Reclamo tributario: resolución

Ochenta y tres -83- “COMERCIAL FUTURO LIMITADA con SII Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente” RUC N° : 16-9-0000274-6 RIT N° : GR-18-00028-2016 Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTOS: A fojas 1, complementado a fojas 17, comparece don Víctor Marcelo Toledo Machuca, abogado, RUT N°12.700.453-6, en representación de COMERCIAL FUTURO LIMITADA, RUT N°77.452.920-9, sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados en Luis Thayer Ojeda N°0191, Piso N°2, Oficina N°207, Edificio Manhattan, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, quien, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 124 y siguientes del Código Tributario, deduce reclamo en contra de la Resolución Exenta N°2053, emitida con fecha 21 de diciembre de 2015, por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos (en adelante, SII), solicitando dejarla sin efecto y que se declare la procedencia de la solicitud de devolución por concepto de pago provisional por utilidades absorbidas (en adelante, PPUA) realizada por Comercial Futuro Limitada en su declaración de impuesto a la renta correspondiente al año tributario (en adelante, AT) 2015 por $77.689.775.-, o bien la suma mayor o menor que el Tribunal determine conforme el mérito de autos, con expresa condenación en costas, en virtud de los siguientes fundamentos: En el capítulo de su reclamo titulado: “LOS HECHOS”, explica que con fecha 30/04/2015 mediante la declaración de impuesto a la renta correspondiente al AT 2015, don Carlos Fernando Judas Tadeo Isacc Selaive, Rut N°3.639.438-2, en representación de Comercial Futuro Limitada, Rut N°77.452.920-9, ambos domiciliados en Vitacura N°6710, departamento A-1, Vitacura, solicitó la devolución de un saldo a favor del contribuyente ascendente al monto de $77.689.775.- por concepto de PPUA. Agrega que, el antecedente que acredita la procedencia de la pérdida tributaria, desde su origen, consiste en una inversión realizada en la sociedad Constructora e Inmobiliaria Los Nogales Limitada, Rut N°96.921.300- 1. Añade que, esta sociedad efectuó termino de giro según consta en declaración y certificado de termino de giro. Expone que el término de giro es un proceso de revisión completo de los antecedentes tributarios del contribuyente y en caso de que no exista ninguna obligación tributaria pendiente se emite el denominado certificado de término de giro (incluido en el Formulario 2121) que acredita el cumplimiento íntegro de las obligaciones tributarias del contribuyente. Expresa que el SII con el objeto de verificar la exactitud de las declaraciones, notificó a la reclamante para que aportara variada documentación que detalla. Agrega que, a fin de satisfacer lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario una mandataria del contribuyente con poder suficiente concurrió en varias oportunidades al SII para aportar la documentación de respaldo que acredita la procedencia del PPUA solicitado, no obstante, la entrega de dicha información documental fue rechazada de forma verbal por el funcionario del SII aduciendo como excusa, falta de antecedentes completos en cada oportunidad y haciendo referencia a documentación no solicitada anteriormente, que por lo demás es absolutamente impertinente al proceso y que además ya se encuentra en poder del SII atendido el término de giro de la sociedad en que se realizó la inversión. En consecuencia, se impidió en los hechos que el contribuyente pudiese acreditar fehacientemente la pérdida tributaria y los créditos por concepto de Impuesto de Primera Categoría. En el capítulo de su libelo denominado: “EL DERECHO”, indica que la Ley sobre Impuesto a la Renta (en adelante, LIR), en su artículo 31 N°3 establece que es posible deducir de las utilidades afectas al Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación a6f4f9fe351e4d34a4af08c90709e244 Timbre Electrónico Ochenta y tres vuelta -83 vta.- Impuesto de Primera Categoría todas las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año comercial que se está declarando con la determinación de la Renta Líquida Imponible (en adelante, RLI), incluyéndose dentro de este concepto detrimentos patrimoniales producidos por delitos contra la propiedad; pérdidas (determinadas según las leyes chilenas) de agencias en el extranjero de empresas chilenas; pérdidas de ejercicios anteriores, debidamente actualizadas por la variación del IPC por todo el ejercicio en declaración; y, todo detrimento producido por operaciones afectas al Impuesto de Primera Categoría. Agrega que, cuando se obtiene un resultado negativo o pérdida tributaria, podrá ser imputado a las utilidades acumuladas, es decir, al FUT, para producir su absorción. Añade que, si éstas no existen o son insuficientes, se podrá arrastrar el saldo hacia los ejercicios siguientes, y si en ese período futuro aún no hay utilidades suficientes para absorber este resultado negativo, se procederá en igual forma hacia adelante hasta lograr su total extinción sin considerar un límite temporal. Manifiesta que el SII puede ejercer sus potestades legales de fiscalización por todo el período que genero la pérdida que se está declarando en algún ejercicio, sin considerar los años de prescripción previstos