 1.- Tener por formulados los descargos respecto del Acta de Denuncia Nº 1- 2025, emanada del Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional de Copiapó y en definitiva “tener por aceptado el reconocimiento” (sic) por parte del contribuyente MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA y 10 por cumplido el pago del impuesto total que se encuentra reconocido expresamente. 2.- Tener por reconocido por parte de la denunciada, al haber aceptado, corregido y realizado el pago del impuesto total adeudado, actuando de buena fe, no existiendo intención manifiesta maliciosa o dolosa, tendiente a causar perjuicio al fisco, “y de esta forma a continuar, y dar por cerrado el presente proceso tributario”, sic. 3.- “Que, asimismo se solicita que no sea aplicable (la) multa a beneficio fiscal, respecto del contribuyente anteriormente mencionado, en razón de los fundamentos anteriores, además de que, sí impuesta alguna multa, esta afectará directamente el giro social, pudiendo inclusive solicitar la declaración en procedimiento voluntario concursal, por ser excesivo el monto total aplicable, a título de impuesto multa, por parte de SS.”, sic. 4.- “O bien lo que SS., estime en derecho fijar, con costas”. A fojas 81, el Tribunal tuvo por formulados los descargos de la denunciada y se confirió traslado al Servicio. A fojas 90 y siguientes, la denunciante evacuó el traslado anterior, en el cual contestó los descargos formulados por la denunciada, expresando lo siguiente: En primer lugar y en relación con los principios o garantías constitucionales tributarias supuestamente infringidas por el fiscalizador del Servicio, don Rafel Bow Peralta, afirma el SII que la denunciada no señaló de qué forma se produjo la infracción a tales garantías, puesto que en sus descargos sólo expuso dogmáticamente las referidas garantías, pero no indicó las actuaciones del fiscalizador que atentaran en contra de dichos principios. Por lo anterior, señala que la referida Acta se emitió en ejercicio de las facultades que los artículos 161 y 162 del Código Tributario confieren al SII, en el contexto del procedimiento de recopilación de antecedentes regulado en las normas citadas y en su Circular N°58 de 2022, por lo que el Acta de Denuncia impugnada se ajusta al principio de legalidad. 11 Afirma que respecto al principio de igualdad, tampoco existe vulneración, por cuanto, la acción penal tributaria y el Acta de Denuncia de autos se ejercen respecto de quienes incurren en hechos constitutivos de delitos tributarios, sin distingos de ninguna especie. En cuanto a la generalidad, sin perjuicio que el Acta de Denuncia no importa vulneración alguna a este principio, afirma que la referencia a exenciones tributarias resulta impertinente, por cuanto se está conociendo de una conducta punible, lo que implica que las eventuales circunstancias que modifiquen la responsabilidad de la denunciada son las propias de la responsabilidad penal, más no exenciones tributarias. Igualmente le parece impertinente a la denunciante la argumentación respecto del derecho de propiedad, puesto que la ley estableció como sanción la privación de parte del patrimonio del contribuyente mediante la aplicación de una multa, lo cual no es vulneratorio del derecho, más aun existiendo en forma previa a la perpetración del hecho la descripción del hecho punible y la multa aplicable, del cien al trescientos por ciento de lo defraudado. Con respecto del principio de protección jurisdiccional, asevera que resulta del todo incomprensible que la denunciada argumente una lesión a este principio, debido a que los descargos que hizo valer en estos autos, demuestran de manera incontrovertible que accedió sin traba alguna al ejercicio de dicha protección, mediante asistencia letrada ante el Tribunal, cuya función consiste en conocer la acción interpuesta en el marco del debido proceso, lo que ha sido estrictamente observado en autos. A continuación, reitera los antecedentes que recopiló en el respectivo procedimiento para emitir el Acta de Denuncia N°1-2025, los que afirma serán allegados en la oportunidad procesal que corresponda, para acreditar, más allá de toda duda razonable, la efectividad del hecho punible denunciado por este Servicio, siendo procedente la aplicación de la sanción pecuniaria que el artículo 97 N°4 inciso 2° del Código Tributario establece en caso de verificarse dicha 12 conducta típica. Posteriormente el SII pretende desvirtuar la alegación de la denunciada consistente en que no correspondería imponer la multa, por la existencia de un convenio de pago suscrito entre la denunciada con la Tesorería General de la República. Alega que lo anterior