Dictamen N° OF208662, de 3 de noviembre de 2026

N° OF208662 Fecha: 03-11-2026 I. Antecedentes A través de su dictamen N° E137186, de 2025, y frente a una denuncia que cuestionó la designación de doña Constanza Salas Ramos como Jefa del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia (ETESA-SBE), de la Subsecretaría de Salud Pública, esta Contraloría General requirió, previo a pronunciarse, que la aludida designación debía ser registrada en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Acerca de la supuesta contravención de lo dispuesto en la ley N° 20.850 -que establece limitaciones para las personas que participan en el proceso de determinación de las garantías explícitas de salud (GES)- y de la validez de la priorización efectuada por el anotado Departamento de la molécula “pembrolizumab” del laboratorio MDS, en desmedro de la denominada “nivolumab” del laboratorio BMS, este Organismo Contralor manifestó que correspondía a la Administración activa ponderar los antecedentes del caso y resolver si iniciaba o no un proceso de invalidación de la resolución exenta N° 1.099, de 2024, que definió el listado de drogas oncológicas de alto costo no GES, debiendo dar cuenta documentada de la decisión fundada que adoptara al respecto. En esta oportunidad, la Subsecretaría de Salud Pública informa que, mediante su memorándum B5 N° 366, de 2025, remitió copia del registro actualizado en SIAPER de su resolución exenta RA N° 286/2250/2025, que designó a contrata a doña Constanza Salas Ramos a contar del 7 de octubre de 2024, para desempeñar la función de jefa del singularizado departamento. En relación con la ponderación de los antecedentes para efectos de iniciar un eventual proceso de invalidación, indica que su Departamento de Coordinación de Garantías y Prestaciones en Salud es el responsable de la elaboración del mencionado listado y de sus actualizaciones, y que en 2022 solicitó al ETESA-SBE la evaluación de la evidencia científica correspondiente a las drogas e indicaciones contenidas en la resolución exenta N° 1.269, de 2021, informes que fueron elaborados en 2023, de forma previa a la designación de la señora Salas Ramos, sin que ella tuviere participación alguna en la elaboración, validación o dictación de la aludida resolución exenta N° 1.099, ni en las decisiones técnicas o presupuestarias que la sustentaron. II. Fundamento jurídico Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 1º de la ley N° 20.880 dispone, en su inciso final, que “Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias”. Luego, el artículo 12 de la ley N° 19.880 prevé, en su inciso primero, que las autoridades y los funcionarios en quienes se den algunas de las circunstancias que señala, entre ellas, tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. En armonía con lo anterior, el artículo 62, N° 6, de la ley Nº 18.575 previene que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge y los parientes que indica, como, asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. En ese contexto, se aprecia que el objetivo de dicha preceptiva es impedir que intervengan no solo en la resolución, sino también en el examen o estudio de determinados asuntos o materias, aquellos servidores que puedan verse afectados por un conflicto de intereses en el ejercicio de su empleo o función, en virtud de circunstancias que objetivamente puedan alterar su imparcialidad (aplica dictámenes N°s. 47.630, de 2013, y 32.412, de 2017). Por otra parte, cabe tener presente que el artículo 5° de la ley N° 20.850 señala que los tratamientos de alto costo para condiciones específicas de salud con sistema de protección financiera, tales como enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes, serán determinados a través de un decreto supremo del Ministerio de Salud, suscrito también por el Ministro de Hacienda. Asimismo, su artículo 8° se refiere al proceso de elaboración de recomendación priorizada, estableciendo que la evaluación técnica de la evidencia será analizada y priorizada sobre la base del valor científico, económico y social que el tratamiento importe, proceso que estará a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública, que constituirá, para esos efectos, la Comisión de Recomendación Priorizada. III. Análisis y conclusiones Expuesto lo anterior, cabe anotar que, del examen de la documentación tenida a la vista en esta ocasión, se desprende que mediante su resolución exenta RA N° 286/2250/2025, la Subsecretaria de Salud Pública designó a contrata a la señora Salas Ramos a contar del 7 de octubre de 2024, prorrogando dicho vínculo, por medio de sus similares RA Nos 286/2475/2025, y 286/374/2026, por 2025 y 2026, respectivamente. Al respecto, cabe observar que esa repartición pública debe, en lo sucesivo, arbitrar las providencias tendientes a ceñirse al artículo 19, numeral 19.7, de la resolución Nº 36, de 2024, de esta Contraloría General, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, que dispone que deberán enviarse para su registro, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de su emisión, entre otros decretos y resoluciones relativos a la vida funcionaria, las designaciones a contrata, por cuanto, en la especie, ese trámite solo vino a verificarse después de un año de que la individualizada servidora asumiera sus funciones. Luego, cabe anotar de las fechas antes señaladas fluye que la intervención que el mencionado Departamento pudo tener en los análisis, coordinaciones o propuestas que sirvieron fundamento técnico a la elaboración de la referida resolución exenta N° 1.099, de 2024, se verificó de forma previa a la designación de la persona denunciada como jefatura del mismo. Asimismo, y según lo informado por la Subsecretaría de Salud Pública, la referida funcionaria no intervendría en la evaluación del problema de salud “asma”, ya que declaró expresamente la existencia de un interés comprometido, al tener su anterior empleador una expectativa sobre la incorporación de tecnologías sanitarias para el tratamiento de esa enfermedad. Como puede apreciarse, no resulta posible evidenciar que la señora Salas Ramos hubiere estado afectada por algún conflicto de interés que obstare a su desempeño de la jefatura del Departamento ETESA-SBE, lo que, por cierto, debe entenderse sin perjuicio del estricto cumplimiento del deber de abstención que debía observar, en razón de su cargo, en las materias que le correspondiera conocer. Por último, respecto de la validez de la priorización de la molécula pembrolizumab de un laboratorio en desmedro de otra, desarrollada por un laboratorio diverso, cumple con precisar que no corresponde que esta Contraloría General revise el mérito de las decisiones técnicas adoptadas por los ministerios y servicios, atendido lo previsto en el artículo 21 B de la ley N° 10.336 (aplica dictámenes Nos E425474, de 2023 y 13.404, de 2014). Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS Subcontralor General