Procedimiento general de sanciones: artículo 97 N° 4 del Código Tributario

1 “SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO CENTRO con JOSÉ RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ”. RIT N°: GS-15-00039-2016 RUC N°:16-9-0000391-2 SANTIAGO, VEINTIOCHO DE JULIO DE MIL DIECISÉIS. VISTOS Uno. Que, a fojas 4 y siguientes consta acta de denuncia N°09 de fecha 27 de abril de 2016, emitida por la Dirección Regional Santiago Centro del Servicio Impuestos Internos ( en adelante “ Servicio “ ), en contra del contribuyente don JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6,representado legalmente por don Francisco José Pavez Tetlak, RUT N°7.7779.531-, ambos domiciliados para estos efectos en calle Magdalena N°140,piso 12,Oficina 1201,Comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago, con el giro de actividades de Asesoramiento Empresarial y en materia de Gestión, por haber incurrido en la infracción al artículo 97 N°4 inciso tercero y final del Código Tributario, consistente en la emisión de cuatro Boletas de Honorarios electrónicas las que luego eran entregadas a Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) RUT N°93.007.000-9. ANTECEDENTES.- Se indica por parte del Servicio de Impuestos Internos, que mediante Resolución N°237 de fecha 02.10.2015, emitida por el jefe del departamento de Delitos Tributarios, el cual informa que don JOSÉ RIGOBERTO LÓPEZ HORMAZABAL, RUT N°7.779.531-6, ha emitido boletas de Honorarios por presuntas prestaciones de Servicios a SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A ( en adelante SOQUIMICH S.A, RUT N°93.007.000-9),solicitando verificar la efectividad y respaldo de las prestaciones que habrían realizado los emisores de los documentos y el cumplimiento Tributario asociado a ellas. Se señala que el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 04.11.2015, efectúa Notificación N°3285 folio N°783147 por cédula en el domicilio de don JOSÉ RIGOBERTO LÓPEZ HORMAZABAL, RUT N°7.779.531-6,para que con fecha 10 de noviembre de 2015,presentara boletas de Honorarios N°(S)343,346,363,y 366, documentación que acreditara los servicios prestados. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 2 Que con fecha 10 de noviembre de 2015, en respuesta a lo solicitado don JOSÉ RIGOBERTO LÓPEZ HORMAZABAL, RUT N°7.779.531-6 se reserva el derecho a guardar silencio y no aporta la documentación solicitada por el ente fiscalizador II. CONDUCTA CONSTITUTIVA DE LA INFRACCIÓN: A) Hechos. Se señala que el Informe de recopilación de antecedentes N°26-4 de fecha 20.01.2016, suscrito por la fiscalizadora doña Lilian Morales Gutiérrez del departamento de Fiscalización Grupo N°4, Personas y Micro Pequeña Empresa del Servicio de Impuestos Internos, da cuenta de las irregularidades detectadas a don JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, con domicilio en calle Rozas N°1851 departamento 612 A, Comuna y Ciudad de Santiago. Se indica que don JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, mediante Formulario 22 registró en sus declaraciones de Impuesto a la Renta de los años Tributarios 2012 y 2013 boletas de honorarios por presuntas prestaciones de servicios a la contribuyente SOQUIMICH S.A. Continua señalando que con respecto a la actividad económica que realiza don JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, el cual presta asesoramiento empresarial y en materia de gestión, dichas actividades se clasifican en el artículo 42 N°2 de la Ley de Impuesto a la Renta, dado que se trata de Ingresos provenientes del ejercicio de Profesiones Liberales. A mayor abundamiento se indica que el contribuyente al ser un profesional Independiente debe declarar Pagos Provisionales Mensuales (PPM), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 84 letra b de la Ley de Impuesto a la Renta. Se concluye por parte del Servicio de Impuestos Internos, que conforme al artículo 43 N°2 las rentas mencionadas quedarán afectas al Impuesto Global Complementario o Adicional, en su caso, cuando sean percibidas, es decir al momento de percibirse el pago de los honorarios profesionales, se debe emitir la correspondiente Boleta de Honorario, según lo establecido en Resolución Exenta N° 1.414 del 27 de octubre de 1978. Analizados y descritos los antecedentes latamente expuestos, como así también los procedimientos de auditorías y recopilación de antecedentes realizados por el departamento de Personas y Micro Pequeña Empresa del Servicio de Impuestos Internos, el cual concluye con el Informe Pericial N°26-4 de fecha 20.01.2016,que da cuenta de una series de irregularidades ,que se detallan a continuación: Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 3 ANÁLISIS DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS. Señala que del análisis de la documentación que consta en las bases de datos de este Servicio y de aquellos antecedentes prestados por el contribuyente, la denunciante detectó las siguientes irregularidades: A) DECLARACIÓN DE IMPUESTOS MALICIOSAMENTE FALSAS. Afirma que de la revisión de los antecedentes contenidos en las bases de datos con que cuenta el Servicio en los sistemas de información, este verificó que el contribuyentes presentó declaración de impuesto a la renta para los periodos tributarios 2012 y 2013, y en ella se detectó la emisión, facilitación e inclusión maliciosa de 4 boletas de honorarios electrónicas a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) RUT N° 93.007.000 -9 por supuestas prestaciones de servicios que en virtud de lo determinado por este Servicio no se prestaron efectivamente, conclusión a la que llegó toda vez que el contribuyente no acompañó documentación de respaldo, informes de asesorías, u otros Servicios por los cuales emitió las Boletas de Honorarios antes mencionada a SQM, del mismo modo asegura que no aportó antecedente alguno que diera por acreditada su vinculación profesional con la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Indica que el siguiente cuadro evidencia las Boletas de Honorarios Electrónicas Facilitadas por el contribuyente JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM): Manifiesta que este recuadro es ilustrativo de lo señalado por la denunciante precedentemente. En su razonamiento señala que el contribuyente emitió, facilitó y luego incluyó en sus declaraciones de impuesto a la renta de los períodos tributarios 2012 y 2013 boletas de honorarios electrónicas por servicios no prestados a SOQUIMICH S.A. B) Solicitud de devolución de Impuestos indebidas en los años Tributarios 2012 y 2013. B.H N° Fecha Emisión Rut Receptor Nombre Monto bruto $ Retención Monto