Artículo 49 bis de la Ley 19.496 (Ley del Consumidor)
Qué dice el artículo
Artículo 49 bis.- Los fabricantes e importadores de videojuegos deberán colocar en los envases, soportes o plataformas en que comercialicen dichos productos leyendas que señalen claramente el nivel de violencia contenida en el videojuego respectivo, según lo dispuesto en el presente artículo. En el caso de los envases, tal advertencia deberá ocupar, a lo menos, el 25% del espacio de ambas caras del envoltorio del videojuego respectivo.
importadores, proveedores y comerciantes sólo podrán vender
y arrendar videojuegos que fueren calificados como no recomendados para menores de una determinada edad, a quienes acrediten cumplir la edad requerida. En el caso de cada venta o arriendo por medios físicos se deberá exigir la cédula de identidad respectiva.
de las disposiciones del presen te artículo será sancionada
por el juez de policía local competente, con una multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales y comiso de las
n.
Texto oficial vigente al , según la Biblioteca del Congreso Nacional · Publicación en el Diario Oficial: 7 de marzo de 1997 · promulgación: 7 de febrero de 1997 · Texto refundido: Decreto con Fuerza de Ley 3, publicado en el Diario Oficial el 31 de mayo de 2021 · Última modificación: 11 de julio de 2025.
Jurisprudencia
Todavía no hay fallos de la Corte Suprema que apliquen este artículo.
La Corte Suprema sobre la Ley 19.496 (Ley del Consumidor)
Fallos recientes que aplican otros artículos de esta ley; no citan el artículo 49 bis.
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Rechaza la casación de la ejecutada porque su petitorio pide rechazar un aumento de alimentos, ajeno a las excepciones, y porque contradice hechos fijados sobre las menciones del pagaré.
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Rechaza la queja de Banco BICE contra el fallo que confirmó la multa de 1.000 unidades tributarias mensuales, porque los jueces apreciaron la prueba según la sana crítica y solo interpretaron y aplicaron la ley al caso.
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Rechaza la casación de la demandante porque se apoya en hechos distintos de los fijados, como que Metro ocultó la caducidad, sin denunciar infracción a las leyes reguladoras de la prueba.
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Rechaza la casación de la asociación de consumidores, que omitió normas decisorias, y mantiene la incompetencia del juzgado civil: la autoridad sanitaria debe constatar antes la infracción.
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