en el artículo 200 del Código Tributario, pues este lapso sólo restringe la posibilidad de girar impuestos y no dice relación con la facultad de revisión y solicitud de antecedentes. Agrega que, el ejercicio de esta facultad exige el respeto de los derechos del contribuyente, para así evitar situaciones arbitrarias o injustas, como las indicadas en el presente reclamo. Menciona que el PPUA es el Impuesto de Primera Categoría que pagaron las utilidades que han absorbido la pérdida. Agrega que, este impuesto era un crédito que estaba esperando ser aplicado contra el Impuesto Global Complementario, cuando se realizaran retiros o distribuyeran dividendos, sin embargo, la pérdida cambio el destino de este impuesto, dejando de ser crédito, ante la imposibilidad de retirar las utilidades, resultando procedente la devolución. Señala en sus partes pertinentes lo dispuesto en el artículo 124 y 8 bis Nos. 1 y 2 del Código Tributario. A fojas 23, se tiene por interpuesto reclamo y se confiere traslado a la reclamada para contestar. A fojas 28, comparece doña Virginia San Juan Ubilla, abogado, en representación de la reclamada, quien, evacuando el traslado conferido en autos, solicita que se rechace íntegramente el reclamo presentado, se confirme la Resolución reclamada y se condene en costas al reclamante, en virtud de los siguientes fundamentos: En el capítulo de su contestación titulado: “ANTECEDENTES DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA”, explica que la reclamante presentó su declaración de impuesto a la renta correspondiente al AT 2015 solicitando una devolución por $78.696.887.-, de los cuales se retuvo la suma de $77.689.775.-, por concepto de PPUA. Agrega que, en dicha declaración se detectaron inconsistencias respecto de la procedencia de la devolución solicitada de modo que se le requirió, a través de la Notificación N°150101936 de fecha 01/07/2015 para que concurriera el día 21/08/2015 a fin de acreditar la procedencia de la devolución por concepto de PPUA con la documentación de respaldo que detalla. Añade que, con fecha 21/08/2015 el contribuyente concurrió a las dependencias del SII, oportunidad en que se le detalló la documentación necesaria para cerrar el proceso de revisión de las operaciones que generan la pérdida tributaria declarada al 31/12/2014 y/o las utilidades y créditos por Impuesto de Primera Categoría imputados a dicha pérdida, no obstante, la reclamante no dio respuesta a este requerimiento, por lo que, al carecer de los elementos necesarios para verificar la pérdida declarada y determinar la procedencia del crédito por PPUA impetrado, se procedió a dictar la Resolución reclamada. En el capítulo de su libelo denominado: “IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO”, en primer lugar, expone sobre la legalidad y validez de la Resolución, señalando que conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N°19.880, los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez conociendo por la vía Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación a6f4f9fe351e4d34a4af08c90709e244 Timbre Electrónico Ochenta y cuatro -84- jurisdiccional. Agrega que, cualquier ilegalidad, sea de fondo o de forma que acuse al acto administrativo, en este caso una Resolución, debe ser debidamente probada, fundamentada y de gravedad suficiente para restarle validez. Añade que, el artículo 21 del Código Tributario, en su inciso primero, otorga la carga probatoria a los contribuyentes, al disponer que a ellos corresponde probar la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. Afirma que, en la especie el contribuyente no acompañó al respectivo proceso de fiscalización los antecedentes requeridos a fin de dar solución a su situación tributaria. En segundo término, expresa que no corresponde devolver impuestos por el sólo hecho que se deja sin efecto una resolución, pues el debido resguardo del patrimonio fiscal exige que toda devolución de impuestos esté debidamente sustentada en antecedentes que acrediten el derecho invocado, por lo que, aún en el hipotético caso de que un Tribunal deje sin efecto una resolución administrativa que deniega una devolución de impuestos, éste sólo hecho no conlleva necesariamente la devolución pretendida. En tercer lugar, se refiere a la acreditación de las pérdidas tributarias y devolución de PPUA, detallando los presupuestos básicos que el contribuyente debió acreditar en sede administrativa respecto de su solicitud de PPUA. Indica que conforme lo dispone la legislación tributaria, en el caso de un contribuyente de primera categoría que declare renta efectiva con contabilidad completa y balance general, como es el caso del contribuyente, éste deberá determinar su resultado tributario de acuerdo a los artículos 29 al 33 de la LIR. Agrega que, para que un gasto pueda ser calificado de necesario para producir la renta y, por consiguiente, susceptible de ser rebajado en la determinación de la RLI de primera categoría, debe reunir los siguientes requisitos copulativos: 1) que se relacione directamente con el giro o actividad que se desarrolla; 2) que se trate de gastos necesarios para producir la renta, entendiéndose por tales aquellos desembolsos de carácter inevitables u obligatorios en relación con el