Reclamo tributario: liquidación

Temuco, veinte de febrero de dos mil catorce.- VISTOS: A fojas 1, comparece don DAVID MOLINA INOSTROZA, abogado, con domiciliado en calle Manuel Bulnes N° 368, oficina 606, Temuco, en representación según acredita de la sociedad TRANSPORTES PINO HACHADO LIMITADA, rol único tributario N° 77.120.970-K, con giro de transportes, domiciliada en Longitudinal Sur Km. 683, Sector Metrenco de la comuna de Padre Las Casas, representada por doña Jessica Marcela Alvarez Pérez, quien interpone reclamo en contra de las Liquidaciones Nos. 11 a la 19, de fecha 11 de octubre de 2012, emitidas por la Dirección Regional Araucanía del Servicio de Impuestos Internos, que determinó diferencias por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios e Impuesto a la Renta de Primera Categoría, solicitando se deje sin efecto dicha actuación administrativa en razón de los fundamentos de hecho y de derecho que expone. Refiere al efecto, que con fecha 16 de febrero de 2012, la Sociedad de Transportes Pino Hachado Ltda. solicitó por Internet su término de giro, folio N° 9502174547 y luego con fecha 27 de abril del mismo año ingresó ante el Servicio de Impuestos Internos, Oficina Temuco, una petición administrativa acompañando la información necesaria para completar los antecedentes requeridos para dar curso a dicha solicitud. Señala que producto de la auditoría efectuada a su representada, el Servicio solicitó mediante notificación de 12 de julio de 2012, justificar las inversiones realizadas en fondos mutuos en el periodo comprendido entre el 14 de Mayo de 2009 y el 30 de Marzo de 2010, las cuales a juicio del ente fiscalizador no se encontraban suficientemente acreditadas. En atención a que se estimó insuficiente la respuesta entregada al requerimiento, el Servicio de Impuestos Internos procedió a liquidar impuestos, estimando que existía un total de $292.308.501.- de ingresos no declarados en el año tributario 2010, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. Menciona al respecto que existen una serie de antecedentes que no fueron tomados en consideración por los funcionarios del organismo fiscalizador durante la etapa de auditoría. Así, refiere que la Sociedad de Transportes Pino Hachado Ltda. tributaba bajo el régimen de renta presunta hasta el 31 de diciembre de 2008 y que con fecha 24 de septiembre del mismo año la Sociedad Constructora Nasca Ltda. le otorgó a la Sociedad Pino Hachado Ltda. mediante escrituras públicas de la misma data, un mandato especial mercantil, irrevocable y gratuito para cobrar, retirar y percibir del Ministerio de Obras Públicas cualquier suma de dinero que le correspondiera por las obras ejecutadas según Resoluciones N°s 0024, 0023 y 2226. Agrega que en la misma oportunidad, la Sociedad Constructora Nasca Ltda. también le otorgó a la reclamante, mediante escrituras públicas de la misma fecha, mandato especial mercantil, irrevocable y gratuito para cobrar, retirar y percibir del Gobierno Regional de la Araucanía cualquier suma de dinero que le correspondiera por obra ejecutada, según Resolución N° 0024. Manifiesta la reclamante que estas cesiones tenían por finalidad garantizar el pago de las obligaciones generadas por los Servicios prestados a la Constructora Nasca Ltda., lo cual determinó que los pagos por esas obras fueran efectuados a la Sociedad de Transportes Pino Hachado Ltda, sin discriminación si existían obligaciones pendientes entre ambas empresas. Agrega que, en virtud de lo anterior, los montos contenidos en las liquidaciones no corresponden a montos involucrados en alguna operación gravada sino que corresponderían a préstamos de la Constructora Nasca Ltda. y que fueron restituidos oportunamente a esta última por no existir contraprestaciones que constituyan un hecho gravado. El beneficio obtenido en estas operaciones corresponderían a los intereses ganados en los depósitos de esos fondos, los cuales fueron declarados como ingresos del periodo, razón por lo cual solicita se acoja la reclamación en todas sus partes, se disponga dejar sin efecto las liquidaciones así como los cobros de impuesto que en ellas se determinan. DILIGENCIAS DEL PROCESO: A fojas 29, se provee la reclamación confiriendo traslado al Servicio de Impuestos Internos por el término legal. A fojas 31, comparece doña PAULINA CARRASCO PIÑONES, Directora Regional de la IX Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos, con domicilio para estos efectos en calle Claro Solar N° 873, 2° Piso, Temuco, quien evacúa el traslado conferido con fecha 4 de Febrero de 2013, solicitando el rechazo del reclamo presentado, confirmando la actuación del Servicio en todas sus partes, en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que expone y que se pasan a detallar: I.- Antecedentes de las liquidaciones reclamadas: En este punto señala que con ocasión del término de giro presentado por la reclamante, el Servicio de Impuestos Internos procedió a revisar la documentación tributaria puesta a disposición por la contribuyente con fecha 11 de abril de 2012, detectando en esa oportunidad que registraba inversiones efectuadas en los años tributarios 2010 y 2011, correspondientes a depósitos en fondos mutuos efectuados en Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos. Agrega que con fecha 7 de junio de 2012, el Servicio notificó a la contribuyente para que acreditara las inversiones fiscalizadas, sin que ésta haya dado respuesta, por lo que se procedió a notificar la Citación N° 07, de 11 de julio de 2012, la cual tampoco fue respondida, procediéndose en tal caso a emitir las liquidaciones que se reclaman. Hace presente que para el año 2011 no se liquidaron diferencias por no existir nuevas inversiones en ese período. II.