descansa en un manifiesto error de derecho, por cuanto el objeto del Acta de Denuncia no es determinar diferencias de impuestos y proceder a su cobro, sino que es obtener que se imponga la sanción pecuniaria asignada al delito tributario. Por lo que el legislador ha consagrado en el artículo 105 inciso final del Código Tributario la regla de la independencia de la aplicación de la sanción pecuniaria respecto del cobro civil de los impuestos. También menciona que el artículo 111 inciso 1° del mismo cuerpo legal indica que en los procesos criminales generados por infracción a las normas tributarias, la circunstancia de que el hecho punible no genere perjuicio al Fisco, como también el pago del impuesto debido, con sus intereses y sanciones pecuniarias, serán causales atenuantes de responsabilidad penal. En el mismo sentido el artículo 162 inciso 5° del Código Tributario dispone que la interposición de la acción penal o denuncia administrativa no impedirá al Servicio proseguir los trámites inherentes a la determinación de los impuestos adeudados y no inhibe al Juez Tributario y Aduanero para conocer o continuar conociendo y fallar la reclamación tributaria correspondiente. Por lo tanto, lo pretendido por la denunciada en orden a que se tenga por cumplido el pago del impuesto en el mes de febrero del año 2025, es a juicio del Servicio, impertinente e irrelevante para los efectos del Acta de Denuncia de autos, en virtud del principio de independencia de las responsabilidades penal y civil tributaria, del modo antes explicado. Por lo expuesto, reitera que el Acta de Denuncia N°1-2025, se ha ajustado a derecho, que se acreditarán las conductas infractoras que se sancionan en aquélla, que carece de toda relevancia el pago de los impuestos adeudados, por lo 13 que solicita el rechazo de los descargos al Acta señalada, todo ello con expresa condena en costas. A foja 98, se recibió la causa a prueba, fijándose como puntos de prueba: “1.- Antecedentes y circunstancias de hecho que acrediten haber incurrido la denunciada MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA, en la infracción tributaria descrita y sancionada en el artículo 97 N°4, inciso segundo del Código Tributario, conforme a lo establecido en el Acta de Denuncia N°1 de 17 de enero de 2025, emitida por la III Dirección Regional Copiapó del Servicio de Impuestos Internos. 2.- Antecedentes y circunstancias de hecho que acrediten la improcedencia de la multa correspondiente a la infracción tributaria descrita y sancionada en el artículo 97 N°4, inciso segundo del Código Tributario, emitida por la III Dirección Regional Copiapó del Servicio de Impuestos Internos. 3.- Antecedentes y circunstancias de hecho que acrediten la efectividad de haberse infringido los principios de legalidad, igualdad, generalidad, propiedad y protección jurisdiccional en el procedimiento administrativo que culminó con la denuncia formulada”. La resolución anterior fue notificada a las partes según consta a fojas 99 y siguientes. A fojas 169 se certificó el vencimiento del término probatorio, quedando el expediente en estado de fallarse a fojas 170. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la III DIRECCIÓN REGIONAL COPIAPÓ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, actualmente representada y patrocinada por don MIGUEL ÁNGEL AVILÉS COREY y por los apoderados, don DIEGO ARAYA ÁLVAREZ y don ARIEL GONZÁLEZ FLORES, emitió el Acta de Denuncia N°1- 2025, que dio origen al presente Procedimiento General de Aplicación de Sanciones, en contra de la contribuyente MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA, representada legalmente por José Daniel Bardawil 14 Chakar, en la que se le imputa la comisión de la infracción tipificada y sancionada en el inciso 2° del número 4° del artículo 97 del Código Tributario, por cuanto en los periodos tributarios de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo del 2024, mediante Ia incorporación de 7 facturas que darían cuenta de servicios no acreditados y que fueron calificadas por el Servicio de “maliciosamente falsas” emitidas por 2 contribuyente, aumentó indebidamente los Créditos Fiscales IVA que tenía derecho a hacer valer, en relación con las sumas que debía enterar en arcas fiscales, registrando y declarando dichos créditos en sus Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los periodos tributarios antes señalados, generando un perjuicio fiscal de IVA ascendente a $8.148.900.