Reclamo tributario: resolución

Doscientos cuarenta y cuatro - 244 “EMPRESAS PIZARREÑO S.A. con SII Dirección de Grandes Contribuyentes” RUC N° 13-9-0001923-2 RIT N° GR - 18-00442-2013 Santiago, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. - VISTOS: A fojas 1, comparece don Christian Aste Mejías, abogado y mandatario judicial, RUT N°10.823.135-1, en representación de EMPRESAS PIZARREÑO S.A., RUT N°90.707.000-K, ambos domiciliados para estos efectos en Cerro El Plomo N°5630, piso 16, Oficina 1601, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, quien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 123 y siguientes del Código Tributario, interpone reclamo tributario en contra de la Res. Ex. N° 86/2013, emitida y notificada por cédula el 9 de mayo del año 2013, solicitando dejarla sin efecto y dar lugar a la devolución de los Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas ascendente a $1.142.638.712, solicitada en la Declaración Anual de Impuesto a la Renta correspondientes al año tributario 2012, con costas, en virtud de los siguientes fundamentos: En el capítulo I de su libelo de reclamo, relativo a antecedentes, explica que en su Declaración Anual correspondiente al año tributario 2012, la reclamante consignó una pérdida tributaria ascendente a $5.874.067.017, solicitando una devolución total de $1.142.638.712, conformada por Pagos Provisionales Mensuales, Pago Provisional por Utilidades Absorbidas y Deducción de aquellas partidas afectas con el Impuesto Único del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta. Agrega que el Servicio de Impuestos Internos, en el marco de los artículos 59 y 60 del Código Tributario, requirió a la reclamante documentos y antecedentes relativos a la determinación de la Renta Líquida Imponible o Pérdida Tributaria, mediante las Notificaciones Nos. 26202, de 19/10/2012; 0623235, de 20/01/2013 y 0623241, de 04/03/2013. Añade que, con fecha 25 de marzo del año 2013, el Servicio de Impuestos Internos puso en conocimiento del contribuyente la Citación N°16, a fin de que aclarara o acreditara las partidas citadas, a la que la reclamante dio respuesta dentro del plazo prorrogado, aportando documentación de respaldo, pero el Servicio procedió a emitir la resolución reclamada. En el capítulo II de su libelo, alega que la resolución impugnada adolece de nulidad, al haber excedido el SII el límite temporal previsto en el artículo 59 del Código Tributario, conforme al cual el Servicio dispondrá de un plazo de 12 meses, contados desde la solicitud para fiscalizar y resolver las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas. Afirma que, atendido que el plazo de prescripción es un plazo legal, que comienza a correr una vez que expira el plazo legal y no administrativo en que debe presentarse la declaración de impuesto, el plazo a que se refiere el artículo 59 no puede comenzar a correr más allá del mes de abril, toda vez que es ese mes y no otro el que debe considerarse para presentar la declaración de impuesto, sin perjuicio de haberse presentado la declaración anual de impuestos para el AT 2012 el día 9 de mayo de 2012. En el capítulo III de su libelo, relativo a los argumentos que desvirtúan las partidas consignadas en la resolución reclamada, con respecto a la Referencia 1, ítems Nos. 1, 2, 8, 9 y 10 y Referencia 2, ítems Nos. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12 y 15, en primer lugar, expone que ésta es nula, al encontrarse sustentada en la Res. Ex. N°219, de 22/08/2012 y en las Liquidaciones Nos. 142 a 145, de 24/08/2012, las que se encuentran actualmente impugnadas judicialmente ante el Director Regional competente, lo que las priva de ejecutoriedad inmediata, invocando en abono de su tesis lo dispuesto en los artículos 51 y 54 de la Ley N°19.880 y 19 N°3 de la Constitución Política. En segundo término, expresa que la objeción de la autoridad tributaria se circunscribe a la falta de acreditación por parte del contribuyente, pero no se explica ni señala qué antecedentes se tuvieron a la vista y cuáles en su opinión resultaban ser insuficientes, lo que impide ejercer el derecho a la tutela Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 21-04-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 342cccf7-4a59-4425-b3c0-59167204ef4b Timbre Electrónico Doscientos cuarenta y cuatro vuelta – 244 vta. jurídica efectiva, deficiencia que incide en la validez y legalidad del acto reclamado producto de la ausencia de motivación. Agrega que la reclamante no estaba en posición de definir qué documentación de respaldo era necesaria entregar al funcionario asignado a la auditoría, sino que es el SII quien está llamado a realizar tal determinación, por lo que la reclamante no estaba obligada a presentar más antecedentes que los que se encontraban incluidos en las notificaciones efectuadas, sin perjuicio que por su ubicación o volumen no hubiese sido posible su entrega física. En tercer lugar, indica que la resolución reclamada no se encuentra adecuadamente motivada ni reúne los requisitos y condiciones para su acertada inteligencia por parte del contribuyente a quien va dirigida, al basarse en actos administrativos que se encuentran impugnadas judicialmente. Hace presente que tales contravenciones e imprecisiones