- Improcedencia de los argumentos esgrimidos en el reclamo: Expresa la reclamada que los documentos aportados por la reclamante al término de giro no respaldaban el origen de los fondos empleados en las inversiones, razón por la cual se procedió a requerir más antecedentes, a fin de que acreditara el origen de los fondos de las inversiones fiscalizadas, acompañando únicamente cartolas de movimientos de fondos mutuos del Banco Santander, los cuales dan cuenta del monto de los fondos pero no así el origen de ellos. En cuanto a los argumentos esgrimidos por la reclamante, expresa que sus alegaciones son poco claras y los hechos se encuentran escasamente desarrollados ya que se limita a enunciar hechos pero no establece como estos se vinculan con sus pretensiones, ni como esas cesiones, pagos y préstamos, son el origen de dichas inversiones. Además, respecto de la argumentación relativa a que no se habrían considerado al momento de la revisión, las escrituras públicas de cesión de crédito y mandato mercantil, señala que dichos documentos no fueron acompañados a la etapa administrativa por lo cual mal puede ese organismo fiscalizador referirse a ello. Expresa que el reclamo no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Código Tributario, en cuanto a contener argumentos de derecho, por cuanto su presentación en opinión del Servicio, constituye una mera declaración que no encuentra debidamente respaldada desde el punto de vista jurídico, tampoco se han acompañado los documentos en que se funda ya que los acompañados resultan insuficientes. Asimismo, la reclamada efectúa un análisis respecto de la argumentación sostenida por el reclamante en cuanto al origen de los fondos invertidos en fondos mutuos, señalando que respecto de la alegación de que existirían cesiones de crédito y poder especial mercantil suscritas con la Constructora Nasca Limitada, no acredita la vinculación de estas cesiones con la justificación del origen de los dineros con que se efectuaron los depósitos en fondos mutuos, tampoco acompaña otros antecedentes que den cuenta de aquello ni sus documentos tributarios por aplicación del artículo 21 del Código Tributario. III.- Inadmisibilidad de los documentos acompañados por la reclamante: Plantea la reclamada que a la contribuyente se le notificó la Citación N° 07, en la cual se le solicitó en forma específica y determinada, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 132°, inciso 11 del Código Tributario, la documentación de respaldo de las inversiones, y en caso que dichas inversiones fueran justificadas con préstamos debía acompañar el detalle de los créditos obtenidos, lo cual la reclamante no cumplió, por cuanto no contestó la citación, por lo anterior solicita que en caso que el contribuyente acompañe tales antecedentes en el curso del proceso judicial, estos sean declarados inadmisibles por aplicación de la norma citada. Finalmente concluye su presentación indicando el marco normativo aplicable en materia de justificación de inversiones, y cita en apoyo de sus argumentos lo resuelto en sentencias de 26 de mayo de 2004 y 20 de julio de 2005 pronunciadas por la Excma. Corte Suprema. Solicita tener por evacuado el traslado, y que se declare en definitiva que se rechaza el reclamo interpuesto y que se confirma la actuación reclamada, desechando en consecuencia en todas sus partes el reclamo, con expresa condenación en costas. A fojas 44, se tuvo por evacuado el traslado de la parte reclamada. A fojas 46, atendido el mérito de autos, y existiendo hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se recibe la causa a prueba por el término legal. A fojas 51, la reclamada acompaña lista de testigos. A fojas 54, rola acta de audiencia testimonial de la parte reclamada. A fojas 56, la reclamante acompaña documentos en parte de prueba y solicita oficios. A fojas 69, la parte reclamada acompaña documentos. A fojas 75, rola Oficio N° 44, de 2 de mayo de 2013, remitido a la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas de la Región de la Araucanía. A fojas 78, rola Oficio N° 45, de 2 de mayo de 2013, remitido a la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de la Región de la Araucanía. A fojas 81, rola Oficio Ordinario N° 53, de 17 de mayo de 2013, emanado del Director Regional de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, por el cual da respuesta a Oficio N° 44 de este Tribunal, al que se acompañan recibos de pago, comprobantes de egreso, copia de contratos de obras con la Sociedad Constructora Nasca Ltda., copia de factura e informe jurídico emanado del Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas de la Región de la Araucanía. A fojas 103, se agrega Oficio N° 75, de 23 de septiembre de 2013 emanado del Señor Director Regional del Servicio de Impuestos Internos IX Dirección Regional, por el cual da respuesta a Oficio N°45 de este Tribunal, remitiendo Libro Mayor, Inventarios y Balances año 2009, 2010 y 2011 pertenecientes a la Sociedad de Transportes Pino Hachado Ltda., cuyo comprobante de encontrarse en custodia del Tribunal rola agregado a fojas 104. A fojas 107, se ordena certificar por la Secretaria Abogado del Tribunal la existencia de diligencias pendientes. A fojas 109, rola certificación de la Sra. Secretaria Abogado que señala que no existen diligencias pendientes y el término probatorio se encuentra vencido. A fojas 110, se trajeron los autos para fallo. Con lo relacionado y CONSIDERANDO: I.- EN CUANTO A LA INADMISIBILIDAD DE PRUEBA DOCUMENTAL ALEGADA POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. PRIMERO: Que, la parte reclamada, en su escrito de contestación, ha planteado la inadmisibilidad probatoria de los antecedentes que el reclamante pueda acompañar durante el transcurso del proceso de reclamo y que tiendan a demostrar la existencia de préstamos que justifiquen las inversiones fiscalizadas, conforme lo dispuesto en el artículo 132, inciso 11° del Código Tributario, argumentando que se requirió en forma específica y determinada a la reclamante, por medio de la Citación N° 7, de 11 de julio de 2012, la documentación de respaldo en el caso que las inversiones fueran justificadas con préstamos, debiendo acompañar un detalle referente a los créditos obtenidos, plazos del mismo, fecha de pago y montos pagados. Sostiene al respecto la reclamada, que la reclamante no contestó la citación formulada por el ente fiscalizador, y no ha acompañado documento alguno que acredite la existencia de los préstamos, que de acuerdo a las alegaciones del reclamante constituirían la justificación del origen de los fondos de las inversiones fiscalizadas. SEGUNDO: Que, debe hacerse notar que la solicitud de la parte