-. Funda su acción en las circunstancias de hecho y derecho ya referidas precedentemente, razón por la cual se tendrán en esta parte por reproducidas. SEGUNDO: Que a su vez, MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA patrocinada y representada judicialmente por el abogado don Gonzalo Cangas Espinoza, RUT 12.247.812-2, realiza los descargos al Acta de Denuncia N°1-2025, de acuerdo a lo señalado en la parte expositiva de esta sentencia, las que se tienen por reproducidas en esta parte. TERCERO: Que a fin de acreditar sus pretensiones, la parte denunciada acompañó al proceso con la debida ritualidad procesal el documento consistente en: 1. A fojas 83 y siguiente y 128 y siguiente, Captura de pantalla de detalle de convenio Propyme Fiscal N°s 19842 y 19849 con Tesorería General de la Republica (TGR) y la sociedad Mantención y Suministros Bardawil Florez SpA. 2. A fojas 110 y siguientes, Cartola tributaria histórica, desde el mes de enero de 2022 al mes de julio de 2025 y sus formularios 29, además de las declaraciones de impuesto de renta del año 2023, 2024 y 2025 de la Sociedad Mantención y Suministros Bardawil Florez SpA. 15 3. A fojas 125 vuelta y siguientes, captura de pantalla del sistema virtual del Servicio de Impuestos Internos, del libro compra indicando no incluir las facturas objetas de doña Olga Villalobos y Santjuliet Ltda. CUARTO: Que por su parte, el Servicio de Impuestos Internos acompañó del mismo modo la siguiente prueba documental: 1. A fojas 1, Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 29, correspondiente al mes de marzo de 2024 del contribuyente Mantención y Suministros Bardawil Florez SpA. 2. A fojas 2 y siguientes, Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 29, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2023 del contribuyente denunciado. 3. A fojas 5, Oficio Reservado RCO03.00 N°3 de 20 de enero de 2025, que remite acta de denuncia de la contribuyente Mantención y Suministros Bardawil Florez SpA. 4. A fojas 6, Copia de notificación N°16 de 17 de enero de 2025. 5. A fojas 7 y siguientes, Minuta N°02 de 26 de agosto de 2024. 6. A fojas 10 y siguientes, Minuta N°04 de 27 de diciembre de 2024. 7. A fojas 15 y siguientes, Declaración Jurada prestada ante funcionarios del Servicio de Impuestos Internos por Alexander André Quezada Pino, RUT:17.048.264-6, de fecha 8 de julio de 2024. 8. fojas 18 y siguiente, Declaración Jurada prestada ante funcionarios del Servicio de Impuestos Internos por Juan Pablo Robles Villalobos, RUT:15.578.376-1, de fecha 28 de mayo de 2024. 9. A fojas 20 y siguiente, Declaración Jurada prestada ante funcionarios del Servicio de Impuestos Internos por Giannis Gennesis Valeria Di Giovanni Ortiz, RUT:17.737.644-2, de fecha 2 de agosto de 2024. 10. A fojas 23, Declaración Jurada prestada ante funcionarios del Servicio de Impuestos Internos por José Daniel Bardawill Chakar, RUT:26.191.084-5, de fecha 31 de mayo de 2024. 16 11. A fojas 24 y siguientes, Factura emitida por Olga Eliana Villalobos Maturana, RUT: 7.115.504-8, folios 128, 132, 144 y 148. 12. A fojas 28 y siguientes, Factura emitida por Santjuliet Ltda., RUT: 77.695.009-2, folios 172, 210 y 223. 13. A fojas 31, Registro de compras de factura 172 emitida por Santjuliet Ltda., RUT:77.695.009-2. 14. A fojas 32, Registro de compras de factura 210 emitida por Santjuliet Ltda., RUT:77.695.009-2. 15. A fojas 33, Registro de compras de factura 223 emitida por Santjuliet Ltda., RUT:77.695.009-2. 16. A fojas 34, Registro de compras mes de diciembre de 2023 de la denunciada. 17. A fojas 35 y siguientes, Registro de compras meses de enero, febrero y marzo de 2024 de la denunciada. 18. A fojas 38 y siguientes, Registro de compras meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023 de la denunciada. 19. A fojas 41 y siguientes, Formulario 29 del contribuyente denunciado, correspondientes a los periodos de diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024. 20. A fojas 46 y siguientes, Acta de Denuncia N°01 de 17 de enero de 2025, en contra del contribuyente Mantención y Suministros Bardawil Florez SpA. 21. A fojas 138 y siguientes, Denuncia interpuesta por la Directoria (S) del Servicio de Impuestos Internos ante la Fiscalía Local de Copiapó, en contra de Alexander André Quezada Pino, RUT:17.048.264-6. 22. A fojas 149, Decisión de interposición de denuncia y acción infraccional, emitida por la Directora (S) del Servicio de Impuestos Internos. 