Contraloría General de la República · Empleo Público
Concursos, Ascensos y Alta Dirección Pública
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Concursos, Ascensos y Alta Dirección Pública, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Empleo Público, que incluye Concursos, Ascensos y Alta Dirección Pública, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Empleo PúblicoPronunciamientos
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que, para postular a jefaturas desde una contrata, los tres años previos pueden incluir períodos como titular o suplente si hay continuidad e inmediatez con la contrata posterior.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores actuó correctamente al declarar inadmisible la postulación del recurrente a la Academia Diplomática, pues su documentación no cumplió los requisitos de las bases, por lo que desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que la Secretaria Técnica del Consejo de Alta Dirección Pública, aunque formalmente de exclusiva confianza, puede recibir las bonificaciones por retiro de las leyes N° 19.882 y N° 20.948, aplicando una excepción a la regla general, por sus rasgos de estabilidad y continuidad.
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La Contraloría concluye que, para renovar el nombramiento de un alto directivo público, la autoridad debe contar también con la evaluación del convenio de desempeño del tercer año, conforme al artículo 24, inciso tercero, del decreto N° 172, de 2014, del Ministerio de Hacienda.
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La Contraloría revisó el reclamo por el rechazo de una postulación al Concurso IDeA I+D 2026 de la ANID, donde la recurrente alegó una falla informática. Concluye que no hay evidencia de fallas imputables a la Administración y desestima el reclamo, confirmando la legalidad del rechazo.
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La Contraloría concluye que no puede descartarse que el despido por necesidades de la empresa de una funcionaria de CONAF tuviera solo por objeto pagarle una indemnización, pues ya había sido designada en el SBAP. Ordena instruir un sumario administrativo para indagar responsabilidades.
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La Contraloría concluye que, aunque el reglamento permitiría concursar con un solo postulante, realizar un concurso interno con un único candidato no se justifica; por excepción a la regla general, corresponde convocar a concurso público para proveer el cargo.
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La funcionaria incorporada a Técnicos Fiscalizadores por la ley N° 19.738 cumple los requisitos para desempeñarse en esa planta, pues el legislador así lo estableció como excepción. Concluye que puede seguir postulando a concursos de promoción en dicho escalafón.
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La Contraloría interpreta que la exigencia de "previo concurso público" para que funcionarios a contrata participen en concursos internos de la DITRA equivale a haber ingresado mediante un proceso de selección transparente, técnico y de amplia convocatoria, conforme a la normativa del Servicio Civil.
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La Contraloría concluye que procede exigir la restitución de asignaciones percibidas indebidamente por altos directivos, pues la buena fe no exime de reintegrar; pero el Servicio no pudo dejar de pagar ni reducir la asignación ADP, debiendo regularizar esos pagos.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la DEP y confirma que el concurso cerrado del artículo trigésimo octavo transitorio de la ley N° 21.040 debe incluir tanto cargos de planta como a contrata, sin distinción ni error legislativo.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica las bases del concurso del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, precisando que el mayor plazo para adecuar ofertas y la suspensión del concurso aplican ante modificaciones, aclaraciones y rectificaciones a las bases.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica las bases del concurso, entendiendo que la regla del numeral 2.5 también se aplica si un mismo oferente obtiene el mayor puntaje en ambas Unidades de Servicio, lo que el Ministerio debe aclarar antes de recibir las ofertas.
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La Contraloría no da curso al instrumento que deja sin efecto dos resoluciones y aprueba las bases de un concurso público para apoyo en proyectos de agua potable rural, porque la baja ponderación del precio (5%) y el posible rechazo de ofertas bajo el 40% del promedio contravienen los principios de eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos.
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Los Servicios Locales de Educación Pública están adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública y la ley N° 21.040 no excluye expresamente la indemnización del artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, por lo que sus directores ejecutivos pueden acceder a ella si cumplen los requisitos.
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El SBAP consulta sobre el régimen laboral de su personal tras el traspaso desde CONAF y la Subsecretaría del Medio Ambiente. Contraloría concluye que no procede el incentivo al retiro de la ley N° 19.882, pero sí la bonificación adicional de la ley N° 20.948, y que un contrato indefinido es incompatible con plazas del SADP.
