Reclamo tributario: resolución

Página 1 de 28 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FRANCOMECANICA SA con SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL RUC 15-9-0000973-6 RIT: GR-15-00097-2015 Santiago, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. I. VISTOS. Contenido y Diligencias del Proceso. Uno. El día 19 de agosto de 2015, INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FRANCOMECÁNICA SA, RUT N° 93.061.000-3, mediante su mandataria Patricia Concha Vial, cédula de identidad N° 16.935.841-9, ambos domiciliados para estos efectos en avenida Américo Vespucio N° 1842, Quilicura, en adelante llamada Francomecánica, la contribuyente, la reclamante, la empresa o la sociedad, en tiempo y forma reclama en contra de los siguientes actos administrativos del Servicio de Impuestos Internos: RESOLUCIÓN N° 50 Y LIQUIDACIÓN N° 22, ambas de 30 de abril de 2015. Dos. El 16 de septiembre de 2015 a fojas 117, el Servicio responde el reclamo. Tres. El 28 de septiembre de 2015, a fojas 135, se recibe la causa a prueba, estableciendo los siguientes puntos de prueba: 1. Acredítese que el gasto de la cuenta “Otras Provisiones” fue necesario, no ha sido rebajado como costo y ha sido pagado o adeudado, solo por el monto de $128.854.832 discutido. 2. Acredítese que el gasto de la cuenta “Garantías Técnicas de Fábrica”, no ha sido rebajado como costo y ha sido pagado o adeudado, solo por el monto de $26.349.400 discutido. 3. Acredítese que el gasto de la cuenta “Comisión Ventas Distribuidores” fue necesario, no ha sido rebajado como costo y ha sido pagado o adeudado, solo por el monto de $624.991.690 discutido. 4. Acredítese que el gasto de la cuenta “Medios Publicitarios” fue necesario, no ha sido rebajado como costo y ha sido pagado o adeudado, solo por el monto de $317.647.344 discutido. 5. Acredítese que el gasto de la cuenta “Arriendos bienes raíces” fue necesario, no ha sido rebajado como costo y ha sido pagado o adeudado, solo por el monto de $11.254.653 discutido. 6. Acredítese que el gasto de la cuenta “Asesorías Estudios y Proyectos” fue necesario, no ha sido rebajado como costo y ha sido pagado o adeudado, por el monto de $5.289.526 discutido. 7. Acredítese que el gasto de la cuenta “Corrección monetaria acreditivos bancarios” fue necesario, no ha sido rebajado como costo y ha sido pagado o adeudado, solo por el monto de $58.812.694 discutido. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 2 de 28 8. Acredítese que el gasto de la cuenta “Corrección monetaria cobranzas extranjeras” fue necesario, no ha sido rebajado como costo y ha sido pagado o adeudado, por el monto de $237.417.049 discutido. 9. Acredítese la procedencia de la deducción del “Ajuste IFRS costo de venta existencias”, por el monto de $267.122.272 discutido. 10. Acredítese la determinación del costo directo de bienes y servicios, por el monto de $453.218.951 discutido. Cuatro. El 27 de octubre de 2015 a fojas 150 se realiza la audiencia testimonial. Cinco. El 26 de julio de 2016 a fojas 213 se decreta prueba pericial. Seis. El 24 de enero de 2017 a fojas 226 la perito Katia Villalobos realiza el juramento de su cargo. Siete. El 13 de abril de 2017 la perita evacúa su informe, el cual no es observado por el Servicio. Ocho. El 20 de junio de 2017 a fojas 288, el Tribunal resuelve Autos para Fallo. II. Documentos relevantes acompañados al proceso. Fojas 17, resolución exenta reclamada. Fojas 33, liquidación reclamada. Fojas 156: Comprobantes contables y de respaldo de las operaciones objetadas. III. FASE DE DISCUSIÓN. A. Reclamo. i. Antecedentes. La reclamante declaró en el año tributario 2014 un resultado de pérdida tributaria por $626.589.337 y solicitó una devolución de $615.295.634, que corresponde a: a) Pago Provisional por Utilidades Absorbidas por un monto de $123.568.858. b) Pagos Provisionales Mensuales por un monto de $487.458.983. c) Crédito SENCE por un monto de $4.340.073. d) A los montos anteriores se le deduce Impuesto Único del Art. 21 de la Ley de la Renta por un monto de $72.280.- Posteriormente, el Servicio rechaza las devoluciones solicitadas y liquida diferencias de impuestos a través de las Liquidaciones N° 21 y N° 22. Luego, con fecha 25 de mayo de 2015, Industria Automotriz Francomecánica S.A. presentó Reposición Administrativa Voluntaria, respecto a la cual el Servicio tuvo por conciliadas la mayoría de las partidas antes liquidadas según el siguiente detalle: Concepto A: Costos y/o gastos por acreditar. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 3 de 28 • Cuenta N° 2104010023 "Otras provisiones" fue conciliada parcialmente desde un monto inicialmente cuestionado de $133.194.366 a $128.854.832. • Cuenta N° 4102020001 "Garantías técnicas de fábrica" fue conciliada parcialmente desde un monto de $243.742.676 a $26.349.400. • Cuenta N° 4102040001 "Comisión ventas distribuidores" fue conciliada parcialmente desde un monto de $730.784.699 a $624.991.690. • Cuenta N° 4201010001 "Arriendo de Bienes Raíces", fue conciliada parcialmente desde un monto de $33.647.690.- a $11.254.653. • Cuenta N° 5102030002 "Corrección monetaria acreditivos bancarios", fue conciliada parcialmente desde un monto de $542.212.535.- al monto de $58.812.694. No hubo conciliación en la Cuenta N° 5102030003 "Corrección monetaria cobranzas extranjeras", por el monto de $237.471.049. Concepto B: Ajustes por acreditar efectuados en la determinación de la pérdida tributaria del Año Tributario 2014: No se ha conciliado el monto de $267.122.272, ajuste por IFRS. Concepto C: Control de la rebaja como costo directo de bienes y control de código de existencia final: De un monto total de $3.778.736.369, se concilia parcialmente, manteniéndose el cuestionamiento por el monto de $453.218.951. Donaciones: El Servicio agrega al resultado del ejercicio la suma de $203.660, que correspondería al monto en el que se afectó la cuenta de resultado de pérdida del contribuyente por este concepto. Las Cuentas "Descuentos otorgados ventas de unidades", "Descuentos otorgados ventas de repuestos", "Medios Publicitarios" y Asesorías, estudios y proyectos" y "Diferencia de cambio acreditivos y cobranzas extranjeras" fueron conciliadas en un 100%. ii. Concepto A). Costos y/o gastos por acreditar: Cuenta "Otras Provisiones": Monto cuestionado: $128.854.832. Concepto de la cuenta: Cuenta de pasivo en la cual se registra la estimación por forward y gastos menores. Cargo de la cuenta: provisión de gastos y forward. Abonos de la cuenta: provisión de gastos y forward. Saldo de la cuenta: saldo acreedor. Descripción del saldo: estimaciones de forward y provisiones de gastos varios. El Servicio cuestionó que la operación reciba el tratamiento de gasto si corresponde a una factura de venta. Al respecto, la reclamante realizó un "Acuerdo de Aporte de Fábrica", en el cual Renault entregó un aporte por concepto de "Otros Ingresos Provenientes de Fábrica Canales de Distribución", durante el año 2013, el cual se reversó, por lo cual no podrían Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 4 de 28 utilizarla el año 2013, pero sí podría ser considerado como aporte el año 2014. Además, se pagó el IVA y se declaró en los Libros de Compra. Esta rebaja procede por lo dispuesto en los artículos 29 al 33 de la Ley de Renta, por no deber tributar por un ingreso que no fue tal. Cuenta "Garantías Técnicas De Fábrica". Concepto de la cuenta: Es una cuenta de resultado, en la cual se registran los gastos incurridos por concepto de Garantías técnicas de Fábricas que debe responder la empresa a los clientes. Cargo de la cuenta: Por los montos por concepto de gastos incurridos al realizar las garantías técnicas de fábrica. Abonos de la cuenta: Por regularizaciones contables por errores de imputación. Saldo de la cuenta: Saldo deudor. Descripción del saldo: Representa el monto de los gastos incurridos en ese concepto al momento de la venta. La reclamante indica que los $26.349.400 se encuentran acreditados con facturas emitidas por diferentes proveedores junto a una planilla con el detalle de éstas, la que concuerda con el Libro Mayor de la cuenta. En consecuencia, los gastos asociados a esta cuenta están acreditados, procediendo su rebaja como gastos necesarios de acuerdo al artículo 31 de Ley de la Renta. Cuenta "Comisión Ventas Distribuidores". Concepto de la cuenta: Cuenta de resultado, en la cual se registran los montos desembolsados por la empresa durante el período, por concepto de pago de comisiones a concesionarios y distribuidores. Cargo de la cuenta: Por los gastos del período por concepto de comisiones a los Concesionarios y Distribuidores. Abonos de la cuenta: Por regularizaciones de imputación contable. Saldo de la cuenta: Saldo deudor. Descripción del saldo: Representa el gasto realizado por la empresa por concepto de comisiones pagadas a los Concesionarios y Distribuidores. En consecuencia, los gastos asociados a esta cuenta están acreditados, procediendo su rebaja como gastos necesarios de acuerdo al artículo 31 de Ley de la Renta. Cuenta "Medios Publicitarios". Concepto de la cuenta: Cuenta de resultado, en la cual se registran los montos desembolsados por la empresa durante el período, por concepto de pago de Gastos en Publicitarios por medios (TV, radio, periódicos, etc.). Cargo de la cuenta: Por los gastos del período por conceptos de Publicitarios por medios (TV, radio, periódicos, etc.) Abonos de la cuenta: Por regularizaciones de imputación contable. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 5 de 28 Saldo de la cuenta: Descripción del saldo: Representa el gasto realizado por la empresa por concepto de gasto publicitario. En consecuencia, los gastos asociados a esta cuenta están acreditados, procediendo su rebaja como gastos necesarios de acuerdo al artículo 31 de Ley de la Renta. Cuenta "Arriendos Bienes Raíces". Concepto de la cuenta: Cuenta de resultado, en la cual se registran los gastos incurridos por la empresa al arrendar edificios y construcciones para la realización de su actividad comercial. Pago arriendo bienes raíces adeudado o devengado, mantención del bien raíz arrendado (contratos a mediano y largo plazo). Cargo de la cuenta: Por el gasto por concepto de arriendo de edificios y construcciones. Abonos de la cuenta: Por los ajustes o regularizaciones contables por errores de imputación. Saldo de la cuenta: Saldo deudor. Descripción del saldo: Representa el gasto realizado por la empresa por concepto de arriendo de edificios y construcciones. En consecuencia, los gastos asociados a esta cuenta están acreditados, procediendo su rebaja como gastos necesarios de acuerdo al artículo 31 de Ley de la Renta. Cuenta "Asesorías Estudios y Proyectos". Concepto de la cuenta: Cuenta de resultado, en la cual se registran los gastos realizados por servicio en asesoramiento de Estudios y proyectos no incluidos en los otros rubros de asesoría. Cargo de la cuenta: Por la contabilización de los gastos por servicio en asesoramiento de Estudios y proyectos no incluidos en los otros rubros de asesoría. Abonos de la cuenta: Por regularizaciones contables por errores de imputación. Saldo de la cuenta: Saldo deudor. Descripción del saldo: Representa los montos desembolsados por la empresa por conceptos Gastos en Asesorías Estudios Especificas. Respecto de esta partida el SII exigió acreditar la suma de $5.289.526, el que corresponde a asesorías realizadas el año 2012, la que no fue contabilizada como gasto al 31 de diciembre de 2012, por lo que corresponde deducirlo en su resultado financiero del ejercicio correspondiente al Año Tributario 2014. En consecuencia, los gastos asociados a esta cuenta están acreditados, procediendo su rebaja como gastos necesarios de acuerdo al artículo 31 de Ley de la Renta. Cuenta "CM. Acreditivos Bancarios". Concepto de la cuenta: Cuenta de resultado, en la cual se registra los efectos inflacionarios que afectaron la cuenta de acreditivos bancarios en el período. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 6 de 28 Cargo de la cuenta: Se carga la cuenta cuando se debe reconocer la pérdida del período por efecto de la corrección monetaria de la cuenta. Abonos de la cuenta: Se abona la cuenta cuando se debe reconocer la utilidad del período por efecto de la corrección monetaria de la cuenta. Saldo de la cuenta: Saldo deudor o acreedor. Descripción del saldo: El saldo deudor representa el monto perdido por la empresa por concepto de corrección monetaria. El saldo acreedor representa el monto ganado por la empresa por este mismo concepto. En un CD se refleja las correcciones monetarias realizadas en el año 2013, llegando a un saldo de $542,212,535, bajo la tabla hay dos cuadros resúmenes que corresponden a los préstamos adquiridos en el año 2013 y 2012, reflejando su valor histórico y actualizado siendo la diferencia de estos la corrección monetaria reflejada en la cuenta corrección monetaria Préstamos bancarios. En consecuencia, los gastos asociados a esta cuenta están acreditados, procediendo su rebaja como gastos necesarios de acuerdo al artículo 31 de Ley de la Renta. Cuenta "CM. Cobranzas Extranjeras". Concepto de la cuenta: Cuenta de resultado, en la cual se registra los efectos inflacionarios que afectaron la cuenta de Cobranzas Extranjeras en el período. Cargo de la cuenta: Se carga la cuenta cuando se debe reconocer la pérdida del período por efecto de la corrección monetaria de la cuenta. Abonos de la cuenta: Se abona la cuenta cuando se debe reconocer la utilidad del período por efecto de la corrección monetaria de la cuenta. Saldo de la cuenta: El saldo deudor representa el monto perdido por la empresa por concepto de corrección monetaria. El saldo acreedor representa el monto ganado por la empresa por este mismo concepto. En un CD se encuentra la tabla dinámica, la cual se divide en Anticipo Proveedores Extranjeros y Proveedor Extranjero. En ella se encuentran las columnas a valor histórico y valor actualizado de cada cuenta, en medio de estas se encuentra la columna Corrección monetaria, que corresponde a la diferencia entre el valor histórico y valor actualizado de las cuentas anticipo proveedores y proveedores extranjeros. La suma de las correcciones monetarias nos da un saldo al 31.12.2013 de $201.705.351.- En consecuencia, los gastos asociados a esta cuenta están acreditados, procediendo su rebaja como gastos necesarios de acuerdo al artículo 31 de Ley de la Renta. iii. Concepto B). Ajuste IFRS costo venta existencias El monto de $267.122.272 corresponde a una ganancia producto de un ajuste financiero por las normas IFRS, la que no tiene efecto tributario. Esta deducción se encuentra íntegramente acreditada, mediante la abundante documentación que se acompañará por mi representada en la etapa probatoria, procediendo su rebaja en el proceso de determinación de la renta líquida imponible del Año Tributario 2014. iv. Concepto C). Correcta determinación del costo registrado por la Sociedad. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 7 de 28 La reclamante, mediante una planilla, explica cómo llega a un resultado distinto al que fue presentado por la Fiscalizadora en el proceso de revisión. Esta se adjuntará en CD en la etapa procesal correspondiente. v. Concepto C). Donaciones. La reclamante acepta esta partida. vi. Derecho al PPUA y al PPM. Entiende la reclamante que con toda la documentación y las explicaciones entregadas se acredita la pérdida tributaria que da origen al PPUA, a la devolución de PPM y Crédito SENCE pedido a través del Formulario 22 correspondiente al AT 2014. Además, el Libro FUT ha sido llevado conforme a las instrucciones del Servicio y no existen observaciones o impugnaciones en cuanto a su contenido o forma. POR TANTO, solicita dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 50 en su parte vigente y la Liquidación N° 22 de fecha 30 de abril de 2015. B. Respuesta del Reclamo. i. Nueva auditoría En opinión del Servicio, el ámbito en que debe ejercerse la Jurisdicción del Tribunal Tributario y Aduanero se encuentra determinado por la Liquidación N° 22 y la Resolución 50/ 2015, las que expresamente indican que su dictación obedece a que el contribuyente no aportó los antecedentes que permitieran acreditar gastos y ajustes, así como aquellas que inciden en la pérdida de ejercicios anteriores. Estima que no es posible impugnar los actos recurridos en elementos que no fueron conocidos por la administración al momento de emitir la Liquidación y la Resolución reclamada. Es decir, en caso de presentar antecedentes que no se tuvieron a la vista al momento de adoptar la decisión, ellos no tienen la aptitud de que se discuta en su virtud la pertinencia de la Liquidación y Resolución recurridos. Por lo tanto, el objeto del juicio consiste en determinar si los fundamentos contenidos en la Liquidación y Resolución recurridas se encuentran ajustados a Derecho, atendido los antecedentes tenidos a la vista por el Servicio de Impuestos Internos a la fecha de su emisión. ii. Falta de acreditación de las partidas observadas Mediante la interposición de la reposición administrativa (RAV), la reclamante logro desvirtuar sólo parte de las partidas observadas. El rechazo de las referidas partidas encuentra su fundamento en la falta de justificación y acreditación de las mismas, pues la reclamante no aportó la totalidad de la documentación solicitada en la Notificación N° 273 de 15 de septiembre de 2014, y la Notificación N° 544098 de 14 de enero de 2015. Sólo una vez finalizada la fiscalización y emitidos los actos reclamados, en el procedimiento RAV, concurrió con parte de la documentación. Cabe recordar que el Art. 21 del Código Tributario establece que corresponde al contribuyente acreditar la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir de base para el cálculo del impuesto. En concordancia con el artículo 17, el contribuyente debe acreditar con contabilidad completa Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 8 de 28 y fidedigna la efectividad de sus operaciones, situación que en este caso particular no ha ocurrido. Además, la reclamante se encuentra obligado a tributar sobre renta efectiva en base a contabilidad completa y debe considerar el mecanismo de determinación de la renta líquida imponible del Impuesto de Primera Categoría contenido en los Artículos 29 al 33 de la Ley de la Renta. Y en relación a los gastos, el inciso primero del Artículo 31 de la Ley de la Renta permite deducir de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente. iii. Concepto A). Costos y/o gastos por acreditar: Cuenta 2104010023 "Otras provisiones" El monto ascendente a $133.194.366 que el contribuyente deduce en su resultado financiero del ejercicio correspondiente al Año Tributario 2014, se encuentra respaldado sólo por la suma de $4.339.534 mientras que el saldo de $128.854.832 no se encuentra acreditado fehacientemente, por tanto, no procede su deducción. Cuenta 4102020001 "Garantías técnicas de fábrica" En esta partida luego de la RAV presentada por la reclamante se mantienen 1.251 registros por un total de $26.349.400 que no han sido fehacientemente acreditados por el contribuyente. Para algunos de los 1.251 registros no acreditados, se presentó documentación de respaldo, que no concordaban con los registros contabilizados en el Libro Mayor de la cuenta. Cuenta 4102040001 "Comisión ventas distribuidores" Existen 693 registros por un total de $624.991.690, que no fueron acreditados. Cabe señalar que para algunos registros se presentaron antecedentes. Sin embargo los montos consignados en ellos no concordaban con los registros contabilizados en el Libro Mayor de la cuenta. Cuenta 4201010001 "Medios publicitarios" Respecto a esta partida la reclamante en la instancia de fiscalización con la documentación acompañada, sólo logró acreditar 324 registros por un monto total de $852.501.511, no obstante, no acompaño documentación que permitiera acreditar 212 registros por un monto de $317.647.344. Cuenta 4204040002 "Arriendo de bienes raíces" En lo concerniente a esta partida existen 2 registros por un total de $11.254.653 que no fueron acreditados por el contribuyente. Para estos últimos registros cabe señalar que si bien es cierto que el contribuyente