23. A fojas 150 y siguiente, Correo electrónico conductor de denuncia a la Fiscalía Local de Copiapó. QUINTO: Que la denunciante además provocó la prueba testimonial 17 consistente en la declaración del fiscalizador tributario de la III Dirección Regional Copiapó del SII, don Rafael Bow Peralta, rolante a fojas 137, quien señaló que la actual recopilación de antecedentes se origina en la empresa Santjuliet. Se detectó que la denunciada presentaba facturas falsas de dicho proveedor y de Olga Villalobos Maturana, quien había declarado antes afirmando que las facturas objetadas eran irregulares. Es así como el 31 de mayo de 2024, concurrió al Servicio el representante de la denunciada, don José Bardawil, señalando que su contador es Alexander Quezada desde hace 6 meses, y que respecto de Olga Villalobos, sólo en diciembre de 2023 y enero de 2024, se prestaron servicios, pero montos bajos que no corresponden con las facturas registradas, agregando desconocer las facturas en el caso de Santjuliet. SEXTO: Que por aplicación de lo dispuesto en el inciso 13° del artículo 132 del Código Tributario, en relación al N°9 del artículo 161 del mismo cuerpo legal, la apreciación de la prueba en este procedimiento se debe realizar conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, tomando en consideración para efectos de valorarla y establecer los hechos, las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicamente aceptados. SÉPTIMO: Que para determinar sobre cual de las partes recae la carga de probar los hechos controvertidos fijados en autos, debe tenerse presente que al discutirse en este procedimiento la aplicación de una sanción por una infracción de naturaleza administrativa, esto es, constitutiva de una expresión del Derecho Administrativo sancionador, siendo entonces una manifestación en el orden administrativo del ius puniendi del Estado. Por lo anterior, deben aplicarse en la especie los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución Política de la República, pero debida y razonablemente atenuados atendida la naturaleza y particularidades propias de una sanción de índole administrativa y no estrictamente penal. En consecuencia, en lo que a la carga de la prueba se refiere, la norma contenida en el artículo 1698 del Código Civil, no tiene en el ámbito sancionatorio valor alguno, ya que siendo la prueba el elemento 18 que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente, resulta un contrasentido establecer como regla jurídica el deber de probar la inocencia cada vez que la misma resulte cuestionada. Por ello irremediablemente la carga de acreditar la existencia material de todo hecho ilícito, sea judicial o administrativo, recae siempre en el Estado; es una obligación que pesa sobre este último consistente en acreditar la veracidad de los hechos presuntamente ilícitos. En este orden de ideas, la denunciada resulta beneficiada con la presunción de inocencia, lo que hace recaer la carga de la prueba incriminatoria sobre la Administración sancionadora, es decir, el Servicio de Impuestos Internos. Siguiendo al profesor Correa Selamé: la inocencia es un estado de las personas, pues lo general es que ellas no cometan delitos y por ende, lo extraordinario es que los cometan y por tanto, siendo eso lo extraordinario, la culpabilidad debe probarse. OCTAVO: Que son hechos no discutidos en esta causa, que la denunciada es una sociedad por acciones, con giro en artículos de ferretería, construcción, repuestos y mantención de vehículos, que sus actividades empresariales declaradas se encuentran gravadas con el Impuesto de Primera Categoría, afecta al Impuesto a las Ventas y Servicios y que el Acta de Denuncia N°1-2025 formulada por el Servicio de Impuestos Internos impugna 4 facturas emitidas por doña Olga Villalobos Maturana y 3 emitidas por Santjuliet Limitada. NOVENO: Que de la lectura del Acta de Denuncia N°1-2025 rolante a fojas 46 y siguientes; de los descargos formulados a fojas 66 y siguientes y de la presentación de fojas 90 y siguientes del Servicio mediante el cual evacuó el traslado de los descargos, es posible establecer que se ha trabado discusión respecto a la efectividad de haber incurrido la denunciada MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA, en la infracción tributaria descrita y sancionada en el artículo 97 N°4, inciso segundo del Código Tributario, conforme a lo establecido en el Acta de Denuncia N°1 de 17 de enero de 2025; a los hechos que acrediten la improcedencia de la multa correspondiente a la infracción 19 tributaria del artículo 97 N°4, inciso segundo del Código Tributario y a la efectividad de haberse infringido los principios de legalidad, igualdad, generalidad, propiedad y protección jurisdiccional en el procedimiento administrativo que culminó con la denuncia formulada. DÉCIMO: Que atendidos los hechos controvertidos señalados en el considerando anterior, corresponde hacerse cargo de modo previo a la acreditación de la infracción tributaria, a la supuesta violación de los principios de legalidad, igualdad, generalidad, propiedad y protección jurisdiccional cometidos en