giro del negocio, considerándose su monto y naturaleza; 3) que no se encuentren ya rebajados como parte integrante del costo directo de los bienes y servicios requeridos para la obtención de la renta; 4) que el contribuyente haya incurrido efectivamente en el gasto, sea que éste se encuentre pagado o adeudado al término del ejercicio; y, 5) que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el SII. Manifiesta que en materia tributaria el artículo 21 del Código Tributario señala expresamente que la carga de la prueba corresponde siempre al contribuyente y en relación con lo anterior según lo dispuesto en el artículo 17 del mismo cuerpo legal, junto con la obligación de llevar los libros de contabilidad respectivos, el contribuyente debe conservar la documentación correspondiente que respalda dichas anotaciones, sin embargo, durante el proceso de fiscalización no fue acompañada la documentación de rigor culminando el proceso administrativo con la dictación de la Resolución reclamada, sin perjuicio de que en sede administrativa de fiscalización tampoco se acreditó el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el artículo 31 de la LIR. En cuarto término, menciona que el reclamante no tiene derechos indubitados respecto de la solicitud de devolución efectuada en su declaración de impuestos, pues no existe un derecho de propiedad sobre el monto solicitado, sino, por el contrario, sólo existe una mera expectativa del contribuyente, ya que el monto de la devolución es revisable por el SII atendida la existencia de disposiciones legales que así lo contemplan. Agrega que, toda declaración de impuesto tiene el carácter de provisoria, puesto que pueden ser siempre revisadas por parte del SII dentro de los plazos legales, teniéndose al efecto la facultad de verificar la certeza, legalidad y verosimilitud del derecho que invoca un contribuyente en su declaración de impuesto. En quinto lugar, refiere que la legalidad de la Resolución debe analizarse al tiempo de su dictación sin poder dejarse sin efecto con nuevos antecedentes aportados en sede judicial, pues conforme lo establece el artículo 21 del Código Tributario, tratándose la actuación reclamada de una Resolución, no es posible que esta sea desvirtuada en base a nuevos argumentos esgrimidos con posterioridad a Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación a6f4f9fe351e4d34a4af08c90709e244 Timbre Electrónico Ochenta y cuatro vuelta -84 vta.- su dictación. Agrega que, la tarea del Tribunal consiste en determinar sí a la época de la dictación del acto reclamado la Administración actuó de acuerdo a sus facultades legales en mérito de los antecedentes de que disponía en ese momento, sin que pueda abocarse al estudio de nuevos antecedentes, de los cuales la entidad fiscalizadora no dispuso oportunamente. Añade que, debe reconocerse la aplicación del principio “tempus regit actum” conforme el cual la validez del acto administrativo debe ser apreciada de modo estático según las directrices normativas vigentes al tiempo de su dictación y a los motivos o fundamentos de hecho existentes y verificados en dicha oportunidad. En sexto término, señala que resulta improcedente vincular la situación tributaria de otro contribuyente con el caso de marras, ya que sin entrar a analizar la situación tributaria particular de Constructora e Inversiones Los Nogales Limitada, resulta necesario señalar que el hecho de que haya puesto fin a su giro y el SII no hubiere efectuado reparos al respecto, sólo tiene injerencia respecto de dicho contribuyente y no sobre la reclamante. Agrega que, la actora no identifica la supuesta inversión realizada ni acredita de qué manera la misma habría influido en el resultado tributario de la primera y, sobre todo, de qué forma dicho hecho permitiría tener por acreditada la pérdida tributaria de la sociedad Comercial Futuro Limitada y por ende la procedencia del PPUA impetrado. En séptimo lugar, expone que el procedimiento de reclamación tributaria no es la vía idónea para reclamar por una supuesta vulneración de derechos del contribuyente, reiterando lo ya expuesto a propósito de que la actora no tiene derechos indubitados respecto de la solicitud de devolución efectuada en su declaración de impuestos. Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, el inciso segundo del artículo 8 bis del Código Tributario, establece que el reclamo en contra de actos u omisiones en que incurra el SII respecto de cualquiera de los derechos del contribuyente señalados en dicho artículo, serán de conocimiento del Tribunal Tributario y Aduanero con jurisdicción sobre el lugar en que se haya producido tal acto u omisión, a través del denominado procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos, regulado en los artículos 155 a 157 del Código Tributario, y no mediante el procedimiento general de reclamaciones, regulado en los artículos 123 y siguientes del mismo cuerpo legal, aplicado al caso en comento. A fojas 42, consta haberse recibido la causa a prueba por el término legal. A fojas 81, consta haber quedado los autos para fallo. CONSIDERANDO: I.- CUESTIONES PRELIMINARES. 