afectan directamente el derecho de defensa del contribuyente, ya que le impiden tomar cabal conocimiento de las objeciones en las cuales se fundamenta y, en consecuencia, la resolución reclamada no cumple con el requisito de encontrarse debidamente motivada, ya que rechaza la solicitud del contribuyente, sin expresar ningún detalle o especificación acerca de los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, distintos de aquellos que sirvieron de base para emitir la Res. 219 y Liquidaciones Nos. 142 a 145. Con respecto a la Referencia 1, ítems Nos. 11 y 12, manifiesta que, no obstante haberse conciliado la suma de $13.665.651, el SII mantuvo la decisión de agregar a la Renta Líquida Imponible del AT 2012 la cantidad de $26.487.625, por estimar que no se aportaron los documentos de respaldo que permitieran verificar y validar su correcta determinación e imputación, agregando que se trata de una objeción meramente formal, que demostrará durante el curso del juicio. Con respecto a la Referencia 2, ítems Nos. 17 y 18, menciona que, si bien se concilió en parte el ítem N°17, se tuvo por no justificada una diferencia de $40.034.171; y, respecto del ítem N°18, se desestimó su monto total. Agrega que en ambos casos el cuestionamiento se restringe únicamente a la falta de acreditación, por lo que se aportarán los documentos y antecedentes que justifican su deducción. Con respecto a la Referencia 2, ítems Nos. 20 y 21, se remite a los argumentos expuestos precedentemente. Con respecto a la Referencia 3: Diferencia de Ingresos declarados en el Formulario 22 del Año Tributario 2012, señala que discrepa de la posición fiscalizadora, pues si bien reconoce que existe una diferencia de $114.945.665 entre los Ingresos del Giro informados en el código 628 del Formulario 22, el Libro de Ventas del año 2011 y lo declarado a través de los Formularios 29, no puede calificarse esta diferencia como una sub-declaración de ingresos, porque en lugar de haberse informado esta cantidad en el código 630 del Formulario 22 (Costos) fue deducido en forma directa de los ingresos, lo que provoca un efecto neutro. Con respecto a la Referencia 4: Pago Provisional por Utilidades Absorbidas, explica que la resolución reclamada considera que la pérdida tributaria sería menor, disminuyendo de ($5.874.067.017) a ($918.255.208) y sostiene que disiente de esta conclusión, aseverando que ella será desvirtuada durante el proceso. A fojas 92, se confiere traslado a la parte reclamada. A fojas 98, comparece doña María Francisca Villamán Rodríguez, abogado, en representación de la parte reclamada, quien, evacuando el traslado conferido en autos, solicita que se rechace íntegramente el reclamo presentado por el contribuyente, con costas, en virtud de los siguientes fundamentos: En el capítulo de su libelo de contestación relativo a antecedentes, explica que se procedió a efectuar una auditoría a la Declaración de Renta del Año Tributario 2012 presentada por el contribuyente, con el objeto de verificar la correcta determinación del resultado tributario declarado y de su solicitud de devolución de pago provisional por Impuesto de Primera Categoría de utilidades absorbidas por pérdidas tributarias, siendo requerido mediante Notificación N°26202, de 19/10/2012, en la cual se requirió la documentación que detalla; y, en respuesta a la misma, el contribuyente envió correo electrónico el 12/12/2012, adjuntando los archivos computacionales en formato Excel que detalla. Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 21-04-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 342cccf7-4a59-4425-b3c0-59167204ef4b Timbre Electrónico Doscientos cuarenta y cinco – 245 Afirma que el contribuyente aportó información sin ningún tipo de respaldo documental, motivo por el cual la Unidad Fiscalizadora tuvo que requerir por segunda vez al contribuyente, por medio de la Notificación N°0623235, de 20/01/2013, solicitándole los antecedentes pendientes de entrega, los que fueron nuevamente enviados mediante correo electrónico en formato de archivos electrónicos, sin respaldo documentario. Agrega que, al analizar los archivos adjuntos, se detectó la existencia de partidas y montos en las cuentas contables de activos, pasivos, ingresos y gastos, que podrían afectar la determinación de la Renta Líquida Imponible (Pérdida Tributaria) efectuada por la reclamante, que no estarían relacionados con el giro y actividades de la empresa, motivando un nuevo requerimiento de información, año comercial 2011, de acuerdo a la Notificación N°0623241, de 04/03/2013. Añade que en respuesta a dicho requerimiento, el contribuyente nuevamente remitió archivos electrónicos, mediante correo electrónico, pero en forma parcial y acompañando sólo parte de la documentación requerida, lo que no permitió a la Unidad Fiscalizadora validar ni ratificar los movimientos contables de la empresa y, además, se detectaron movimientos contables, operaciones comerciales y financieras, que afectaron el cálculo de la determinación de la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría (Pérdida Tributaria), el Capital Propio Tributario y el registro FUT del año tributario 2012, partidas que no fue posible analizar ni validar, ya que no se aportó la documentación necesaria, por lo que