la dictación del Acta de Denuncia N°1-2025. Que tal como asevera el Servicio en su presentación de foja 90 y siguientes, de la lectura de los descargos de la denunciada rolante a fojas 66 y siguientes, referida a esta primera alegación denominada por la denunciada en sus descargos como “Principios constitucionales que fueron vulnerados…”, se debe señalar que la denunciada sólo explica el sentido y alcance de los principios de legalidad, igualdad, generalidad, derecho de propiedad y protección jurisdiccional, pero no señala de qué manera concreta se han vulnerado dichos principios en el procedimiento de recopilación de antecedentes o en el acta de denuncia impugnada en autos. Por lo anterior, sin que sea posible advertir el fundamento de sus alegaciones y no avizorando este tribunal infracción alguna a los principios constitucionales denunciados, dichas alegaciones deberán rechazarse como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia. DÉCIMO PRIMERO: Que además alega la denunciada el pago del IVA supuestamente evadido correspondiente a las 7 declaraciones de IVA objetadas en el Acta de Denuncia N°1-2025, para lo cual la denunciada acompañó documentación a fojas 110 y siguientes, junto con el incidente promovido por dicha parte a fojas 131 y siguientes. Que aun cuando efectivamente se encontraran pagados los IVA crédito fiscal indebidamente utilizados por la denunciada según el Acta de Denuncia reclamada; tal como se expuso al resolver el referido incidente y como alegó el 20 Servicio en la contestación de descargos, el pago de los impuestos adeudados resulta irrelevante para determinar la existencia o no de la infracción tributaria denunciada, puesto que no existe norma legal que libere de responsabilidad al denunciado en dicho caso y porque el inciso final del artículo 105 del Código Tributario dispone que el ejercicio de la acción penal es independiente de la acción de determinación y cobro de los impuestos. A mayor abundamiento, habida consideración a que en estos autos se toma conocimiento de una denuncia efectuada por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la contribuyente MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA, conforme al artículo 161 del Código Tributario, en el que se discute la aplicación de una sanción por una infracción de naturaleza administrativa que es constitutiva de una expresión del Derecho Administrativo sancionador, manifestación del ius puniendi propio del Estado, en que el Servicio conforme a las facultades que le asisten, determinó perseguir la aplicación de una sanción pecuniaria respecto del eventual delito tributario que habría cometido la referida contribuyente, el que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inciso 2° del mismo cuerpo normativo. En este sentido, la circunstancia que la denunciada efectúe la rectificación de sus declaraciones impositivas y el pago de los impuestos adeudados, no es óbice para que el organismo fiscalizador solicite al respectivo Tribunal Tributario y Aduanero la aplicación de una sanción en los términos que contempla el legislador tributario ya referidas, por lo que tal como asevera el Servicio, el ejercicio de la acción penal es independiente de la acción de determinación y cobro de impuestos, por lo que la alegación de la denunciada resulta del todo improcedente. Que por lo antes analizado, deben rechazarse las peticiones de la denunciada en cuanto a acoger sus descargos fundado en la rectificación de sus declaraciones impositivas y pago de los impuestos relativos a las facturas objetadas no siendo procedente desestimar la maliciosidad en sus Declaraciones de IVA objetadas en la Denuncia debido a esos pagos. 21 DÉCIMO SEGUNDO: Que no existiendo otras alegaciones de la denunciada corresponde analizar la prueba aportada por el Servicio para acreditar la infracción tributaria denunciada en autos. Que en relación a la Minuta N°02, de 26 de agosto de 2024, denominada “Minuta de caso para evaluación de recopilación de antecedentes”, rolante a fojas 7 y siguientes; las declaraciones juradas de: Alexander André Quezada Pino, cónyuge de una de las socias de Santjuliet Ltda., emisora de 3 facturas impugnadas en autos; Juan Pablo Robles Villalobos, en representación de doña Olga Villalobos Maturana, emisora de 4 facturas objetadas y de Giannis Di Giovanni Ortiz y Mery Huerta Allendes, ambas representantes legales y socias de Santjuliet Ltda., rolantes a fojas 15 y siguientes; de las 7 facturas impugnadas de fojas 24 y siguientes; del registro de compras de fojas 31 y sgtes., formularios N°29 sobre Declaraciones de IVA de la denunciada rolantes a fojas 1 y siguientes y 41 y siguientes correspondientes