Liquido 343 24.01.2011 93.007.000-9 SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A 5.555.555 555.555 5.000.000 346 04.03.2011 93.007.000-9 SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A 5.333.333 533.333 4.800.000 363 08.05.2011 93.007.000-9 SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A 3.333.333 333.333 3.000.000 366 06.06.2012 93.007.000-9 SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A 5.000.000 500.000 4.500.000 Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 4 Explica que como consecuencia de lo señalado en el capítulo anterior, esto es, la emisión declaración y posterior facilitación de 4 Boletas de Honorarios Electrónicas a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), es que en los AT 2012 y 2013 el contribuyente mediante las declaraciones de impuesto a renta respectivas solicitó devoluciones de impuesto a la renta en las que se encuentran incluidas las retenciones que conforme al artículo 56 N° 2 en relación con el 54 N° 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta está obligado a efectuar por la emisión de las boletas de honorarios antes referidas. En consecuencia manifiesta que, producto de la maniobra antes descrita, esto es, la emisión, facilitación e inclusión maliciosa en la declaración de Impuesto a la Renta de los AT 2012 y 2013 de 6 Boletas de Honorarios Electrónicas las cuales corresponden a servicios que no fueron prestados por el emisor a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. el denunciado obtuvo una devoluciones de impuestos indebidas en los AT 2012 y 2013, defraudando en consecuencia al Fisco de Chile. Afirma que lo anterior lo puede concluir del conjunto de antecedentes que se poseen por este Servicio, en atención a indicar que los servicios por los cuales supuestamente se emitieron las BHE (Boletas de Honorarios Electrónicas) contribuyente JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) nunca se efectuaron, ya que señala que el primero nunca acreditó la existencia material del vínculo que lo une con la receptora de los documentos. MEDIOS DE PRUEBA Se indica que para fundamentar estas irregularidades se cuenta con la siguiente documentación: 1. Informe de Fiscalización N° 26-4, de fecha 20/01/2016, del Departamento de Fiscalización de Personas y Micro-Pequeñas Empresas. 2. Fotocopia de MEMO N°644 de 23/11/2015 de Secretaría Comité de Evaluación de Recopilación de Antecedentes Regional. 3. Fotocopia de OFICIO RESERVADO N°237 de 02/10/2015 del Jefe Departamento de Delitos Tributarios (S). 4. Cartilla SIIC del contribuyente Claudia José Rigoberto Hormazabal López, RUT N°07.779.531-6. 5. Fotocopia de Notificación F3285,N°783147 de fecha 04.11.2015. 6. Escrito presentado por el contribuyente, dirigido al Director Regional, XIII Dirección Regional Metropolitana Santiago Centro. 7. Cartilla de Eventos Renta año tributario 2012. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 5 8. Declaración de renta año tributario 2012 FOLIO 208049062. 9. Cartilla de Eventos Renta año tributario 2013. 10. Declaración de renta año tributario 2013 FOLIO 214618823. 11. Formulario 22 interno con propuesta de modificación a declaración de Renta del Contribuyente, año Tributario 2012. 12. Formulario 22 interno con propuesta de modificación a declaración de Renta del Contribuyente, año Tributario 2013. IV. TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA.- Advierte que los hechos descritos precedentemente son constitutivos de los delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 N°4, incisos 3° y final del Código Tributario. Señala que a partir de los antecedentes recopilados, la denunciante ha podido establecer que el contribuyente desplegó maniobras dolosas tendientes a la obtención de devoluciones de impuestos indebidas, toda vez que incluyó en su declaración de impuestos boletas de honorarios electrónicas, por servicios no ejecutados, que no corresponden a prestaciones reales efectuadas a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A, razón por la cual establece en su criterio que debe considerar falsa para todos los efectos legales. Sostiene que en consecuencia estos hechos son constitutivos del delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inciso tercero del Código Tributario el cual prescribe lo siguiente: El que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le correspondan, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio y con multa del cien por ciento al cuatrocientos por ciento de lo defraudado. Agrega por otra parte, de los antecedentes que recopiló, pudo establecer que la contribuyente facilitó 4 Boletas de Honorarios Electrónica en los AT 2012 y 2013 no corresponden a servicios prestados a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A, (SQM) con el objeto de posibilitar la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 inciso primero del código tributario, puesto que esta última, la declaró en su declaración anual de impuestos rebajando con ello la carga tributaria del impuesto de primera categoría que le correspondía. Indica que del mismo modo el contribuyente JOSÉ RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6 incluyó las boletas de honorarios antes mencionadas en su declaración de impuesto a la renta de los AT 2012 y 2013 obteniendo de esta forma un devolución de impuestos indebida. Señala recordar que la norma citada prescribe lo siguiente: Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 6 El que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y con una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales. Afirma que en el caso en estudio, el contribuyente facilitó y obtuvo devoluciones de impuesto ilegítimas en el año tributario 2012- 2013 como consecuencia de las maniobras dolosas desplegadas para dicho efecto, realizando la conducta ilícita en el grado de consumado. V. DOLO.