Reclamo tributario: liquidación

Concepción, a la fecha indicada en el pie de firma. VISTOS: En lo principal del escrito de folio 03 y siguientes, comparece don Juan Carlos Veloso Castiglione, empresario, Rut n° 8.445.262-9, por si, con domicilio para estos efectos en Avda. Alemania N° 1553, Los Ángeles; quien deduce reclamo tributario en contra de la liquidación n° 190401393 de fecha 21 de abril de 2020 emitida por el Servicio de Impuestos Internos, conforme a los argumentos que desarrolla en su presentación. Parte refiriendo los antecedentes generales, indicando que la actuación reclamada determina diferencias de impuesto global complementario ascendente a $ 4.357.612, e indica cuales serían sus fundamentos. Agrega las razones para dejar sin efecto la liquidación reclamada, indicando: 1.- La liquidación reclamada deberá dejarse sin efecto, de manera total o parcial, por cuanto esta parte demostrará, en el marco de este contencioso tributario, la efectividad de las partidas declaradas así como el derecho a deducción de los créditos hechos valer.- Añade que, se debe tener presente que la jurisprudencia ha aceptado que la acreditación de las circunstancias antedichas sea efectuada en sede judicial; al efecto se ha fallado que “por lo demás, y como acertadamente lo señala el tribunal de primera instancia, la sede jurisdiccional dista de ser una 'segunda revisión' de los antecedentes presentados a la administración, comprensión que se ve ratificada al analizar las disposiciones de excepción que coartan las posibilidades probatorias de las partes, sujetas previamente a la acreditación de precisos y determinados supuestos por parte de la administración, como lo es la contenida en el inciso 11° del artículo 132 del Código Tributario. Así, entonces, los tribunales del grado han de emitir su dictamen sobre todos y cada uno de los asuntos propuestos por las partes, de acuerdo a las normas procesales aplicables al caso, dictando sentencia estableciendo los hechos de la causa, sobre la base de la prueba rendida, y aplicando el derecho pertinente, de manera que la restricción funcional que propone el reclamado no se condice con la función asignada por la Constitución y las leves a los tribunales de justicia, por lo que no hay error de derecho -y menos de carácter sustancial- al haber sido decidida la litis de acuerdo a los hechos y el derecho planteado en las fases procesales correspondientes” (sentencia de casación de fecha 15 de abril de 2015, pronunciada por la Excma. Corte Suprema en autos rol 11461- 2014).- 2.- Llegado a este punto, hace presente que la prueba que rinda esta parte ha de ser apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, al tenor del artículo 132 del Código Tributario.- En virtud del citado precepto se exige que el tribunal valore las probanzas rendidas indicando las reglas jurídicas o simplemente técnicas o de experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y los principios de la lógica en cuya virtud se tienen como probados o acreditados ciertos hechos.- Por su parte, la contabilidad del contribuyente constituirá, en este sistema, solo un medio de acreditación cuya apreciación deberá ser preferente mas no exclusiva.- 3.- Que, entrando al fondo de los actos reclamados, los bienes raíces roles de avalúo 74-32; 73-31; 74-33; 74-41, todos de la comuna de Los Ángeles; y los bienes raíces agrícolas roles 627-23 y 627-42, ambos de la comuna de Mulchén constituyen activos de la comunidad hereditaria integrada por recurrente y sus hermanos Mario José; Patricio Eduardo; y Rodrigo Hernán, todos Veloso Castiglione.- Dichos inmuebles se encuentran dados en arriendo a terceros, efectuándose la repartición de las rentas de arrendamiento en proporción a las cuotas en el patrimonio común.- Dichas rentas constituyen sus principales ingresos afectos a tributación obtenidos en el ejercicio comercial 2018, y han sido correctamente declarados por esta parte, sin que haya existido omisión de rentas atribuidas por terceros.