Reclamo tributario: liquidación

1 “SOCIEDAD DE PROFESIONALES ULLOA ASOCIADOS con SII, DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO CENTRO” RIT: GR-15-00173-2014 RUC: 14-9-0001326-5 LAPM/cav Santiago, veintinueve de abril de dos mil quince I. VISTOS Uno. A fojas 1 en tiempo y forma con fecha 8 de agosto de 2014, comparece SOCIEDAD DE PROFESIONALES ULLOA ASOCIADOS LIMITADA, RUT N° 77.773.190-4 domiciliada en calle Compañía N° 1085 piso 11, Santiago interponiendo reclamo tributario en contra de la Liquidación N° 113000001113 de 16 de abril de 2014 (en adelante la Liquidación), del Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Santiago Centro (en adelante el Servicio), representada por Silvia León Moreno, domiciliados en Padre Alonso de Ovalle N° 680; Santiago. Dos. La reclamante acompaña los siguientes documentos: 1. Liquidación de autos 2. Balance del año 2010 3. Formularios 29 de declaración de IVA del año tributario 2011 4. Formularios 22 del año tributario 2011 5. Declaración jurada de honorarios del año tributario 2011. Tres. A fojas 34 y con fecha 05 de septiembre de 2014 el Servicio de Impuestos Internos evacuó el traslado del reclamo. Cuatro. A fojas 61 y con fecha 16 de enero de 2015 el Tribunal, atendido el mérito de autos y al considerar que existían hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, recibió la causa a prueba, determinando el siguiente punto de prueba: “Acredítese los hechos que harían procedente el agregado de $43.940.746 a la base imponible de Primera Categoría declarada en el F22 del año tributario 2011 de la reclamante.” Cinco. A fojas 64 y con fecha 21 de enero de 2015 el Servicio de Impuestos Internos, en lo principal repuso y en subsidio apeló la Resolución que recibió la causa a prueba. Seis. A fojas 72 con fecha 22 de enero de 2015 consta Resolución que tuvo por notificado a la reclamante de la Resolución que recibe la causa a prueba, y se apercibe a la reclamante para indique nuevo domicilio, dentro de 5° día. Siete. A fojas 74 con fecha 3 de febrero de 2015 el Secretario del Tribunal certifica vencimiento del plazo conferido a la parte reclamante. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-04-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 5eebc8c1-ce41-4f00-b821-fb57103f47b2 Timbre Electrónico 2 Ocho. A fojas 75 con fecha 3 de febrero de 2015 consta resolución que provee Recurso de reposición interpuesto por el Servicio, en el cual no da a lugar a la Reposición y en subsidio se concede el Recurso de Apelación. Nueve. A fojas 78 y con fecha 05 de febrero de 2015 el Servicio de Impuestos Internos, presentó lista de testigos. Diez. A fojas 81 y con fecha 09 de febrero de 2015 consta Resolución del Tribunal en donde se tuvo por presentada la lista de testigos en tiempo y forma. Once. A fojas 83 y con fecha 10 de febrero de 2015 Servicio de Impuestos Internos, presentó escrito alega entorpecimiento. Doce. A fojas 86 y con fecha 12 de febrero de 2015 consta Resolución del Tribunal en donde se decreta un término especial de prueba. Trece. A fojas 88 y con fecha 20 de febrero de 2015 Servicio de Impuestos Internos, presentó escrito en donde solicita se deje sin efecto la audiencia testimonial y al otrosí acompaña Resolución que concede el feriado legal a la testigo. Catorce. A fojas 92 y con fecha 27 de febrero de 2015 consta Resolución del Tribunal en donde se resuelve no ha lugar a la solicitud del Servicio de Impuestos Internos. Quince. A fojas 97 el 10 de abril se certifica el ingreso al Tribunal del Cuaderno de Compulsas. Dieciséis. A fojas 97 se dicta el cúmplase de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago sobre la apelación de la Resolución que recibe la causa a prueba. Se decreta un término especial de prueba por 7 días, siendo en definitiva el punto de prueba el siguiente: “Justifíquese el monto declarado en el código N° 651, correspondiente a otros ingresos recibidos o devengados del F22 del año tributario de la reclamante.” Diecisiete. A fojas 103 el 27 de abril se resuelve Autos para Fallo. II. FASE DE DISCUSIÓN A. Reclamo El