- Indica que de acuerdo a los antecedentes que recopiló, su estudio y análisis, y la descripción fáctica del caso, en su interpretación señala que es posible afirmar que al contribuyente le cabe responsabilidad en calidad de autor del delito previsto y sancionado en el artículo 97 N°4, inciso 3° y final del Código Tributario, en grado de consumado, por las consideraciones ya indicadas. En este sentido agrega la denunciante, la norma requiere que la conducta desplegada por el hechor sea "maliciosa" o "dolosa", lo cual se satisface a partir de las acciones desarrolladas por el contribuyente, orientadas a obtener beneficios tributarios improcedentes, por parte de la administración fiscal. Sostiene que a mayor abundamiento el reproche de su conducta se ve agravado particularmente por la circunstancia de haber facilitado documentación tributaria con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos contenidos en el artículo 97 N°4 del Código Tributario. VI. PERJUICIO FISCAL. Alega que el perjuicio fiscal producto de los ilícitos descritos fue calculado considerando la devolución de impuesto a la renta solicitada por el contribuyente en los años tributarios 2012 y 2013. CONTENIDO Y DILIGENCIAS DEL PROCESO: Primero. A fojas 1, rola la Res. DJU 13.00 N°2326 de fecha 05 de mayo de 2016 en la cual remite al Tribunal Acta de denuncia N°09 de fecha 27 de abril de este mismo año, por la comisión del delito tributario contemplados en el artículo 97 N° 4 inciso Tercero y final del Código Tributario respecto del contribuyente JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6. Año Tributario Perjuicio Fiscal $ Monto Actualizado $ Monto a pagar según recalculo $ Monto a pagar Act $ Total Perjuicio $ 2012 808685 917857 333574 378606 1296463 2013 74140 83185 920020 1032262 949077 Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 7 Segundo. A fojas. 3, rola copia de la Notificación N° 176-4folio 1537963 fecha 27 de abril de 2016 Acta de Denuncia notificada por cédula, dejada en el domicilio señalado. Tercero. A fojas. 4 y siguientes, rola Acta de denuncia N°09 de fecha 27 de abril de 2016, enviada por la Dirección Regional Santiago Centro del Servicio de Impuestos Internos, dándose ingreso y registro al sistema y se tienen por acompañados los antecedentes que fundamentan dicha denuncia. Cuarto. A fojas 11, con fecha 12.04.2016,el Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos, deduce acción para perseguir la aplicación de acción pecuniaria, por el delito previsto y sancionado en el artículo 97 N°4,incisos tercero y final del Código Tributario en contra de JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6. Quinto. Que a fojas 12 y siguientes de fecha 20 de enero de 2016, rola informe de Fiscalización N°26-4, el cual informa irregularidades detectadas a JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6. Sexto. Que a fojas 30 de fecha 06 de mayo 2016,rola resolución dictada por este Tribunal por la que tuvo por recibida la resolución del Director Regional Metropolitano Santiago Centro del Servicio de Impuestos Internos y se da por interpuesta Acta de Denuncia, asimismo se tuvieron por acompañados los siguientes documentos a saber: a) Acta de denuncia N°09 de fecha 27.04.2016 en un ejemplar. b) Copia de Notificación N°176-4 Folio 1537963 de fecha 27.042016,la que comunica al contribuyente la presente Acta de Denuncia. c) Informe de Fiscalización N°26-04 de fecha 20.01.2016, suscrito por la Fiscalizadora doña Lilian Morales Gutiérrez, Departamento de Personas Micro y Pequeñas Empresas. d) Resolución N°186de fecha 21.04.2016,emitido por el jefe del Departamento de Defensa Judicial, que adjunta providencia del Director, de fecha 20.04.2016 por la cual se resuelve deducir sanción pecuniaria conforme al artículo 161 del Código Tributario. e) 1 Cuaderno de Prueba en carpeta color verde con 15 fojas en total, relativo al contribuyente denunciado. Séptimo. A fojas 21 y siguientes consta escrito en el cual el imputado decide ejercer el derecho que le confiere el artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República de Chile, el cual establece que “en las causas criminales no se podrá al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio”. Octavo. A fojas 32 y siguientes de fecha 09 de mayo de 2016, el imputado presenta los descargos en contra del Acta de Denuncia N°09 de fecha 27 de abril de 2016, desestimando la imputación. Noveno. A fojas 61 consta certificado emitido por el Sr. Secretario de este Tribunal, el cual da fe de los descargos efectuados por el imputado. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 8 Décimo. A fojas 62 y siguiente consta escrito presentado por el Servicio de Impuestos Internos, el cual evacua el traslado conferido, solicitando su rechazo en definitiva y con expresa condenación en costas. Décimo primero. A fojas 75 de fecha 08 de julio de 2016,consta resolución que recibe la causa a prueba, abriéndose un término probatorio de 8 días al tenor de lo dispuesto en el artículo 161 N°4del Código Tributario. Décimo Segundo. A fojas 83 y siguientes de fecha 25 de julio de 2016, Consta audiencia Testimonial, quedando constancia que el abogado de la reclamante no se presentó a la Audiencia debidamente fijada. Décimo Tercero. Se indica que el testigo doña Lilian Morales Gutiérrez, fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, declara en Audiencia Testimonial, haber confeccionado el Informe N°26-4, de fecha 20 de enero de 2016, rolante a fojas 12 y siguientes del expediente, ratificando todo lo obrado en dicho Informe. Décimo Cuarto. Que a fojas 88, rola resolución de fecha 28 de julio de 2016, en la cual el este Tribunal citó a las partes a oír sentencia. VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el artículo 161 y siguientes del Código Tributario regulan el procedimiento sancionatorio. En ellos establece que las sanciones por infracción a las disposiciones tributarias que no consistan en penas privativas de libertad, como las de autos, serán aplicadas por el Tribunal Tributario y Aduanero. A mayor abundamiento, el numeral 10 excluye la aplicación de este párrafo cuando se trate de infracciones que el Código castigue con multa y pena privativa de libertad. Sin embargo, ante este tipo de infracciones, el inciso 3° del artículo 162 permite al Servicio, “…interponer la respectiva denuncia o querella o enviar los antecedentes al Director Regional para que persiga la aplicación de la multa que correspondiere a través del procedimiento administrativo previsto en el artículo anterior.” En consecuencia, al estar frente a la aplicación de este inciso, mediante el cual el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos busca la aplicación de la multa a través del procedimiento del artículo 161 del Código Tributario, estima este tribunal que el Servicio ha actuado de acuerdo a la normativa y que la aplicación de este procedimiento se ajusta a derecho. SEGUNDO: Que, a fojas 4 y siguientes, consta el Acta de Denuncia N°09 de fecha 27 de abril de 2016, realizada por la Dirección Regional Santiago Centro del Servicio Impuestos Internos (en adelante “Servicio “), en contra de JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, domiciliado para estos efectos en calle Rozas N°1851,departamento 612 A, Comuna y Ciudad de Santiago, con el giro de Actividades de Asesoramiento empresarial y en materia de Gestión, por haber incurrido en la infracción al artículo 97 N°4 inciso tercero y final del Código Tributario, consistente en la emisión de 4 Boletas de Honorarios electrónicas las que luego eran entregadas a Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) RUT N°93.007.000-9, con su actuar facilitó documentación Tributaria con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos contenidos en el artículo 97 N°4 inciso tercero y final del Código Tributario. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 9 Se indica que el contribuyente no acompaño documentación de respaldo, informes de asesorías u otros servicios por los cuales emitió las boletas de honorarios antes mencionadas a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM),del mismo modo no aportó antecedente alguno que diera por acreditada su vinculación profesional con SQM. La denuncia se fundamenta en las consideraciones de hecho y de derecho, explicitadas en la parte expositiva de esta sentencia las que se dan por expresamente reproducidas. TERCERO: Que, el Servicio de Impuestos Internos, de conformidad a las facultades fiscalizadoras amplias y que le son propias, y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 21, 24, 25, 59, 60, 63 y demás pertinentes del Código Tributario, ha llevado a cabo un procedimiento de fiscalización que concluyó con el Acta de Denuncia N°09 de fecha 27 de abril de 2016, notificada con la misma fecha, al contribuyente JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6. CUARTO: Que, el contribuyente JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, señala que sus descargos pretenden entrever el apremio ilegitimo al sancionar la no entrega de los documentos de respaldo, eventualmente incriminatorios, lo que determina el Acta de Denuncia N°09 de fecha 27 de abril de 2016, Interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos. QUINTO: Que, en nuestro ordenamiento jurídico se establece un sistema de autodeterminación de los impuestos, en virtud del cual son los propios contribuyentes quienes, con la periodicidad que establecen las distintas normas tributarias aplicables, confeccionan, declaran y posteriormente pagan sus tributos, teniendo dicha situación como contrapartida las facultades fiscalizadoras con que cuenta el Servicio de Impuestos Internos, quien se encuentra legalmente habilitado para impugnar las declaraciones y determinaciones de los impuestos efectuadas por los contribuyentes, facultando el artículo 117 del Código Tributario a dicha Repartición Pública para comparecer como parte en los procesos judiciales que hayan lugar. SEXTO: Que, corresponde a este Tribunal, en aplicación del artículo 76, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, pronunciarse en relación a esta acta de denuncia, debiendo para ello interpretar y aplicar las normas legales pertinentes, apreciando su mérito, atendiendo a la procedencia y valoración de los medios de prueba aportados en autos, teniendo en particular presente lo dispuesto en el artículo 161 N° 9, en relación con el artículo 132, incisos décimo y décimo cuarto, del Código Tributario, que establecen que en los juicios tributarios “se admitirá, además, cualquier otro medio probatorio apto para producir fe” y que la prueba será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. SÉPTIMO: Que, este tribunal debe pronunciarse sobre la validez y eficacia del acta de denuncia sometida a su conocimiento. OCTAVO: Que cabe señalar que el denunciado JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, es un contribuyente que se encuentra efecto a segunda categoría, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el D.L N°824 de 1974,en efecto, de acuerdo a la notificación que le fue practicada por el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 27 de abril de dos mil dieciséis, que rola a fojas 3 y 4 de la aludida Acta Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 10 de Denuncia Nº 09 de la misma fecha, el contribuyente desarrolla el giro de Actividades de Asesoramiento empresarial y en materia de Gestión, motivo por el cual debe otorgar boletas por cada servicio que preste y por el que perciba cualquier tipo de retribución o beneficio económico. NOVENO: Que, al resolver esta causa, debe tenerse presente que el Juez de fondo apreciará el valor probatorio de los documentos y demás antecedentes que obren en autos, conforme a las reglas de la sana crítica, considerando para ello que los documentos acompañados en la causa por la denunciante Servicio de Impuestos Internos, y que se identifican en la parte expositiva del fallo, no fueron impugnados por el contribuyente, razón por la cual se les reconocerá valor probatorio en estos autos para ser valorados, y por lo mismo sirven a este Tribunal de fundamento para arribar a las conclusiones enunciadas en los considerandos posteriores. DÉCIMO: Que, las normas aplicables a estos autos se encuentran en la siguiente sección del Código Tributario: LIBRO SEGUNDO, De los apremios y de las infracciones y sanciones, TITULO II, De las infracciones y sanciones, Párrafo 1°, De los contribuyentes y otros obligados. En este contexto el artículo 97 establece que: “Las siguientes infracciones a las disposiciones tributarias serán sancionadas en la forma que a continuación se indica:”, para continuar con 26 numerales. Pues bien, como ya se indicó, el artículo 97 N° 4 exige que la actuación u omisión sea maliciosa, exigencia que se repite con los numerales 5, 22, 23. Como antecedente útil a la interpretación del numeral 4, debe considerarse que el numeral 3° del mismo artículo 97 establece una infracción similar a la imputada en estos autos por el Servicio de Impuestos Internos, en los siguientes términos: “3° La declaración incompleta o errónea, la omisión de balances o documentos anexos a la declaración o la presentación incompleta de éstos que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, a menos que el contribuyente pruebe haber empleado la debida diligencia, con multa del cinco por ciento al veinte por ciento de las diferencias de impuesto que resultaren.” Por último, la Real Academia Española define la palabra maliciosa como "Que por malicia atribuye mala intención a los hechos y palabras ajenos” y malicia como “Intención solapada, de ordinario maligna o picante, con que se dice o se hace algo”. Del análisis sistemático de la norma, salta a la vista que la conducta imputada al contribuyente es una infracción, y que sería una infracción especial, que comparte una característica especial con los numerales 5, 22 y 23, el tipo exige malicia, algo que, de la lectura sola del artículo 97, no se exigiría a la generalidad de las infracciones tributarias. Es decir, al legislador, por regla general, bastaría que se cometieran ciertos actos para que se configurara la infracción (objetividad). Sin embargo, en ciertos ilícitos, además expresamente exigiría la subjetividad. A mayor abundamiento, el artículo 97 del Código Tributario establece dos tipos similares: los numerales 3° y 4°. En el primero, basta la concurrencia de los requisitos objetivos del tipo para que se configure la infracción. En el segundo, sin embargo, el legislador exige un comportamiento subjetivo. ¿Cuál es, entonces, la intención de la ley de establecer dos tipos tan parecidos? La única respuesta lógica es que el numeral quiere castigar mayormente (de un 50% a un 300%) a quien actúa con malicia de aquel que actuó sin ella (de un 5% a un 20%). Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 11 Finalmente, al estudiar los vocablos malicia y maliciosa se aclara aún más que la intención del legislador es castigar más severamente a quien actúe con mala intención que aquel que simplemente realiza la acción u omisión. Sobre este vocablo, el profesor Etcheverry, citado por Rodrigo Ugalde dice lo siguiente: “Una posición mayoritaria en la doctrina y la jurisprudencia, la presunción del artículo 1° (del Código Penal) es una presunción de dolo. Esto es, las acciones penadas por la ley se reputan dolosas, a no ser que conste lo contrario… Por otra parte, esta presunción corresponde a lo que ordinariamente ocurre: las personas obran con libertad y previendo las consecuencias de sus actos. Además, no debe pensarse que esto coloque de cargo del acusado la prueba de su falta de dolo. Es el propio juez que debe investigar todas las circunstancias que permitan la presunción legal (dicho por el profesor en tiempos del proceso inquisitivo). A veces, sin embargo, esta regla sufre excepciones. De ordinario, esto ocurre cuando la ley ha introducido términos como maliciosamente, a sabiendas, intencionalmente, con conocimiento de causa, etc. Estas expresiones se emplean por lo general para advertir al intérprete que habitualmente las acciones típicas descritas se realizan sin dolo (v.gr, el juez que falla contra la ley, artículo 223) y que en consecuencia, en tales casos, no se aplicará la presunción de dolo y la concurrencia de este deberá justificarse…” DÉCIMO PRIMERO: Que, corresponde analizar qué principios se aplican en materia sancionatoria. Principios en materia sancionatoria. Siguiendo con lo ya afirmado por la Contraloría General de la República sobre el ius puniendi del Estado, se encuentran los siguientes antecedentes: Se señala en las actas de la Constitución Política de la República, que todos los miembros de la Comisión están de acuerdo con aplicar la garantía penal “pro reo” a cualquier disposición que tenga carácter sancionatorio, cualquiera sea la jurisdicción, tuviera o no el carácter de penal.1 En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional el año 20062, citando a su vez la causa Rol 244 de 1996, que considera (9°): “Que, los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución Política de la República han de aplicarse, por regla general, al derecho administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi.” Además, la causa Rol 480 de 2006, agrega en su considerando 7° “Que la aplicación de las garantías constitucionales del Derecho Penal al Derecho Administrativo tiene una larga tradición en el derecho chileno, pues ya hace cuarenta años, la Corte Suprema interpretó que la voz “condenados” del artículo 11 de la Constitución de 1925 era aplicable a quienes sufrían sanciones administrativas. En efecto, la Corte Suprema en fallo de 1966 señalaba que “…existe en verdad jurisprudencia ya establecida por esta Corte en el sentido de que el vocablo “condenado” de que se sirve el artículo 11 de la Constitución Política, no significa por sí solo una condena por delito penal porque de diversos artículos 1 Página5, 8,10 de la sesión 113. 2 Roles 480 y 725. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 12 del Código Civil y del Procedimiento Civil aparece que las expresiones “condenar”, “condenarse” y otras análogas, se emplean en el sentido amplio comprensivo del hecho de imponerse a una persona una pena o sanción, sea de carácter penal, civil o administrativo, cualquiera que sea la causa que la haga procedente, por lo que no se comprende porqué la palabra “condenado”, sin otro calificativo, puede limitarse en su alcance a la condena por delito penal, máxime cuando el precepto de que se trata se refiere al hecho sobre que recae el juicio y ese hecho puede revestir diversa naturaleza”. (Considerando 9°). En igual sentido se pronunció la misma Corte en fallo de inaplicabilidad de 12 de julio de 1966, agregando además que: “Como se ha dicho, el mencionado precepto comprende la condenación de una persona por cualquier hecho al que la ley sanciona con una pena y la multa es una pena pecuniaria, y esta calidad punitiva no se desnaturaliza por el hecho de que la sanción sea aplicada administrativamente” (considerando 7°). De ese modo, hace ya cuarenta años nuestra Corte Suprema hacía aplicables al derecho administrativo sancionador las garantías constitucionales propias del derecho penal.” El profesor Enrique Navarro Beltrán3, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, ex – ministro del Tribunal Constitucional chileno afirma que el ius puniendi del Estado se manifiesta tanto en la potestad jurisdiccional penal, regulada por el Derecho Penal como en la potestad sancionatoria del Estado administrador. Es decir, esta potestad de la Administración es una expresión del ius puniendi sujeta al régimen administrativo, cuyo fin es la prevención de las conductas que puedan lesionar los derechos de las demás personas o el interés general. En este sentido, cita la ya mencionada causa del Tribunal Constitucional, Rol 244 de 1996, para finalmente enumerar cuáles son estos principios: legalidad, tipicidad, derecho a defensa jurídica, debido proceso, justo y racional procedimiento, proporcionalidad, razonabilidad, culpabilidad. Por su parte, Camila Boettiger Philipps4 afirma que este punto es más bien pacífico en nuestro país; en base a esta identidad en la naturaleza de la potestad estatal y de las sanciones que se pueden imponer en virtud de ella, se aboga por la aplicación de las garantías establecidas en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República en el ejercicio de ella. Aplicación de principios tales como legalidad, tipicidad, culpabilidad, non bis in idem, y sobre todo las garantías de un “justo y racional procedimiento”, se