- Por otro lado, respecto de las observaciones fundadas en la utilización del impuesto territorial como crédito, esta parte demostrará que, en su carácter de comunero de los predios agrícolas roles 627-23 y 627-42, ambos de la comuna de Mulchén, tiene derecho a utilizar la proporción correspondiente del tributo pagado del ejercicio.- 4.- En definitiva, en el curso del contencioso tributario se demostrará la efectividad de la declaración de impuesto a la renta presentada por esta parte, así como el derecho a utilización del crédito por impuesto territorial en los términos del artículo 56 N° 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, lo que deberá llevar a dejar sin efecto, en forma total o parcial, el acto reclamado. Solicita tener por deducida la reclamación en contra de la liquidación indicada, admitirla a tramitación y, en definitiva, acogerla y condenando en costas a la reclamada. Asimismo, en el tercer otrosí, indica que le patrocinará en estos autos el abogado don Jorge Montecinos Araya, rut: 9.086.407-6, domiciliado en calle Chacabuco N° 1085 of. 1102 de Concepción. A folio 07, se tuvo por interpuesto el reclamo y se confirió traslado al Servicio de Impuestos Internos; y a folio 15 y siguientes, comparece don José Manuel Corvalán Durán, abogado, en representación de la parte reclamada, con domicilio en Calle O´Higgins n.° 749, de la comuna de Concepción, quien evacua el traslado conferido, refiriendo primero el proceso de fiscalización que dio origen a las actuaciones reclamadas, y en sus argumentos de fondo, sosteniendo que, al no acompañar antecedente alguno, no fue posible verificar la información presentada por el contribuyente en su declaración de renta del año tributario 2019; así como tampoco poderla confrontar con la información existente en las bases del Servicio. Agrega que, por ende, la liquidación se emitió correctamente en atención a la información que al momento de su revisión se tenía en las bases del Servicio; con lo cual debe ser confirmada en todas sus partes. Además, aducen que, procede la INADMISIBILIDAD DE LA ACREDITACIÓN EN INSTANCIA JUDICIAL, dado que, como se ha señalado previamente, la principal estrategia de la reclamante es pretender acreditar en esta instancia judicial la procedencia de los créditos fiscales y gastos que fueron objetados en las liquidaciones reclamada, pero era en la etapa administrativa, que el contribuyente debió dar cabal cumplimiento al artículo 21 del Código Tributario, que en su inciso primero establece que "Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad y otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para cálculo del impuesto." Nuestros Tribunales superiores de justicia invariablemente se han pronunciado en el mismo sentido, reconociendo el claro tenor literal del art. 21 del Código Tributario que coloca la obligación de probar de cargo del contribuyente (Rol 128-2011, C A. San Miguel; Rol 3479-2009, Corte Suprema; Rol 991-2008, C. A. Concepción). Prosiguen que, en este orden de ideas, debe hacerse presente que el ámbito en el que debe ser ejercida la Jurisdicción del Tribunal Tributario y Aduanero se encuentra determinado por el acto recurrido; esto es, la legalidad de las liquidaciones debe ser analizada en su mérito; es decir, qué hizo la autoridad tributaria: determinó una diferencia al Impuesto Global Complementario en base a los antecedentes que tuvo a la vista; o cuáles fueron los fundamentos de la administración para así proceder: en este caso, que el contribuyente no acompañó antecedentes que permitieran subsanar las observaciones efectuadas a su declaración de renta.. Como consecuencia de ello, el tribunal deberá dilucidar en este reclamo si las motivaciones de la administración, se encuentran dentro del marco de legalidad que se exige a los actos de la administración pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de la República. Un análisis que se aparte del marco antes señalado implica un exceder el ámbito de competencias que corresponde