presentó el Formulario 29, sin embargo, en éste se declara un monto de $11.202.879 en el código 563 "Base imponible", monto que no concuerda con los registros que debía respaldar el contribuyente. Cuenta 4204060005 "Asesorías, estudios y proyectos" Cabe señalar que este monto corresponde a asesorías realizadas en el Año Comercial 2012, por lo cual se hacía necesario verificar que éste no se encontraba provisionado al 31 Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 9 de 28 de diciembre de 2012 y por ende contabilizado como gasto en el resultado financiero a la misma fecha. No obstante, no se presentaron antecedentes que permitieran realizar el seguimiento de las facturas y corroborar dicha situación. Cuenta "CM Acreditivos Bancarios" En relación a esta partida el contribuyente debía acreditar el monto de $58.812.694 por la cuenta "Corrección Monetaria Acreditivos Bancarios", lo cual, como reiteradamente se ha insistido, no fue realizado durante la fiscalización en sede administrativa. Cuenta 5102030003 "Corrección monetaria cobranzas extranjeras" El monto ascendente a $237.471.049 que el contribuyente deduce en su resultado financiero del ejercicio correspondiente al Año Tributario 2014, no se encuentra acreditado fehacientemente, por tanto, no procede su deducción. iv. Concepto B). Ajuste IFRS costo venta existencias La reclamante no presentó antecedentes que permitan acreditar que el monto de $267.122.272 corresponde a una ganancia producto de un ajuste por IFRS y que no tendría efecto tributario. En consecuencia, no procede su deducción. v. Concepto C). Correcta determinación del costo registrado por la Sociedad. Durante la etapa de fiscalización no acompañó antecedentes suficientes para acreditar la veracidad de sus operaciones, para luego sólo en la etapa de reposición administrativa voluntaria, acompañar información parcial para acreditar sus pretensiones. En consecuencia, no habiéndose acreditado la concurrencia de los requisitos generales del gasto tributario que dispone el inciso tercero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y las instrucciones que el Servicio de Impuestos Internos ha impartido, se concluyó que no procedía aceptar las deducciones efectuadas por la reclamante para el AT 2014. vi. Conclusiones Generales. De acuerdo a lo señalado en los puntos precedentes, corresponde concluir, en resumen, lo siguiente: 1. El reclamante no acompañó en sede administrativa la documentación necesaria para acreditar los gastos deducidos de su renta líquida imponible. 2. Mediante la interposición del reclamo tributario, intenta ahora la generación de una nueva instancia de fiscalización o auditoría, lo que significa desconocer las funciones que la ley ha encomendado al Servicio de Impuestos Internos. 3. Del tenor del reclamo interpuesto, no existe una real controversia o posición antagónica respecto de la aplicación o interpretación de la legislación tributaria. En la mayoría de las cuentas partidas y cuentas objetadas las observaciones formuladas se refieren a la falta de acreditación de los requisitos legales para las deducciones efectuadas con el contribuyente. 4. Frente a los hechos y fundamentos de derecho expuestos por esta parte a lo largo de esta presentación, no cabe más que concluir que los actos reclamados fueron correctamente emitidos. POR TANTO, solicita se rechace el reclamo en todas sus partes, con costas. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 10 de 28 IV. CONSIDERANDO. A. Nueva auditoría. Primero. Que, sin perjuicio de lo que se determinará en la presente sentencia, y precisado lo concerniente respecto a los antecedentes de hecho y derecho debatidos en este proceso y respecto de los cuales, este Tribunal debe pronunciarse, particularmente en lo referido a la nueva auditoría alegada por el Servicio. Segundo. Que de la simple lectura del artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de los Tribunales Tributarios y Aduaneros Ley 20,322, no se deduce la restricción de competencia que el Servicio pretende atribuir. Tampoco en la historia del establecimiento de la ley se señala lo sostenido por el Servicio de Impuestos Internos, lo que demuestra que jamás estuvo en la intención de los legisladores la limitación que se pretende sea reconocida. Esto debe relacionarse con el Artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales. Tercero. Que, por otra parte, si bien este sentenciador conoce la existencia de sentencias de otros tribunales tributarios y aduaneros que así lo han sostenido, dicha tesis, minoritaria en las sentencias de nuestros tribunales de primera instancia y superiores, no es compartida por este Tribunal. Cuarto. Que teniendo en cuenta lo anterior, resulta del todo atingente que el reclamante tenga derecho a probar en esta sede lo que el Servicio tuvo por no acreditados, lo que constituye la piedra angular del “debido proceso”, concepto medular de todo órgano jurisdiccional y elemento esencial dentro de un estado de derecho. Esto está expresamente garantizado en nuestra Carta Fundamental (artículo 19 N° 3 inciso quinto): “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y justo”. Quinto. Esta norma, en su dimensión adjetiva, se traduce en la regulación por ley de los procedimientos judiciales, y en su dimensión sustantiva, en la existencia y exigencia de un proceso justo, que reúna estándares garantistas que cautelen de forma adecuada la defensa, el derecho a la prueba, la fundamentación de las sentencias y la impugnabilidad de las mismas; garantías que este Sentenciador se encuentra obligado a cumplir en el presente proceso para ambas partes. Sexto. Que, esto trae como consecuencia que las alegaciones del Servicio están fuera de lugar al tratar de desestimar el reclamo basándose en que el contribuyente hizo o no hizo, llevó o no llevó tal documento o contestó o no contestó tal cosa en la fase de fiscalización. Reducir el presente o cualquier litigio a estas circunstancias sería vulnerar el mandato constitucional ya descrito a la vez que vulnerar lo prescrito en los Artículos 21 y 132 del Código Tributario, reguladores de la prueba. El primero establece que el contribuyente tiene la carga de la prueba sobre la veracidad de sus declaraciones y el segundo le indica la forma en que puede ejercer esta actividad probatoria en juicio. Esta interpretación concuerda con el poder-deber que le ha encomendado la Constitución y las leyes vigentes, lo cual se traduce en su tarea jurisdiccional, definida por Couture1, en su como la “función 1 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Roque De Palma, Buenos Aires 1958. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 11 de 28 pública, realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”. Séptimo. Que, no es la intención de este sentenciador inmiscuirse en competencias propias de algún organismo o entidad, haciendo presente que también, se espera lo propio del organismo cuyos actos administrativos son objeto de reclamación en esta sede, pues la labor que la ley ha puesto dentro de la esfera de las atribuciones de este sentenciador comprende y entiende la posibilidad que el acto reclamado sea discutido en toda la amplitud y extensión, al tenor por supuesto de lo señalado en el reclamo, lo contestado por el organismo reclamado, el mérito de las probanzas y la legalidad vigente aplicable al caso. Octavo. Que, así las cosas, este Tribunal Tributario y Aduanero no hace más que cumplir con su cometido de órgano jurisdiccional del Estado, imponiéndose del Derecho y los hechos vertidos en el presente juicio. Además, la nueva justicia tributaria y aduanera tiene como objetivo trascendente el de equilibrar las posiciones litigiosas en el presente conflicto, a objeto de asegurar el legítimo equilibrio dentro de un estado de derecho, entre la posición fiscal y el contribuyente. Asumir otra posición implicaría privar al reclamante de sus facultades de probar sus declaraciones, haciendo la ya pesada carga de la prueba del Artículo 21 incluso imposible de cumplir. Indagar si en la etapa administrativa se aportaron los antecedentes requeridos, sin resolver respecto al fondo de lo discutido sería, en consecuencia, contrario a derecho. Noveno. Que, este criterio ha sido confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Tributaria y Aduanera Rol 18-2013, al desestimar un recurso de reposición interpuesto por el Servicio, en el cual buscaba impedir que se conociera el fondo de la reclamación, por no tener facultades el órgano jurisdiccional. Décimo. Que, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa Rol 1638-2012, sobre Recurso de Amparo Económico en contra del Servicio de Impuestos Internos, en que este negó una devolución y ordenó devolver parte de lo solicitado y citó de acuerdo al artículo 63 del Código Tributario. En dicho recurso la Iltma. Corte expresa: “Expresa que el recurrente se opone a la Resolución Exenta 160, sin embargo, el legislador ha prescrito un procedimiento especial para ese tipo de impugnaciones, cual es el Procedimiento General de Reclamaciones previsto en el artículo 123 y siguientes del Código Tributario. El Recurso de Amparo Económico es para el caso de derechos constitucionales indubitados y no para aquellos en que éstos son discutidos, o bien respecto de los cuales se contemplan procedimientos y recursos a que los particulares pueden acudir en caso de conflicto.” Considerando CUARTO: “Que el recurso de amparo económico tiene únicamente como finalidad constatar si ha existido o no una afectación a la garantía invocada y en caso positivo así declararlo, mas no da lugar a un procedimiento controversial, el que resulta en el caso sub lite ser más propio del procedimiento regulado en el artículo 124 del Código Tributario.” Undécimo. Que, impedir al reclamante probar con la amplitud probatoria que la ley en actual vigencia permite, los fundamentos de hecho que permiten eventualmente dejar sin Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 12 de 28 efecto una actuación de la autoridad tributaria o aduanera. Es en concepto de este juez, pura y simplemente la negación de la acción, la negación