reclamada para que se declare la inadmisibilidad probatoria de los documentos que acrediten el origen de los fondos empleados para financiar las inversiones que se consideran no justificadas, ha sido formulada en términos amplios y genéricos, ya que se pide declarar inadmisibles los antecedentes que el reclamante acompañe en el desarrollo del proceso judicial tendientes a demostrar la existencia de préstamos, sin indicar claramente a que documentos específicos se refiere, adelantándose incluso a las actuaciones probatorias del reclamante, en cuanto se solicita la inadmisibilidad sin conocer que documentos serán acompañados a la causa. En este sentido, el tribunal se encuentra en la situación de tener que pronunciarse respecto de una inadmisibilidad probatoria de documentos que ni siquiera han sido agregados al proceso, ya que tal como consta en estos autos, el contribuyente sólo ha acompañado al expediente los documentos fundantes de su reclamo, rolantes de fojas 4 a 27 de autos, sin que exista ningún otro antecedente aportado a la discusión que se relacione con los supuestos préstamos a que alude la reclamada en su alegación de inadmisibilidad. TERCERO: Que, conforme lo señalado, en mérito de los antecedentes del proceso reseñados previamente, considerando fundamentalmente que no existen documentos acompañados respecto de los cuales proceda la declaración de inadmisibilidad probatoria, y teniendo presente los requisitos que exige en esta materia el artículo 132, inciso 11º del Código Tributario, no se acogerá la incidencia planteada por el Servicio de Impuestos Internos, tal como se dirá en la parte resolutiva de este fallo. II.- EN CUANTO AL FONDO: CUARTO: Que, don DAVID MOLINA INOSTROZA, en representación de TRANSPORTES PINO HACHADO LIMITADA, ha interpuesto reclamo en contra de las Liquidaciones Nos. 11 a 19, de fecha 11 de octubre de 2012, emitidas por la Dirección Regional Araucanía del Servicio de Impuestos Internos, que determinó diferencias por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios e Impuesto a la Renta de Primera Categoría, solicitando se deje sin efecto dicha actuación administrativa en base a los argumentos de hecho y de derecho ya referidos en la parte expositiva de la sentencia y acompañando en apoyo de su pretensión, los siguientes documentos: 1.- Copia de Solicitud Administrativa Folio 77312053480. 2.- Notificación Folio 13129831, de fecha 12.10.2012. 3.- Copia de Liquidaciones Nos. 11 a 19, con sus anexos. 4.- Citación N° 07, de 11 de julio de 2012. 5.- Notificación N° 0710547, de fecha 12 de julio de 2012. 6.- Notificación de fecha 7 de junio de 2012, Folio N° 0050086. 7.- Copia de mandato especial mercantil de fecha 24 de septiembre de 2012, por obra D.V. IX. R N° 0024. 8.- Copia de mandato especial mercantil de fecha 24 de septiembre de 2012, por obra D.V. IX. R N° 2226. 9.- Copia de mandato especial mercantil de fecha 24 de septiembre de 2012, por obra D.V. IX. R N° 0061. QUINTO: Que, la reclamada evacuando el traslado conferido, solicita el rechazo del reclamo en todas sus partes, con expresa condenación en costas, en base a los fundamentos y argumentos previamente referidos en la parte expositiva de esta sentencia. SEXTO: Que, se estableció por parte del Tribunal la existencia de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos en la presente causa, recibiéndose la causa a prueba y fijándose como punto a probar, en cuanto al fondo del debate, el origen de los fondos empleados por la reclamante para financiar las inversiones consistentes en depósitos en Fondos Mutuos en Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, efectuados durante el año 2009 y 2010,por un monto total de $ 727.308.501.- de acuerdo al detalle contenido en la resolución que se agrega a fojas 46 de autos. SÉPTIMO: Que, la parte reclamante, durante el término probatorio, ha acompañado la siguiente documentación en respaldo de sus alegaciones y pretensiones, los que rolan agregados de fojas 58 a 66 del expediente: 1.- Fotocopia autorizada de Factura N° 01032, de 16 de junio de 2009, emitida por Constructora Nasca Ltda., RUT 78.948.330-2 a favor de la Dirección de Vialidad IX Región, por la suma de $ 43.796.715.- 2.- Fotocopia de recibo de pago N° 1240005, de 22 de junio de 2009, por la suma de $ 43.796.715.­ emitido por el Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Contabilidad y Finanzas Temuco, cuyo beneficiario es la Sociedad de Transportes Pino Hachado Limitada. 3.- Fotocopia autorizada de Factura N° 01033, de 17 de junio de 2009, emitida por Constructora Nasca Ltda., RUT 78.948.330-2 a favor de la Dirección de Vialidad IX Región, por la suma de $ 20.212.171.- 4.- Fotocopia de Recibo de pago N° 1240020, de 22 de junio de 2009, por la suma de $ 20.212.171.­ emitido por el Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Contabilidad y Finanzas Temuco, cuyo beneficiario es la Sociedad de Transportes Pino Hachado Limitada, RUT 78.948.330-2.- 5.- Fotocopia autorizada de Factura N° 01061, de 17 de diciembre de 2009, emitida por Constructora Nasca Ltda. RUT 78.948.330-2 a favor de la Dirección de Vialidad IX Región, por la suma de $ 202.308.501.- 6.- Fotocopia autorizada de recibo de pago N° 1304484, de 21 de diciembre de 2009, por la suma de $ 202.308.501.-, emitido por el Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Contabilidad y Finanzas Temuco, cuyo beneficiario es la Sociedad de Transportes Pino Hachado Limitada, RUT 78.948.330-2.- 7.- Fotocopia de los depósitos efectuados en la cuenta corriente N° 40117644 del Banco Santander, correspondiente a la Sociedad de Transporte Pino Hachado Ltda., por la suma de $ 43.796.715.-, el 23 de junio de 2009; por la suma de $ 20.212.171.- en la misma fecha y por la cantidad de $ 202.308.501.-, el 22 de diciembre de 2009.- OCTAVO: Que, a su turno, durante el término probatorio la parte reclamada rindió prueba según el siguiente detalle: Prueba Documental: La cual se encuentra incorporada al expediente de fojas 70 a 72, consistente en fotocopia de acta de recepción de documentos presentados por el reclamante ante el Servicio de Impuestos Internos y copia autorizada de Balance General de la reclamante al mes de diciembre de 2009. Prueba Testimonial: Consistente en el atestado prestado por la fiscalizadora doña Maritza Mendoza Morales, cuya declaración rola agregada a fojas 54 de estos autos. NOVENO: Que, asimismo, durante el término probatorio se dispuso requerir mediante oficio los siguientes antecedentes: 1.