al Tribunal Tributario y Aduanero. Conforme a la línea argumental que venimos sosteniendo, no es posible fundar la impugnación del acto recurrido con elementos que no fueron conocidos por la administración al momento de emitir las liquidaciones, los cuales tampoco han sido acompañados en el reclamo y siguen sin ser conocidos por este Servicio; una interpretación distinta implica alterar sustancialmente la naturaleza de la acción de Reclamo establecida en los art. 123 y siguientes del Código Tributario, que ha sido concebida como una vía de impugnación de la acción fiscalizadora y no como una acción destinada a constituir derechos para el actor. En efecto, al sostener el contribuyente que funda su reclamo en antecedentes que no fueron conocidos por la administración al momento de emitir el pronunciamiento reclamado, pretende que sea el tribunal y no el órgano fiscalizador, quien determine los impuestos adeudados, silogismo que repugna a las disposiciones que otorgan al Servicio de Impuestos Internos, de manera excluyente, la aplicación y fiscalización de todos los Impuestos Internos, conforme a lo dispuesto en el art. 1° del Código Tributario y 1° del D.F.L. N° 7 de 30 de septiembre de 1980. Solicitando que, en mérito de lo expuesto, del artículo 132 y siguientes del Código Tributario, de las disposiciones legales citadas y demás normas pertinentes, tener por evacuado el traslado otorgado al Servicio de Impuestos Internos, proveerlo y, en definitiva, rechazar el reclamo, confirmando la liquidación en todas sus partes, con expresa condena en costas. A folio 20, se tuvo por evacuado el traslado conferido al Servicio de Impuestos Internos, y a folio 29, consta que las partes no arribaron a una conciliación. A folio 30, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: - “Acredítese la efectividad de la concurrencia de los presupuestos facticos que permitirían dejar sin efecto la liquidación n° 190401393, de fecha 21.03.2022. Hechos y circunstancias que así lo ameritan”. A folio 88, se citó a las partes a oír sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, en lo principal del escrito de folio 03 y siguientes, comparece don Juan Carlos Veloso Castiglione, empresario, RUT: 8.445.262-9, domiciliado en Avda. Alemania N° 1553 de Los Ángeles; quien interpone reclamo en contra de la Liquidación N° 190401393 de fecha 21.04.2022, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho ya relatados en la parte expositiva de esta sentencia. Y a folio 33, se tuvo por interpuesto el reclamo y se confirió traslado al Servicio de Impuestos Internos. SEGUNDO: Que, a folio 15 y siguientes, comparece el abogado don José Manuel Corvalán Durán, en representación del Servicio de Impuestos Internos, quien evacua el traslado conferido, solicitando el rechazo del reclamo deducido, con costas, en atención a los fundamentos de hecho y de derecho relatados en lo expositivo de esta sentencia. TERCERO: Que la parte reclamante rindió la siguiente prueba: I.- DOCUMENTAL, rolante a folio 1 y siguientes: > Copia de liquidación número 190401393, de fecha 21 de abril de 2022. Dentro del Término Probatorio, rolante de fojas 75 y siguientes: 1.- Copia de inscripción rolante a fojas 2201 número 830 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Mulchén correspondiente al año 2017.- De dicho documento emana que los titulares del inmueble rol de avalúo 627- 23 de la comuna de Mulchén corresponden a Mario José; Patricio Eduardo; Juan Carlos; y Rodrigo Hernán, todos Veloso Castiglione.- 2.- Copia de inscripción rolante a fojas 2213 número 836 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Mulchén correspondiente al año 2017.- De dicho documento emana que los titulares del inmueble rol de avalúo 627- 42 de la comuna de Mulchén corresponden a Mario José; Patricio Eduardo; Juan Carlos; y Rodrigo Hernán, todos Veloso Castiglione.- 3.- Copia de inscripción rolante a fojas 2217 número 838 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Mulchén correspondiente al año 2017.