se procedió a notificar al contribuyente la Citación N°13, de 25/03/2013, para que rectificara, ampliara, aclarara o confirmara su declaración de impuestos del año tributario 2012, en relación con las partidas que detalla. En el capítulo de su libelo relativo a los argumentos del Servicio de Impuestos Internos, se hace cargo de las alegaciones de la parte reclamante, en los siguientes términos: Con respecto a la alegación de la reclamante que la resolución adolece de nulidad, por haber sido dictada fuera del plazo establecido en el artículo 59 del Código Tributario, expone que dicha alegación carece de todo fundamento jurídico y debe ser desechada de plano, pues pretende hacer una interpretación del artículo 59 del Código Tributario que resulta casi irrisoria, ya que la norma es lo suficientemente clara en cuanto al plazo que tiene el Servicio para fiscalizar y resolver las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas, esto es, doce meses, contados desde la solicitud del contribuyente. Agrega que el mismo contribuyente indica en su libelo que la empresa presentó su solicitud de devolución de PPUA el día 09.05.2012, por lo que el Servicio tenía plazo hasta el día 09.05.2013, para resolver sobre la solicitud del contribuyente, no existiendo una interpretación diversa, pues el tenor de la norma es bastante claro y los doce meses se cuentan desde la solicitud del contribuyente, que fue realizada el día 09.05.2012, lo que significa que el plazo venció el día 09.05.2013, fecha en la que se emitió y notificó válidamente la resolución reclamada. Con respecto a la alegación de la reclamante que la resolución adolece de nulidad, por encontrarse sustentada en dos actos administrativos practicados con anterioridad por el SII y cuya controversia se encuentra actualmente pendiente de ser resuelta por el Director Regional, expresa que no puede aceptarse la tesis propuesta por la reclamante, pues en tal caso la acción fiscalizadora podría prescribir antes de ser puesta en ejecución, lo que convertiría en inoperante las facultades del Servicio. Agrega que si el Servicio estuviera impedido de citar, liquidar o emitir una resolución respecto de los años posteriores al año tributario liquidado o modificado y reclamado, probablemente ocurriría que, dada la duración del proceso en sede judicial, prescriba su acción fiscalizadora estando pendiente el resultado del mismo, con lo cual no sería factible que se alcanzaran a liquidar o modificar oportunamente los años posteriores, haciéndose por esa vía ineficaces las facultades de fiscalización del Servicio. Añade que en estas actuaciones el Servicio concluyó que la reclamante no logró desvirtuar que los gastos y pagos efectuados, relacionados con la operación de novación del crédito bancario y, en consecuencia, con el Swap de moneda, sean necesarios, inevitables y obligatorios y que estén destinados a actividades que generen rentas afectas a Impuestos de Primera Categoría. Con respecto a la alegación de la reclamante relativa a la acreditación de las cuentas de ingresos, gastos y pasivos que se agrupan bajo los ítems Nos. 1, 2, 8, 9 y 10 de la Referencia 1 y los ítems Nos 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12 y 15 de la Referencia 2, indica que la reclamante no puede pretender que sea el Servicio quien sepa con exactitud con qué documentación respalda sus anotaciones contables y resultados Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 21-04-2017. 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Agrega que lo que pretende la reclamante con sus argumentos es librarse de la carga probatoria que le impone la ley y, al mismo tiempo, desconoce todos los antecedentes que le fueron solicitados en las tres notificaciones realizadas de manera específica y determinada y en la citación, donde se le pidió justificar cada una de las referencias con la documentación de respaldo pertinente. Con respecto a la alegación de la reclamante relativa a la falta de motivación de la resolución, manifiesta que ésta está totalmente respaldada por el contenido de la Citación N°12, de 25.03.2013. Agrega que, durante el proceso de fiscalización, al contribuyente se le practicaron 3 notificaciones y se le citó dentro de los plazos legales. Añade que el contribuyente dio respuesta a la misma y, en base al análisis de esa presentación y los antecedentes propios del SII, se emitió la resolución reclamada, cuyas referencias formaron parte de la citación comunicada, por lo que dicho acto está totalmente motivado, existiendo las condiciones y circunstancias de hecho y de derecho que posibilitan y justifican su emisión en conformidad con el ordenamiento jurídico. Con respecto a la alegación de la reclamante que la resolución objeta partidas o elementos que se encuentran conciliados por un acto administrativo que generó derechos en favor de la empresa, que impiden alterar lo ya decidido, menciona que el contribuyente incurre en un error al efectuar tal afirmación, ya que si bien se aceptaron declaraciones rectificatorias en los años tributarios 2010 y 2011, éstas no tienen incidencia alguna en los actos administrativos emitidos, toda vez que en ambos años se rectificó sólo la base del Impuesto Único del inc. 3° del art. 21 de la LIR (código 113), producto de una