Dictamen N° OF209970, de 4 de noviembre de 2026

I. Antecedentes

El señor Rodrigo Serce Meléndez, en representación de GEM SpA, reclama en contra de la readjudicación de la licitación pública ID N° 5240-2-LR25, convocada por la Dirección de Compras Públicas de Carabineros de Chile, para la adquisición de tenidas de instrucción unisex, alegando que su firma cumplió las exigencias técnicas requeridas en ese certamen, por lo que no debió invalidarse la adjudicación inicialmente efectuada a su favor. Añade, que dicha readjudicación se dispuso aun cuando existían recursos administrativos con su tramitación pendiente.

Requerido su informe, esa institución policial manifestó, en síntesis, que el motivo por el cual invalidó la adjudicación efectuada a favor de la sociedad recurrente y, posteriormente, declaró inadmisible su oferta, se debió a que su propuesta técnica no obtuvo el puntaje mínimo establecido en las bases.

II. Fundamento jurídico

Sobre el particular, cabe anotar que el artículo 10 de la ley N° 19.886 prevé, en su inciso quinto, que los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen.

A su vez, el decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, reglamento del precitado texto legal, dispone, en su artículo 37, inciso primero, que las bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio para adquirir y todos sus costos asociados, presentes y futuros.

Por su parte, el artículo 41 del mismo cuerpo reglamentario prescribe, en su N° 8, que las bases deberán contener los criterios objetivos que serán considerados para decidir la adjudicación, atendida la naturaleza de los bienes y servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los oferentes y cualquier otro antecedente que sea relevante para efectos de la adjudicación.

En tanto, su artículo 54 puntualiza, en su inciso segundo, que la evaluación de las ofertas se efectuará a través de un análisis económico y técnico de los beneficios y los costos presentes y futuros del bien y servicio ofrecido en cada una de las ofertas, y, en caso de que corresponda, los criterios complementarios que se hayan establecido en las bases. Para efectos del anterior análisis, la entidad licitante deberá remitirse a los criterios de evaluación definidos en las bases.

De las normas transcritas se desprende que corresponde a la autoridad administrativa licitante elaborar las bases para los concursos que lleve a cabo, considerando los criterios de evaluación técnicos y económicos que estime pertinentes -por cierto, dentro del contexto normativo fijado por las disposiciones legales y reglamentarias mencionadas-, según las características de los bienes o servicios a licitar y a sus requerimientos (aplica dictámenes N°s. 21.394, de 2019, E397255, de 2023 y OF201913N26).

En el mismo sentido, la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° E134945, de 2025, concluye que la elección de los criterios que componen la respectiva evaluación, su ponderación y puntuación constituyen aspectos de mérito, conveniencia u oportunidad que compete calificar a la Administración activa.

III. Análisis y conclusión

Expuesto lo anterior, cabe anotar que el anexo N° 1, “Criterios y Metodología de Evaluación”, de las bases que rigieron la contratación de la especie, señaló, en su N° 2.1, primer párrafo, que se analizaría la oferta técnica presentada por el proveedor a través de la entrega de muestra(s) rotulada(s) y etiquetada(s) por el laboratorio que realizó su análisis, más el informe técnico emitido por el mismo laboratorio, correspondiendo al encargado del control de calidad de especies institucionales evaluar el cumplimiento de la especificación técnica de las especies, conforme al ranking y metodología de evaluación correspondiente.

Añadió su párrafo segundo, en lo pertinente, que a la propuesta que no cumpliera la totalidad de los requerimientos técnicos se le asignaría un porcentaje correspondiente al nivel de cumplimiento alcanzado, el cual debería ser igual o superior al 90% de calidad técnica; de no ser así su oferta sería declarada inadmisible.

Ahora bien, cabe apuntar que, del examen de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que la licitación fue originalmente adjudicada a la empresa recurrente y, luego, ante un reclamo de otro oferente, se efectuó una revisión de la oferta técnica de la primera, observándose que no se habían aplicado a su propuesta los descuentos contemplados en el ranking técnico, por lo que se dio inicio a un proceso de invalidación, que concluyó con la invalidación parcial del concurso.

En dicho contexto, y efectuada una nueva evaluación, la oferta de la peticionaria obtuvo un porcentaje inferior al mínimo indicado, debido a incumplimientos relativos, entre otros aspectos, al peso y al ligamento del tejido base; la migración vertical del agua; las terminaciones, y los colores exigidos -circunstancias que no son controvertidas por la recurrente-, y en definitiva, y por medio de su resolución exenta N° 602, de 2025, la Dirección de Compras Públicas de Carabineros de Chile readjudicó la licitación pública a otro proponente.

En mérito de lo expuesto, y habida cuenta que la nueva evaluación que se efectuó de la oferta del recurrente se ajustó a lo previsto en las pertinentes bases, sin que se aprecie algún reproche que formular al respecto a la nombrada institución policial, debe desestimarse el reclamo de la especie.

No obsta a lo anterior, la alegación del recurrente sobre las certificaciones de laboratorios externos que acompañó, ya que esos documentos eran sólo un antecedente para la evaluación, la que, según las bases, debía efectuar el encargado del control de calidad.

Por último, y acerca de la falta de suspensión de la readjudicación, pese a la interposición de los recursos administrativos, cabe hacer presente que, en conformidad con lo previsto en el artículo 57, inciso primero, de la ley N° 19.880, la interposición de dichas impugnaciones no suspende la ejecución del acto impugnado, por lo que tampoco se advierte alguna irregularidad al respecto.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden de la Contralora General de la República

VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS

Subcontralor General