- De dicho documento emana que los titulares del inmueble rol de avalúo 627- 42 de la comuna de Mulchén corresponden a Mario José; Patricio Eduardo; Juan Carlos; y Rodrigo Hernán, todos Veloso Castiglione.- 4.- Copia de escritura pública de fecha 20 de febrero de 2015, otorgada ante don Luis Gonzalo Navarrete Villegas, Notario Público de Los Ángeles, donde consta contrato de arrendamiento celebrada con fecha 20 de febrero de 2015 entre la parte arrendadora Mario Pascual Veloso González y la arrendataria Agrícola e Inversiones Chocahue SpA, y relativo a los inmuebles roles de avalúo 627-23; 627-42; y 627-42, todos de la comuna de Mulchén.- 5.- Copia de escritura pública de fecha 10 de abril de 2015, otorgada ante don Luis Gonzalo Navarrete Villegas, Notario Público de Los Ángeles, donde modificación de contrato de arrendamiento celebrado el 20 de febrero de 2015 entre la parte arrendadora Mario Pascual Veloso González y la arrendataria Agrícola e Inversiones Chocahue SpA, y relativo a los inmuebles roles de avalúo 627-23; 627-42; y 627-42, todos de la comuna de Mulchén.- 6.- Copia de aviso recibos portal emitidos por la Tesorería General de la República, que dan cuenta del pago de impuesto territorial correspondientes a los bienes raíces roles 627-23; 627-42; y 627-42, todos de la comuna de Mulchén, en el ejercicio comercial 2018.- 7.- Copia de declaración de impuesto a la renta presentada por el recurrente en el año tributario 2019. II. TESTIMONIAL, rolante a folio 51 y siguiente, consistente en la declaración de los testigos don Patricio Veloso Castiglione y don Fermín Roa Vallejo. CUARTO: Que, la parte reclamada rindió la siguiente prueba: I. TESTIMONIAL, rolante a folio 51 y siguiente, consistente en la declaración de la testigo doña Verónica González Cárcamo, fiscalizadora del Servicio. QUINTO: Que, de acuerdo con el contenido de los escritos fundamentales del período de discusión, fluyen como hechos no controvertidos por las partes los siguientes: 1.- Que el Servicio de Impuestos Internos emitió la liquidación n.° 190401393 de fecha 21 de abril de 2022, determinando diferencias de impuesto global complementario en el año tributario 2019. 2. Que tal liquidación fue motivada por no acreditarse las siguientes observaciones: Codificación de la Observación: A99.- Glosa: Según antecedentes con que cuenta este Servicio, el crédito declarado en los códigos [19] y/o [188] en el anverso del F22, y detallados en el código 365 en el reverso del F22, créditos imputables al Impuesto de Primera Categoría por concepto de contribuciones de bienes raíces (impuesto territorial), resulta excesivo o improcedente (Observación A99).- Codificación de la Observación: G108.- Glosa: Control de cumplimiento de tributación de las rentas atribuidas propias o de terceros por empresas que determinan su renta efectividad sin contabilidad completa, según Art. 14 letra C) N° 1.- Codificación de la Observación: G44.- Glosa: Su declaración ha sido observada porque la rebaja a la Base Imponible del Impto. Global Complementario, declarada en la Línea 15, código 166, del Form. 22, correspondiente al Impto. Territorial (contribuciones de Bns. Raíces) pagado durante el año comercial anterior estaría mal determinada o excede el monto determinado por el SII.- Codificación de la Observación: G74.- Glosa: Según antecedentes con que cuenta este Servicio, el crédito por Impuesto de Primera Categoría con y sin derecho a devolución traspasado a los códigos (608) y (610), es excesivo o bien el crédito declarado con derecho a devolución no corresponde al Impuesto de Primera Categoría efectivamente pagado (Observación G74).- 3. Que, a juicio del Servicio de Impuestos Internos, el contribuyente no aportó antecedentes suficientes para acreditar las observaciones antes indicadas. SEXTO: Que, de otro lado, según se aprecia del contenido de la actuación reclamada, cuya copia simple rola a folio 1 y siguientes, juntamente con los escritos de reclamo y contestación, se trabó la discusión en torno al punto fijado en la sentencia interlocutoria que recibió la causa a prueba, y en especial, sobre la efectividad de las operaciones referidas en las actuaciones impugnadas. I.