- Al Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Contabilidad y Finanzas Temuco, a fin que se informara a que nombre fueron girados los cheques N° 0059849, de fecha 22 de junio de 2009 por la suma $ 43.796.715.-; N° 0059855, de la misma fecha, por la cantidad de $ 20.212.171.- y N° 0062242, de fecha 21 de diciembre de 2009, por la suma de $ 202.308.501.-; girados contra la cuenta corriente N° 6209110438 del Banco del Estado de Chile cuyo titular es el Ministerio de Obras Públicas. Dicha diligencia se cumplió mediante Oficio N° 44, de 2 de mayo de 2013, rolante a fojas 75 de autos, y la información requerida consta en Oficio Ordinario N°53, del Director Regional de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas de la Región de la Araucanía, de fecha 17 de mayo de 2013, rolante a fojas 81. 2.- Al Servicio de Impuestos Internos, a fin que se remitieran los antecedentes contables que obraban en su poder relacionados con la cuenta corriente de la Sociedad de Transporte Pino Hachado Ltda., N° 40117644 del Banco Santander Chile, sucursal Temuco, lo cual se cumplió mediante Oficio N° 45, de 2 de mayo de 2013, rolante a fojas 78 y cuya respuesta consta en Oficio N° 75, de 23 de septiembre del mismo año, rolante a fojas 103 de autos. DÉCIMO: Que, de los antecedentes reseñados y del mérito de autos, se han establecido como hechos no discutidos en la presente causa: 1.- Que la Sociedad de Transportes Pino Hachado Limitada es un contribuyente clasificado en la Primera Categoría del Impuesto a la Renta, obligada a declarar su renta efectiva de acuerdo a los registros de su contabilidad completa. 2.- Que la reclamante registra giro de transporte de carga terrestre y arriendo de vehículos. 3.- Que la reclamante, durante los años comerciales 2009 y 2010, realizó inversiones en Fondos Mutuos en Santander Asset Management S.A Administradora General de Fondos, por la suma de $ 292.308.501.- en el año 2009 y de $ 435.000.000.- en el año 2010, las cuales a juicio del Servicio de Impuestos Internos no resultan acreditadas en cuanto al origen de los fondos que las solventaron. 4.- Que respecto de las inversiones efectuadas en el año 2010, no se liquidaron diferencias de impuesto a la renta por cuanto el Servicio de Impuestos Internos estableció que no existían nuevas inversiones sino que se trataba de rescates de los mismos fondos mutuos del año tributario anterior. 5.- Que el Servicio de Impuestos Internos determinó agregados a la base imponible del Impuesto de Primera Categoría respecto del año tributario 2010 y diferencias en el Impuesto al Valor Agregado en los periodos junio y diciembre de 2009; y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2010, lo cual origina una diferencia de impuesto a pagar de $95.175.884 más reajustes, intereses y multas. DÉCIMO PRIMERO: Que, las diferencias de impuesto establecidas en las liquidaciones reclamadas, se fundan en el hecho que el reclamante no justificó ante el Servicio de Impuestos Internos el origen de los fondos con los que efectuó las inversiones detalladas anteriormente en el año comercial 2009, procediendo el ente fiscalizador, de conformidad a lo establecido en los artículos 70 de la Ley de la Renta a gravar los ingresos no justificados como utilidades afectas al impuesto de Primera Categoría, según el N° 3 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y a gravarlos igualmente con Impuesto al Valor Agregado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto Ley N° 825, sobre Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios. DÉCIMO SEGUNDO: Que, como se puede concluir de los antecedentes allegados a la causa y que se han referido en los considerandos anteriores, la cuestión a resolver en este juicio se refiere a establecer el origen de los fondos con los cuales el contribuyente ha efectuado las inversiones consistentes en depósitos en fondos mutuos ya mencionados, por un monto ascendente a la suma de $ 292.368.501.- durante el año comercial 2009. Para tal efecto, el Servicio de Impuestos Internos, conforme lo dispone el artículo 63 del Código Tributario, emitió la Citación N° 7, de 11 de julio de 2012, dirigida a la Sociedad reclamante, donde se le solicita que justifique el origen de los fondos destinados a las inversiones fiscalizadas. En atención a que el contribuyente no concurrió a la etapa de fiscalización, el ente fiscalizador estimó que no se demostró en la instancia administrativa el origen de los fondos con los cuales se efectuaron las inversiones, razón por la cual emitió las Liquidaciones Nos. 11 a 19, reclamadas en autos. DÉCIMO TERCERO: Que, a su turno, la parte reclamante sostiene en la parte pertinente de su reclamo, que el origen de los fondos con que ha efectuado los desembolsos que financiaron las inversiones fiscalizadas, corresponderían a mandatos especiales irrevocables suscritos con Constructora Nasca Ltda., con fecha 24 de Septiembre de 2008, para cobrar, retirar y percibir del Ministerio de Obras Públicas y Gobierno Regional de la Araucanía, cualquier suma de dinero que le correspondiera por obras, según las Resoluciones D.V. N°s 0024, 2226, 0024 y 023. Agrega que, dichas actuaciones tenían como finalidad el oportuno pago de obligaciones que pudieran generarse con ocasión de los servicios prestados a Constructora Nasca Ltda., razón por la cual todos los pagos originados a propósito de las obras fueron emitidos a nombre de la reclamante, sin discriminar si existían o no obligaciones pendientes entre ésta y la Constructora Nasca Ltda., y no corresponden a valores pagados a la sociedad reclamante sino más bien a préstamos, los cuales señala, fueron restituidos oportunamente al no existir contraprestaciones de ningún tipo entre ellos que constituya hecho gravado. Por lo anterior expone, sólo recibió como beneficio respecto de esta operación los intereses ganados en el período, los cuales fueron declarados como ingresos. Para probar sus argumentaciones, ha acompañado al proceso tres escrituras públicas de cesión de crédito y poder especial mercantil suscritas entre la reclamante y Constructora Nasca Limitada, de fecha 24 de Septiembre de 2008 ante el Notario Público de Temuco, don Juan Antonio Loyola Opazo, las que rolan agregadas a fojas 16 a 27 del expediente. DÉCIMO CUARTO: Que, asimismo, del tenor de lo informado por el Director Regional de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas de esta Región de la Araucanía, mediante Ordinario N° 53, de 17 de mayo de 2013, rolante a fojas 81, se puede concluir que en virtud de los estados de pagos correspondientes a obras de conservación de caminos Nos. 134.807 y 135.541 adjudicadas a Constructora Nasca Limitada, dicho Ministerio efectuó pagos mediante cheques emitidos con fecha 22 de junio y 21 de diciembre de 2009, por las sumas de $ 43.796.715.