del debido proceso, dejar en letra muerta la amplitud de medios de prueba que la ley faculta utilizar, desconocer la razón esencial por la cual esta judicatura existe en la forma actualmente vigente de acuerdo a la ley 20.322; tal anhelada desde hace muchos años por la doctrina y los autores de la especialidad. Es establecer de forma solapada una limitación y/o exclusión de prueba que la ley en ninguna parte establece. Duodécimo. Que, es más, de ser efectivo lo que el Servicio de Impuestos Internos sostiene en esta materia, no se vislumbra la razón del establecimiento del mecanismo de exclusión de prueba establecido en el artículo 132 inciso 11 del Código Tributario. Dicha institución, (de por sí muy discutida en doctrina por la forma y las consecuencias que su aplicación puede acarrear), establece de modo expreso que “no serán admisibles aquellos antecedentes que teniendo relación directa…”; es decir, es una limitación regulada de forma expresa en la ley. Limitación que por definición es una excepción a la regla general de la libertad probatoria. Si la ley tuvo que establecerla, es porque no existe otra u otras limitaciones aplicables. Decimotercero. Que, otro antecedente que resulta relevante, para arribar a lo explicitado en esta resolución, es lo señalado en el artículo 132 del Código Tributario que en lo pertinente dispone: “Se admitirá, además, cualquier otro medio probatorio apto para producir fe “. Es decir, la propia ley establece esta regla general muy amplia, no limitativa de medios de prueba, lo que demuestra la intención del legislador de amplitud y no de limitación, tanto de la discusión como en la prueba en estos procedimientos. Decimocuarto. Que, si la exclusión de prueba o la exclusión de aquello respecto de la cual, se puede probar está como sostiene el Servicio de Impuestos Internos en la circunstancia de haberse solicitado los antecedentes, y estos no fueron acompañados en sede de fiscalización; la labor jurisdiccional se reduciría solo a la comprobación de esa circunstancia y en ese evento, acreditado que no se acompañó en dicha sede administrativa, la única alternativa posible para esta judicatura es simplemente confirmar la actuación reclamada. Es casi una revisión formal sin entrar al fondo de la discusión de que se trate. Entiende este juez que no es rol, ni la razón de ser de esta judicatura. Es la desnaturalización de estos tribunales. Decimoquinto. Que, en definitiva, la labor jurisdiccional en esta sede no puede tener, de modo alguno, una visión tan estrecha y mezquina como el Servicio de Impuestos Internos sostiene, negando en esta instancia la posibilidad de revisar hechos y derecho de forma amplia, dejando de alguna manera en una suerte de indefensión muchas situaciones que de entenderse de otra manera escaparían de la revisión judicial, limitando la posibilidad de aportar pruebas, las que serán en definitiva valoradas en la sentencia definitiva, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Decimosexto. Que, lo sostenido por el Servicio de Impuestos Internos, en concepto de este sentenciador, se opone al derecho a la prueba, al racional y justo procedimiento, y al equilibrio de armas que debe existir entre los intervinientes; a todos los principios que informan el debido proceso, consagrado en tratados internacionales obligatorios y vigentes para Chile, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 13 de 28 Decimoséptimo. Que, en conclusión, este Sentenciador no reducirá esta justicia tributaria y aduanera a una mera función revisora de si los contribuyentes llevaron o no los papeles solicitados, lo que claramente no es la intención de una justicia impositiva en un Estado de Derecho. Toda la prueba que un reclamante desee producir en juicio debe ser ponderada por el Tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica, tal como lo establece el Artículo 132 del Código Tributario. Decimoctavo. Que, en resumen, entiende este sentenciador que la esencia y razón de ser de esta judicatura especial tributaria y aduanera es que no escape a la jurisdicción la revisión tanto de la legalidad de la actuación de que se trate de aquellas reclamables, como de sus fundamentos fácticos, lo que constituye la esencia y fin de los tribunales tributarios y aduaneros de acuerdo a la historia, sentido y texto de su Ley Orgánica Constitucional. No entenderlo así, es reducir de modo arbitrario y sin fundamento razonable la función jurisdiccional, la que no es más que una manifestación de la soberanía que posee el Estado. Decimonoveno. Que este Tribunal se ha referido majaderamente a este tema en variados fallos, siendo uno de ellos es aquel que recayó en la causa RIT GR-15-00069- 2014, confirmada en todas sus partes por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (Tributario y Aduanero-22-2016). Vigésimo. Que, finalmente, la misma Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y la Excelentísima Corte Suprema también se han pronunciado respecto a la llamada “nueva auditoría” alegada por el Servicio en múltiples reclamos: Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 84-2015: “Primero: Que la controversia conforme a la sentencia interlocutoria de prueba que se reproduce en el motivo 4°) del impugnado fallo de primer grado, estaba circunscrita, en síntesis, a la actividad desarrollada por el contribuyente ante el órgano estatal en la fase de fiscalización; y, en segundo lugar, la veracidad de verificarse los presupuestos de hecho que hacen procedente la devolución solicitada por la reclamante en su declaración anual para el año tributario 2012. Segundo: Que, trabada la litis y por mandato del artículo 115 del Código Tributario, modificado por la Ley N° 20.322, los Tribunales Tributarios y Aduaneros son los llamados por el Ordenamiento Jurídico a dirimir las cuestiones —entre otras- promovidas por los contribuyentes por las decisiones adoptadas por el Servicio de Impuestos Internos, debiendo hacerse cargo de las argumentaciones de las partes, la prueba rendida por las mismas en la fase correspondiente y las dispuestas por el tribunal, en la sentencia definitiva que culmina el proceso judicial, sin perjuicio de la apelación dispuesta por el legislador para quien resulte vencido. Tercero: Que, entonces, no habiéndose resuelto la controversia de fondo, esto es, la procedencia o no de la devolución solicitada al Servicio de Impuestos Internos por la contribuyente "Asesorías Río Najerillas Ltda." corresponde disponer que el juez no inhabilitado conozca los antecedentes y dicte la sentencia definitiva de acuerdo a lo obrado en el este juicio, evitando de este modo que esta Corte Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 14 de 28 proceda a emitir pronunciamiento en única instancia, conforme se ha decidido en los ingresos Tributario y Aduanero, números 75, 129 y 141 de 2015.” Excelentísima Corte Suprema, Rol 22827-14: 3° Que, de acuerdo al mérito del proceso, el juez del fondo no ha establecido que, al citar al reclamante, el Servicio le haya solicitado antecedentes determinados y específicos, sino que sólo asienta que el ente fiscalizador requirió genéricamente antecedentes para salvar determinadas observaciones, por lo que no se encuentra probado el segundo de los requisitos necesarios para excluir la prueba. Así, entonces, al no haberse establecido los antecedentes determinados y específicos requeridos por el Servicio y no presentados oportunamente por el reclamante, la exclusión de prueba pretendida por la reclamada no resulta posible sin infraccionar lo dispuesto en el artículo 132 del Código Tributario, dejando a la reclamante en la indefensión. 4° Que, por otra parte, el inciso duodécimo del artículo 132 transcrito en el razonamiento 1° supra exige al juez pronunciarse en la sentencia sobre la inadmisibilidad de prueba. Este pronunciamiento no se satisface con una referencia genérica en la fundamentación de la sentencia a la exclusión de prueba no presentada oportunamente ante el Servicio, sino que exige uno en la parte resolutiva de la misma que señale los antecedentes específicos que resultan inadmisibles, cuestión que refuerza la convicción de estos sentenciadores en orden a que el a quo ha procedido correctamente al análisis de los antecedentes aportados. 5° Que por lo demás, este tribunal ya ha señalado que “la sede jurisdiccional dista de ser una ‘segunda revisión’ de los antecedentes presentados a la administración, comprensión que se ve ratificada al analizar las disposiciones de excepción que coartan las posibilidades probatorias de las partes, sujetas previamente a la acreditación de precisos y determinados supuestos por parte de la administración, como lo es la contenida en el inciso 11º del artículo 132 del Código Tributario. Así, entonces, los tribunales del grado han de emitir su dictamen sobre todos y cada uno de los asuntos propuestos por las partes, de acuerdo a las normas procesales aplicables al caso, dictando sentencia estableciendo los hechos de la causa, sobre la base de la prueba rendida, y aplicando el derecho pertinente, de manera que la restricción funcional que propone el reclamado no se condice con la función asignada por la Constitución y las leyes a los tribunales de justicia, por lo que no hay error de derecho – y menos de carácter sustancial- al haber sido decidida la litis de acuerdo a los hechos y el derecho planteado en las fases procesales correspondientes.” (Corte Suprema 11461-2014). Vigésimo primero. Que, por todas las razones latamente expuestas, la alegación del Servicio de Impuestos Internos en cuanto a la improcedencia del reclamo, falta de competencia por tratarse de una suerte de nueva auditoría o la imposibilidad para conocer en este caso será desechada por este juez. B. Concepto A). Costos y/o gastos por acreditar: Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 15 de 28 Vigésimo segundo. Que resuelto lo anterior, el Tribunal se abocará a analizar cada una de las partidas objeto de los actos administrativos reclamados, para lo cual es menester tener presente que el Tribunal se ha pronunciado incansablemente sobre la necesidad que el reclamante