reclamante presentó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: Los Hechos: En la Liquidación se indica que según los antecedentes que obran en poder del Servicio los ingresos obtenidos el año tributario 2011, declarados en el formulario N° 22, recuadro N° 2, en los códigos [628], [851], [629] o [651], no se encontrarían totalmente declarados, lo que determinaría una subdeclaración de base imponible de impuesto de primera categoría ascendente a $43.940.746, que a su vez significa una diferencia de impuesto de primera categoría del período tributario 2011,desde los $7.574.505 declarados al día 30 de abril de 2011 a $12.061.543 al 31 de diciembre de 2013. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-04-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 5eebc8c1-ce41-4f00-b821-fb57103f47b2 Timbre Electrónico 3 Esta actuación es improcedente, pues la como acreditan los documentos que se acompañan en el primer otrosí, en especial los formularios Nº 29 del año 2010, claramente se demuestra que la base imponible para la determinación de la renta es la declarada: $115.364.068. Lo anterior, sin perjuicio que la reclamante cometió un error en el monto declarado en el código [630] del formulario 22, relativo a los costos directos, al incorporar en dicho concepto, el monto de $64.141754 correspondiente a los honorarios pagados por la empresa. De esta manera, dichos honorarios, que corresponden a gastos que deben descontarse para la determinación de la base imponible de la renta, debieron señalarse en el código [635] del formulario 22. Este error, no obstante, no altera la determinación de la base imponible, puesto que de una u otra manera se trata de un ítem que se rebaja de ella. De este modo, en el formulario 22, en el código [628] relativo a ingresos del giro se declaró $458.943.138 y en el código [651) relativo a otros ingresos percibidos $1.449.716, correspondiente en $1.390.462 al mayor valor de venta de un bien raíz y $59.254 por intereses ganados de fondo mutuo, cifras respaldadas con las declaraciones de los formularios 29, el balance de la empresa; sin que existan otros ingresos que puedan incidir en la declaración de la renta determinación de la base imponible. Como se ha señalado, la liquidación establece que los ingresos del año tributario 2011 no se encontrarían totalmente declarados, existiendo una subdeclaración de base imponible de impuesto de primera categoría ascendente a $43.940.746. Al respecto, el Impuesto de Primera Categoría del Artículo 20 de la Ley de la Renta grava las utilidades tributarias de los negocios, dejando afectas las rentas provenientes del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras. Este impuesto se determina sobre la base de las utilidades líquidas obtenidas por la empresa, vale decir, los ingresos devengados o percibidos menos los gastos, y se declara anualmente en abril de cada año por todas aquellas rentas devengadas o percibidas en el año calendario anterior. Además cita el Artículo 21 del Código Tributario. Se reitera que la reclamante presentó la correspondiente declaración de impuesto de primera categoría correspondiente al año tributario 2011, declarando la totalidad de los ingresos constitutivos de renta, todo lo cual consta en las declaraciones de los formularios 22; sin que exista antecedente alguno que permita presumir que dichas declaraciones no son fidedignas, y que permita al Servicio apartarse de ellos para determinar la existencia de una subdeclaración de renta efectiva. En definitiva solicita se declare improcedente la liquidación, con condenación en costas. B. Argumentos del Servicio de Impuestos Internos El Servicio, en lo esencial, indica que no es posible verificar la exactitud de los antecedentes señalados por la reclamante, y aunque ello ocurriera, estos no desvirtúan la observación realizada en la Liquidación, puesto que el Servicio tiene antecedentes que los ingresos de la reclamante son mayores a la cifra indicada en los códigos [628] y [651], ya que de acuerdo a la declaración jurada 2890 sobre declaración e inscripción de