consideran necesarios tanto para paliar el cuestionamiento constitucional de los poderes administrativos para sancionar, como por la identidad de naturaleza de las infracciones administrativas y los delitos. Culpabilidad y principio de inocencia. Sobre la culpabilidad y el principio de inocencia, el profesor Navarro afirma que desde hace bastante tiempo se ha impuesto el criterio según el cual las personas son sancionadas si se ha probado que han actuado intencionalmente, es decir, con dolo o culpa, dejando de lado la tesis (esgrimida por el Servicio) en que basta con la simple constatación material de la conducta infractora, sin probar el dolo o la culpa. Esto lo refuerza el inciso 7° del inciso 3° del numeral 19 de la Constitución: “La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad 3 NAVARRO BELTRÁN ENRIQUE. “Principios que rigen en materia de derecho administrativo sancionador reconocidos por la jurisprudencia Constitucional Chilena” 4 BOETTIGER PHILIPPS, CAMILA” El derecho administrativo sancionador en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, revista ACTUALIDAD JURIDICA N°20, Julio 2009, T.II Universidad del Desarrollo, Santiago. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 13 penal.” La pena debe establecerse una vez que se ha generado respecto del imputado un juicio de culpabilidad que pruebe la intencionalidad de su actuación u omisión infraccional, pues este ámbito de responsabilidad debe aplicarse en el derecho administrativo sancionador. Este principio de culpabilidad deriva del derecho de inocencia, el cual, a pesar de no estar explícitamente consagrado en la Constitución, deriva a su vez de la prohibición anterior y que se traduce en dos reglas complementarias: regla de trato, de inocente mientras no se demuestre lo contrario y, lo más importante, regla de juicio, no obligando al imputado a probar su inocencia. Sobre la culpabilidad, el Profesor Dr. Miguel Bajo Fernández5, expresa que el proceso de asimilación material de las sanciones administrativas al régimen del Derecho penal se proyecta también sobre los aspectos subjetivos y sus exigencias que permiten un juicio de reprochabilidad sobre los responsables (Parada). Por esta razón, también se venía exigiendo por parte del Tribunal Supremo la necesidad de la concurrencia del principio de culpabilidad. En la actualidad resulta prácticamente indiscutida ya la aplicación del principio de culpabilidad en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, desterrándose definitivamente la responsabilidad objetiva (citando a Nieto y Parada). Por otro lado, como ya se ha dicho, la culpabilidad tiene que estar presente siempre como impone la Jurisprudencia de los últimos años elevando este requisito esencial a pieza básica del Derecho Administrativo Sancionador (Parada). En este sentido, hay que sostener con Parada que, diga lo que diga la Ley (se refiere al art. 130.1 LRJPAC), no se puede dar infracción alguna, penal o administrativa, sin el elemento de la culpabilidad. Siguiendo con el derecho español y la presunción de inocencia, explica Victoria López Torralba6 que la Administración que ejercita la potestad sancionadora debe probar, de forma absolutamente suficiente, la comisión de la infracción y la identidad del infractor. Como señala la STC 74/2004, de 22 de abril (RTC 2004/74), en su fundamento de derecho cuarto, con cita en otras anteriores como las SSTC 76/1990, de 26 de abril y 169/1998, de 21 de julio: “…según tiene reiteradamente afirmado este Tribunal, la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas..., pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones”. Así, en nuestro Derecho (al igual que en el chileno, podemos afirmar), la presunción de inocencia se viene considerando como un derecho fundamental, y por ende, derecho de aplicación directa e inmediata y cuyo contenido vincula la actuación de todos los poderes 5 BAJO FERNÁNDEZ MIGUEL. La unidad del Derecho Sancionador. Gaceta penal y procesal, Tomo 32, febrero de 2012, España. El autor además es de la opinión que en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 1992(L. 30/1992, España), en su Capítulo I del IX se recoge los principios a los que se debe estar sometida la potestad sancionatoria de la administración. 6 LÓPEZ TORRALBA, VICTORÍA. Breve estudio en torno al Procedimiento Administrativo Sancionador y sus Grantías, Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid,N°22-01,septiembre 2005,España. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 14 públicos (art. 53 CE), correspondiendo su titularidad al presunto responsable o sujeto pasivo del procedimiento administrativo sancionador. Esto se demuestra en las siguientes exigencias: - Que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; - Que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia. - Y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio. En definitiva, lo que exige este derecho es que en el procedimiento administrativo sancionador exista un acervo probatorio suficiente –en términos de la STC 117/2002, de 20 de mayo, citando a la STC 17/2002-, recayendo sobre la Administración Pública la carga probatoria tanto de la comisión del ilícito como de la participación del acusado, sin que a éste pueda exigírsele una «probatio diabólica» de los hechos negativos. También en el mismo sentido, la STC 123/1997, de 1° de julio (RTC 1997/123), condensa el contenido esencial de ese derecho, si bien referido al proceso penal, debiendo hacer la traslación del contenido al ámbito administrativo sancionador con moderación. Se establece que en definitiva lo que exige este derecho es que es el Procedimiento Administrativo sancionador exista un acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la Administración Pública la carga probatoria. Y que ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, como por la más reciente y moderna doctrina de los autores, algunos tan destacados como el profesor Eduardo Cordero Q. Doctor en la especialidad, que así lo sostiene en su libro “Derecho Administrativo Sancionador “, Bases y principios en el Derecho Chileno, Thomson Reuters, La Ley, primera edición, mayo 2014.