explique completamente los hechos que ha de hacer valer en el desarrollo del juicio, es decir, como en el caso de autos, por qué y de qué modo los gastos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley de la Renta y las otras deducciones con sus correspondientes requisitos legales. Vigésimo tercero. Que en este sentido en las causas RIT GR-15-00237-2013, GR-15- 00259-2013, GR-15-00287-2013, GR-15-00326-2013, GR-15-00067-2014, GR-15-00224- 2014 (confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en los autos 214- 2015), todas ejecutoriadas, en las cuales se indica que: “DÉCIMO CUARTO: Que la reclamante no explica por qué los gastos están acreditados. En este momento debe retrocederse a la etapa de discusión, para observar que la reclamante alega que los gastos fueron injustamente objetados por el Servicio, pero no expone los fundamentos de hecho por los cuales este Tribunal debiera tener por acreditados los gastos. El profesor Cristian Maturana M., Director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, indica que en primer lugar el actor debe efectuar una exposición clara de los hechos que configuran la pretensión. El cumplimiento de este requisito es de vital trascendencia, puesto que permite: Calificar la pretensión que se ha deducido y determinar la competencia del tribunal para conocer de ella; Establecer si los hechos tienen o no el carácter de controvertidos según el reconocimiento que haga el demandado durante el curso del período de discusión, no siendo ellos objeto de prueba en este último caso; Facilita que el tribunal al recibir la causa a prueba pueda resolver acerca de la admisibilidad, pertenencia e idoneidad de la prueba ofrecida a las partes. Facilita al tribunal la determinación de los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales ha de recaer la prueba en el período probatorio y Finalmente, facilita al tribunal la labor de establecimiento de los hechos que debe efectuar en la sentencia mediante la apreciación de la prueba que se hubiere rendido en el proceso. Los hechos que configuran la pretensión solo corresponde introducirlos al proceso mediante su afirmación al actor y jamás al juez, por lo que la configuración de la pretensión es siempre acto de parte; y por otro lado, solo de deberán contener en la resolución que recibe la causa a prueba los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que se afirmen en los escritos en el período de discusión, por lo que no podrá llegar a ser acreditado un hecho no afirmado por las partes. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 16 de 28 En consecuencia, quien no afirma un hecho necesario para la eficaz configuración de una pretensión y que permita ser acogida de acuerdo al derecho, comienza a perder el juicio con la demanda que presenta.2 Retomando la afirmación anterior, al observar el escrito de reclamo de autos, este no contiene los fundamentos de hecho por los cuales cada una de las partidas de gasto debe ser acreditada. La reclamante se limita, de fojas 4 a 6, a identificar como los documentos presentados al Servicio probarían el gasto, pero sin indicar, por ejemplo, porqué incurrir en ese gasto fue necesario para producir la renta, el primero y más importante de los ya descritos requisitos de los gastos.” Vigésimo cuarto. Que como ya se indicó, el rechazo del Servicio de prácticamente todos los gastos se justifica porque la reclamante no llevó la documentación a la sede administrativa. Vigésimo quinto. Que teniendo presente lo indicado ya sobre la nueva auditoría, y la postura general del reclamado de negar absolutamente todas las partidas que conforman el resultado financiero de la reclamante, el Tribunal se abocará a analizar, en primer lugar, el libelo y luego, si es necesario, las partidas del balance que componen aquel para continuar con los agregados y deducciones realizados a la renta líquida imponible. Vigésimo sexto. Que aún más específicamente, el Tribunal, en la causa RIT GR-15- 00224-2014, utilizando el mismo argumento señalado anteriormente, se refirió a la imposibilidad jurídica de acoger un reclamo en el cual se señale que un gasto cumple con el requisito del artículo 31 de la Ley de la Renta “solo por ser necesario” sin que se diga por qué lo es. La citada sentencia indica: Trigésimo quinto. Gastos necesarios. La reclamante indica que este gasto corresponde a la asistencia mensual en cumplimiento de normas legales, informes de auditores externos, supervisión del cumplimiento de los negocios y operaciones de Luxinvest, conforme a la Ley sobre Sociedades Anónimas y otras disposiciones legales. Trigésimo sexto. Que esta justificación es demasiado sucinta para justificar un gasto de 48 millones de pesos. ¿Qué quiere decir la reclamante con asistencia en cumplimiento de normas legales? ¿Cuánta asistencia? ¿Cuáles normas? También menciona informes: ¿sobre qué materias? ¿es el estudio jurídico quien realizó tales auditorías? Las mismas y otras preguntas pueden efectuarse respecto de la supervisión de negocios y operaciones. ¿cuál es la razón de la reclamante para no detallar en qué consistía cada una de ellas? Y finalmente, ¿cuáles de los más de 100 Artículos de la Ley de Sociedades Anónimas son los que justifican un gasto de 48 millones de pesos? ¿Acaso hubo una fusión, una división? ¿Cuáles son las otras “disposiciones legales” que hicieron necesario pagar millones de pesos al estudio jurídico aquí analizado? Trigésimo séptimo. Que no corresponde a este sentenciador responder a estas preguntas ni adivinar cuál es la intención del reclamante o indagar en la normativa vagamente invocada para tratar de justificar la necesidad de un gasto. 2 MATURANA, Cristian. Separata Juicio Ordinario Capítulo V, agosto 2009. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 17 de 28 Trigésimo octavo. Que, en forma complementaria a sus breves argumentos, la reclamante acompaña una minuta del estudio jurídico, en la cual se describirían los servicios prestados. Un ejemplo de esto es el siguiente: “El 4 de enero de 2010 el abogado “AMA”, en un asunto “GENE”, “Reunión de directorio” por 4 horas a un valor de 8 UF para un total de 32 UF.” Ahora bien, lo anterior, ¿qué quiere decir? ¿Que el abogado AMA asistió a una reunión por 4 horas? ¿Que redactó la escritura y tardó 4 horas? ¿A qué reunión de directorio asiste? ¿De la reclamante u otra sociedad? Trigésimo noveno. Estas preguntas pueden sonar baladíes, pero hay otras que ciertamente no lo son. Un ejemplo de problemas que genera esta parquedad es el siguiente: los gastos, en primer lugar, deben tener relación con ingresos del giro, ya que el mismo Artículo 31 no permite la deducción de gastos que no la tengan. En segundo lugar, la Ley de la Renta indica que debe agregarse a la Renta Líquida Imponible los gastos relacionados con ingresos no reputados renta o rentas exentas, de los cuales la reclamante misma afirma tener. Al omitir una apropiada descripción de los hechos, la reclamante no permite tener por superada esta incertidumbre. Vigésimo séptimo. Que dicha causa fue confirmada plenamente por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en los autos Rol 214-2015, argumentando lo siguiente: “Que aun cuando se acompañaron las boletas y copia del expediente arbitral caratulados “Artecola Chile SA con Química Artical Ltda. y Luxinvest Chile SA” seguido ante el Juez Arbitro señor Miguel Luis Amunátegui que dieron cuenta del gasto relativo al año comercial 2010, la reclamante omitió acreditar la necesidad del gasto para generar la renta conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley de la Renta…” Vigésimo octavo. Que entonces, el Tribunal analizará cada una de las partidas bajo este prisma, es decir, analizando primero si el libelo es suficiente. Solo en caso afirmativo, se ponderará la prueba presentada bajo los principios de la sana crítica. i. Cuenta "Otras provisiones" Vigésimo noveno. Que al respecto la reclamante indica que realizó un "Acuerdo de Aporte de Fábrica" sin indicar la fecha del mismo, cuáles son las partes, la vigencia y lo más importante, cuáles son las obligaciones, mencionando solo escuetamente que Renault entregó un aporte. ¿Fue este aporte entregado en dinero, en especies? Trigésimo. Que tampoco explica la reclamante qué quiere decir que el acuerdo se reversó, el cual no es un término del derecho civil utilizado durante la vida o la terminación de los actos jurídicos, que no se explica por sí mismo, sino que es más bien un término contable aplicable a anotaciones de dicha naturaleza. Tampoco se explica el motivo por el cual se reversó y cuáles fueron las consecuencias en los derechos y obligaciones de las partes. Trigésimo primero. Que la reclamante no explica la época en la cual el acuerdo se reversó, lo cual, añadido a lo anterior, tampoco informa debidamente sobre la razón por la Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 18 de 28 cual no podrían utilizarla (¿utilizar qué?) el año 2013, pero sí ser considerado como aporte el año 2014. Esto es ininteligible para este sentenciador. Trigésimo segundo. Que tampoco tiene sentido esto con la explicación dada por la reclamante que esta sería una cuenta que registra la estimación de forward y otras provisiones de gastos menores. ¿Tiene que ver el acuerdo con un forward? ¿Por qué en esta cuenta se mezclaría un forward con un aporte y con otras provisiones? ¿Por qué este aporte debe pagar IVA? Trigésimo tercero. Que es impropio que el Tribunal se realice todas estas preguntas, puesto que en nuestro derecho continental la principal obligación del actor es presentar en la demanda una exposición completa de los hechos y el derecho aplicable a aquellos. La demanda es la única oportunidad procesal en la cual el actor puede introducir hechos al proceso. Trigésimo cuarto. Que las múltiples dudas ya señaladas por este sentenciador a propósito de los hechos hacen imposible cualquier aplicación precisa del derecho, sobre todo cuando la reclamante señala simplemente que: “la cuenta objetada se encuentra acreditada mediante la abundante documentación… …procediendo su rebaja dado que no sería justo ni acorde