a los periodos de IVA cuestionados y de la declaración testimonial rendida por el fiscalizador del SII don Rafael Bow Peralta a fojas 137, se observa que según el testimonio de Juan Pablo Robles Villalobos, representante legal de Olga Villalobos, emisora de 4 facturas, señaló conocer al denunciado, agregando que en ocasiones le prestó servicios de alimentación, pero no por los montos ni sumas señaladas en las 4 facturas cuestionadas, refiriendo que la única persona que pudo haberlas emitido es el contador Alexander Quezada Pino. Se agrega el testimonio de don José Bardawil Florez, representante de la denunciada, quien afirmó desconocer las 4 facturas emitidas por Olga Villalobos y las 3 emitidas por Santjuliet Ltda. Se debe tener presente además que la denunciada no aportó antecedente alguno para acreditar la efectiva prestación de servicios referidos en las facturas objetadas. A lo anterior, se agrega el testimonio de Mery Huerta Allendes, en representación de Santjuliet Ltda., quien declaró desconocer a la denunciada y a las 3 facturas emitidas por Santjuliet, afirmando que los servicios mencionados en esas facturas no se prestaron. 22 DÉCIMO TERCERO: Que doña Giannis Di Giovanni Ortiz, también en representación de la supuesta proveedora Santjuliet Ltda., declaró desconocer las circunstancias relativas a las 3 facturas emitidas por su representada y cuestionadas. En su declaración ante el SII, don Alexander André Quezada Pino, señaló que en ocasiones le prestó asesorías contables a la denunciada. En cuanto a las 3 facturas emitidas por Santjuliet, afirmó que no correspondía haberlas hecho porque no eran servicios de la empresa, puesto que éstos no se prestaron, por lo que se estaba regularizando la situación. DÉCIMO CUARTO: Que todas las aseveraciones de los testigos antes referidos fueron confirmadas por el fiscalizador del SII, don Rafael Bow Peralta, quien depuso en autos a foja 137, confirmando que tomó dichas declaraciones personalmente, las cuales rolan a fojas 15 y siguientes. DÉCIMO QUINTO: Que de los testimonios antes resumidos, es posible establecer que ni el representante de la denunciada don José Bardawil Florez, ni doña Giannis Di Giovanni Ortiz y doña Mery Huerta Allendes, socias y representantes de Santjuliet Ltda., emisora de 3 facturas; ni su asesor contable Alexander Quezada Pino, ni Juan Pablo Robles Villalobos representante de Olga Villalobos Maturana, emisora de 4 facturas cuestionadas, conocían las 7 facturas objetadas rolantes a fojas 24 y siguientes, ni su contenido y desconocen la efectividad de haberse comprado o vendido los alimentos y prestado o utilizado los servicios que en ellas se mencionan y menos por los montos que señalan dichas facturas. DÉCIMO SEXTO: Que en base a los antecedentes antes expuestos y analizados a saber; declaraciones juradas de los representantes legales de los supuestos proveedores de los servicios que dan cuenta las facturas cuestionadas, del testimonio del representante legal de la contribuyente denunciada, sus formularios 29, registro de compras de los periodos cuestionados, facturas impugnadas y declaración testimonial del fiscalizador tributario, se debe dar por 23 acreditada la inexistencia de las operaciones que describen las 7 facturas cuestionadas por el Servicio en su Acta de Denuncia N°1, y en consecuencia la falsedad ideológica de aquellas, no pudiendo el organismo fiscalizador verificar las actividades del supuesto proveedor, circunstancias que en su conjunto permiten tener por acreditada lo denunciado en el Acta N°1/2025, por lo que MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA, durante los periodos tributarios de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024, mediante Ia incorporación de 7 facturas “maliciosamente falsas”, 4 de ellas proveniente de doña Olga Villalobos Maturana (N°s 128, 132, 144 de 2023 y 148 de 2024) y 3 provenientes de Santjuliet Ltda. (N°s 172 de 2023 y 210 y 223 de 2024) aumentó indebidamente los Créditos Fiscales IVA que tenía derecho a hacer valer en relación con las sumas que debía enterar en arcas fiscales, registrando y declarando dichos créditos en sus Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los periodos tributarios antes señalados, permitiendo disminuir de manera considerable el lmpuesto al Valor Agregado que realmente debió enterar en arcas fiscales. DÉCIMO SÉPTIMO: Que en cuanto al uso malicioso que hiciera la denunciada de las facturas cuya falsedad ha sido establecida en autos, es dable sostener que las maniobras realizadas las desplegó intencionalmente, esto es, maliciosamente con el claro propósito de aumentar el verdadero monto del crédito fiscal que tenía derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que debía pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado. En efecto, la existencia de la malicia exigida en el tipo infraccional, se desprende de la documentación falsa y de la inexistencia de las operaciones que se consignan en las 7 facturas, como también del hecho de haber sido incluidas en el libro de compras y ventas, según consta a fojas 31 y siguientes, con la intención de obtener una rebaja impositiva, amén de las declaraciones antes señaladas de las propias representantes de la denunciada en cuanto a desconocer las operaciones cuestionadas, por lo que no cabe sino inferir que existen antecedentes que reúnen las características de 24 gravedad, precisión y concordancia suficientes para tener por acreditado que la denunciada sabía o no podía menos que saber que con su actuar estaba aumentando indebidamente el verdadero monto del crédito o imputaciones que tenía derecho a hacer valer y con ello disminuir el pago del Impuesto al Valor Agregado. De esta manera, es posible establecer que en la especie fueron acreditados los requisitos exigidos por el legislador para la configuración de la infracción del inciso 2° del artículo 97 N° 4 del Código Tributario denunciada en estos autos. DÉCIMO OCTAVO: Que atendido a que el Director del Servicio de Impuestos Internos, en uso de facultades que le son privativas, decidió sólo perseguir la aplicación de una multa que procediere por los hechos denunciados, corresponde a este tribunal aplicar la sanción pecuniaria contemplada en el inciso 2° del artículo 97 N° 4 del Código Tributario, para cuyo objeto resulta esencial determinar el monto de lo defraudado. De esta manera y de acuerdo al acta de denuncia, sus antecedentes de respaldo, formularios 29 y libro de compras y ventas aparece, conforme da cuenta el cuadro resumen siguiente, que el perjuicio al interés fiscal es de $8.418.900.-, por concepto de Impuesto al Valor Agregado que la denunciada no enteró en arcas fiscales, producto de haber aumentado maliciosamente los créditos fiscales que tenía derecho a hacer valer en relación con las cantidades que debía pagar, generando con ello un menor pago de impuesto. Período Fecha Presentación Folio 29 Monto Crédito Fiscal 09-2023 20-10-2023 7772485556 1.007.000 10-2023 19-11-2023 7788355416 2.000.700 12-2023 19-01-2024 7829906056 1.406.000 01-2024 20-02-2024 7852672086 801.800 11-2023 19-12-2023 7809153536 1.501.000 02-2024 18-03-2024 7867533706 600.400 03-2024 18-04-2024 7891424116 1.102.000 Total perjuicio fiscal 8.418.900 25 DÉCIMO NOVENO: Que en relación a la multa correspondiente, la denunciada alega su improcedencia en el punto 3.- de la parte petitoria de sus descargos: “…en razón de los fundamentos anteriores, además de que sí impuesta alguna multa, esta afectará directamente el giro social, pudiendo inclusive solicitar la declaración en procedimiento voluntario concursal, por ser excesivo el monto total aplicable, a título de impuesto multa, por parte de SS”, sic. Dichas alegaciones no resultan atendibles puesto que no se advierte una razón fáctica o jurídica que permita acogerlas. Lo anterior debido a que la supuesta afectación de su giro social, no es una causa legal para no fijar multa, como tampoco lo es el supuesto procedimiento concursal que promovería en caso de aplicársele la multa. Por todo ello, el monto de la sanción pecuniaria se determinará a continuación. VIGÉSIMO: Que conforme con lo establecido en el artículo 107 del Código Tributario, la sanción aplicable debe determinarse tomando en consideración la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad señaladas en sus numerales, las cuales pueden operar como agravantes o atenuantes, según el caso. Que al respecto, el organismo fiscalizador no ha alegado la concurrencia de ninguna circunstancia modificatoria, sino la reiteración de infracciones acorde a lo prescrito en el artículo 112 del Código Tributario, al haberse incurrido en la infracción denunciada en más de un ejercicio comercial anual, según dispone el inciso 2° del mismo artículo. Que tal como se estableció precedentemente en esta sentencia, los ejercicios comerciales anuales en los que la denunciada incurrió en la infracción del inciso 2°, numeral 4° del artículo 97 del Código Tributario, corresponden a los años 2023 y 2024, por lo que en principio cabría aplicar el aumento de la sanción legal, según lo señalado en los incisos 1° y último del artículo 351 del Código Procesal Penal: 26 “En los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados. … Para los efectos de este artículo, se considerará delitos de una misma especie aquellos que afectaren al mismo