anotación que existía en los sistemas que conforman las bases de datos de este SII denominada "A02", que dice relación con que el contribuyente cometió un error en la determinación de gastos rechazados por donaciones, lo que no tiene incidencia alguna en los conceptos citados, por lo que cabe descartar de plano la alegación que el Servicio validó con las rectificatorias de los Formularios 22 su saldo a favor o su impuesto adeudado, por cuanto el año tributario 2010 arroja un saldo a favor de $24.946.575 y el año tributario 2011 arroja un impuesto a pagar de $96.035.024. Con respecto a la Referencia 3 “Diferencia de ingresos declarados en el Formulario 22, año tributario 2012”, señala que no es efectivo que se provoque un efecto neutro en sus ingresos declarados en el Formulario 22, ya que la contribuyente rebaja de los ingresos declarados en su Formulario 22 un gasto contable denominado "Otros Gastos Extraordinarios Grupo (cargo­abono)", partida contable que no es aceptada tributariamente. Agrega que la reclamante no logró acreditar los cargos a la cuenta N°669010, denominada Otros gastos extraordinario grupo, por $1.398.952.847, que influyen en su saldo final y posterior registro de ingresos en el Formulario 22, año tributario 2012, código 628 y mucho menos que se provoque un efecto neutro en sus ingresos declarados en el Formulario 22. Con respecto a las Referencias 1, 2 y 4 y a la presentación de antecedentes por parte del contribuyente que justifiquen las partidas impugnadas en la etapa judicial, hace presente que la acción de reclamo establecida en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario, es concebida dentro de un procedimiento que ampara a un reclamante que estima que la administración no ha ponderado suficientemente los antecedentes puestos a disposición de la autoridad administrativa y, entonces, solicita a un tribunal especial que los considere como en derecho corresponda, esto es, que revise lo resuelto por el órgano fiscalizador. A fojas 122, consta haberse recibido la causa a prueba por el término legal. A fojas 215, consta haber quedado los autos para fallo. Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 21-04-2017. 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El fundamento principal de la resolución reclamada radica en que los antecedentes aportados por el contribuyente no fueron suficientes para acreditar la correcta determinación de la pérdida tributaria declarada y, en consecuencia, la procedencia de la devolución solicitada por concepto de PPUA. 2°) Que, de acuerdo al tenor de lo expuesto por las partes en sus escritos de discusión, la cuestión debatida se centra en determinar lo siguiente: 1) Si corresponde dejar sin efecto la resolución reclamada, por adolecer de vicios que acarrean su nulidad, al haberse dictado fuera del plazo que establece el artículo 59 del Código Tributario; porque la resolución se encuentra sustentada en actos administrativos impugnados en sede jurisdiccional y pendientes de resolver; porque la resolución carece de motivación suficiente; y, porque se encuentran acreditados los ítems 1, 2, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Referencia 1, los ítems 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20 y 21 de la Referencia 2, la Referencia 3 y la Referencia 4; y, 2) Si resulta procedente dar lugar a la devolución de PPUA no autorizada por $1.142.638.712. Por el contrario, la presente reclamación no se ha extendido a los ítems 3, 4, 5, 6 y 7 de la Referencia 1, ni tampoco a los ítems 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16 y 19 de la Referencia 2. 3°) Que son hechos no controvertidos de autos son los siguientes: - Con fecha 09/05/2012, la parte reclamante presentó su declaración de impuestos a la renta del año tributario 2012, declarando una pérdida tributaria de $(5.874.067.017) y solicitando una devolución total de $1.142.638.712, conformada por pagos provisionales mensuales, pagos provisionales por utilidades absorbidas por pérdidas e impuesto único del inciso 3° del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. - Mediante las Notificaciones Nos. 26202, de 19/10/2012; 0623235, de 20/01/2013; y, 06232241, de 04/03/2013, el Servicio de Impuestos Internos requirió a la parte reclamante documentos para comprobar la exactitud de la información consignada en su declaración de impuestos a la renta del año tributario 2012, para subsanar las observaciones formuladas a dicha declaración y para verificar la procedencia de la devolución solicitada. - Con fecha 25/03/2013, el Servicio de Impuestos Internos practicó a la parte reclamante la Citación N°16. - Con fecha 09/05/2013, el Servicio de Impuestos Internos emitió y notificó por cédula a la parte reclamante la Resolución 17.200 Ex. N°86, que ha sido reclamada en estos autos. 4°) Que, según lo establecido en la sentencia interlocutoria de prueba de fojas 122, los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos de la causa son los siguientes: 1) Efectividad de haberse aportado por la reclamante, durante la etapa de fiscalización, los antecedentes requeridos por la reclamada para verificar la exactitud de la información consignada en la declaración anual de impuestos para el año tributario 2012. Identidad y época de los antecedentes aportados. 