Dictamen N° OF208888, de 3 de noviembre de 2026

I. Antecedentes

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Presidente del Senado de la República, a requerimiento del H. senador señor Francisco Huenchumilla Jaramillo, solicitando un pronunciamiento sobre los alcances de la personalidad jurídica de derecho público otorgada, por el sólo ministerio de la ley, a las iglesias evangélicas, en relación con el registro asociado a la ley N° 19.638, a objeto de poder acceder a fondos públicos y, en concreto, en relación al Concurso del Fondo de Protección Ambiental año 2026 “Proyectos Sustentables Ciudadanos”.

Requeridos sus informes, los Ministerios del Medio Ambiente (MMA) y de Justicia y Derechos Humanos manifiestan sus consideraciones acerca del asunto planteado.

II. Fundamento jurídico

Sobre el particular, la Constitución Política en su artículo 19, N° 6, garantiza la libertad de conciencia y “el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”.

Al respecto, el artículo 1° de la ley N° 19.638 -que establece normas sobre la constitución jurídica de las Iglesias y Organizaciones Religiosas-, preceptúa que “El Estado garantiza la libertad religiosa y de culto” en los términos de la Carta Fundamental, agregando el artículo 4° que, para los efectos de esta ley, “se entiende por iglesias, confesiones o instituciones religiosas a las entidades integradas por personas naturales que profesen una determinada fe”.

Su artículo 6° señala que la libertad religiosa y de culto, con la correspondiente autonomía e inmunidad de coacción, significan para toda persona, a lo menos, las facultades ahí contempladas. Añade el artículo 7° que, en virtud de la libertad religiosa y de culto, se reconoce a las entidades religiosas plena autonomía para el desarrollo de sus fines propios.

Su artículo 8° establece que las entidades religiosas podrán crear personas jurídicas de conformidad con la legislación vigente, pudiendo, en especial: a) Fundar, mantener y dirigir en forma autónoma institutos de formación y de estudios teológicos o doctrinales, instituciones educacionales, de beneficiencia o humanitarias, y b) Crear, participar, patrocinar y fomentar asociaciones, corporaciones y fundaciones, para la realización de sus fines.

En tal contexto, el artículo 10 de la aludida ley N° 19.638 puntualiza que, para constituir personas jurídicas que se organicen de conformidad con esta ley, las entidades religiosas deberán seguir el procedimiento ahí dispuesto: a) Inscripción en el registro público que llevará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la escritura pública en que consten el acta de constitución y sus estatutos; b) Transcurso del plazo de noventa días desde la fecha de inscripción en el registro, sin que ese ministerio hubiere formulado objeción, o si, habiéndose deducido objeción, ésta hubiere sido subsanada por la entidad religiosa o rechazada por la justicia; y c) Publicación en el Diario Oficial de un extracto del acta de constitución, que incluya el número de registro o inscripción asignado.

Su inciso final previene que “Desde que quede firme la inscripción en el registro público, la respectiva entidad gozará de personalidad jurídica de derecho público por el solo ministerio de la ley”.

Luego, el artículo 11 consigna que esa cartera no podrá denegar el registro, sin embargo, dentro del plazo de noventa días contado desde la fecha de ese acto, mediante resolución fundada, podrá objetar la constitución si faltare algún requisito.

A continuación, el artículo 20 de la ley N° 19.638 establece que el “Estado reconoce el ordenamiento, la personalidad jurídica, sea ésta de derecho público o de derecho privado, y la plena capacidad de goce y ejercicio de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas que los tengan a la fecha de publicación de esta ley, entidades que mantendrán el régimen jurídico que les es propio, sin que ello sea causa de trato desigual entre dichas entidades y las que se constituyan en conformidad a esta ley”.

Por su parte, en relación con la postulación a fondos públicos en la situación que se plantea, es menester hacer presente que el artículo 67 de la ley N° 19.300 -de Bases Generales del Medio Ambiente-, establece que los proyectos o actividades que postulen a ser financiados con recursos del Fondo de Protección Ambiental serán seleccionados por el Subsecretario de Medio Ambiente, según bases generales definidas al efecto.