1°) Que, conforme al mérito de la inobjetada instrumental, acompañada e individualizada en el N°3 de fojas 17, la Resolución Ex. SII N°2053, emitida con fecha 21/12/2015, por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII, agregada de fojas 18 a 20, resolvió denegar la devolución solicitada ascendente al monto de $77.689.775.- por concepto de PPUA en la declaración de impuesto a la renta AT 2015. Los principales fundamentos fácticos de la Resolución reclamada radican en que, con fecha 01/07/2015 se remitió por carta certificada la Notificación N°150101936, en la cual se informó al contribuyente que de la revisión practicada a su declaración de impuesto a la renta correspondiente al AT 2015 y de acuerdo a la información que obra en poder del SII habrían surgido objeciones consistentes en la Observación F77, requiriéndose acreditar la procedencia del PPUA invocado, motivo por el cual con fecha 21/08/2015 la reclamante habría concurrido a dependencias del SII, notificándosele en dicha oportunidad una solicitud de antecedentes mediante la cual se habría detallado la documentación necesaria para cerrar el proceso de revisión de las operaciones que habrían generado la pérdida tributaria declarada al 31/12/2014 y/o las utilidades y créditos por Impuesto a la Renta de Primera Categoría imputados a ésta, sin embargo, éste no habría aportado los antecedentes expresamente requeridos mediante la Notificación N°150101936, como tampoco en la solicitud de antecedentes otorgada o sus prórrogas para proceder a verificar la veracidad y exactitud Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. 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A su vez, los fundamentos jurídicos de la Resolución son lo dispuesto en los artículos 6° letra B N°5, 21 y 59 del Código Tributario y los artículos 31 N°3 y 97 de la LIR. 2°) Que, de acuerdo al tenor de lo expuesto por las partes en sus escritos de discusión, la cuestión debatida se centra en determinar si corresponde dejar sin efecto la Resolución reclamada, en atención a que el funcionario fiscalizador del SII se habría negado a recibir la documentación requerida al contribuyente en la etapa de fiscalización y porque se habría producido una vulneración al derecho del contribuyente relativo a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias debidamente actualizadas según lo dispuesto en el artículo 8 bis N°3 del Código Tributario, estando además acreditada la pérdida tributaria declarada y la devolución por concepto de PPUA solicitada por la reclamante en su declaración de impuesto a la renta concerniente al AT 2015. 3°) Que los hechos no controvertidos de autos son los siguientes: - Con fecha 30/04/2015, la reclamante presentó su declaración de impuesto a la renta, correspondiente al AT 2015, solicitando una devolución por $78.696.887.-, de la cual $77.689.775.- corresponde al concepto de PPUA, siendo esta retenida por el SII atendida la observación F77 realizada a la aludida declaración de impuesto a la renta. - El SII requirió antecedentes a la reclamante para comprobar la exactitud de la información consignada en su declaración de impuesto a la renta del AT 2015, para subsanar la observación formulada a dicha declaración y para verificar la procedencia de la devolución solicitada. - Con fecha 21/12/2015, el SII practicó la Resolución Ex. SII N°2053, materia de estos autos. 4°) Que, según lo establecido en la sentencia interlocutoria de prueba de fojas 42, los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos de la causa son los siguientes: 1) Información consignada en la declaración de impuesto a la renta del año tributario 2015, la cual no obra en autos. 2) Información consignada en la resolución reclamada, la cual no obra en autos totalmente legible. 3) Efectividad de haberse proporcionado por la reclamante, durante la etapa de fiscalización, todos los antecedentes requeridos por la reclamada, para comprobar la exactitud de la información consignada en su declaración de impuestos a la renta del año tributario 2015, para subsanar las observaciones formuladas a dicha declaración y para verificar la procedencia de la devolución solicitada, así como el hecho que el fiscalizador se negó a recibirlos. 4) Antecedentes que acrediten la pérdida tributaria declarada el año tributario 2015 y los demás presupuestos de hecho que hacen procedente la devolución solicitada. 5°) Que la reclamante, con el objeto de acreditar los hechos que sirven de fundamento a su reclamo, se hizo valer de los siguientes elementos de convicción: - INSTRUMENTAL, que no fue objetada por la contraria, acompañada e individualizada en el primer otrosí de fojas 1, agregada de fojas 10 a 14; y, la acompañada e individualizada a fojas 17, agregada de fojas 18 a 20. 6°) Que, la reclamada, con el objeto de acreditar los hechos que sirven de fundamento a su contestación, se hizo valer de los siguientes elementos de convicción: - INSTRUMENTAL, que no fue objetada por la contraria, acompañada e individualizada a fojas 50, agregada de fojas 51 a 52. 7°) Que, antes de examinar la prueba aportada al proceso, cabe señalar que el artículo 132 del Código Tributario dispone que en los juicios tributarios la prueba será apreciada por el Juez Tributario Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. 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SII N°2053, emitida por el SII con fecha 21/12/2015, agregada de fojas 18 a 20, ya analizada en el considerando 1°) anterior. 