a lo dispuesto en los artículos 29 al 33 de la Ley de la Renta…” Trigésimo quinto. Que los artículos invocados por la reclamante tratan de muchos asuntos: ingresos, costos, gastos y otras deducciones y agregados a la renta líquida imponible. ¿Cuál de estos es el aplicado a esta partida? ¿Todos a la vez? ¿O pretende la reclamante que, de la vaguedad patente, sea este sentenciador el que aplique el derecho? Ciertamente que esa labor no corresponde a ningún tribunal de la república. Que, en consecuencia, se tiene por no acreditada esta partida. ii. Cuenta "Garantías Técnicas De Fábrica". Trigésimo sexto. Que la reclamante indica que en esta cuenta se registran los gastos incurridos por concepto de Garantías técnicas de Fábricas que debe responder la empresa a los clientes. Trigésimo séptimo. Que, sin embargo, la reclamante no explica cuáles son esos gastos, es decir, si consisten en reparaciones, devoluciones, compra de repuestos, etc. Tampoco indica cuáles son los bienes en los cuales ha gastado: ¿automóviles, camiones, tractores? o cuál es el título por el cual las empresas indicadas en la página 14 del reclamo como proveedores, (que en la página 15 son indicadas como proveedores), han recibido dinero de parte de Francomecánica: ¿servicios de reparación mecánica, servicios de importación, compraventa de repuestos? Que también es confuso que describa el saldo como “el monto de los gastos incurridos en ese concepto al momento de la venta”. ¿Quiere decir que siempre al momento de la venta se incurre en gastos de garantía? Esto es contradictorio con cargar la cuenta al realizar las garantías técnicas de fábrica, como ella misma señala. Trigésimo octavo. Que aún más importante es la falta de explicación sobre la necesidad del gasto. La reclamante, en todo el libelo, ha omitido explicar al Tribunal no solo el giro de su negocio, sino el modo en que este funciona: ¿vende a público o a automotoras? ¿por qué conserva en sí la obligación de la garantía? Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 19 de 28 Trigésimo noveno. Que las respuestas a estas preguntas (de derecho civil o comercial) son esenciales para poder analizar en forma posterior la norma tributaria y poder responder las más importante de las interrogantes: ¿era necesario que Francomecánica gastara en “garantías técnicas de fábrica”? Cuadragésimo. Que lamentablemente para las pretensiones de la reclamante, estas preguntas no tienen respuesta en autos, por lo cual, como se indicó, tampoco tiene respuesta el Tribunal sobre la necesidad de los gastos aquí analizados. Que, en consecuencia, se tiene por no acreditada esta partida. iii. Cuenta "Comisión Ventas Distribuidores" Cuadragésimo primero. Que, en la línea del análisis de las dos partidas anteriores, el Tribunal se pregunta ¿cuál es el título por el cual hubo pago de comisiones a concesionarios y distribuidores? ¿cuál fue el contrato suscrito? ¿eran estos distribuidores comisionistas del Código de Comercio del artículo 233? ¿en qué consistió la distribución? ¿quiénes eran los clientes finales? Y aún más importante: ¿cuál es la necesidad de realizar estos pagos? El Tribunal desea ser enfático en señalar que, si no puede entender el negocio por falta de la obvia explicación de la reclamante, no puede tener por necesarios gastos que no se le explican, los cuales seguramente son muy plausibles y normales dentro del giro. Que, en consecuencia, se tiene por no acreditada esta partida. iv. Cuenta "Medios Publicitarios" Cuadragésimo segundo. Que lo mismo puede decirse sobre esta partida, en la cual la reclamante meramente indica que la fiscalizadora no revisó la documentación que le fue llevada y que el gasto se encuentra acreditado mediante la abundante documentación que presentará en la etapa probatoria. Cuadragésimo tercero. Que, por lo tanto, el fundamento del rechazo de esta partida puede ser encontrado en los considerandos anteriores en que se indican las consecuencias de la falta de un relato convincente y completo de los hechos. Que, en consecuencia, se tiene por no acreditada esta partida. v. Cuenta "Arriendos Bienes Raíces" Cuadragésimo cuarto. Que la reclamante señala que incurrió en gastos al arrendar edificios y construcciones para la realización de su actividad comercial. Pues bien, si la reclamante ha considerado innecesario indicar a este Tribunal cuál es su actividad comercial, mal puede este sentenciador tener por necesario un gasto de arriendo o mantención si no se le ha indicado para qué objeto habrían sido utilizadas dichas instalaciones. Cuadragésimo quinto. Que la reclamante no señala cuántos edificios o construcciones arrendó, porqué era necesario mantenerlos o arreglarlos, su ubicación geográfica. Estos datos son esenciales, puesto que es una práctica lamentablemente usual de muchos contribuyentes, rebajar gastos relacionados con bienes raíces que no están destinados al giro del negocio, sino a actividades recreativas o derechamente de habitación de los socios. La mención a la actividad comercial desconocida, hace imposible que se tenga por necesario un gasto, también desconocido. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 20 de 28 Que, en consecuencia, se tiene por no acreditada esta partida. vi. Cuenta "Asesorías Estudios y Proyectos" Cuadragésimo sexto. La reclamante describe esta partida como servicios en asesoramiento de Estudios y proyectos no incluidos en los otros rubros de asesoría, sin identificar a qué estudio o proyecto se relaciona, cuántos estudios se realizaron, cuál fue el motivo y, nuevamente, porqué es necesario realizar este gasto. Que por dichas razones y las esgrimidas en los considerandos anteriores, se tiene por no acreditada esta partida. vii. Cuenta "CM. Acreditivos Bancarios" Cuadragésimo séptimo. Que, por una parte, el artículo 41 de la Ley de la Renta, establece que: “Los contribuyentes de esta categoría que declaren sus rentas efectivas conforme a las normas contenidas en el artículo 20, demostradas mediante un balance general, deberán reajustar anualmente su capital propio y los valores o partidas del activo y del pasivo exigible, conforme a las siguientes normas: 10º.- Las deudas u obligaciones en moneda extranjera o reajustables, existentes a la fecha del balance, se reajustarán de acuerdo a la cotización de la respectiva moneda a la misma fecha o con el reajuste pactado, en su caso.” Cuadragésimo octavo. Que, por otra parte, el artículo 32 de la Ley de la Renta establece lo siguiente: Artículo 32.- La renta líquida determinada en conformidad al artículo anterior se ajustará de acuerdo con las siguientes normas según lo previsto en el artículo 41: 1º.- Se deducirán de la renta líquida las partidas que se indican a continuación: c) El monto del reajuste de los pasivos exigibles reajustables o en moneda extranjera, en cuanto no estén deducidos conforme a los artículos 30 y 31 y siempre que se relacionen con el giro del negocio o empresa. Cuadragésimo noveno. Que, de las normas transcritas, es clara la intención del legislador en dos aspectos: el primero, que el legislador quiso asimilar la corrección monetaria a los gastos, en el sentido de exigir que ambos tuvieran relación con el giro de la empresa. El segundo, es que solo se permite la deducción de la corrección monetaria en determinados casos, no en todos. Estos son, de acuerdo al numeral 10 citado, que las obligaciones sean en monedas extranjeras o reajustables. Quincuagésimo. Que habiendo sido descrito el beneficio de la deducción de la renta líquida imponible sobre los pasivos, y sus requisitos, estamos en condiciones de mirar el libelo, en el cual no se indica si los “acreditivos bancarios” son realizados en moneda extranjera o son reajustables ni la forma en que este o estos pasivos (pues tampoco indica la cantidad) se relaciona con el giro del negocio (recordando que la reclamante no indicó al Tribunal cuál es su giro). Quincuagésimo primero. Que si la reclamante no ha indicado de qué modo cumple la norma, la cual ni siquiera ha citado, mal puede esperarse que sea el Tribunal quien realice Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 21 de 28 este trabajo, con la esperanza de adivinar los argumentos que la reclamante hubiera indicado, de haberlo hecho. Quincuagésimo segundo. Que esta actividad del Tribunal tiene el nombre de ultra petita, que consiste en ir más allá de lo expresado por las partes. En este sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa Rol 200-2015, ha indicado que: “Tercero: Que, también, ha de tenerse en consideración que la decisión jurisdiccional no puede exceder el ámbito limitado por las partes, conforme a los planteamientos de los particulares contribuyentes y del ente estatal, que el tribunal se encarga de fijar en la resolución que determina los puntos sustanciales, controvertidos y pertinentes, de la cual ya se hizo referencia. Sexto: Que, con lo acontecido, el sentenciador, mediante una observación formal que no le fue invocada por la parte interesada, no se pronunció sobre el fondo de lo debatido, como era su deber, consistente en determinar la procedencia o improcedencia de las liquidaciones practicadas, advirtiéndose que el fallo en análisis no se extendió sobre ese aspecto sustancial controvertido por la sociedad reclamante. Séptimo: Que, en consecuencia, determinada la improcedencia del único motivo formal tenido en cuenta por la sentencia en apelación, lo que le significó incurrir en la deficiencia que se viene destacando, debe, necesariamente disponerse, que luego de la revocación de la sentencia en alzada…” Quincuagésimo tercero. Que, por su parte, la Corte Suprema ha expresado lo siguiente: Rol 4819/ 2010. “Cuarto: Que esta Corte ya ha sostenido que la causal de ultra petita o extra petita, no sólo se reduce a otorgar más de lo pedido por las partes sino que admite como variantes las alteraciones tanto en la causa de pedir como en el objeto pedido, modificando los términos en que las partes situaron la controversia que se somete a la decisión del tribunal, situación que se presenta en la especie, en la medida en que, como lo afirma el recurrente, se ha establecido la