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La Contraloría concluye que el Servicio actuó conforme a derecho al evaluar y rechazar la propuesta de la Corporación Opción, pues la comisión evaluadora fue designada previamente y los puntajes se fundamentaron adecuadamente. Desestima el reclamo por no advertirse infracción al principio de estricta sujeción a las bases.
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La Contraloría rechaza eximir temporalmente de la toma de razón los convenios de transferencia de recursos de la ANID que superen 5.000 UTM, pues estima esencial su control preventivo; solo las adjudicaciones quedan exentas.
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La PDI puede proveer un cargo a contrata sin concurso obligatorio, pero si lo hace debe respetar sus bases; el reclamante solo tuvo una mera expectativa y no fue seleccionado, por lo que no se advierte irregularidad.
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La Contraloría concluye que no existe incompatibilidad entre ser director del FOINSA y de ENAP, pues las inhabilidades se interpretan restrictivamente y ambas entidades no forman un grupo empresarial. Por ello, el cese del señor Azócar fue improcedente: debe reincorporarse y no corresponde iniciar un nuevo proceso de selección.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el dictamen N° E533724: en el concurso interno de la ley N° 21.308 debe aplicarse el límite de puntaje del artículo 54 del decreto N° 1.889, por remisión expresa de su reglamento, y no el criterio del dictamen N° 42.208.
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La Contraloría concluye que la bonificación especial otorgada a médicos del Hospital de Licantén en las bases 2025 no se ajustó a la regla de criterios de aplicación nacional, pero no invalida el proceso porque no incidió en sus resultados; ordena abstenerse de incluir tales puntajes en lo sucesivo y desestima los demás reclamos.
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La Contraloría concluye que la TGR no acreditó cómo seleccionó a los funcionarios sin jefatura para el Diplomado de Liderazgo, pues no hubo concurso; solo respecto de los Tesoreros Provinciales se justificaba no convocarlo, por ser el grupo objetivo.
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La incompatibilidad de los altos directivos públicos con cargos unipersonales en partidos políticos solo alcanza a los órganos ejecutivos, no a los colegiados. Concluye que ser consejero del Comité Central del Frente Amplio no configura dicha incompatibilidad.
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El SENCE puede incluir el "Sello 40 Horas" como criterio de evaluación en el concurso para OTEC, pues la ley N° 21.561 otorga puntaje adicional a empresas de menor tamaño certificadas y no excluye estos certámenes.
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La Contraloría concluye que, cuando funcionarios de Gendarmería acceden a la remuneración de un grado superior por los artículos 34 A, 34 B y 34 C del DFL N° 1.791, ello debe considerarse ascenso para el artículo 36 de la ley N° 14.908. Por tanto, deben autorizar la retención de pensiones alimenticias como condición habilitante.
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La Contraloría concluye que las 51 vacantes del grado 17 administrativo nunca provistas son cargos nuevos de carrera y deben llenarse por concurso público, no por promoción desde auxiliares; solo los 3 cargos ya provistos admiten promoción conforme al artículo 56.
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La Contraloría confirma que un empleo regido por la ley N° 18.883 es incompatible con un cargo de Alta Dirección Pública, pues la compatibilidad debe estar prevista en ambos estatutos y no se aportaron antecedentes para reconsiderar el dictamen anterior.
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La Contraloría aclara que los concursos internos de las leyes N° 20.858 y N° 21.308 deben proveer las horas que excedan el límite del artículo 14 de la ley N° 19.378, no cargos específicos. Concluye rechazando la reconsideración y manteniendo ese criterio.
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La suspensión no inhabilita para ascender porque el artículo 53 de la ley N° 18.883 no la contempla como causal, y las inhabilidades son de reserva legal. Concluye que no cabe extenderlas por interpretación, pese al principio de probidad invocado en el dictamen N° E406590.
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La Contraloría concluye que la DNSC no acreditó los fundamentos del trato directo para contratar la asesoría externa, debiendo evitar su repetición; no obstante, como la consultoría ya se ejecutó, la Municipalidad de Santa Juana debe pagarla para evitar un enriquecimiento sin causa.
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La Contraloría concluye que el decreto que fija un nuevo orden de subrogación del Director de Educación Pública es legal, pues solo rige para ausencias o impedimentos temporales, no para vacancias, y que el nombramiento de la señora Sáez se ajustó a derecho.