2) Presupuestos de hecho que hacen procedente la devolución solicitada por la reclamante en su declaración anual de impuesto a la renta para el año tributario 2012. Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 21-04-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 342cccf7-4a59-4425-b3c0-59167204ef4b Timbre Electrónico Doscientos cuarenta y seis vuelta – 246 vta. 5°) Que la parte reclamante, con el objeto de acreditar los hechos que sirven de fundamento a su reclamo, se hizo valer de los siguientes elementos de convicción: - INSTRUMENTAL, acompañada e individualizada en el segundo otrosí de fojas 1, agregada de fojas 29 a 70; la acompañada e individualizada en el primer otrosí de fojas 138, agregada de fojas 139 a 178 vuelta; y, los documentos remitidos por el Servicio de Impuestos Internos, en respuesta a Oficio N°42-2016, solicitado por la reclamante, custodiados bajo el N°30-2016, según consta en certificado de fojas 198. 6°) Que la parte reclamada, no obstante haber desestimado todos los fundamentos de la contraria, no aportó pruebas al proceso. 7°) Que, antes de examinar la prueba aportada al proceso, cabe señalar que el artículo 132 del Código Tributario dispone que en los juicios tributarios la prueba será apreciada por el Juez Tributario y Aduanero de conformidad a las reglas de la sana crítica; que, al apreciar las pruebas de esta manera, el tribunal deberá expresar en la sentencia las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las desestima; que, en general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convenza al sentenciador; que, no obstante lo anterior, los actos y contratos solemnes sólo podrán ser acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley; y, que, en aquellos casos en que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar preferentemente dicha contabilidad. 8°) Que el artículo 21 del Código Tributario –ubicado en el Libro Primero del citado cuerpo legal, que trata De la administración, fiscalización y pago– dispone que corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. Su inciso segundo establece que el Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. Más adelante, el mismo inciso segundo agrega que, en tal caso, el Servicio, previos los trámites establecidos en los artículos 63 y 64 del Código Tributario, practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder. Y, en su parte final, el inciso segundo añade que para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, en conformidad a las normas pertinentes del Libro Tercero. Por su parte, el artículo 1698 del Código Civil –que regula la carga de la prueba– establece que incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquéllas o ésta. 9°) Que, con el objeto de establecer los hechos controvertidos por las partes, corresponde analizar la inobjetada INSTRUMENTAL aportada por la parte reclamante, consistente en: A) Copia simple de los siguientes documentos agregados al expediente: (A.1) Resolución N°86, de fecha 9 de mayo de 2013, agregada de fojas 29 a 46, de fojas 219 a 228 vuelta y también de fojas 230 a 239 vuelta, donde consta que: a) Para el año tributario 2012, la reclamante declaró un impuesto único de 35% por $5.516.348, pagos provisionales mensuales por $157.066.695 y pago provisional por utilidad absorbida por $991.088.365, solicitando una devolución por $1.142.638.712; y, b) Que se le deniega la devolución por $1.142.638.712; (A.2) Formulario 22 AT 2010, agregado de fojas 56 a 62; (A.3) Formulario 22 AT 2011, agregado de fojas 63 a 70; (A.4) Acta de Reunión Directorio Empresas Pizarreño S.A., agregada de fojas 71 a 84, donde consta la revocación y otorgamiento de nuevos poderes a personas que indica; (A.5) Carta respuesta a Citación N°12, de fecha 30.04.2013, agregada de fojas 139 a 145 vuelta; (A.6) Resolución Ex. 17.200 N°219, de 24.08.2012, agregada de fojas 146 a 155 vuelta, donde el SII resuelve: a) No dar lugar a la devolución solicitada para el AT 2009 por concepto de PPUA; b) No dar lugar al saldo a favor solicitado en código 87 del F-22 por $361.137.802; (A.7) Liquidaciones Nos. 142 a 145, de 22.08.2012, agregada de fojas 156 a 178 vuelta, que determinan diferencias para el AT 2010 por la suma Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 21-04-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 342cccf7-4a59-4425-b3c0-59167204ef4b Timbre Electrónico Doscientos cuarenta y siete – 247 total de $1.740.885.972, más recargos legales; (A.8) Oficio de respuesta enviado por el Director de Grandes Contribuyentes, de 01.04.2016, agregado a fojas 194, donde se adjunta una carpeta con datos que indica; B) Copia simple de los siguientes documentos custodiados en la Secretaría del Tribunal bajo el N°30-2016: Carpeta de auditoría que contiene la siguiente información: a) Oficio N°42-2016, sobre remisión de antecedentes al Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero; b) Impresión de extracto publicación Diario Oficial reporte Socio/Sociedad Trans Union; c) Liquidaciones Nos. 2 y 3, de 30.04.2014, por diferencias en impuesto a la renta del AT 2013, por la suma de $735.386.263, más recargos legales; d) Acta de Notificación N°0171-14 / G3, de Resolución N° 57 y Liquidaciones Nos. 2 y 3, todos de fecha 