existencia de una cláusula tácita a propósito del descuento de los denominados cheques restaurante, fundamento que ha servido de base para rechazar la reclamación de la demandante y el cual no ha sido invocado por la reclamada en su defensa.” Rol 827/ 2016. “QUINTO: Que, respecto de la primera causal de casación en la forma invocada, cabe señalar que el numeral cuarto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil estatuye la ultra petita como uno de los vicios formales que pueden afectar a una sentencia, trayendo aparejada su nulidad. El citado defecto contempla dos formas de materialización, la primera de las cuales consiste en otorgar más de lo pedido, que es propiamente la ultra petita, mientras que la segunda se produce al extenderse el fallo a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, o no formulados oportunamente o que Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 22 de 28 debiendo ser alegados, no fueron propuestos, hipótesis que se califica como extra petita o modalidad de incongruencia procesal. Asimismo, según ha determinado uniformemente esta Corte, el fallo incurre en el vicio en análisis cuando, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. La regla anterior debe necesariamente relacionarse con lo prescrito en el artículo 160 del Código antes citado, de acuerdo al cual las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio. Por consiguiente, el vicio formal en mención se verifica cuando la sentencia otorga más de lo que las partes han solicitado en sus escritos de fondo o cuando se emite pronunciamiento en relación a materias que no fueron sometidas a la decisión del mismo, vulnerándose de este modo el principio de la congruencia, rector de la actividad procesal. Tal ataque se produce, precisamente, con la “incongruencia”, la que en su acepción más simple y general puede ser considerada como la falta de correspondencia entre las pretensiones de las partes, sean estas acciones o excepciones, y la parte dispositiva de la sentencia judicial.” Rol 3763/ 2016. “Séptimo: Que, en relación a la segunda causal de casación en la forma esgrimida, esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el vicio de ultra petita a que se refiere el Nº 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil se produce cuando la sentencia, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones y excepciones, altera el contenido de éstas, cambiando de objeto o modificando su causa de pedir; también cuando la sentencia otorga más de lo pedido por las partes en sus respectivos escritos que fijan la competencia del tribunal o cuando se emite un pronunciamiento en relación a materias que no fueron sometidas a la decisión del mismo. En esta materia, cabe destacar que estrechamente relacionado con el vicio invocado, está el principio de la congruencia procesal, razón por la que la clasificación clásica distingue: a) Incongruencia por ultra petita (ne eat judex ultra petita partium), que se produce al otorgar más de lo pedido, circunstancia que puede darse tanto respecto de la pretensión como de la oposición; b) Incongruencia por extra petita (ne eat extra petita partium), al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del tribunal, que puede incluso estar referida a negar lo que no ha sido solicitado sea por vía de pretensión u oposición;” Quincuagésimo cuarto. Que entonces, en virtud de lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema en las causas anteriormente citadas, es claro que este Tribunal no puede Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 23 de 28 pronunciarse en forma afirmativa sobre lo solicitado por la reclamante, puesto que al hacerlo incurriría, indefectiblemente, en extra petita, la cual es sancionada con nulidad. Que por dichas razones y las esgrimidas en los considerandos anteriores, se tiene por no acreditada esta partida. viii. Cuenta "CM. Cobranzas Extranjeras". Quincuagésimo quinto. Que a esta cuenta de corrección monetaria se puede aplicar todo lo establecido respecto a la corrección monetaria de los acreditivos bancarios. El libelo solo indica que: “Se presentará abundantes antecedentes en la etapa probatoria, dentro de los cuales se podrá determinar el detalle de los proveedores extranjeros junto al pasivo que se genera en las operaciones que se desarrollan con estos.” Quincuagésimo sexto. Que tal como ocurrió con la pretensión de los acreditivos bancarios, la reclamante no ha explicado adecuadamente los hechos ni como estos son recogidos por las normas, tanto de corrección monetaria como de deducciones a la renta líquida imponible, ambas de la Ley de la Renta. ¿Por qué se genera un pasivo? ¿Acaso la reclamante compra a crédito? ¿Acaso tiene negocios con el exterior? ¿Qué es lo que compra? Como se ha indicado majaderamente en este fallo, los elementos fácticos presentados a esta judicatura son tan mínimos que el Tribunal no puede hacerse la menor idea de cuál es el negocio de Francomecánica, con lo cual es imposible ya imaginar, mucho menos justificar, la necesidad de cualquier gasto. Que por dichas razones y las esgrimidas en los considerandos anteriores, se tiene por no acreditada esta partida. ix. Conclusiones generales sobre los gastos. Quincuagésimo séptimo. Que la gran cantidad de documentación acompañada, aun cuando bajo los parámetros de la sana crítica puedan parecer muy plausibles, se encuentran sin sustento, puesto que no acreditan ningún hecho afirmado por la reclamante, en especial la necesidad de ellos, lo que no satisface los requerimientos ya señalados que debe cumplir el actor que presenta una pretensión en sede judicial. Quincuagésimo octavo. Que estas omisiones impiden que esta judicatura entre a un análisis de fondo del asunto, puesto que el reclamo no tiene todos los argumentos necesarios para establecer cuáles son las deducciones hechas a la renta líquida ni, por ende, los motivos fácticos (omitidos) o jurídicos (enunciados solamente en forma abstracta) por los cuales es ajustada a derecho el documento de fojas 14. Quincuagésimo noveno. Que no es tarea del Tribunal llenar los vacíos argumentativos de las partes, sino que son estos los encargados de presentar todos los hechos y argumentos de derecho que los avalen. A continuación, en la etapa probatoria, la actividad debe enfocarse en presentar documentación y/ o testimonios veraces los hechos previamente afirmados. Sexagésimo. Que los reclamos tributarios tienen como objeto dejar sin efecto actos administrativos, que a su vez tienen fundamentos de hecho y derecho. Los Tribunales Tributarios y Aduaneros fueron creados con la siguiente visión, de acuerdo al mensaje presidencial: Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 24 de 28 ii. Libertad para interpretar los hechos de la causa y el derecho aplicable. Por otra parte, el Juez Tributario, en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, será libre para interpretar los hechos de la causa y definir el derecho aplicable al caso particular, incluso respecto de la interpretación de la ley tributaria que haga el Director del Servicio de Impuestos Internos. En efecto, los Jueces Tributarios, no obstante ser funcionarios del Servicio fiscalizador, no estarán sujetos a las interpretaciones de la ley tributaria que sustente la Dirección Nacional de dicho Servicio y no podrán ser removidos ni separados discrecionalmente del cargo por ésta.3 Sexagésimo primero. Que debe recordarse, a la luz de lo analizado hasta ahora, que cuando el mensaje se refiere a hechos de la causa se refiere a aquellos que son objeto de los actos administrativos reclamados y no como ocasionalmente y también en autos, las partes pretenden justificar, de acuerdo a la extensión a ello dedicada, si la Administración revisó o no la documentación allá presentada. No. En ese sentido el Tribunal ya desechó, como lo viene haciendo desde el año de su creación, en 2013, la tesis de la prohibición de nueva auditoría presentada por la Administración. Sexagésimo segundo. Que entonces, el objeto del juicio tributario es precisamente el análisis del tributo, del impuesto emanado de la configuración del hecho gravado, no lo ocurrido en sede administrativa. En ese sentido, se hace vital que las partes, en especial a la reclamante, quien tiene la pretensión de dejar sin efecto un acto administrativo, presenten: 1. En forma adecuada, detallada, completa, los hechos de la causa. 2. El derecho que en su opinión aplica a esos hechos, no otros abstractos o generales, sino a los hechos ya descritos apropiadamente en el libelo. 3. Documentación o testimonios que acrediten los hechos presentados. Sexagésimo tercero. Que como ya se ha indicado reiteradamente, si la reclamante no efectúa adecuadamente lo señalado en los números 1 y 2 precedentes, de nada sirve el modo en que se ejecute lo tercero, pues quedará desprendido de contenido, por muy excelente que sea la forma en que se haya realizado. Sexagésimo cuarto. Que al no ser acreditada la necesidad del gasto se hace innecesario que el Tribunal se pronuncie sobre el resto de los requisitos, en virtud del Artículo 170 N° 6, que permite al Tribunal no resolver las acciones incompatibles con las aceptadas, puesto que al ser todos copulativos y este el más importante, es indiferente que el resto de ellos sea comprobado en autos. C. Concepto B). Ajuste IFRS costo venta existencias. Sexagésimo quinto. Que la reclamante indica esta partida corresponde a una ganancia producto de un ajuste financiero por las normas IFRS que no tiene efecto tributario y que estaría acreditada. 3 Historia de la Ley Nº 20.322 Página 9 de 1097. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 25 de 28 Sexagésimo sexto. Que este Tribunal no ignora que las normas de contabilidad IFRS son las utilizadas en gran parte del mundo y que Chile no se ha quedado atrás, tal como se aprecia en el oficio ordinario N° 209 de 2006 de la Superintendencia de Valores y Seguros y en el N° 293 de 2006 del Servicio de Impuestos Internos, el cual indica que: “2. “…los contribuyentes de la primera categoría de la Ley de la Renta que declaran su renta efectiva mediante una contabilidad completa, determinan sus estados financieros de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados en Chile, regulados por el Colegio de Contadores AG y por las superintendencias del ramo. Ahora bien, como dichos principios contables no son compatibles con las disposiciones o normas tributarias, atendido a que ambos campos o ámbitos (contable-tributario) otorgan tratamientos diferentes a determinadas partidas, originándose con ello las denominadas diferencias permanentes y temporales, tales contribuyentes para los efectos de determinar la base imponible sobre la cual cumplen sus obligaciones tributarias, deben efectuar el resultado financiero que arroje el balance, los ajustes necesarios con el fin de calcular el resultado tributario que ordena determinar la Ley de la Renta para la aplicación del impuesto de primera categoría que les afecta. 3. En relación con lo solicitado, este Servicio expresa que la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera se enmarca en un ámbito estrictamente contable financiero que no modifican ni afectan las normas tributarias, por lo que los contribuyentes antes referidos, al determinar sus estados financieros, de acuerdo a las normas referidas, de todas maneras estarán obligados a efectuar los ajustes necesarios a dicho resultado financiero para determinar la utilidad tributaria sobre la cual deben cumplir sus observación impositivas, ya que con motivo de la referida conversión se seguirán otorgando tratamientos diferentes a ciertas partidas desde el punto de vista contable financiero y por consiguiente persistirán las denominadas diferencias permanentes y transitorias.” Sexagésimo séptimo. Que, por consiguiente, de acuerdo al oficio del Servicio de Impuestos Internos N° 293 de 2006 mencionado por la reclamante y por el informe pericial, si Francomecánica lleva su contabilidad bajo las normas IFRS, estará obligada a hacer los ajustes necesarios a la renta líquida imponible, pues la Ley de la Renta así lo establece. Sexagésimo octavo. Que la diferencias entre lo financiero (contable) y lo tributario son muchas, partiendo por sus objetivos: La contabilidad usa datos históricos, presentes y futuros, y entrega información para analizar el pasado y proyectar el futuro. En cambio, el ámbito tributario usa datos históricos para analizar y fiscalizar cumplimiento pasado. Sexagésimo noveno. Que entonces, las diferencias entre el ámbito financiero, dentro del cual se incluye IFRS, como en autos, son las siguientes: Diferencias en reconocimiento de ingresos. Diferencias en el concepto de costo. Diferencias en reconocimiento de gastos relacionados con: Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 26 de 28  Valorización de activo fijo.  Valorización de inversiones.  Operaciones de leasing.  Indemnizaciones por años de servicio.  Gastos de organización y puesta en marcha.  Otros gastos. Diferencias en la corrección monetaria. Septuagésimo. Que, por ende, lo normal es que es normal que el resultado financiero sea diferente del resultado tributario por cuanto hay objetivos y principios diferentes. Por lo tanto, el proceso de determinación de la renta tributaria consiste, simplemente, en ajustes al resultado contable. Septuagésimo primero. Que, como conclusión de esta explicación teórica, se dirá que las diferencias temporarias son situaciones en que existen principios similares en reconocimiento de ingresos y/o gastos y valorización de activos y pasivos, pero sus efectos financieros y tributarios se reconocen en ejercicios diferentes. Ejemplos:  Provisión deudores.  Provisión garantías.  Distinta depreciación.  Gastos de fabricación. Y que las diferencias permanentes son situaciones en que existen normas diferentes en el reconocimiento de ingresos y/o gastos para fines financieros y tributarios:  Ingresos no renta.  Ingresos Exentos.  Gastos rechazados. Septuagésimo segundo. Que como se puede apreciar en esta breve explicación, los ajustes tributarios al balance financiero pueden ser de distinta naturaleza, tanto en la ocasión de reconocer los ingresos, los pasivos, la corrección monetaria, la depreciación, etc. Finalmente, estas diferencias pueden ser permanentes o transitorias. Septuagésimo tercero. Que, volviendo a autos, la reclamante indica que “El monto de $267.122.272 corresponde a una ganancia producto de un ajuste financiero por las normas IFRS, la que no tiene efecto tributario.” Septuagésimo cuarto. Que esta afirmación de la reclamante es absolutamente insuficiente, puesto que el término ganancia es tan amplio que podría deberse a cualquiera de los ajustes ya indicado anteriormente: depreciación, corrección monetaria, ingreso no constitutivo de renta, etc. Septuagésimo quinto. Que en el oficio 293 ya citado el Servicio aclaró a la SVS que llevar la contabilidad en IFRS no era distinto a los otros métodos de contabilidad, en el Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 27 de 28 sentido que el balance de todos modos tendría que ser ajustado con el fin de cumplir con las normas tributarias sobre ingresos, costos, gastos y otras deducciones o agregados de los artículos 32 y 33 de la Ley de la Renta. Septuagésimo sexto. Que, en consecuencia, como se ha dicho en varias ocasiones en esta sentencia definitiva, la inadecuada explicación fáctica de la reclamante impide la aplicación del derecho, por lo cual esta partida también será rechazada. D. Concepto C). Correcta determinación del costo registrado por la Sociedad. Septuagésimo séptimo. Que esta sección, como todas las anteriormente analizadas, carece de una explicación adecuada que el Tribunal entienda. ¿Qué es exactamente lo reclamado? La reclamante indica que el Servicio, en los actos administrativos reclamados determinó una diferencia de costo sin justificar, la cual, en la RAV, se rebajó a $453.218.951. Septuagésimo octavo. Que luego, la reclamante indica una serie de cálculos con números que son totalmente ajenos al Tribunal, pues no le han sido explicados en forma apropiada. Septuagésimo noveno. Que de acuerdo a las planillas insertadas en esta sección la reclamante concluye una diferencia final de $104.742.048, por lo cual solicita que se deje sin efecto en al menos $348.476.903, por cuanto el supuesto diferencial de costo se ha respaldado debidamente ante el SII. Octogésimo. Que la reclamante olvida que el Tribunal desconoce los hechos, que no ha participado del proceso de fiscalización y que, por ende, debe narrar los hechos de una manera que no solo ella y la Administración entiendan. En este sentido es especialmente llamativo que la reclamante indicara que “el supuesto diferencial de costo se ha respaldado debidamente ante el SII.” ¿Quiere decir la reclamante que desea convertir a esta judicatura dedicada a revisar si el Servicio revisó o no la documentación? Octogésimo primero. Que, como corolario de la omisión anterior, tampoco indica la reclamante cuál es la norma que le permite realizar la deducción por costos. Octogésimo segundo. Que, en consecuencia, la inadecuada explicación de los hechos impide la aplicación del derecho, por lo cual esta partida también será rechazada. Octogésimo tercero. Que, sin perjuicio de lo antes señalado, el Servicio de Impuestos Internos ha realizado las actuaciones de fiscalización y las actuaciones reclamadas dentro del plazo y la oportunidad que la ley lo permite, al tenor de lo dispuesto en el artículo 136 en relación al artículo 200 del Código Tributario. Octogésimo cuarto. Que, el resto de las probanzas aportadas en nada alteran lo concluido en esta sentencia. En particular la abundante contabilidad aportada, y respecto de la cual se realizó un peritaje contable – tributario, sin perjuicio de reconocer su adecuado desarrollo y rigor en su realización. V. COSTAS. Octogésimo quinto. Que en vista que la reclamante ha sido totalmente vencida en cada una de los conceptos reclamados y que, de acuerdo al análisis realizado no hay en autos motivos plausibles para litigar, se la condenará en costas, de acuerdo a lo dispuesto en el Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico Página 28 de 28 artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los artículos 2 y 148 del Código Tributario. POR LO TANTO, en consecuencia, en mérito de las consideraciones de hecho precedentes, mérito del proceso, alegaciones hechas valer, razones legales ya expuestas, Ley de la Renta (artículo 1º del DL N° 824 de 1974), artículos 31 y siguientes, Código Tributario artículos 2, 132,136, 148, 200 y siguientes; Ley 20.322 Ley Orgánica de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y el Código de Procedimiento Civil, Título I “De la Demanda”, Auto Acordado sobre la forma de las sentencias, principios y doctrinas invocadas, apreciada la prueba de acuerdo a las normas de la sana crítica, en especial considerando su multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las mismas, ponderada preferentemente la contabilidad atendido el tipo de contribuyente de que se trata, y demás normas pertinentes. VI. SE RESUELVE: I. NO HA LUGAR AL RECLAMO. Se confirman íntegramente los actos administrativos reclamados. II. SE CONDENA EN COSTAS A LA RECLAMANTE, por haber sido totalmente vencido. ANÓTESE, REGÍSTRESE y en su oportunidad ARCHÍVESE. Notifíquese la presente resolución al reclamante por carta certificada, y publíquese en forma íntegra en el sitio de Internet de este Tribunal. Dese aviso a los correos electrónicos registrados en el proceso. Déjese testimonio en el expediente. Proveyó don LUIS ALFONSO PÉREZ MANRÍQUEZ, Juez Titular del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autoriza don JAVIER ALARCÓN ROJAS, Secretario (S) del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FRANCOMECANICA SA con SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL RUC 15-9-0000973-6 RIT: GR-15-00097-2015 Luis Alfonso Pérez Manríquez Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal R. Metropolitana. Primero Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-06-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 18c4bcbb-5dfd-42fb-af75-207cf30ad9a5 Timbre Electrónico 2017-06-27T14:31:32-0300 ATTA SACTA