bien jurídico”. Sin embargo, la multa establecida en el inciso 2°, numeral 4, del artículo 97 del Código Tributario, debe aplicarse desde el cien por ciento al trescientos por cientos de lo defraudado. VIGÉSIMO PRIMERO: Que considerando que no existen en autos antecedentes respecto a la calidad de reincidente del denunciado en infracciones de la misma especie o semejantes, le benefician las atenuantes de los numerales 1 y 2 del artículo 107 del Código Tributario, esto es, no tener la calidad de reincidente en infracciones de la misma especie o de otras semejantes. La circunstancia de haber realizado la denunciada dos convenios de pago con la Tesorería General de la República, conforme da cuenta el documento de fojas 128 y 129, no permite considerar la aplicación de una multa inferior al mínimo establecido por el legislador ya que no se ha probado que exista un resarcimiento efectivo al perjuicio fiscal en los términos del artículo 111 bis del Código Tributario. En efecto, si bien los valores por los que fueron suscritos ambos convenios totalizan un monto superior al exigido por el Servicio, el pago efectivo de éstos es inferior al 50% del monto del impuesto adeudado. Así, en el caso del convenio N°19849, comprometió el pago de $4.439.484.-, el que pactó en 18 cuotas de las cuales ha pagado 7, cuyo monto asciende a $1.726.466.-, y en el caso del convenio N°19842, acordó el pago de $8.617.042.-, pactando 49 cuotas de las cuales pagó 7, por un total de $1.231.006.-, lo que da cuenta que no se acreditó el pago de al menos el 50% del monto del impuesto adeudado exigido por el legislador en el referido artículo 111 bis, no pudiendo en consecuencia entender que hubo un efectivo o considerable resarcimiento al perjuicio fiscal 27 causado. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que así las cosas, al favorecerle dos atenuantes, no perjudicarle ninguna agravante, pero sí la figura de la reiteración de infracciones tributarias antes establecida, de conformidad al artículo 107 del Código Tributario, se aplicará la multa en el mínimo del quantum como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia, ponderando las diversas circunstancias, acorde a la sana crítica. VIGÉSIMO TERCERO: Que analizadas las demás pruebas rendidas y antecedentes aportados en autos, en nada alteran lo razonado y concluido precedentemente. En mérito de lo expuesto, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 97 N°4 inciso 2, 105, 107, 111, 115, 132 inciso 14, 161 y 162, todos del Código Tributario; artículo 23 N°5 del Decreto Ley N°825 de 1974; artículos; 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, y demás normas legales pertinentes, SE RESUELVE: I.- HA LUGAR al Acta de Denuncia N°1-2025, de 17 de enero de 2025 emitida por la III DIRECCIÓN REGIONAL COPIAPÓ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS en contra de la denunciada MANTENCIONES Y SUMINISTROS BARDAWIL FLOREZ SPA, todos ya individualizados, por la infracción tributaria descrita y sancionada en el inciso 2° del artículo 97 N°4 del Código Tributario, confirmándose el Acta de Denuncia N°1-2025 en todas sus partes. II.- APLÍQUESE a la denunciada una multa de $8.418.900.-, por la infracción antes mencionada, equivalente al 100% del Impuesto al Valor Agregado defraudado, monto que deberá ser ajustado de conformidad a lo prescrito en el artículo 53 del Código Tributario. III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS a la parte vencida, por haber tenido motivo plausible para litigar. IV. El Director Regional del Servicio de Impuestos Internos dispondrá el 28 cumplimiento administrativo del presente fallo, según lo contemplado en el numeral 6° de la letra B del artículo 6° del Código Tributario. NOTIFÍQUESE la presente sentencia a la parte denunciada mediante su publicación en el sitio en Internet del Tribunal y dese aviso a la dirección de correo electrónico de las partes que lo hayan solicitado. NOTIFÍQUESE asimismo a la parte denunciante por medio de carta certificada remitida al domicilio registrado en autos, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 131 bis del Código Tributario. RUC 25-9-0000059-4 RIT GS-04-00003-2025 ANÓTESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE en su oportunidad. DICTADA POR DOÑA MARÍA LUISA LOBO GUÍÑEZ, JUEZA DEL TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA REGIÓN DE ATACAMA. AUTORIZADA POR DON LORENZO MENA ACOSTA, SECRETARIO ABOGADO. Cuantía neta UTM: 124,84 Multa UTM: 0 Reajuste UTM: 0 Intereses UTM: 0 Cuantía Bruta UTM: 124,84 Maria Luisa Lobo Guiñez Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal Atacama 2026-01-30T12:37:52-0300 Chile Firma Avanzada TTA