-Tesis que este sentenciador comparte. DÉCIMO SEGUNDO: Que, ahora bien, precisadas las normas legales anteriores, corresponde analizar los antecedentes que obran en autos y ponderar las pruebas rendidas, conforme se expresa en los considerandos siguientes. DÉCIMO TERCERO: Que, como se advierte de autos, la ya citada Acta de Denuncia N°09 de fecha 27 de abril de 2016,imputa a la contribuyente la conducta sancionada en el artículo 97 N°4 inciso tercero y final del Código Tributario, consistente en la emisión de cuatro Boletas de Honorarios electrónicas las que luego eran entregadas a SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE (SQM) RUT N°93.007.000-9,con su actuar facilito documentación Tributaria con el objeto de cometeré o posibilitar la comisión de los delitos contenidos en el artículo 97 N°4 inciso final del Código Tributario. DÉCIMO CUARTO: Que según lo precedente, la denunciada aseguró que en dichas declaraciones de impuesto incluyó entre otras, las siguientes Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas (N°343, 346, 363,366), por las cuales el contribuyente no acreditó la efectividad de haber realizado la prestación de servicios al no aportar documentación suficiente que respalden y den cuenta de la existencia de dichas prestaciones. Todas ya invidualizadas en la parte expositiva de esta sentencia y que constan en autos. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. 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Se indica que dicha conducta está tipificada en el artículo 97N°4 inciso tercero del Código Tributario, el cual determina que: “la realización de cualquier maniobra fraudulenta, con el fin de obtener una devolución indebida de impuestos”. Al respecto, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores ha expresado que dicha norma requiere que la falsedad que se imputa sea maliciosa, es decir, que sea producto de un acto consciente y voluntario del contribuyente denunciado, a sabiendas que lo declarado no se ajusta a la verdad. Dicho elemento subjetivo que se concreta en lo malicioso de la falsedad de la declaración debe ser acreditado por el Servicio aludido, pues entender lo contrario significaría presumir la mala fe y dar al artículo 21 del Código Tributario el alcance de una presunción legal de dolo que no contiene y que, en todo caso, está controvertida por la presunción de inocencia y “de no culpabilidad”. Tesis acogida por la sala penal de Excma. Corte Suprema de justicia. El deber procesal que corresponde al ente denunciante se transforma aquí en la obligación de demostrar la culpabilidad con eficacia tal que logre quebrantar el estado de inocencia que frente a una imputación ilícita asiste al contribuyente, sin perjuicio de su derecho de aportar la prueba que estime pertinente en aval de su teoría, pero su indiferencia en ese sentido no le puede acarrear ningún perjuicio. DÉCIMO SEXTO: Que, además, y previo a la valoración de la prueba, debe considerarse por esta magistratura que la aplicación de una sanción es la expresión del ius puniendi del Estado, por lo que es lógico y necesario aplicar los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución Política de la República , específicamente en el numeral 3º de su artículo 19, y en Tratados Internacionales como el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, de forma tal de otorgar una debida tutela jurisdiccional a los derechos de las personas. En este orden de ideas, la reclamante está beneficiada con la presunción de inocencia, por lo que será el Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 16 Servicio de Impuestos Internos el que deberá probar la efectiva comisión de la infracción imputada. Que el Servicio de Impuestos Internos, con la finalidad de probar la concurrencia de todos los elementos del tipo infraccional sancionado aportó y acompañó al acta de denuncia una serie de antecedentes probatorios. Que, además la infracción, como ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, debe cumplir con otro requisito del derecho penal: la tipicidad. Como lo dice Massone, “…el primer requisito para que la acción (u omisión) constituya ilícito fiscal (delito o infracción) es que esa acción tenga la cualidad de ser típica. DÉCIMO SÉPTIMO: Que de la documentación acompañada por el Servicio de Impuestos Internos en esta instancia, referidas en Res DJU 13.00 N°2326 de fecha 05 de mayo de 2016, unido al Informe de Fiscalización N°26-4, rolante a fojas 12 y siguientes, de fecha 20 de enero de 2016, emitido por la Subdirección Jurídica del Departamento de Delitos Tributarios, el cual informa el resultado de la recopilación de antecedentes practicada al contribuyente JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6. Se indica que la documentación aportada, ratifica la conducta desplegada por el imputado, el cual mediante su actuar, emitió, facilito e incluyo en sus declaraciones de Impuestos a la Renta de los periodos Tributarios 2012 y 2013 boleta s de Honorarios Electrónicas por servicios no prestados a SOQUIMICH S.A DÉCIMO OCTAVO: Que en relación a los descargos efectuados por el imputado, haciendo valer su derecho a guardar silencio, compareciendo ante el ente fiscalizador, sin aportar antecedentes que desvirtué lo señalado en Acta de Denuncia N°09 de fecha 27 de abril de 2016. Se señala que según lo dispuesto por el artículo 107 del Código Tributario, el cual toma en consideración: 1° La calidad de reincidente en infracción de la misma especie. 2° La calidad de reincidente en otras infracciones semejantes. 3° El grado de cultura del infractor. 4° El conocimiento que hubiere o pudiere haber tenido de la obligación legal infringida. 5° El perjuicio fiscal que pudiere derivarse de la infracción. 6° La cooperación que el infractor prestare para esclarecer su situación. 7° El grado de negligencia o el dolo que hubiere mediado en el acto u omisión. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 17 8° Otros antecedentes análogos a los anteriores o que parezcan justo tomar en consideración atendida la naturaleza de la infracción y sus circunstancias. Se concluye que en relación a los antecedentes aportados y los hechos indicados latamente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 107, el cual considera las agravantes y atenuantes. Por lo tanto este Tribunal perfecciona que el imputado no logra acreditar su actuar, al no poder demostrar la existencia material del vínculo que lo une con la receptora de los documentos. Es dable indicar que la conducta desplegada por don JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6,en cuanto a la emisión de documentación Tributaria ( Boletas de Honorarios) es reiterada en los años comerciales 2011 y 2012,considerando este Tribunal una agravante según lo dispuesto en el citado artículo 107 del Código Tributario Continua señalando este Tribunal, que es agravante crucial y determinante, el hecho que don JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, tenga un elevado conocimiento, acerca de la obligación legal infringida, producto que el imputado desarrolla el giro de actividades de Asesoramiento