- INADMISIBILIDAD DE LA ACREDITACIÓN EN INSTANCIA JUDICIAL. SÉPTIMO: Que, del análisis de los antecedentes allegados a la causa, en especial de la argumentación del Servicio, en orden a que no se puede pretender acreditar en instancia judicial la procedencia de los créditos fiscales y gastos que fueron objetados en la liquidación que se reclama. Retruca la parte reclamante, indicando en este sentido que, la jurisprudencia ha aceptado que la acreditación de las circunstancias antedichas sea efectuada en sede judicial; al efecto se ha fallado que “por lo demás, y como acertadamente lo señala el tribunal de primera instancia, la sede jurisdiccional dista de ser una 'segunda revisión' de los antecedentes presentados a la administración, comprensión que se ve ratificada al analizar las disposiciones de excepción que coartan las posibilidades probatorias de las partes, sujetas previamente a la acreditación de precisos y determinados supuestos por parte de la administración, como lo es la contenida en el inciso 11° del artículo 132 del Código Tributario. Así, entonces, los tribunales del grado han de emitir su dictamen sobre todos y cada uno de los asuntos propuestos por las partes, de acuerdo a las normas procesales aplicables al caso, dictando sentencia estableciendo los hechos de la causa, sobre la base de la prueba rendida, y aplicando el derecho pertinente, de manera que la restricción funcional que propone el reclamado no se condice con la función asignada por la Constitución y las leves a los tribunales de justicia, por lo que no hay error de derecho -y menos de carácter sustancial- al haber sido decidida la litis de acuerdo a los hechos y el derecho planteado en las fases procesales correspondientes” (sentencia de casación de fecha 15 de abril de 2015, pronunciada por la Excma. Corte Suprema en autos rol 11461- 2014). De lo precedente, es posible interpretar que el Servicio, pretende revivir la denominada “inadmisibilidad probatoria”, que fue derogada tácitamente, por la dictación de la Ley 21.210 publicada 24 de febrero de 2020, que eliminó los incisos 12° y 13° del artículo 132 del Código Tributario. Corroborando lo anterior, la jurisprudencia, en sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 02.07.2024, causa rol N° 124-2024 (Tributario), motivo Sexto, ha sostenido, lo siguiente, “[…] En consecuencia, ha de concluirse que toca a la sentenciadora, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que le es propia, revisar y controlar el acto administrativo de acertamiento tributario y, para ello, debe revisar y ponderar la prueba aportada al juicio por la reclamante, pues de esa forma estará en condiciones de resolver el conflicto jurídico planteado, esto es, la jueza de la causa debe pronunciarse sobre todas las pruebas válidamente aportada al proceso […]” En consecuencia, se concluye que la argumentación del Servicio en cuanto a la “inadmisibilidad de la acreditación en instancia judicial”, al no tener asidero legal, y debe rechazarse de plano. II.- EN CUANTO AL FONDO. OCTAVO: Que, ahora bien, la parte recurrente, aduce que los bienes raíces roles de avalúo 74-32; 73-31; 74-33; 74-41, todos de la comuna de Los Ángeles; y los bienes raíces agrícolas roles 627-23 y 627-42, ambos de la comuna de Mulchén constituyen activos de la comunidad hereditaria integrada por el recurrente y sus hermanos Mario José; Patricio Eduardo; y Rodrigo Hernán, todos Veloso Castiglione.- Dichos inmuebles se encuentran dados en arriendo a terceros, efectuándose la repartición de las rentas de arrendamiento en proporción a las cuotas en el patrimonio común.- Dichas rentas constituyen sus principales ingresos afectos a tributación obtenidos en el ejercicio comercial 2018, y han sido correctamente declarados por esta parte, sin que haya existido omisión de rentas atribuidas por terceros.