30.04.2014; e) Resolución N° 57/2014, de 30.04.2014, donde consta que el SII resuelve: i) Modificar la pérdida tributaria del AT 2013; ii) Dar lugar a la solicitud de devolución por PPUA para el AT 2013 por $784.288.204; iii) Modificar el código 90 del Formulario 22; y, iv) Modificar el registro de la Renta Líquida Imponible y Fondo de Utilidades Tributables para el AT 2013; f) Carta de respuesta a Citación N°3, de 11.02.2014, referida al Formulario 22 del AT 2013; g) Acta de Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de Duratec S.A.; h) Compraventa de acciones de fecha 20.05.197; i) Modificación de convenio y recibo de 19.06.1987; j) Múltiples correos electrónicos de abril de 2014; k) Acta de Reunión de Directorio Empresas Pizarreño S.A., de fecha 06.11.2012; l) Acta de Notificación N° 52-14/G3, de fecha 12.02.2014, donde consta notificación de Citación N°3, de 11.02.2014; m) Citación N°3,de 11.02.2014, referida al Formulario 22 del AT 2013; n) Notificación N°50883 / DGC N° 0459-13 / G3, de 04.10.2013, mediante la cual se solicitan diversos antecedentes del AT 2013; o) Acta de recepción parcial de documentación, de 23.10.2013, donde consta la entrega de Libros Diario y Mayor año 2012, Determinación de la Renta Líquida Imponible de período 2012, Balance General de 8 Columnas año 2012, Determinación del Capital Propio del período 2011 y 2012, documentos de respaldo de los agregados y deducciones para la Determinación de la RLI período 2011 y 2012, Libro FUT período 2011 y 2012, Otros antecedentes del período 2012; p) Declaración Anual de Renta, Formulario 22 AT 2013; q) Balance General de 8 Columnas año 2012; r) Determinación de la Renta Líquida Imponible al 31.12.2012; s) Determinación del Capital Propio Tributario al 1 de enero de 2012 y 2013; t) Libro FUT al 31.12.2012; u) Certificados sobre situación tributaria de dividendos, donde se certificada que a la reclamante se le distribuyeron dividendos durante el año comercial 2012. II.- EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, POR INCURRIR EN VICIOS QUE ACARREAN SU NULIDAD 10°) Que, para una mejor exposición y análisis del asunto sub judice, en los siguientes considerandos se examinará separadamente cada uno de los vicios que se le impugnan a la resolución reclamada. a) En cuanto a la alegación de la actora que la resolución reclamada fue dictada fuera del plazo que establece el artículo 59 del Código Tributario.- 11°) Que, son hechos no controvertidos en autos, que, con fecha 09.05.2012, la parte reclamante presentó su declaración de impuestos a la renta del año tributario 2012, declarando una pérdida tributaria del ejercicio de $(5.874.067.017) y solicitando una devolución de $1.142.638.712; que, mediante las Notificaciones N°26202, de 19.10.2012; N°0623235, de 20.01.2013; y, N°0623241, de 04.03.2013, el Servicio de Impuestos Internos, le requirió a la parte reclamante documentos y antecedentes; que, con fecha 25.03.2013, a través de la Citación N°16, se requirió a la parte reclamante aclarar o acreditar las partidas citadas; y, que, con fecha 09.05.2013, se emitió la resolución reclamada. 12°) Que el artículo 59, inciso primero del Código Tributario dispone que “Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deberán ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo fatal de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar para los efectos referidos en el artículo 63, liquidar o formular giros.”. Su inciso cuarto agrega que “El Servicio dispondrá de un plazo de doce meses, contado desde la fecha de la solicitud, para fiscalizar y resolver las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas.”. Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 21-04-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 342cccf7-4a59-4425-b3c0-59167204ef4b Timbre Electrónico Doscientos cuarenta y siete vuelta – 247 vta. Por su parte, el artículo 48, inciso primero del Código Civil establece que “Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la República, de los tribunales o juzgados, se entenderán que han de ser completos; y correrán además hasta la medianoche del último día del plazo.”. 13°) Que, en consecuencia, el Servicio de Impuestos Internos ha debido fiscalizar y resolver la solicitud de devolución de la parte reclamante, por concepto de Pago Provisional de Utilidades Absorbidas por Pérdidas Tributarias, dentro del plazo fatal de doce meses, contado desde la fecha de la solicitud respectiva, la cual fue presentada con fecha 9 de mayo de 2012, de modo que dicho plazo comenzó a correr el día 10 de mayo de 2012 y expiró el día 10 de mayo de 2013, de lo que se sigue que la resolución reclamada, emitida y notificada por cédula a la parte reclamante con fecha 9 de mayo de 2013, fue practicada dentro del plazo fatal que el Servicio de Impuestos Internos tenía para fiscalizar y resolver la solicitud de devolución de la parte reclamante, relacionada con absorción de pérdidas, lo que permite descartar la alegación en estudio. b) En cuanto a la alegación de la actora que la resolución reclamada se sustenta en actos administrativos judicialmente impugnados y pendientes de resolver.