bienes Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-04-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 5eebc8c1-ce41-4f00-b821-fb57103f47b2 Timbre Electrónico 4 raíces, se comunica al Servicio la venta de un bien raíz por la suma de $45.390.462, cifra que no fue declarada en su totalidad, puesto que se declaró solo la suma de $1.449.716 en el código [651], faltando por declarar la diferencia de la venta del bien raíz, esto es, $43.940.746. Señala además el Servicio que la reclamante es un contribuyente clasificado en la Primera Categoría, obligado a determinar sus impuestos mediante renta efectiva determinada en base a contabilidad completa y a probar conforme al Artículo 21 del Código Tributario la verdad de sus declaraciones. En conclusión, la Liquidación impugna la declaración por no omitir los ingresos correspondientes a la venta del bien raíz que el Servicio conoció el 26 de octubre de 2010 mediante el Formulario 2890. Dicho ingreso no ha sido desvirtuado por el contribuyente. III. CONSIDERANDO Primero. Que es un hecho no controvertido en autos el hecho que la reclamante declaró como ingreso, por el mayor valor de un bien raíz, el monto de $1.390.462. Segundo. Que la declaración anterior, de acuerdo al Servicio, es por un monto menor del que corresponde, lo que genera la situación controvertida de autos, de acuerdo a lo fallado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago: “Justifíquese el monto declarado en el código N° 651, correspondiente a otros ingresos recibidos o devengados del F22 del año tributario de la reclamante.” Tercero. Que tal como indican ambas partes y el Artículo 17 del Código Tributario, la reclamante debe llevar contabilidad completa, la cual, de acuerdo al Artículo 21 del mismo código, sirve para comprobar la verdad de las declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. Esto es un acuerdo unánime en la doctrina y en la jurisprudencia. Cuarto. Que no se ha acreditado el punto de prueba, puesto que la reclamante solamente ha acompañado documentación contable, el balance, la cual, si bien es importante, no es más que un registro de operaciones comerciales que deben ser acreditadas ante este Tribunal, lo cual no ha ocurrido, al punto que este sentenciador solamente conoce que la reclamante, de acuerdo a su Declaración de Impuesto a la Renta, declaró ingresos por ingresos del giro y por otros ingresos, sin que la reclamante haya detallado las operaciones, la contraparte, etc. Quinto. Por otro lado, los formularios 22 y 29 acompañados ciertamente no acreditan más que el hecho de haber declarado algo que, como se dijo anteriormente, no se ha comprobado en autos. Sexto. Que no obstante lo anterior, siempre en materia tributaria debe tenerse presente el Artículo 21 del Código Tributario, el cual establece en su inciso 1° lo siguiente: “Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.” Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-04-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 5eebc8c1-ce41-4f00-b821-fb57103f47b2 Timbre Electrónico 5 Este Artículo indica dos situaciones: una carga y un límite probatorio. Por una parte, el contribuyente tiene la carga de probar; el límite es la verdad de sus declaraciones. Es decir, en un sistema de declaración y pago como es el que ha escogido el legislador tributario para nuestro país, es de toda lógica que sea el contribuyente el obligado a probar (con los medios legales) la verdad de lo que declara. Esto junto con gravar administrativa y procesalmente al contribuyente, le protege, puesto que le libera del deber de probar las omisiones que le impute la Administración. Séptimo. Que lo anterior significa que, si bien en la etapa fiscalizadora la reclamante no acreditó sus ingresos a satisfacción del Servicio y en autos no se ha acreditado el punto de prueba, la autoridad fiscal ciertamente tiene la facultad legal de imputar el ingreso que estime pertinente. Octavo. Que la facultad anterior, así como cualquiera del Servicio de Impuestos Internos debe regirse de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 19.880, que “Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.” El Artículo 16 inciso 1° estipula: “Artículo 16. Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.” Noveno. Que la exigencia de transparencia es transversal a todos los actos administrativos emanados del Estado, dentro de los cuales obviamente se encuentra la Liquidación de autos, puesto que si el contribuyente no conoce los fundamentos de hecho y derecho por los cuales se le liquida, la impugnabilidad, otro de los principios del acto administrativo (Artículo 15 de la ley) es una ilusión, ya que es imposible para cualquier persona defenderse de una decisión infundada. Décimo. Que la Liquidación tiene los siguientes fundamentos: “Mediante comunicación de fecha 28-09-2011, se informa a usted, que de la revisión practicada a su declaración de renta del ario tributario 2011, folio 2282821, y de acuerdo a la información que obra en poder de este Servicio, han surgido objeciones. Por el mismo medio se le solicitó que se presentara en la oficina del SII indicada, para que proporcionara la documentación que respalda dicha declaración.” “2. Fundamentos Legales: Se ha considerado como plazo de prescripción, para el ejercicio de las facultades fiscalizadoras en este caso lo dispuesto en el inciso 1° del Artículo 200 del Código Tributario, esto es, tres arios, contados desde la expiración legal en que debió efectuarse el pago. Luego cita los Artículos 21 y 24 del Código Tributario.” “3. En razón de que hasta la fecha, usted no ha aportado los antecedentes suficientes o necesarios que permitan solucionar las observaciones o inconsistencias de su declaración de renta, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 24 del Código Tributario, se ha procedido a practicar la siguiente liquidación de Impuestos por el periodo tributario 2011.” Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-04-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 5eebc8c1-ce41-4f00-b821-fb57103f47b2 Timbre Electrónico 6 Se indica a la reclamante que la suma a pagar es de $7.574.505 más reajuste de $575.186 más intereses de $3.911.852, siendo el total de $12.061.543. “4. El detalle de la liquidación de Impuestos practicada se presenta a continuación. Las diferencias establecidas para cada uno de los impuestos y deducciones a los mismos fue (ron) determinada(s) a partir de la información que obra en las bases de datos de este Servicio y dentro de los límites establecidos por Ley” Luego indica la Liquidación: “Subdeclaración de base imponible de Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectiva, de acuerdo a la información de los formularios 29 presentados por el propio contribuyente y la información que proviene de las declaraciones juradas y nóminas en las cuales viene informado.” Undécimo. Que respecto a la fundamentación, el profesor Eduardo Soto Kloss indica lo siguiente1: “Valga señalar que el más típico de los vicios en los motivos o fundamentos del acto administrativo es la ausencia de los hechos que habilitan al autor de él para dictarlo, esto la inexistencia de ellos. Es sabido que para la validez jurídica de un acto administrativo -y muy en especial un acto-sanción, dados los principios de legalidad y tipicidad que intrínsecamente los rige se requiere, entre otros requisitos, la existencia del hecho/ motivo que la ley configura como "habilitante" para que el órgano competente actúe, satisfaciendo la necesidad pública que tal hecho comporta; de allí que tal hecho sea el "motivo", fundamento o razón, induce a obrar, que mueve a actuar al órgano público. Sin ese hecho, no se "estimula" jurídicamente la potestad que ha sido atribuida a dicho órgano, porque éste existe y actúa para resolver o satisfacer "necesidades públicas", esto es aquellas que el legislador estima necesario o conveniente que sean resueltas o satisfechas por un órgano estatal (v.gr. impedir tumultos en la vía pública, prevenir epidemias, resolver emergencias de sequía o de contaminación o telúricas, declarar vedas, etc.). Ese hecho (motivo o fundamento) es lo que mueve a obrar a la Administración, y su satisfacción