-, $ 20.212.171.- y $ 202.308.501.-, extendidos a nombre de la Sociedad de Transportes Pino Hachado Limitada, según dan cuenta los recibos de pagos Nos. 1240005, 1240020, de 22 de junio de 2009 y 1304484, de 21 de diciembre del mismo año, los que se agregan a fojas 83, 90 y 97 de autos, respectivamente. DÉCIMO QUINTO: Que, también consta de la información contenida en el Oficio N° 01289, de 23 de octubre de 2008, emanado del Fiscal del Ministerio de Obras Públicas de la Región de la Araucanía, que respecto de las cesiones de créditos a título gratuito contenidos en las escrituras públicas a que se ha hecho referencia en el considerando noveno, éstas presentaban una serie de observaciones que impedían su autorización para hacerse efectiva ante ese organismo público. Sin embargo, el mismo informe menciona que el mandato otorgado a la Sociedad Pino Hachado Limitada la habilitaría para cobrar, retirar y percibir del Ministerio de Obras Públicas cualquier suma de dinero que dicha repartición deba pagar a Constructora Nasca Limitada con ocasión de las adjudicaciones de obras, presentando algunas observaciones que debían ser subsanadas por el mandante y la mandataria. DÉCIMO SEXTO: Que, analizada la prueba aportada por el reclamante al proceso, específicamente las escrituras públicas que dan cuenta del poder especial, mercantil, irrevocable y gratuito suscrito entre Constructora Nasca Limitada y la Sociedad de Transportes Pino Hachado Limitada, no consta que se haya acompañado la escritura pública de fecha 24 de septiembre de 2008, Número de Repertorio 7529/2008 en virtud de la cual Constructora Nasca Limitada habría otorgado poder especial para cobrar, retirar y percibir del Ministerio de Obras Públicas y Gobierno Regional de la Araucanía cualquier suma de dinero que le correspondiera por la obra identificada como Conservación Global de caminos provincia de Cautin, VII Etapa comunas de Temuco, Freire, Imperial, Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía, en virtud del cual se habrían emitido dos cheques, los Nos. 0059855 de 22 de junio de 2009, por la suma de $20.212.171.- y el N° 0062242 de 21de diciembre de 2009, por la suma de $202.308.501.- DÉCIMO SÉPTIMO: Que, no obstante lo anterior, de la documentación agregada al proceso en virtud de la respuesta remitida por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, y de los documentos acompañados por la propia reclamante rolantes de fojas 58 a 66 del expediente, no objetados ni observados por la reclamada, consistentes en los recibos que darían cuenta del pago efectuado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la Sociedad de Transportes Pino Hachado Limitada de la sumas referidas en el considerando precedente, los cuales se habrían materializado a través de los cheques números 0059855 y 0062242 de la cuenta corriente de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, es posible concluir que dichos pagos efectivamente se llevaron a cabo en virtud del mandato especial mercantil existente entre la reclamante y la Sociedad Constructora Nasca Limitada. DÉCIMO OCTAVO: Que asimismo, de los documentos acompañados por el reclamante consistentes en fotocopias simples de boletas de depósitos del Banco Santander, rolantes de fojas 64 a 66, consta que la reclamante efectuó el depósito de los valores correspondientes a los cheques percibidos de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, en su cuenta corriente N° 40117644 del Banco Santander el 23 de junio y el 22 de diciembre de 2009, fechas que coinciden con la emisión de tales documentos. DÉCIMO NOVENO: Que, en mérito de estos antecedentes, es posible concluir que los dineros percibidos por la Sociedad Pino Hachado Limitada, en el ejercicio del encargo encomendado a través del mandato mercantil irrevocable, esto es, para cobrar, cancelar, cobrar y percibir todo cuanto se adeude a la Sociedad Constructora Nasca Limitada en virtud de los contratos aprobados por el MOP, corresponden efectivamente a los empleados en las inversiones efectuadas en Fondos Mutuos en Santander Asset Management S.A. el 23 de junio de 2009 por $ 20.000.000.-; el 24 de junio de 2009, por $40.000.000.- y el 28 de diciembre de 2009, por $ 202.308.501.- En efecto, tal como puede apreciarse de los cheques emitidos por el MOP, de las boletas de depósito en la cuenta corriente de la reclamante y de los recibos de pago a que se ha hecho referencia en el considerando décimo sexto de la presente sentencia, existe coincidencia entre los montos recibidos por la Sociedad de Transportes Pino Hachado Ltda. y aquellos que fueron depositados en fondos mutuos, y así también las fechas de dichas inversiones coinciden plenamente con la data en que la contribuyente tuvo a su disposición los fondos necesarios para llevarlas a cabo. Así, en la Citación N° 7, de 11 de julio de 2012, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, rolante a fojas 12 y 13 de autos, se indica que los depósitos en fondos mutuos que dan origen a las diferencias de impuestos determinadas se efectuaron el 23 de junio, el 24 de junio y el 28 de diciembre de 2009, fechas que corresponden a la época en que la reclamante depositó en su cuenta corriente los pagos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas. Lo anterior, sin perjuicio que la inversión de fecha 14 de mayo de 2009 por la suma de $ 30.000.000.