En ese sentido, según el artículo 4°, letra c), del decreto N° 13, de 2020, del MMA -que aprueba nuevo reglamento orgánico de esa cartera-, a dicha autoridad le compete “Seleccionar los proyectos o actividades a financiar total o parcialmente por el Fondo de Protección Ambiental, cuyo monto no exceda del equivalente a quinientas unidades de fomento”.

Enseguida, cumple con manifestar que las bases generales del citado Fondo fueron fijadas mediante la resolución N° 57, de 1997, del Director Ejecutivo de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, y que el inciso segundo de su artículo 1°, previene que la selección de los proyectos o actividades a financiar se hará por concurso en conformidad a esas bases generales y a las bases especiales que para cada concurso se determinen.

Así, y en el marco de las competencias del Subsecretario del Medio Ambiente, cabe indicar que las bases especiales del XXIX Concurso del Fondo de Protección Ambiental año 2026 “Proyectos Sustentables Ciudadanos” -aprobadas por la resolución exenta N° 5.796, de 2025, de la Subsecretaría del Medio Ambiente-, señalan en su numeral 2.3, “Tipo de postulante”, que “Sólo podrán participar personas jurídicas, de derecho privado y sin fines de lucro” -reiterando lo dispuesto por dicha autoridad en los certámenes previos de la citada línea de postulación, según los antecedentes tenidos a la vista-.

Agrega el numeral 5.1, sobre los “Requisitos de admisibilidad”, que los certificados a presentar por los postulantes debían ser emitidos por la institución que otorgó inicialmente la pertinente personalidad jurídica, en los términos que se indica.

III. Análisis y conclusión

Al respecto, es necesario destacar que se encuentran constitucionalmente protegidas las manifestaciones de las creencias religiosas, en tanto no se opongan a la moral, las buenas costumbres y al orden público y, asimismo, la ley las reconoce como una de las prerrogativas inherentes a la libertad religiosa y de culto.

Asimismo, cabe recordar que el propio legislador, a través de la ley N° 19.638 -publicada en el Diario Oficial el 14 de octubre de 1999-, conjuntamente con desarrollar en sus artículos 1° a 7° la libertad religiosa y de culto garantizada en el artículo 19, N° 6°, de la Constitución Política, dispuso una nueva calidad jurídica para las organizaciones religiosas que se constituyeran según esa preceptiva, esto es, que gozarán de personalidad jurídica de derecho público por el solo ministerio de la ley, desde que quede a firme la inscripción en el registro público que lleva el Ministerio de Justicia de la escritura pública en que consten el acta de constitución y sus estatutos, previo procedimiento allí fijado (aplica dictamen N° 35.127, de 2015).

Ahora bien, respecto del concurso en cuestión, en el marco de las bases especiales dictadas por el Subsecretario del Medio Ambiente, se aprecia que la agrupación aludida presentó junto a su postulación un “Informa Registro”, de 5 de octubre de 2025, emitido por el Ministerio de Justicia, en el cual se indica, en síntesis, que la entidad religiosa denominada “Iglesia del Señor”, está debidamente inscrita en el referido registro bajo el N° 86, de 25 de mayo de 2001, cuyo extracto de constitución y número de registro se publicó en el Diario Oficial el 20 de octubre de 2001, encontrándose ésta vigente y gozando de personalidad jurídica de derecho público por el sólo ministerio de la ley, razón por la cual se declaró la inadmisibilidad de su postulación al no corresponder a aquellas entidades a las cuales estaba dirigida la referida convocatoria -según lo consigna el numeral 2.3, “Tipo de postulante”, de las bases, ya citado-, sin que se adviertan irregularidades al respecto.

En efecto, la organización postulante corresponde efectivamente a una iglesia o entidad religiosa con personalidad jurídica de derecho público por el sólo ministerio de la ley, conforme a la anotada ley N° 19.638.

Siendo ello así, las organizaciones constituidas al amparo de la referida ley N° 19.638 deben entenderse, para todos los efectos legales, que cuentan con personalidad jurídica de derecho público por el solo ministerio de la ley desde su inscripción en el mencionado registro público, por cuanto el legislador estimó que dicha condición era procedente en el marco de la libertad religiosa y de culto garantizada constitucionalmente, no correspondiendo a esta Contraloría General limitar, restringir o alterar, para determinados efectos, la calidad jurídica en cuestión.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden de la Contralora General de la República

VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS

Subcontralor General