9°) Que, en segundo término, corresponde analizar la inobjetada INSTRUMENTAL aportada por la reclamada, consistente en los siguientes documentos agregados al expediente: (1) Carta aviso N°150101936, emitida por el SII con fecha 01/07/2015, agregada a fojas 51 y 51 vuelta, mediante la cual se informa sobre diferencias en la declaración de impuesto a la renta AT 2015, referida a la observación F77 sobre revisión de PPUA, solicitandose a la actora concurrir a las oficinas del SII el día 21/08/2015 junto con la documentación que allí se detalla; y, (2) Declaración Anual de Renta de la reclamante AT 2015, formulario compacto, agregado a fojas 52, donde consta que declaró lo siguiente: a) PPUA con derecho a devolución por $77.689.775.- (cód.167); b) Pérdida Tributaria por $554.300.534.- (cód.643); c) Remanente FUT ejercicio anterior con derecho a devolución por $456.998.670.- (cód.774); d) Remanente de Crédito Impuesto Primera Categoría del año anterior por $95.737.930.-; y, e) Crédito Impuesto Primera Categoría utilizado en el ejercicio por $95.737.930.- (cód.627). II.- EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. 10°) Que, para un mejor análisis y resolución del asunto sub judice, en los siguientes considerandos se examinará separadamente cada una de las alegaciones en que la actora funda su petición de dejar sin efecto la Resolución reclamada. a) En cuanto a la negativa de recibir la documentación requerida al contribuyente en la etapa de fiscalización por parte del funcionario fiscalizador del SII. 11°) Que, la actora ha señalado en su reclamación que mediante mandataria concurrió en varias oportunidades al SII con la finalidad de aportar la documentación de respaldo que acreditase la Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación a6f4f9fe351e4d34a4af08c90709e244 Timbre Electrónico Ochenta y seis -86- procedencia del PPUA solicitado, no obstante, el funcionario fiscalizador habría rechazado en forma verbal la entrega de dicha información utilizando como argumento la falta de antecedentes completos, haciendo referencia a documentación no solicitada y que se habría encontrado en poder del SII atendido el procedimiento de término de giro de Constructora e Inmobiliaria Los Nogales Limitada, Rut N°96.921.300-1, siendo esta la sociedad en donde se realizó la inversión que originaba la pérdida tributaria, todo lo cual habría impedido la acreditación fehaciente de la pérdida tributaria y los créditos por concepto de Impuesto de Primera Categoría. 12°) Que, la reclamada ha expresado en su contestación que la contribuyente no habría dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 del Código Tributario, pues no habría acompañado los antecedentes requeridos en el proceso de fiscalización que permitieran verificar la veracidad y exactitud de la información consignada en la declaración de impuesto a la renta del AT 2015, razón por la cual no habría sido acreditada fehacientemente la pérdida tributaria declarada ni el origen, procedencia y/o naturaleza de las utilidades y créditos invocados lo que habría impedido determinar la procedencia de la devolución. 13°) Que, la actora no ha aportado pruebas al proceso para acreditar el punto de prueba N°3, el cual busca establecer, entre otros antecedentes, si el funcionario fiscalizador efectivamente se negó a recibir la documentación que el SII requirió a la reclamante y que ésta intentó presentar ante dicho organismo. Por otra parte, según se desprende del mérito de la Resolución reclamada, analizada en el motivo 1°) de esta sentencia, dicho acto administrativo contiene la expresión formal y explícita de los antecedentes fácticos y jurídicos que la justifican, lo que habría permitido a la actora tomar debido y oportuno conocimiento de esos antecedentes, interponer en tiempo y forma su reclamo en contra de la misma y hacer valer alegaciones aportando pruebas destinadas a desvirtuarla, sin evidenciarse la existencia de algún perjuicio. Atendido que la actora ha solicitado que se deje sin efecto la Resolución reclamada, cabe señalar que según se desprende del análisis coordinado de diversas disposiciones contenidas en la Constitución Política y en la Ley N°19.880, así como de la jurisprudencia emanada de los Tribunales Superiores de Justicia, los vicios, defectos o errores que pueden llegar a provocar la nulidad de un acto administrativo se resumen en los siguientes: la ausencia de la investidura regular del órgano respectivo; la incompetencia de éste; la inexistencia de motivo legal o motivo invocado; el vicio del procedimiento en la generación del acto; el vicio de forma externa del acto; la desviación de poder; y, el vicio de ilegalidad o violación de ley de fondo. 14°) Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3° inciso final de la Ley N°19.880, los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad frente a sus destinatarios. Por otro lado, según lo establecido en el artículo 13 inciso segundo de la citada ley, el vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo y genera un perjuicio al interesado. 