Empresarial y en materia de Gestión. Se indica que don JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531- 6, no presta cooperación con el fin de esclarecer el acto que se le imputa, ya que en sus descargo desvirtúa y condiciona erróneamente el actuar del ente Fiscalizador, con ello no logra demostrar la efectividad de los servicios prestados a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A Es dable concluir que el actuar de don JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, al incluir las Boletas de Honorarios N°343, 346, 363,366 en su Declaración de Impuesto a la Renta de los Años Tributarios 2012 y 2013 obteniendo de esta forma una devolución de Impuestos indebida, causando un grave perjuicio Fiscal, dicha conducta ilícita y consumada determina según este Tribunal una agravante en autos. Se indica por parte de este Tribunal que la conducta desplegada por don JOSÉ RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, orientada a obtener beneficios Tributarios improcedentes, se ve agravada por la circunstancia de haber en cuatro oportunidades haber facilitado documentación Tributaria, con el objeto de posibilitar la comisión de los delitos contenidos en el artículo 97 N°4 del Código Tributario. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 18 DÉCIMO NOVENO: Que, en consecuencia a partir de lo expuesto precedentemente y en virtud de los hechos que se han tenido por verdaderos en este procedimiento judicial, de acuerdo a las referidas reglas de la sana crítica, habiéndose expresado las razones jurídicas y aplicando los principios de la lógica para evitar contradicciones en las conclusiones a que se ha llegado; de conformidad a las máximas de la experiencia en su caso, y, desde luego,siempre con sujeción al ordenamiento jurídico vigente, este Sentenciador ha arribado al convencimiento y conclusión, que la conducta desplegada e imputada por parte del denunciado don JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6 representado legalmente por don Francisco José Pavez Tetlak, RUT N°7.7779.531-, ambos domiciliados para estos efectos en calle Magdalena N°140,piso 12,Oficina 1201,Comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago, con el giro de actividades de Asesoramiento Empresarial y en materia de Gestión, por haber incurrido en la infracción al artículo 97 N°4 inciso tercero y final del Código Tributario, consistente en la emisión de cuatro Boletas de Honorarios electrónicas las que luego eran entregadas a Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) RUT N°93.007.000-9,con su actuar facilitó documentación Tributaria con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos contenidos en el artículo 97 N°4 inciso tercero y final del Código Tributario. Conductas que se encuentran acreditadas con el estándar probatorio necesario para acoger la acta denuncia que es conocida por el tribunal Tributario y Aduanero. Cumpliéndose con el estándar de prueba necesario para tener por acreditadas la comisión de ambas infracciones tributarias por parte del denunciado, y en lo que toca con la confección y facilitación de boletas falsas ideológicas con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en el artículo 97 Nro. 4 del Código Tributario. VIGÉSIMO: Que, precisado lo anterior, atendido que el delito contemplado en el inciso final del artículo ya referido, traen aparejada senda multa, la que en vista de la atenuante que le favorece y otros antecedentes conforme lo dispuesto en el citado artículo N°107 del Código Tributario y considerando su caudal o facultades, se impondrá dicha multa atenuada; cuyo monto, dada la naturaleza del gravamen burlado por el proceder del sentenciado, se ajustará al mérito de los antecedentes acompañados en autos. Por estas consideraciones de hecho, el allanamiento realizado por el denunciado, antecedentes aportados y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 2, 16, 17, 18, 97 Nº 4, 107, 115, 161 y 162 del Código Tributario, 23, 52 y 53 del D.L. 825 de 1974, 2, 3, 10,14, 20, 29, 30, 31,32, 41 del D.L. 824 sobre Impuesto a la Renta, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, auto acordado sobre forma de las sentencias, principios y doctrinas citadas, valorada la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración su multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia y conexión de las pruebas. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 19 SE RESUELVE: I.- SE ACOGE el Acta de Denuncia N°09 de fecha 27 de abril de 2016, en cuanto se encuentran acreditada la comisión de la infracción tributaria descrita y sancionada en el inciso tercero y final del artículo 97 N° 4 del Código Tributario, por parte del contribuyente. Consumada y en calidad de autor. II.- APLÍQUESE al contribuyente, JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, una multa de $ 4.491.080 ( cuatro millones cuatrocientos noventa y un mil ochenta pesos ), equivalente al 200 % del perjuicio causado en la comisión de la infracción tributaria prevista y sancionada en el inciso tercero del Código Tributario. III.- APLÍQUESE al denunciado don JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ, RUT N°7.779.531-6, una multa de 10 U.T.A, por la comisión de la infracción tributaria prevista y sancionada en el inciso final del Código Tributario, esto es la confección y facilitación de boletas falsas. IV.- Conforme lo dispuesto en el artículo 6° letra B número 6 del Código Tributario, dese cumplimiento por parte de la Sr. Director Regional del Servicio de Impuestos Internos mediante la emisión del giro de la multa aplicada, una vez ejecutoriada la presente sentencia. Notifíquese la presente resolución al infractor por carta certificada, y publíquese en forma íntegra en el sitio de Internet de este Tribunal. Dese aviso al correo electrónico y [email protected]. Déjese testimonio en el expediente. ANÓTESE, REGÍSTRESE y en su oportunidad ARCHÍVESE. Pronunciada por don LUIS ALFONSO PÉREZ MANRÍQUEZ, Juez Titular del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autoriza don FELIPE MUÑOZ ALBÓNICO, Secretario Titular del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 20 “SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO CENTRO con JOSE RIGOBERTO HORMAZABAL LÓPEZ”. RIT N°: GS-15-00039-2016 RUC N°:16-9-0000391-2 Luis Alfonso Pérez Manríquez Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal R. Metropolitana. Primero Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 28-07-2016. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9b4677d3-7c74-4564-9940-e9008a997e26 Timbre Electrónico 2016-07-28T10:36:53-0400 ATTA SACTA