o resolución -ya que es una necesidad pública- es el fin por el cual y para el ella actúa, y es la razón o justificación por la cual le han sido atribuidas determinadas potestades públicas. Siempre que se otorga competencia a un órgano administrativo estatal, el legislador precisa los hechos frente a los cuales debe actuar, ejerciendo los poderes jurídicos atribuidos para satisfacer una determinada y precisa necesidad pública. De allí que la existencia de los hechos, y de los hechos que el legislador ha precisado, es un requisito fundamental, indispensable e ineludible para que un acto admmistrattvo adquiera validez jurídica en nuestro ordenamiento. 1 SOTO KLOSS, Eduardo. Derecho administrativo, Temas Fundamentales, 3° Edición Actualizada, AbeledoPerrot, Thomson Reuters, Santiago, 2012, páginas 432-436. El título de la sección es La fundamentación del acto administrativo y el vicio por inexistencia de los hechos. Un recuento jurisdiccional. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-04-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 5eebc8c1-ce41-4f00-b821-fb57103f47b2 Timbre Electrónico 7 La jurisprudencia, tanto contralora como especialmente judicial, ha sido muy homogénea y constante en afirmar que el acto administrativo debe bastarse a sí mismo, por lo cual, además de otras exigencias, debe contener la consideración de los hechos que permiten dictar la medida adoptada, hechos que deben existir al momento de adoptar el decreto o resolución correspondiente, y que le dan el sustento fáctico para que sea dictado aquél o ésta. En la jurisprudencia contralora particularmente claro es el dictamen N° 33.006 de 1984 de la Contraloría General de la República, que es el pronunciamiento clave de esta jurisprudencia, repetido sin variaciones de modo frecuente. Ya en inaplicabilidad, la Corte Suprema declaraba en 1977 que un acto administrativo para que sea válido es necesario, entre otras exigencias, "que tenga motivos", vale decir que esté fundamentado en los hechos (Empresa Nacional de Electricidad, 7.4.1977, en Fallos del Mes N° 221, 59-64). 2.2 Pero es, sobre todo, en protección en donde se ha establecido una jurisprudencia muy firme y constante en orden a afirmar que requisito de validez ineludible de los actos administrativos es que debe fundarse, basarse o sustentarse en hechos concretos, existentes al momento de dictarse y que son precisamente los que la ley ha previsto para tal dictación. Es ilegal una resolución que carece de fundamentos y en que ni siquiera se indica cuál infracción tributaria se investiga, ni la disposición legal que le sería aplicable (Chiofalo Santini, Corte Suprema, 19.06.1980, en RDJ t. 77 (1980) 2.1, 41-46, Considerando 6°). Es contraria a Derecho una resolución que revoca una anterior sin que existan hechos que fundamenten tal decisión, ya que el acto revocatorio en tal caso "aparece desprovisto de la adecuada fundamentación" (Unidad Vecinal N° 13/ Comuna de San José de Maipo, Corte Suprema, 26.12.1983, en RDJ t. 80 (1983) 2.5, 175-179, Considerando 7°). Es improcedente pretender fundamentar una decisión administrativa en la instancia judicial, puesto que el acto que dicta la autoridad debe tener su fundamentación en la resolución misma que lo contiene, y que es la que se ha aplicado y ha producido el agravio el recurrente que la impugna; jamás puede esgrimiese ella a posteriori, ni puede fundamentarse con hechos producidos tiempo después de su dictación (Acevedo de Alarcón, Corte de Apelaciones de Santiago, 17.05.84, en Gaceta Jurídica N° 47, 50-53, Considerando 6°; también Fantuzzi Alliende, Corte Suprema30.12.1985, en RDJ t. 82 (1985) 2.5, 283-288, Considerando 5°). Con posterioridad es numerosa la cantidad de fallos en que se reitera este planteamiento, pudiéndose mencionar a título ejemplar, entre otros, Meza Allende (RDJ t. 81 (1984) 2.5, 112-120), en donde se afirma muy certeramente que la omisión de fundamentos revela inexistencia de razones que justifiquen la decisión adoptada; Sociedad Colegio Inglés Mackay S.A. (RDJ t. 83 (1986) 2.5, 164-168, Considerando 10°), resulta