15°) Que, considerando lo expuesto y teniéndose además presente las normas legales indicadas, cabe concluir que la reclamante no ha logrado desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución impugnada tras no haber aportado antecedentes que diesen cuenta de que se le habría impedido aportar los antecedentes de acreditación del resultado tributario AT 2015 y que además el SII tenía en su poder los antecedentes de acreditación suficiente, habida cuenta que el acto administrativo impugnado se funda precisamente en el hecho que la actora no aportó los antecedentes que expresamente le fueron requeridos, de modo que corresponde rechazar la alegación que se analiza en este apartado. b) En cuanto a la vulneración del derecho del contribuyente relativa a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias debidamente actualizadas según lo dispuesto en el artículo 8 bis N°2 del Código Tributario. Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación a6f4f9fe351e4d34a4af08c90709e244 Timbre Electrónico Ochenta y seis vuelta -86 vta.- 16°) Que, la actora ha señalado en su reclamación que el SII debe ejercer sus potestades de fiscalización con estricta sujeción a lo dispuesto en la ley, sin embargo, atendida la negativa de recibir la documentación requerida al contribuyente en sede administrativa de fiscalización, se impidió acreditar fehacientemente la pérdida tributaria y los créditos por concepto de Impuesto de Primera Categoría, produciéndose una vulneración al derecho del contribuyente consagrado en el artículo 8 bis N°2 del Código Tributario. 17°) Que, la reclamada ha expresado en su contestación que el procedimiento de reclamación tributaria previsto en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario no es la vía idónea para reclamar por una supuesta vulneración de derechos del contribuyente, pues en el artículo 8 bis del mismo cuerpo legal se establece que la reclamación en contra de actos u omisiones en que incurra el SII respecto de cualquiera de los derechos del contribuyente señalados en dicho artículo serán de conocimiento del Tribunal Tributario y Aduanero con jurisdicción sobre el lugar en que se haya producido tal acto u omisión, a través del denominado procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos regulado en los artículos 155 a 157 del Código Tributario. 18°) Que, el artículo 8 bis del Código Tributario dispone que “Los reclamos en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos de este artículo serán conocidos por el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero de este Código.” A su turno, el artículo 155 del Código Tributario, ubicado sistemáticamente en el Libro Tercero, Título III, Párrafo 2°, del citado cuerpo legal, que trata del procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos preceptúa que “Si producto de un acto u omisión del Servicio, un particular considera vulnerados sus derechos contemplados en los numerales 21°, 22° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, podrá recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuya jurisdicción se haya producido tal acto u omisión, siempre que no se trate de aquellas materias que deban ser conocidas en conformidad a alguno de los procedimientos establecidos en el Título II o en los Párrafos 1° y 3° de este Título o en el Título IV, todos del Libro Tercero del Código Tributario. La acción deberá presentarse por escrito dentro del plazo fatal de quince días hábiles contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos en que ella proceda, no se podrá recurrir de conformidad a las normas de este Párrafo, por los mismos hechos.” A su vez, el artículo 156 del mismo cuerpo legal prevé en su parte pertinente que “El fallo contendrá todas las providencias que el Tribunal juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del solicitante, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. 19°) Que, según se desprende de la lectura de las disposiciones legales precedentemente indicadas, el reclamo por vulneración de derechos es la acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el ejercicio de ciertos derechos del contribuyente, mediante la adopción de las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del contribuyente frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal del SII que vulnere tales derechos, rigiéndose por el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos establecido en los artículos 155 y siguientes del Código Tributario, a diferencia del reclamo de autos, que se rige por el procedimiento general de reclamación previsto en los artículos 123 y siguientes del mismo texto legal. 20°) Que, atendido que el petitorio de la reclamante indica dejar sin efecto la Resolución reclamada y ordenar la devolución de Impuesto a la Renta del periodo señalado, se concluye que el reclamo ha sido correctamente presentado dentro del procedimiento general de reclamo, atendido que se trata de una materia propia de dicho procedimiento y como tal constituye una de las limitaciones de objeto Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación a6f4f9fe351e4d34a4af08c90709e244 Timbre Electrónico Ochenta y siete -87- que contiene el artículo 155 del Código Tributario para la admisibilidad de la citada acción cautelar, la que debe versar sobre derechos indubitables que puedan haber sido vulnerados por el SII, por lo que resulta errado el planteamiento fiscal al respecto. c) En cuanto a la acreditación de la pérdida tributaria declarada y la devolución solicitada por concepto de PPUA en la declaración de impuesto a la renta del AT 2015. 