- no aparece justificada por dichos antecedentes probatorios, ni tampoco existen defensas o argumentos de la reclamante al respecto. VIGÉSIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, se hace necesario analizar los alcances de los actos jurídicos de que dan cuentan las escrituras públicas de cesión de crédito y mandato mercantil irrevocable celebrados entre la Sociedad reclamante y la Sociedad Constructora Nasca Limitada, ya que, si bien dan por probado el hecho de que la reclamante disponía de los fondos necesarios para financiar las inversiones fiscalizadas, no darían cuenta de un contrato de préstamo existente entre ambas sociedades, por cuanto no existen antecedentes en autos que den por probada la existencia de esa relación mercantil. Al respecto, debe tenerse presente que la cesión de crédito de que dan cuenta las escrituras públicas ya referidas, supone la existencia de un crédito cedible, un título traslaticio y la entrega del título del cedente al cesionario. Respecto del primero requisito, queda claro que se trata de un crédito cedible de carácter mercantil, razón por lo cual se hacen aplicables a su respecto las normas del Código de Comercio, que remite a las normas del Código Civil. Respecto del segundo requisito esto es, que exista un título traslaticio, según lo establece el artículo 1901 del Código Civil, por la propia redacción del instrumento público, especialmente de lo preceptuado en la cláusula cuarta del instrumento, consta que la cesión es a título gratuito, razón por la cual ha de entenderse que el título que le sirve de antecedente es una donación, respecto de la cual no existen antecedentes aportados en el transcurso del proceso que den cuenta de la existencia de dicho acto jurídico y de las formalidades legales necesarias para que tenga validez. Finalmente, en cuanto al último requisito mencionado, el artículo 1901 del Código Civil dispone que “…la cesión no tendrá efecto entre cedente y cesionario, sino en virtud de la entrega del título…” La jurisprudencia de nuestros Tribunales, en una interpretación amplia de la norma, ha entendido que la entrega del título se perfecciona mediante la notificación que se efectúa al deudor, lo cual implica que éste ha recibido el título en forma simbólica, y si éste lo presenta en juicio, se entiende asimismo que le fue entregado. 1 En el caso de los créditos mercantiles, por aplicación del artículo 162 del Código de Comercio, basta que se haga por un ministro de fe, con exhibición del respectivo título. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, consta en los documentos acompañados por la parte reclamante agregados a fojas 15, 19 y 23 de autos, que con fecha 1 de octubre de 2008, el Notario de Temuco don Juan Antonio Loyola Opazo procedió a poner en conocimiento del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad de Temuco, la cesión de crédito referida entregando copia autorizada de la escritura pública, lo cual a juicio de este sentenciador no satisface la exigencia legal de la entrega del título, cual sería en este caso la donación debidamente insinuada. Dicho criterio también es manifestado por el Fiscal del MOP, quien informando respecto de los instrumentos relativos a la cesión de crédito a título gratuito, formuló reparos en torno al mismo tema haciendo presente que no se había acompañado el título traslaticio de que daba cuenta la cesión, e indicando que mientras no se subsanaran las observaciones no era posible otorgar visto bueno a los contratos de cesión. Entonces, de la forma en que se ha venido razonando, este sentenciador estima que no se ha dado cabal cumplimiento en el presente caso a las normas contenidas en el Código Civil en lo relativo a los requisitos necesarios para que la cesión de crédito tenga validez y sea oponible al deudor. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, no obstante lo referido en el considerando precedente en relación a la cesión de crédito existente entre la reclamante y la Sociedad Constructora Nasca Limitada, se estima necesario también pronunciarse acerca de la validez del mandato mercantil irrevocable suscrito entre las mismas partes y en los mismos instrumentos, el cual operó plenamente desde que la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas efectuó los pagos a nombre de la mandataria. En efecto, no 1 Las Obligaciones, Tomo II, Quinta Edición actualizada. René Abeliuk Manasevich. Editorial Jurídica de Chile. 5° Parte: Modificación de la Obligación, página 1047. obstante la actuación librada por la mandataria en cumplimiento de su encargo, el artículo 2132 del Código Civil, preceptúa que el mandato no confiere al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son entre otros pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, agregando que para los demás actos que salgan de esos límites necesitará de un poder especial. Ahora bien, según los argumentos de la reclamante y los hechos que se han acreditado en autos, la Sociedad mandataria no sólo procedió a cobrar los créditos en favor del mandante, sino que además los invirtió en fondos mutuos a su nombre, actuación que excede largamente los términos del mandato conferido, pero que no compete a este Tribunal Tributario y Aduanero analizar, puesto que corresponde a negociaciones y actos que se desarrollaron en el ámbito civil entre las partes, por lo que de existir conflictos acerca de los términos y alcances del mandato y de la actuación de la mandataria, estos deberán ser analizados en su mérito y en la oportunidad que corresponda por las instancias jurisdiccionales que sean competentes. VIGÉSIMO TERCERO: Que, cabe tener presente lo expresado por la reclamada, en relación al artículo 70° de la Ley de la Renta y 21 del Código Tributario, en orden a que el peso y carga de la prueba corresponde al contribuyente, el cual debe desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, lo que debe necesariamente conciliarse con lo dispuesto en el artículo 132 del Código Tributario, que admite en el procedimiento general de reclamaciones cualquier medio probatorio apto para producir fe, estableciendo un nuevo sistema de apreciación de la prueba en materia tributaria, denominado de la sana crítica