Dictamen N° 64.193, de 12 de octubre de 2011

N° 64.193 Fecha: 12-X-2011 Esta Entidad de Control ha debido abstenerse de dar curso al documento del epígrafe, que autoriza la adquisición del inmueble y derechos de aprovechamiento de aguas que indica, para el Fisco de Chile-Ministerio de Justicia, por cuanto no se ajusta a derecho. Al respecto, cabe señalar que del certificado de hipotecas, gravámenes, interdicciones y prohibiciones de enajenar aguas, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Talca, aparece que los derechos de aprovechamiento de aguas que sirven para el cultivo de la propiedad cuya adquisición se autoriza, están gravados con servidumbres de tránsito y acueducto, inscritas a fojas 113 N° 96, fojas 114 N° 97 y fojas 116 N° 98, todas del Registro de Hipotecas y Gravámenes de Aguas del mencionado Conservador, de 1965, por lo que son improcedentes los párrafos 2 y 5, ambos del numeral II del decreto en examen, que establecen que tanto la compra del inmueble y los referidos derechos de aprovechamiento de aguas, como el pago del precio se condicionan a que se encuentren libres de todo gravamen. Asimismo, cumple manifestar que para la determinación del precio que se pagará por la adquisición que se autoriza, es necesario disponer de antecedentes que permitan a la autoridad administrativa sustentar el justo valor comercial de los bienes raíces, para lo cual deberán requerirse tasaciones comerciales externas practicadas por profesionales especializados en la materia, o por entidades financieras, constando en el, expediente administrativo sólo una tasación comercial que sirvió de antecedente para fijar el precio en la suma de $512.000.000, documento que resulta insuficiente para la finalidad expresada (aplica criterio contenido en el dictamen N° 36.259, de 2001). Finalmente, se advierte que la motivación del decreto en examen consiste en la adquisición de un inmueble para la construcción de un complejo penitenciario en Talca y que actualmente se encuentra en tramitación un nuevo plan regulador de esa comuna. Pues bien, con el fin de resguardar la correcta inversión de los recursos públicos y atendida la obligación de coordinación que debe existir entre los órganos que conforman la Administración del Estado, cumple con hacer presente que con anterioridad a la total tramitación de la medida que se dispone, esa autoridad deberá analizar y determinar si las edificaciones proyectadas en el inmueble -que actualmente se ubica en zona rural-, podrán ser ejecutadas de conformidad con los destinos permitidos por el instrumento de planificación territorial que a esa época se encuentre vigente. En mérito de lo anteriormente expuesto, se representa el acto administrativo señalado. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República