- 14°) Que la parte reclamante ha alegado que la resolución reclamada adolece de nulidad, por encontrarse sustentada en la Resolución Ex. N°219, de 22/08/2012 y en las Liquidaciones Nos. 142 a 145, de 24/08/2012, todas emitidas por la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, las cuales se encuentran impugnadas judicialmente y pendientes de resolver, sin que dicha parte haya aportado al proceso pruebas para acreditar los hechos que sirven de fundamento a sus alegaciones. 15°) Que el artículo 3°, inciso final de la Ley N°19.880 dispone que “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.”. 16°) Que, conforme a lo razonado y expuesto en los considerandos precedentes, se debe desestimar las alegaciones de la parte reclamante analizadas en este apartado. c) En cuanto a la alegación de la actora que la resolución reclamada carece de motivación suficiente.- 17°) Que, atendida la multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia de la INSTRUMENTAL analizada en el motivo 9°) precedente, se debe tener por establecido que la parte reclamante aportó sólo en forma parcial los antecedentes y documentos que le fueron requeridos por el Servicio de Impuestos Internos para acreditar la correcta determinación de la pérdida tributaria declarada y la procedencia de la devolución solicitada en la Declaración Anual de Impuesto a la Renta del año tributario 2012. Además, atendida la gravedad y precisión de la resolución reclamada –examinada en el motivo 1°) de esta sentencia–, se debe tener por establecido que dicha resolución contiene la expresión formal y explícita de los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que la justifican, lo que ha permitido a la parte reclamante tomar adecuado conocimiento de esos antecedentes y fundamentos, interponer en tiempo y forma su reclamo tributario en contra de la misma y hacer valer diversas alegaciones y aportar pruebas destinadas a desvirtuarla. Asimismo, según se desprende del tenor de lo expuesto por las partes y del mérito de la INSTRUMENTAL analizada en el motivo 9°), es un hecho de la causa que el Servicio de Impuestos requirió antecedentes a la reclamante, a través de tres notificaciones y, luego, mediante la Citación N°12, de 25 de marzo de 2013, a fin de acreditar la correcta determinación de la pérdida tributaria declarada en Formulario 22 del año tributario 2012 y la procedencia de la devolución solicitada y que la reclamante dio respuesta a tales requerimientos y citación, en este último caso con fecha 30 de abril de 2013, según consta en la carta de respuesta examinada en el motivo 9°) literal (A.5). Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 21-04-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 342cccf7-4a59-4425-b3c0-59167204ef4b Timbre Electrónico Doscientos cuarenta y ocho – 248 18°) Que, atendido que la fundamentación o motivación tiene la triple finalidad de dar cumplimiento al principio de transparencia y publicidad del procedimiento administrativo, permitir la adecuada defensa de los derechos del administrado y hacer posible la revisión jurisdiccional del acto administrativo, ella debe ser suficiente para dar cuenta y explicar las razones de hecho y de derecho que justifiquen la decisión, por lo que su extensión estará en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que se requiera, lo que implica que puede ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias y exhaustivas consideraciones, cuando no son necesarias ante la simplicidad del asunto que se plantea y resuelve. 19°) Que, a juicio de esta magistratura, la resolución reclamada cumple con la exigencia legal de contener una fundamentación o motivación suficiente, vale decir, la expresión formal y explícita de los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que la justifican, lo que permite desestimar la alegación que se analiza. d) En cuanto a las alegaciones de la actora que se encuentran acreditados los ítems 1, 2, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Referencia 1, los ítems 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20 y 21 de la Referencia 2, la Referencia 3 y la Referencia 4.- 20°) Que la actora ha señalado en su reclamo que durante el curso del juicio aportará los antecedentes y documentos que permiten desvirtuar las partidas o referencias reclamadas. Sin embargo, la prueba efectivamente aportada al proceso por dicha parte, que ya fue mencionada en el considerando 5°), no permite sustentar sus alegaciones sobre la materia de fondo, por lo que necesariamente se debe tener por no desvirtuadas las partidas o referencias de la resolución impugnada que fueron reclamadas. III.- EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN SOLICITADA 21°) Que, sin perjuicio que la parte reclamante debió acreditar ante el Servicio de Impuestos Internos, durante la etapa de fiscalización respectiva, la correcta determinación de su pérdida tributaria y la procedencia de la devolución solicitada, según se desprende del tenor de lo expuesto por la parte reclamante en su libelo de lo principal de fojas 1 y del mérito de los documentos acompañados al proceso por dicha parte, resulta manifiesto que esos antecedentes son insuficientes para explicar y acreditar en esta instancia jurisdiccional la correcta determinación de tal pérdida tributaria y el derecho a la devolución solicitada en su declaración de impuestos a la renta del año tributario 2012. En efecto, la parte reclamante ha solicitado en su libelo de fojas 1 dar lugar a la devolución del saldo a favor por $1.142.638.712, solicitada en su declaración anual de impuestos a la renta del año tributario 2012, explicando que corresponde a un exceso de pagos provisionales mensuales (PPM) por $157.066.695 y de pago provisional por utilidad absorbida (PPUA) por $991.088.365, con respecto al impuesto único del artículo 21 de la Ley de Impuesto sobre la Renta por $5.516.348 determinado para el AT 2012, sin que dicha parte haya aportado al proceso su declaración anual de impuesto a la renta del año tributario 2012, donde debería constar su solicitud de devolución y la composición de la misma. Además, la parte reclamante no ha aportado al proceso los Formularios 29 u otros antecedentes que acrediten la efectividad de haber enterado en arcas fiscales los PPM que forman parte de la devolución solicitada. Adicionalmente, en relación a aquella parte de la devolución que corresponde a PPUA, dicha parte no acompañó al proceso el Libro FUT, ni la determinación de su Renta Líquida Imponible negativa, que ha debido servir de antecedente para determinar el saldo final del FUT, así como la procedencia y monto del PPUA. En cuanto al resultado contable del ejercicio comercial 2011 –que constituye el punto de partida para la determinación del resultado tributario del AT 2012–, la actora no ha aportado al proceso un Balance General, acompañado de la documentación de respaldo correspondiente, que acrediten dicho resultado contable. En cuanto al resultado tributario del AT 2012, la actora tampoco ha aportado al proceso la determinación de su Renta Líquida Imponible, un análisis de sus distintos ajustes (agregados y deducciones) y los documentos o antecedentes que sirven de respaldo a tales ajustes, por lo que no ha acreditado la Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 21-04-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 342cccf7-4a59-4425-b3c0-59167204ef4b Timbre Electrónico Doscientos cuarenta y ocho vuelta – 248 vta. existencia y monto de la pérdida tributaria del ejercicio, que daría lugar a la devolución de PPM y que, adicionalmente, permitiría absorber las utilidades tributarias acumuladas o retenidas de ejercicios anteriores registradas en su FUT, dando lugar a la devolución del PPUA. 22°) Que, de acuerdo a lo expuesto, la parte reclamante no ha acreditado en esta instancia la pérdida tributaria declarada y la procedencia de la devolución solicitada por concepto de PPM y PPUA, conclusión a la que se ha llegado teniendo además presente que la actora no ha impugnado todas las partidas o referencias de la resolución reclamada, lo que inmediatamente permite descartar el derecho a la devolución total solicitada. VI.- CUESTIONES FINALES 23°) Que la demás prueba rendida y no mencionada expresamente en los motivos precedentes, en nada altera la decisión del asunto sub-lite. 24°) Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas a la parte reclamante, por haber sido totalmente vencida y no existir fundamentos para eximirla de ellas. Del mérito de las consideraciones precedentes, normas legales citadas y visto además lo dispuesto en 19 N°3 de la Constitución Política; los artículos 8°, 11 inciso segundo, 16 inciso primero y 41 inciso cuarto de la Ley N°19.880; los artículos 29 a 33, 96 y 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta; los artículos 21, 59, 115, 124, 131 bis, 132, 144 y 148 del Código Tributario; los artículos 3°, 144, 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil; y, el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Forma de las Sentencias, SE RESUELVE: I.- Que se rechaza íntegramente el reclamo interpuesto en lo principal de fojas 1, por don Christian Aste Mejías, RUT N°10.823.135-1, en representación de EMPRESAS PIZARREÑO S.A., RUT N°90.707.000-K, en contra de la Res. Ex. 17.200 N°86/2013, emitida con fecha 9 de mayo de 2013, por la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, confirmándose ésta. II.- Que el Señor Director de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos dispondrá el cumplimiento administrativo de lo resuelto precedentemente. III.- Que se condena en costas a la parte reclamante. ANÓTESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE EN SU OPORTUNIDAD, dejando los testimonios que resulten procedentes. NOTIFÍQUESE la presente resolución a la parte reclamada, mediante su publicación en el sitio de Internet del Tribunal, y a la parte reclamante, mediante carta certificada remitida al domicilio registrado en autos para tales efectos, y dese aviso a las direcciones de correos electrónicos registradas, de conformidad a lo establecido en el artículo 131 bis del Código Tributario. Proveyó don Miguel Massone Pardo, Juez Titular del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autoriza don Cristhián Navarrete Cottet, Secretario Titular del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Miguel Andrés Massone Pardo Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal R. Metropolitana. Cuarto Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 21-04-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 342cccf7-4a59-4425-b3c0-59167204ef4b Timbre Electrónico 2017-04-21T13:58:10-0300 ATTA SACTA