o persuasión racional. En este sentido, el Tribunal no sólo está obligado a considerar los elementos probatorios que el Servicio de Impuestos Internos estima que se deben aplicar al caso planteado, ni darles el mismo valor o mérito con que se consideran en el ámbito de la fiscalización, si no que existe libertad para valorar la prueba rendida en autos, debiendo expresarse en la sentencia las razones jurídicas, lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales se le asigna valor o se la desestima. VIGÉSIMO CUARTO: Que, el mencionado artículo 132 del Código Tributario, en su inciso 15°, contiene una regla especial probatoria en los casos en que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, como ocurre en el caso de autos con la aplicación del artículo 70 de la Ley de la Renta. Señala la norma que “en aquellos casos en que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar preferentemente dicha contabilidad”. Es decir, el legislador le ha conferido ventaja o primacía a la contabilidad fidedigna, pero no ha excluido los restantes medios de prueba, como se aprecia claramente de la redacción de la norma, que utiliza la expresión “preferente”, que significa, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en el valor, ya en el merecimiento”; por lo cual se puede concluir en este punto que no se consideró excluir otro tipo de antecedentes, sino sólo darle preeminencia a la contabilidad, la cual puede complementarse con otros elementos probatorios dignos de fe, que puedan ayudar a dar por probado un hecho que no resulta completamente demostrado a través de los registros contables del contribuyente. VIGÉSIMO QUINTO: Que, atendido lo señalado precedentemente, y considerando que ha quedado demostrado en autos con la documentación extracontable aportada a la discusión, que el origen de los fondos con los que se habrían realizado las inversiones fiscalizadas corresponden a dineros que se encontraban a disposición de la reclamante en su calidad de mandataria de la Sociedad Constructora Nasca Limitada pero que no ingresaron a su patrimonio, deberá obviamente prescindirse de la documentación contable de la reclamante, procediendo entonces, tal cual se ha hecho, al análisis y valoración de la documentación adjunta al reclamo y la que se ha allegado en el transcurso del proceso, para establecer fehacientemente el origen de los fondos empleados en las inversiones detalladas. Respecto de los demás elementos probatorios agregados al proceso, en especial la declaración de la testigo de la parte reclamada doña Maritza Mendoza Morales, quien depone a fojas 54 de autos, en nada hacen variar las conclusiones a que se ha arribado en los considerandos precedentes, por estimarse que dicho atestado sólo alude al proceso de fiscalización llevado a cabo por el Servicio de Impuestos Internos y a la falta de antecedentes aportados por la reclamante para acreditar el origen de los fondos con los que se habrían realizado las inversiones dubitadas, cuestiones ya abordadas en la liquidación reclamada. VIGÉSIMO SEXTO: Que, en cuanto a la existencia y justificación de las inversiones fiscalizadas, el Servicio de Impuestos Internos ha señalado en su traslado que la liquidación reclamada se encuentra ajustada a derecho, debido a que dicho ente fiscalizador, conforme lo disponen los artículos 21, 24, 63 del Código Tributario, 70 de la Ley de la Renta y 76 del Decreto Ley N° 825 sobre Código Tributario, gravó a la reclamante al no justificar el origen de los fondos con los que realizó las inversiones fiscalizadas, a raíz de su inactividad frente a la Citación efectuada. Asimismo, plantea en su contestación que el reclamo formulado incumple los requisitos establecidos en el artículo 125 del Código Tributario y que la documentación acompañada en autos no acredita el origen de los fondos que la Sociedad de Transportes Pino Hachado Limitada Ltda. empleó en financiar las inversiones objetadas. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, al respecto, cabe señalar que efectivamente la liquidación en litis fue emitida por el ente fiscalizador en cumplimiento de las normas legales que refiere, y considerando los antecedentes con los que contaba en la etapa de fiscalización, pero escuchado el reclamante en esta instancia jurisdiccional ha logrado formar la convicción del tribunal respecto del origen de los fondos empleados en las inversiones y de la forma en que las mismas se llevaron a cabo. En cuanto a la objeción planteada en torno al incumplimiento de los requisitos del artículo 125 del Código Tributario en la formulación del reclamo, debe dejarse establecido que tal impugnación formal carece de fundamentos y es extemporánea, por cuanto en el exámen de admisibilidad efectuado en la oportunidad procesal correspondiente por el Tribunal, se determinó que el libelo cumplía con dichos requisitos y que procedía dar traslado a la parte reclamada, dictándose la resolución correspondiente, la cual no fue objeto de ningún recurso por parte del Servicio de Impuestos Internos, entendiéndose entonces que precluyó la oportunidad de que disponía dicha parte para formular una objeción en este sentido. Asimismo, en cuanto a la falta de suficiencia de las pruebas aportadas en el proceso para acreditar las inversiones fiscalizadas, resulta paradójico que el ente fiscalizador sostenga su actuación en el hecho de que no dispuso en la etapa de auditoría de ningún antecedente que acreditara el origen de los fondos empleados en los depósitos en fondos mutuos, y que luego, disponiendo de ellos en el transcurso de este juicio, se limite a efectuar en su contestación un exámen superficial y subjetivo de la documentación aportada tanto por el reclamante como por el Ministerio de Obras Públicas, aduciendo solamente que dichos antecedentes no justifican el origen de los fondos, sin fundamentar dicha afirmación ni incorporar a su argumentación las razones jurídicas y lógicas por los cuales le niega valor a la prueba rendida en autos, la cual como se ha expresado en los considerandos anteriores, acredita razonablemente la percepción de los fondos por parte de la reclamante en la cantidad suficiente para financiar las inversiones y en fechas coetáneas con los depósitos en fondos mutuos efectuados. VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en consecuencia, en mérito de las alegaciones hechas por las partes y los documentos acompañados, todos apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, este Tribunal Tributario y Aduanero, en consonancia con los argumentos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, arriba a la convicción que se encuentra acreditado parcialmente el origen de los fondos aplicados a las inversiones efectuadas por la reclamante Sociedad de Transportes Pino Hachado Limitada en el transcurso del año 2009, y que corresponden a las siguientes operaciones: 1.