21°) Que, la actora ha señalado en su reclamación que el antecedente que acredita la procedencia de la pérdida tributaria desde su origen consiste en una inversión realizada en la Constructora e Inmobiliaria Los Nogales Limitada, Rut N°96.921.300-1, debiendo tenerse en cuenta que dicha sociedad efectuó termino de giro según consta en la declaración y certificado de termino de giro. Además, la reclamante ha expresado en su reclamación los elementos generales sobre la determinación de una pérdida tributaria y respecto a la devolución solicitada por concepto de PPUA. 22°) Que, la reclamada ha indicado en su contestación que la solicitud de devolución por concepto de PPUA del caso de marras radica en una pérdida tributaria cuya determinación se realiza conforme lo dispuesto en los artículos 29 al 33 de la LIR, motivo por el cual resulta imprescindible que ésta se encuentre debidamente registrada en el Fondo de Utilidades Tributables (en adelante, FUT), iniciándose su determinación con el resultado según Balance debiendo verificarse las cuentas de pérdidas y ganancias junto con la revisión de los ajustes efectuados al resultado, lo anterior sin perjuicio de además tener que acreditarse las utilidades y sus créditos registradas en el Libro FUT. 23°) Que, sin perjuicio que la reclamante debió acreditar ante el SII, durante la etapa de fiscalización respectiva, la correcta determinación de la pérdida tributaria declarada y la procedencia de la devolución solicitada, cabe señalar que, según se desprende del tenor de lo expuesto por la actora en su libelo de lo principal de fojas 1 y del mérito de los documentos acompañados al proceso por dicha parte, resulta manifiesto que esos antecedentes son insuficientes para explicar y acreditar en esta instancia jurisdiccional tales hechos. En este sentido, debe tenerse en consideración que la contribuyente solicita una devolución ascendente al monto de $77.689.775.- por concepto de PPUA, sin embargo, en autos no obran antecedentes tales como, el Libro FUT y sus respaldos, teniéndose al efecto especial consideración que en la especie no obra un respaldo sobre la determinación y acumulación de utilidades tributables propias y/o ajenas con sus créditos por Impuesto de Primera Categoría asociados a ellas y las declaraciones de impuestos a la renta de los AT pertinentes, de manera que estuviese acreditada la existencia de utilidades tributarias acumuladas al 31/12/2013 con créditos asociados por Impuesto de Primera Categoría que permitan imputar la pérdida tributaria y obtener la devolución solicitada. En cuanto al resultado contable del ejercicio comercial 2014 –que constituye el punto de partida para la determinación del resultado tributario del AT 2015–, la actora no ha aportado al proceso el Balance General de ocho columnas, el Libro Diario y el Libro Mayor junto con la documentación de respaldo que permitan acreditar dicho resultado contable. Respecto al resultado de pérdida tributaria declarada por $554.300.534.- en el AT 2015, la reclamante tampoco ha aportado al proceso la determinación de dicha pérdida tributaria, ni tampoco un análisis de los agregados y deducciones asociados a ella, junto con la documentación de respaldo de tales ajustes, por lo cual en autos no se encuentra acreditada la existencia de la pérdida tributaria declarada en el AT 2015 que permita absorber las utilidades tributarias acumuladas o retenidas de ejercicios anteriores registradas en el Libro FUT, circunstancia que impide acceder a la devolución solicitada por concepto de PPUA. A mayor abundamiento, cabe hacer presente que la actora no ha aportado al proceso antecedentes que permitan acreditar su participación en Constructora e Inmobiliaria Los Nogales Limitada, ni como dicha participación produjo la pérdida tributaria que sustentaría la solicitud de devolución por concepto de PPUA. Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación a6f4f9fe351e4d34a4af08c90709e244 Timbre Electrónico Ochenta y siete vuelta -87 vta.- 24°) Que, el artículo 31, inciso primero de la LIR dispone que “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. (…)”. Por su parte, el artículo 31, inciso tercero, número 3 del mismo cuerpo legal, establece que “Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto se relacionen con el giro del negocio: Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad. Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que concurran los requisitos del inciso precedente. Para estos efectos, las pérdidas del ejercicio deberán imputarse a las utilidades no retiradas o distribuidas, y a las obtenidas en el ejercicio siguiente a aquél en que se produzcan dichas pérdidas, y si las utilidades referidas no fuesen suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así sucesivamente. En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las utilidades no retiradas o distribuidas, el impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se la aplicarán las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93 a 97 de la presente ley. Las pérdidas se determinarán aplicando a los resultados del balance las normas relativas a la determinación de la renta líquida imponible contenidas en este párrafo y su monto se reajustará, cuando deba imputarse a los años siguientes, de acuerdo con el porcentaje de variación experimentada por el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio comercial en que se generaron las pérdidas y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que proceda su deducción. Con todo, las sociedades con pérdidas que en el ejercicio hubieren sufrido cambio en la propiedad de los derechos sociales, acciones o del derecho a participación en sus utilidades, no podrán deducir las pérdidas generadas antes del cambio de propiedad de los ingresos percibidos o devengados con posterioridad a dicho cambio. Ello siempre que, además, con motivo del cambio señalado o en los doce meses anteriores o posteriores a él la sociedad haya cambiado de giro o ampliado el original a uno distinto, salvo que mantenga su giro principal, o bien al momento del cambio indicado en primer término, no cuente con bienes de capital u otros activos propios de su giro de una magnitud que permita el desarrollo de su actividad o de un valor proporcional al de adquisición de los derechos o acciones, o pase a obtener solamente ingresos por participación, sea como socio o accionista, en otras sociedades o por reinversión de utilidades. Para este efecto, se entenderá que se produce cambio de la propiedad en el ejercicio cuando los nuevos socios o accionistas adquieran o terminen de adquirir, directa o indirectamente, a través de sociedades relacionadas, a lo menos el 50% de los derechos sociales, acciones o participaciones. Lo dispuesto en este inciso no se aplicará cuando el cambio de propiedad se efectúe entre empresas relacionadas, en los términos que establece el artículo 100 de la ley N°18.045.” 25°) Que, a partir de la prueba rendida, los hechos establecidos y las disposiciones legales citadas, cabe concluir que la reclamante no ha logrado acreditar con pruebas suficientes la pérdida tributaria declarada y la devolución por concepto de PPUA solicitada en la declaración de impuesto a la renta AT 2015. III.- CUESTIONES FINALES. 26°) Que la demás prueba rendida y no mencionada expresamente en los motivos precedentes, en nada altera la decisión del asunto sub-lite. Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación a6f4f9fe351e4d34a4af08c90709e244 Timbre Electrónico Ochenta y ocho -88- 27°) Que, conforme lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se liberará a la reclamante del pago de las costas, por haber tenido motivo plausible para litigar. Del mérito de las consideraciones precedentes, normas legales citadas y visto además lo dispuesto en los artículos 3 y 13 de la Ley N°19.880; los artículos 14, 20, 29 a 33, 68 y 93 al 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta; los artículos 8 bis, 16 y siguientes, 21, 24, 59, 115, 123 al 148, 155, 156 y 200 del Código Tributario; los artículos 3, 144, 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil; y, el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Forma de las Sentencias, SE RESUELVE: I.- Que se rechaza el reclamo interpuesto en lo principal de fojas 1, por don Víctor Marcelo Toledo Machuca, RUT N°12.700.453-6, en representación de COMERCIAL FUTURO LIMITADA, RUT N°77.452.920-9, en contra de la Resolución Ex. SII N°2053, emitida con fecha 21 de diciembre de 2015, por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, confirmándose ésta. II.- Que, según lo preceptuado por el artículo 6°, letra B, N°6 del Código Tributario, la Señora Directora Regional de la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos dispondrá el cumplimiento administrativo de lo resuelto precedentemente. III.- Que cada parte pagará sus propias costas. ANÓTESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE EN SU OPORTUNIDAD, dejando los testimonios que resulten procedentes. NOTIFÍQUESE la presente resolución a la parte reclamada, mediante su publicación en el sitio de Internet del Tribunal, y a la parte reclamante, mediante carta certificada remitida al domicilio registrado en autos para tales efectos, y dese aviso a las direcciones de correos electrónicos registradas, de conformidad a lo establecido en el artículo 131 bis del Código Tributario. Proveyó doña María Francisca Villamán Rodríguez, Jueza Titular del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autoriza don Cristhián Navarrete Cottet, Secretario Titular del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación a6f4f9fe351e4d34a4af08c90709e244 Timbre Electrónico Ochenta y ocho vuelta -88 vta.- “COMERCIAL FUTURO LIMITADA con SII Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente” RUC N°: 16-9-0000274-6 RIT N°: GR-18-00028-2016 Detalle cuantía en UTM Bruta 1.714,4 Neta 1.714,4 Reajuste - Multa - Intereses - María Francisca Villamán Rodríguez Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal R. Metropolitana. Cuarto Documento firmado electrónicamente por don/ña María Francisca Villamán Rodríguez, el 03-09-2024. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación a6f4f9fe351e4d34a4af08c90709e244 Timbre Electrónico 2024-09-03T11:22:46-0400 FEA