Dictamen N° OF212754, de 9 de noviembre de 2026

I. Antecedentes

Don Rodrigo Cabrera Jiménez, en representación de Mediafon IT Consultants FZCO y de Mediafon Datapro UAB (Consorcio Mediafon), reclama respecto de lo obrado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) en el marco del proceso de licitación pública convocada por el Comité Representativo de la Portabilidad Numérica (CRPN) para designar al Organismo Administrador de la Portabilidad Numérica (OAP), correspondiente al período 2026-2030.

El recurrente señala, en lo medular, que la SUBTEL no cumplió con su deber de supervigilancia respecto de dicho proceso, al no exigir al OAP en funciones -Telcordia Technologies Chile S.A.- la entrega de información relativa a las transacciones de altas, prevalidación y reversión de portabilidad, lo que le habría impedido a ese consorcio formular una oferta competitiva, además de generar una asimetría de información en beneficio de la antedicha empresa, la cual, en definitiva, resultó seleccionada.

Requerida al efecto, la SUBTEL remitió el informe solicitado.

II. Fundamento jurídico

La ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones (LGT), dispone, en su artículo 25 bis, inciso tercero, que “La administración de la base de datos de administración de la numeración telefónica estará a cargo de un Organismo Administrador de la Portabilidad, persona jurídica constituida en Chile y con domicilio en el país, cuyo financiamiento será definido en el reglamento indicado en el inciso sexto”.

El inciso cuarto del mismo precepto señala que el Organismo Administrador de la Portabilidad proveerá los mecanismos de consulta a la base de datos de administración de la numeración telefónica, en tanto que su inciso quinto previene que “El Organismo Administrador de la Portabilidad deberá ser designado mediante una licitación efectuada por los concesionarios antes descritos, previa aprobación de las bases de dicha licitación por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones”.

Luego, su inciso sexto establece que “Para ello, un reglamento establecerá el procedimiento de la licitación que deberá llevarse a cabo para designar al Organismo Administrador de la Portabilidad, así como todos los demás aspectos relativos a su instalación, organización, funcionamiento y condiciones económicas de los servicios concernientes directamente a las transacciones de portabilidad, sin perjuicio de aquellas materias entregadas a las bases de la licitación pública correspondiente”.

Por su parte, el artículo 31 del decreto N° 16, de 2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que contiene el reglamento a que se refiere la precitada norma legal, dispone la conformación del CRPN, integrado por las concesionarias de servicio público telefónico local, móvil y del mismo tipo, al que le corresponderá elaborar las bases de licitación, remitirlas a la Subsecretaría para su aprobación o rechazo, convocar al proceso de licitación, adjudicar el OAP, decidir la prórroga de su designación o el término anticipado de la misma y, en general, todas aquellas materias señaladas en ese reglamento.

Además, su artículo 32 exige que el proceso licitatorio sea público y contemple “mecanismos de evaluación y adjudicación que garanticen competencia en precios, transparencia, no discriminación, libre concurrencia, mayor asignación de puntaje a aquellos Proponentes que ofrezcan menores precios y que el costo de operación de la portabilidad numérica sea el mínimo posible que permitan los parámetros de calidad establecidos”.

A continuación, su artículo 39, letra d), regula la etapa de consultas, estableciendo que las respuestas del CRPN requieren “previa aprobación de la Subsecretaría” para su publicación, y que dichas respuestas “se considerarán parte integrante de las bases”.

Por último, es preciso anotar que el artículo 46 de dicho reglamento impone al CRPN el deber de remitir el acta de adjudicación y el contrato definitivo a SUBTEL, y de dar publicidad al resultado del proceso, como condición para que la Subsecretaría convoque a las partes a la suscripción del contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación en su sitio web institucional.

III. Análisis y conclusión

De los antecedentes tenidos a la vista aparece que la SUBTEL, mediante su resolución exenta N° 1.276, de 2025, aprobó las bases de licitación -administrativas, técnicas y económicas- para la contratación del OAP, correspondiente al período 2026-2030, elaboradas por el CRPN.

Asimismo, que dentro del período de consultas regulado en la sección 4.1 de las bases administrativas, el consorcio recurrente formuló, entre otras, una consulta relacionada con “el número aproximado de transacciones (alta, reversión, prevalidaciones) procesadas mensualmente en los últimos cinco años”, frente a lo cual el CRPN respondió que “no se dispone de esa información”, remitiendo a las estadísticas publicadas en el sitio portabilidadnumerica.cl.

Consta, además, que el CRPN sometió al conocimiento de la SUBTEL las respuestas a las consultas formuladas por los interesados, incluida la antes transcrita, las que fueron aprobadas por esa repartición mediante su resolución exenta N° 1.661, de 2025.

Por último, se observa que el 21 de noviembre de 2025, se realizó la apertura de las propuestas económicas, y que el día 24 del mismo mes y año, el CRPN seleccionó a la empresa que, a dicha data, era el OAP en funciones.

Pues bien, establecido lo anterior, es preciso anotar que, acorde con la regulación del concurso, parte de la oferta económica estaba conformada por los precios unitarios de las transacciones correspondientes a los procedimientos de solicitud, prevalidación y reversión de portabilidad.

No obstante, se advierte que las respectivas bases no garantizaron el acceso de todos los oferentes a los antecedentes sobre los volúmenes de tales transacciones, y que dicha información solo era conocida por la OAP en funciones, entidad que participó en la licitación y que, en definitiva, resultó adjudicada.

En ese contexto, considerando que tal información constituía un antecedente relevante para la formulación de las ofertas económicas, pues permitía efectuar las estimaciones y proyecciones de los ingresos esperados por la operación del sistema, esta Sede de Control es del parecer que los interesados y proponentes del proceso concursal en análisis no se encontraban en igualdad de condiciones.

Siendo ello así, y dado que la SUBTEL debía, al momento de aprobar las bases y las respuestas del CRPN a los oferentes, cautelar que el procedimiento licitatorio cumpliera con las exigencias sobre competencia, transparencia y no discriminación, debe concluirse que lo obrado por dicha repartición no se ajustó a los deberes que le impone la normativa reseñada.

En mérito de lo expuesto, corresponde que ese servicio adopte las medidas correctivas que resulten pertinentes en el ámbito de su competencia, e instruya un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las responsabilidades administrativas comprometidas.

De tales aspectos deberá informar a esta Contraloría General dentro del plazo de 15 días contado desde la notificación del presente oficio, adjuntando la resolución que dé inicio a dicho procedimiento disciplinario.

Saluda atentamente a Ud.

Por orden de la Contralora General de la República

VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS

Subcontralor General