- Depósito en Fondos Mutuos por un monto de $ 20.000.000.-, efectuado el 23 de junio de 2009 en Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos. 2.- Depósito en Fondos Mutuos por un monto de $ 40.000.000.-, realizado con fecha 24 de junio de 2009 en Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos. 3.- Depósito en Fondos Mutuos por un monto de $ 202.308.501.- efectuado con fecha 28 de diciembre de 2009 en Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos. En cuanto a la inversión consignada en los fundamentos de las liquidaciones reclamadas, correspondiente al periodo mayo 2009 por un monto de $30.000.000.-, no existen antecedentes probatorios en autos que justifiquen el origen de los fondos aplicados a la misma, y la reclamante tampoco explica de donde provinieron los caudales empleados para el depósito en fondos mutuos efectuado en dicho mes. Al respecto cabe señalar que, si bien es cierto el ente fiscalizador se abstuvo de efectuar el cobro de las diferencias de Impuesto al Valor Agregado que procedían por encontrarse prescrito el respectivo período tributario, dicho cobro se mantiene vigente respecto del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, por lo que deberá confirmarse el agregado por dicho monto efectuado a la base imponible de la reclamante, correspondiente al año tributario 2010. VIGÉSIMO NOVENO: Que, por lo anterior, este Tribunal Tributario y Aduanero estima procedente dar lugar en parte al reclamo tributario presentado en estos autos por don David Molina Inostroza, en representación de la reclamante Sociedad de Transportes Pino Hachado Limitada, en contra de las liquidaciones Nos. 11 a la 19, de fecha 11 de octubre de 2012, emanadas de la Dirección Regional Araucanía del Servicio de Impuestos Internos, procediendo en consecuencia a dejar sin efecto las liquidaciones Nos. 11 a 18, por concepto de Impuesto al Valor Agregado de los períodos tributarios de junio y diciembre de 2009 y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2010; y el agregado a la base imponible del Impuesto a la Renta de Primera Categoría de la reclamante correspondiente al año tributario 2010 por la suma de $ 262.368.501.-, confirmándose entonces solamente el agregado por dicho concepto por la suma de $ 30.000.000.-, correspondiente a la inversión no justificada llevada a cabo por la contribuyente en el mes de mayo de 2009. TRIGÉSIMO: Que, no se emitirá condena en costas por haberse acogido parcialmente el reclamo de autos. En consecuencia, por las consideraciones precedentes y razones legales ya expuestas, y visto además lo dispuesto en los artículos 21, 24, 115, 121, 123, 131, 131 bis, 132 y 148 del Código Tributario; artículos 21 y 70 del Decreto Ley N° 824, de 1974, sobre Ley de la Renta; artículo 76 del Decreto Ley N° 825 sobre Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios; y artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, y demás normas legales, SE RESUELVE: I.- EN CUANTO A LA INADMISIBILIDAD DOCUMENTAL: NO HA LUGAR a la inadmisibilidad documental solicitada por la parte reclamada, conforme lo expuesto en los considerandos primero a tercero de la presente sentencia. II.- EN CUANTO AL INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL RECLAMO: NO HA LUGAR a la impugnación formal del reclamo por incumplimiento de los requisitos del artículo 125 del Código Tributario, según las motivaciones contenidas en el considerando vigésimo sexto de la presente sentencia. II.- EN CUANTO AL FONDO: 1.- HA LUGAR EN PARTE a la reclamación interpuesta a fojas 1 y siguientes por don David Molina Inostroza, en representación de la Sociedad de Transportes Pino Hachado Limitada, en contra de las Liquidaciones Nos. 11 a 19, de fecha 11 de octubre de 2012, emitidas por la Dirección Regional Araucanía del Servicio de Impuestos Internos, conforme los argumentos contenidos en los considerandos décimo a vigésimo séptimo del presente fallo. 2.- DÉJENSE SIN EFECTO las liquidaciones Nos. 11 a 18, por concepto de Impuesto al Valor Agregado de los períodos tributarios de junio y diciembre de 2009 y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2010. 3.- DÉJESE SIN EFECTO el agregado a la base imponible del Impuesto a la Renta de Primera Categoría de la reclamante correspondiente al año tributario 2010, contenido en la liquidación N° 19, por la suma de $ 262.368.501.- 4.- CONFÍRMESE el agregado a la base imponible del Impuesto a la Renta de Primera Categoría de la reclamante correspondiente al año tributario 2010, contenido en la liquidación N° 19, por la suma de $ 30.000.000.-, correspondiente a la inversión no justificada llevada a cabo por la contribuyente en el mes de mayo de 2009. IV.- CONDENA EN COSTAS: No se emite condena en costas en la presente causa por haberse acogido parcialmente el reclamo de autos. ANÓTESE, REGÍSTRESE, y en su oportunidad, ARCHÍVESE, NOTIFÍQUESE la presente resolución a la parte reclamada mediante su publicación íntegra en el sitio de internet del Tribunal y dese aviso a la dirección de correo electrónico de la parte que lo haya solicitado. NOTIFÍQUESE a la parte reclamante por medio de carta certificada remitida al domicilio registrado en autos, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 131 bis del Código Tributario. RUC: 13-9-0000047-7 RIT: GR-08-00014-2013 Pronunciada por Orlando Cuevas Reyes, Juez Titular del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de la Araucanía.- Autoriza doña Gabriela Andrea Merino Pérez, Secretaria Abogado del Tribunal. 2014-02-20T14:06:12-0300 Orlando Ivan Cuevas Reyes