Dictamen N° OF212764, de 9 de noviembre de 2026

I. Antecedentes

La señora Elisa Walker Echeñique y el señor William García Machamar -en representación de don Fernando Pairican Padilla- solicitan se declare la ilegalidad de la resolución exenta N° 1.207, de 2026, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), mediante la cual se rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la resolución N° 45, de 2025, del mismo origen, acto que no incluyó entre los adjudicados el Proyecto N° CIN250051, postulado en el marco del “Concurso Nacional de Centros de Investigación y Desarrollo de Excelencia de Interés Nacional 2025”.

Requerida de informe, la ANID señaló que la citada resolución N° 45, de 2025, fue tomada de razón por esta Contraloría General, lo que le otorga presunción de validez. Añade, que los criterios de evaluación aplicados se ajustaron a las bases dentro del margen técnico de los evaluadores y que los errores fueron meramente formales.

II. Fundamento jurídico

Sobre el particular, cabe indicar que los artículos 11 y 12, letra j), de la ley N° 21.105, establecen que la ANID tendrá por objeto administrar y ejecutar los programas e instrumentos destinados a promover, fomentar y desarrollar la investigación en todas las áreas del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación de base científico-tecnológica, y que para el cumplimiento de sus objetivos elaborará e implementará las bases de concursos, convocatorias y evacuará todo acto administrativo necesario para la ejecución de los programas o instrumentos que describe la citada normativa.

En este contexto, la ANID convocó al “Concurso Nacional de Centros de Investigación y Desarrollo de Excelencia de Interés Nacional 2025”, cuyas bases fueron aprobados mediante su resolución N° 8, de 2024.

Su apartado VI, numeral 2, prevé que las propuestas declaradas admisibles serían sometidas a tres etapas de evaluación, cuyos criterios se señalan en el numeral 3 de ese acápite. Enseguida, tal norma indica que el Panel Nacional junto al Panel Internacional elaborarían un listado priorizado de las propuestas presentadas, de acuerdo con el puntaje total obtenido en las tres etapas de evaluación, siendo aquellas con los mayores puntajes las propuestas recomendadas a ser financiadas.

Enseguida, el número 4 del referido apartado VI, regula la escala de evaluación a utilizar en todas las etapas del concurso, donde cada uno de los criterios de evaluación descritos se califica entre 0 a 5 puntos, permitiéndose la asignación de un decimal. Para cada rango de puntaje, se señala que se asignará la valoración según si la propuesta cumple o aborda los aspectos del criterio en cuestión, de manera sobresaliente, buena, con posibilidades o necesidad de mejoras, si existen deficiencias, y si no cumple o no es posible evaluar los antecedentes, según cada caso.

Precisado lo anterior, cabe señalar que la jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control ha manifestado que compete a la autoridad administrativa determinar las bases y condiciones que delimitan los certámenes, y fijar el procedimiento mediante el cual se evaluarán los requisitos y méritos de los concursantes, pautas que, obligan a su aplicación sin discriminación en forma general a todos los candidatos que concurran (aplica dictamen N° E144720, de 2025).

Además, los criterios y procedimientos que componen la evaluación, su ponderación y asignación de puntaje, constituyen cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia, cuya ponderación corresponde efectuar a la propia Administración, de acuerdo con la regulación fijada al efecto (aplica dictamen N° 31.145, de 2019).

Por su parte, cabe expresar que el artículo 13, inciso tercero, de la ley N° 19.880, establece que “El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado”, pudiendo la Administración, conforme indica su inciso final, subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General ha sostenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 73.799 de 2012 y 8.875 de 2013, que los errores de carácter formal que no inciden en la decisión adoptada no invalidan el acto administrativo.

III. Análisis y conclusión

De los antecedentes tenidos a la vista, consta que mediante la anotada resolución N° 45, de 2025, la ANID aprobó la adjudicación del concurso en análisis y la lista de espera de propuestas, la que fue cursada con alcances por el oficio N° E219988, de 2025, de este origen.

En dicha oportunidad, entre otros documentos, se tuvo a la vista la nómina y evaluaciones de propuestas con el puntaje otorgado en la primera etapa y las actas de entregas de los paneles internacional y nacional. Así, en esa instancia se validó la selección inicial de las 45 propuestas, las que, posteriormente, fueron evaluadas por los paneles y priorizadas según el puntaje obtenido en las tres etapas de evaluación, resultando adjudicadas 11 de esas propuestas y 8 quedaron en lista de espera, dentro los cuales finalmente no se consideró al Proyecto N° CIN250051 en estudio.

Posteriormente, por la resolución exenta N° 1.207, de 2026, el servicio rechazó, por las razones que indica, el recurso de reposición interpuesto por el recurrente en contra de la aludida resolución N° 45, de 2025.

Ahora bien, en cuanto a la alegación de los recurrentes sobre la valoración finalmente obtenida para el proyecto en estudio, cabe advertir que a esta Entidad de Control solo le compete pronunciarse sobre la legalidad del concurso, quedando a juicio del evaluador respectivo la asignación de cada puntaje, conforme con los documentos presentados por los postulantes.

En dicho contexto, en la situación de la especie no se observa una vulneración a los principios de estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes, ya que, de los antecedentes acompañados se aprecia que el puntaje fue asignado dentro de los criterios y márgenes previstos en las bases, y se precisaron los fundamentos que justifican su asignación, consignándose los errores o falencias específicas de la postulación en examen.

Además, atendido que el error identificado por los ocurrentes no tuvo incidencia en el fondo de la decisión adoptada, no procede invalidar el acto administrativo impugnado.

Asimismo, en cuanto a la ausencia de motivación de la aludida resolución exenta N° 1.207, de 2026, se aprecia que dicho acto administrativo satisface el requisito de motivación, en conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 41 de la ley N° 19.880, ya que expone las razones por las cuales se adjudicó el concurso en análisis y se rechaza el recurso de reposición deducido por el interesado.

En consecuencia, procede desestimar el reclamo interpuesto por los recurrentes, dado que la decisión de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de rechazar el recurso de reposición deducido por el postulante se ajustó a derecho, toda vez que los fundamentos que justifican tal rechazo están expresados en el respectivo acto decisorio.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden de la Contralora General de la República

VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS

Subcontralor General