- Así entonces, respecto a la utilización del impuesto territorial como crédito, se demostró que, en su carácter de comunero de los predios agrícolas roles 627-23 y 627-42, ambos de la comuna de Mulchén, tiene derecho a utilizar la proporción correspondiente del tributo pagado en el ejercicio. Es por ello, los inmuebles han sido dados en arrendamiento a terceros, encontrándose vigente (para el ejercicio 2018), el contrato relativo a los inmuebles roles 627-23 y 627-42, de la comuna de Mulchén.- Según emana de copia de escritura pública de fecha 20 de febrero de 2015, otorgada ante don Luis Gonzalo Navarrete Villegas, Notario Público de Los Ángeles, donde consta contrato de arrendamiento celebrada con fecha 20 de febrero de 2015 entre la parte arrendadora Mario Pascual Veloso González y la arrendataria Agrícola e Inversiones Chocahue SpA, las rentas de arrendamiento fijadas para ese período ascienden a $93.840.000.- y que el cuarto de esa cantidad alcanza los $23.460.000.- De igual manera, según aparece de Copia de aviso recibos portal emitidos por la Tesorería General de la República, que dan cuenta del pago de impuesto territorial correspondiente al bien raíz rol 627-23, de la comuna de Mulchén, en el ejercicio comercial 2018, la referida comunidad pagó un total de $4.595.254 por concepto de impuesto territorial.- El cuarto de esa cantidad corresponde a la suma de $1.148.814.- NOVENO: Que, así entonces, de lo expuesto aparece que la información aportada en autos, resulta consistente con el Formulario 22, folio 241400799 donde consta declaración de impuesto a la renta presentada por el recurrente en el año tributario 2019, por cuanto en el código 1037 se ha considerado como renta la suma de $23.460.000; y el crédito por impuesto territorial rebajado alcanza el monto de $1.148.814 (códigos 365 y 610). Antecedentes que no fueron impugnados u objetados por la parte reclamada, en esta instancia. DÉCIMO: Que, las demás pruebas rendidas y antecedentes aportados en autos, en nada alteran lo razonado y concluido precedentemente. UNDÉCIMO: Que, por haber tenido motivos plausibles para litigar, cada parte soportará sus costas. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1° N.° 1 de la Ley N.° 20.322 de 2009, Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros; artículos 115 y siguientes del Código Tributario; artículos 20 y siguientes del D.L. 824/1974; artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil; y otras normas pertinentes, se declara: I. Que HA LUGAR Al reclamo deducido en lo principal del escrito de folio 03 y siguientes, por don Juan Carlos Veloso Castiglione, patrocinado por el Abogado don Jorge Montecinos Araya; II. Que, en consecuencia, déjese sin efecto la liquidación N° 190401393 de fecha de 21 de abril de 2022; III. Que, no habrá condenación en costas, según lo establecido en el motivo undécimo. IV. Que, el Director Regional de la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos dispondrá el cumplimiento administrativo de esta sentencia, conforme lo establece el artículo 6°, letra b), n.° 6, del Código Tributario, sin perjuicio de las facultades conferidas a este Tribunal en el artículo 1°, incisos segundo y tercero, de la Ley n.° 20.322 de 2009, Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros. Notifíquese la presente resolución a la parte reclamante por carta certificada, y a la parte reclamada mediante la publicación de su texto íntegro en el sitio en Internet del Tribunal. Sin perjuicio, avísese a la dirección de correo electrónico al litigante que lo haya solicitado. Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad. RIT n.° GR-10-00038-2022. RUC n.° 22-9-0000532-6 Cuantía Bruta: 134,6 UTM Proveyó don ANSELMO IVÁN CIFUENTES ORMEÑO, Juez Titular del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Ñuble y la Región del Biobío. Anselmo Ivan Cifuentes Ormeño Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal del Biobio 2025-07-28T12:56:05-0400 FEA