ilegal una decisión de la Superintendencia de Valores y Seguros que apoyándose en una hipótesis falsa y errónea, hace aplicación de determinado precepto legal a una situación no prevista en él, y, además arbitraria "por ejercerse por dicho organismo una potestad ajena a los reales antecedentes" del expediente administrativo; Salmones Aucar Ltda. (RDJ t. 85 (1988) 2.5, 314-321 Considerando 8° y reseña de doctrina), el acto administrativo que Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-04-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 5eebc8c1-ce41-4f00-b821-fb57103f47b2 Timbre Electrónico 8 deniega un beneficio otorgado por la ley, por un error al apreciar los hechos, además de ilegal por desconocer un texto expreso de ley que lo establece, es arbitrario "pues carece del indispensable fundamento racional que debe tener todo acto de la autoridad pública"; Banco Hipotecario Internacional Financiero el Director de Obras de la Municipalidad de Santiago (Corte de Apelaciones de Santiago, 29.5.1990, RDJ t. 87(1990) 2.5,112-122) y Rosas Díaz (RDJ t. 88 (1991) 2.5, 123-131, Considerando 7°, con comentario nuestro en pp. 131-134), fallo relevante en que se afirma con rotunda precisión que “lo motivado es ya, por este solo hecho, arbitrario”, y es “que, a falta de motivación que sostenga la decisión administrativa, su único apoyo radicaría exclusivamente en la sola voluntad del funcionario que adopta dicha decisión, apoyo que, como es obvio, resulta insuficiente en un Estado de Derecho, en el que no hay margen, por principio, para el poder puramente personal. Es ya particularmente claro para la jurisprudencia de nuestros tribunales Superiores de Justicia que "al carecer de toda fundamentación un acto administrativo ello hace concluir al tribunal que el decreto impugnado constituye un acto arbitrario, desde que prescinde de expresar los razonamientos de hecho que llevaron. a la decisión adoptada.” Y es que “los motivos que justifican la adopción de determinados actos administrativos no pueden ser formulados en términos vagos y generales, sino precisos, única manera de dar validez jurídica a la decisión adoptada por la autoridad” (Empresa Magallánica Industrial y Comercial SA, en RDJ t.93 (1996) 2.5, 226-232, Considerando 3°, 4°, 7°, 8° y 9°). La Contraloría General de la República, desde antiguo, ha establecido que la fundamentación es requisito que siempre ha de ser satisfecho, porque de lo contrario –si no se cumple- configuraría una decisión arbitraria: vid. v.gr., entre otros, dictámenes N°s. 33.066/ 1984, 27.029/ 1995, 8.902/ 1996, 1.501/1997, etc. Y en precisa fórmula señalado que un acto administrativo "debe bastarse a sí mismo". Que la ausencia de fundamentación torna carente de validez al acto administrativo lo han establecido también, y en diversas materias, los tribunales de justicia, como, por ejemplo, en lo concerniente a sanciones impuestas por el Consejo Nacional de Televisión a canales de televisión abierta (Sociedad Red de Televisión Chilevisión c/ Consejo Nacional Televisión, Corte de Apelaciones de Santiago, 30.10.2009, rol N° 5.833-09), a multas impuestas por la Dirección del Trabajo a través de sus distintos órganos (Servicios de Seguridad Ltda. c/Inspección Comuna/ de/ Trabajo, Corte Suprema, 2.09.2009, rol N°5.526-09), y recientemente Redbus S.A. e/ Dirección Regional del Trabajo-Región Metropolitana, Corte Suprema 4a Sala, 1.12.2009, rol N° 6.843-09), y también a despido de funcionario municipal (Fuenzalida Zapata c! Municipalidad de Quirihue, Corte de Apelaciones de Chillán, 23.11.2009, rol N° 20-09), Inima de Chile Ltda. c/ Servicio de Salud III° Región, Corte Suprema, 3a Sala, 30.3.2010, rol N° 5313-08, se acoge reclamación ante sanción sanitaria carente de fundamentación, etc. En el derecho chileno el acto administrativo debe bastarse a sí mismo, debiendo contener en sí todos los elementos que la Constitución y la ley exige para su validez jurídica, ya que entra al ordenamiento jurídico como tal acto sólo y únicamente en la medida en que se ha cumplido todas esas exigencias, pues en caso contrario tiene aplicación ipso iure e1 mandato de la Constitución que declara nulo "todo acto en contravención" a ella (Artículo Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-04-2015. 