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La Contraloría mantiene que el personal del SENADIS regido por el Código del Trabajo no puede postular a concursos de cargos del tercer nivel jerárquico, pues la ley N° 18.834 exige pertenecer a un servicio regido por ese Estatuto. Rechaza reconsiderar el dictamen N° 63.170 de 2015.
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La Contraloría concluye que el municipio actuó correctamente al convocar un concurso público en 2023, pues la obligación de concurso interno solo aplica si al 30 de septiembre se excede el 20% de contratos a plazo fijo, condición que no se cumplía. Se desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que los funcionarios que renunciaron a contratos indefinidos para postular a plazo fijo sí cumplen el requisito de tres años y podían participar en el concurso interno de la ley N° 21.308, pero ordena al municipio acreditar sus exigencias académicas o invalidar los traspasos.
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La Contraloría concluye que el SLEP Maule Costa se apartó de la ley al convocar concursos públicos separados para 26 cargos a contrata, en vez de un único concurso cerrado para el personal DAEM. No obstante, aplicando la buena fe, permite que los designados conserven sus cargos.
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La Contraloría concluye que las asociaciones de funcionarios no tienen derecho a integrar los comités de selección de personal no titular, bastando la participación que fije la autoridad; así, el criterio del Hospital Base de Valdivia de incluir solo al gremio más representativo es válido y se desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general del artículo 33, quienes buscan ascender sobrepasando a funcionarios de mayor antigüedad no pueden usar abonos de tiempo y deben cumplir la permanencia efectiva en el grado.
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La Contraloría concluye que las bases de los concursos del Gobierno Regional de Los Lagos cumplieron la normativa y que evaluar las preguntas de la prueba es una cuestión de mérito del comité de selección, por lo que desestima los reclamos; además, no puede pronunciarse sobre personas no individualizadas o cuya identidad se pidió reservar.
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La Contraloría concluye que un título profesional otorgado por un instituto profesional sí habilita para postular al Curso de Formación de la Academia Diplomática, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe adecuar las futuras bases de admisión, eliminando la exigencia de título universitario.
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La Contraloría concluye que la exigencia de título profesional para ascender en la Reserva Militar rige solo desde el dictamen N° 86.469, de 2013, y no afecta a quienes ya eran oficiales de reserva antes de esa fecha, por lo que estos pueden ascender cumpliendo los demás requisitos.
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La Contraloría concluye que el cargo grado 9° de ingeniero en tránsito puede proveerse por quienes tengan títulos afines otorgados por la Universidad Tecnológica Metropolitana o el Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez, al no impartirse esa carrera exacta.
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El dictamen concluye que en los concursos internos de la ley N° 21.308 no se aplica el criterio del dictamen N° 42.208, de 2017, sino el límite de puntaje de capacitación del artículo 54 del decreto N° 1.889, de 1995.
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La Contraloría concluye que el ascenso de un funcionario suspendido preventivamente debe regir retroactivamente desde la fecha que le habría correspondido, pues el "alzamiento" de la suspensión equivale a dejarla sin efecto, aplicando la excepción del artículo 30 inciso segundo del DFL N° 1.791.
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El director de consultorio con contrato indefinido previo no puede ascender de nivel mientras ejerza ese cargo directivo, porque queda exceptuado de las normas sobre carrera funcionaria; solo puede volver a su plaza original al término de su período.
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La Contraloría concluye que no puede pronunciarse sobre las denuncias genéricas de FENAGORE porque no identifica concursos ni funcionarios afectados, y rechaza los reclamos específicos al constatar que no hubo vicios de validez ni discriminación.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de San Carlos actuó correctamente al contratar indefinidamente a los recurrentes solo por las horas que desempeñaban a plazo fijo al 29 de septiembre de 2023, pues la ley N° 21.308 busca regularizar esos contratos, no aumentar la jornada.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica las bases del concurso de radios comunitarias, entendiendo que el plazo para evaluar propuestas es el del anexo N° 6 y no el del artículo 11° de dichas bases.
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La Contraloría toma razón del decreto con fuerza de ley que fija la planta de directivos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el alcance de que el grado de licenciado solo habilita para postular a altos cargos directivos si otorga formación similar a un título profesional y la universidad lo declara terminal y no conducente a título.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, un funcionario municipal no puede conservar su cargo de planta al asumir un empleo de Alta Dirección Pública, pues la ley municipal no admite esa compatibilidad; por ello, Uribe Barahona cesó en su cargo municipal desde el 21 de marzo de 2023.