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Que a mayor abundamiento, el mismo Código Tributario en su Artículo 24, recoge el principio de fundamentación de los actos administrativos emanados del Servicio, en particular la Liquidación: “A los contribuyentes que no presentaren declaración estando obligados a hacerlo, o a los cuales se les determinaren diferencias de impuestos, el Servicio les practicará una liquidación en la cual se dejará constancia de las partidas no comprendidas en su declaración o liquidación anterior.” Decimocuarto. Que debe recordarse el texto de la Liquidación citada: “Subdeclaración de base imponible de Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectiva, de acuerdo a la información de los formularios 29 presentados por el propio contribuyente y la información que proviene de las declaraciones juradas y nóminas en las cuales viene informado.” Es evidente que este texto no contiene los requisitos mínimos de inteligencia para que tanto el contribuyente como este Tribunal comprenda el contenido de la Liquidación o, como dice el texto de la Liquidación, cuál es la partida que no fue comprendida en la Liquidación de la reclamante. Tal como indica el autor ya citado, la falta de motivación de la decisión administrativa le deja como único apoyo sola voluntad del funcionario, lo cual resulta insuficiente en un Estado de Derecho, en el que no hay margen, por principio, para el poder puramente personal. Decimoquinto. La insuficiencia del texto señalado, es posible concluir más que lo siguiente sobre la Liquidación, lo que desprende de su sola lectura: No cumple con los requisitos generales del acto administrativo. No contiene fundamentos de hecho ni de derecho. No deja constancia de las partidas no comprendidas en la declaración de la reclamante. No cumple en consecuencia, con el estándar mínimo necesario para que una actuación de esta naturaleza surta efectos jurídicamente válidos. Y en vista de lo anterior, es un acto administrativo arbitrario e infundado que no se ajusta a derecho. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-04-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 5eebc8c1-ce41-4f00-b821-fb57103f47b2 Timbre Electrónico 10 Decimosexto. Por tanto, finalmente, en definitiva y en consecuencia, en mérito de las consideraciones de hecho precedentes, razones legales y doctrinarias ya expuestas , las alegaciones de las partes, lo establecido en el Código Tributario, Artículos 2, 24, 132, 148 , Ley N° 19.880, auto acordado sobre la forma de las sentencias, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, razones jurídicas y simplemente lógicas IV. SE RESUELVE: I. HA LUGAR A LA RECLAMACIÓN en contra de Liquidación N° 113000001113 de 16 de abril de 2014. II. En consecuencia, déjese sin efecto La liquidación Nro. 1130000001113 de 16 de abril de 2014, reclamada en este proceso. III. Se condena en costas al Servicio por haber sido totalmente vencido. ANÓTESE, REGÍSTRESE y en su oportunidad ARCHÍVESE. Notifíquese la presente resolución por la publicación de su texto íntegro en el sitio de internet del Tribunal. Dese aviso a los correos electrónicos registrados. Déjese testimonio en el expediente. Pronunciada por don LUIS ALFONSO PÉREZ MANRÍQUEZ, Juez Titular del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autoriza don FELIPE MUÑOZ ALBÓNICO, Secretario Titular del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. “SOCIEDAD DE PROFESIONALES ULLOA ASOCIADOS con SII, DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO CENTRO” RIT: GR-15-00173-2014 RUC: 14-9-0001326-5 Luis Alfonso Pérez Manríquez Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal R. Metropolitana. Primero Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-04-2015. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 5eebc8c1-ce41-4f00-b821-fb57103f47b2 Timbre Electrónico 2015-04-29T11:56:38-0400 ATTA SACTA