Reclamo tributario: liquidación

1 “FARÍAS GONZALEZ CON SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO PONIENTE” RIT: GR-15-00060-2016 RUC: 16-9-0000639-3 Santiago, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. I. VISTOS. Contenido y Diligencias del Proceso. Uno. A fojas 1 el 8 de julio de 2016, MARÍA PAZ FARÍAS GONZÁLEZ, secretaria ejecutiva, cédula de Identidad N° 14.448.820-2, con domicilio en Hermanos Wright 183, Maipú, representada en estos autos por doña Alejandra Pérez Andueza, cédula de identidad N° 8.454.346-2, con domicilio en Catedral N° 1009 oficina 604, Santiago, en adelante la contribuyente o la reclamante, reclama en contra de los siguientes actos administrativos del Servicio de Impuestos Internos (en adelante el Servicio, la Administración o el reclamado): Liquidación 314109000269 de 21 de marzo de 2016 de la Dirección Regional Santiago Poniente. Dos. El 19 de julio de 2016 a fojas 17 la reclamante complementa el reclamo. Tres. El 19 de agosto de 2016 a fojas 24, el Servicio responde el reclamo. Cuatro. El 30 de marzo de 2017 a fojas 38, se recibe la causa a prueba, la cual, luego de los recursos de reposición de las partes, rechazados y la confirmación de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, es del siguiente tenor: Acredítese el origen de los fondos con que la reclamante efectuó inversiones por el monto de $315 millones. Cinco. El 23 de mayo de 2017 a fojas 68 se realiza la audiencia testimonial. Seis. El 7 de marzo de 2017 a fojas 396, el Servicio presenta consideraciones para que el Tribunal tenga presente al momento de fallar. Siete. El 23 de enero de 2018 a fojas 92, el Tribunal resuelve Autos para Fallo. II. FASE DE DISCUSIÓN. A. Reclamo. a) Aplicación del artículo 59 del Código Tributario El 21 de junio de 2013, el Servicio requirió antecedentes a la contribuyente. La contadora Nelly Fuentes Gallardo, encargada de la tributación de la reclamante acompañó documentación al Servicio, fruto de lo cual se modificaciones a las observaciones efectuadas, con lo cual el tema estaba resuelto, mientras corría el plazo de nueve meses que señala el artículo 59, para que el Servicio pudiera seguir fiscalizando y adoptara alguna acción. El Servicio citó transcurridos más de dos años, afectando el derecho de la contribuyente. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 24-01-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9a9afbe9-5edd-4bd1-85c2-995d161ffbb0 Timbre Electrónico 2 b) Justificación de las inversiones y gastos De acuerdo al Servicio, las diferencias existentes de los ingresos con la declaración de impuestos del AT 2013, se presume como rentas, de acuerdo a los artículos 70 y 71 de la Ley de la Renta, por carecer, las referidas diferencias, de una justificación. Venta de mobiliario de casa habitación Bienes antiguos y de gran valor más un cuadro vendido por $15.000.000. Mera tenencia de otros ingresos La reclamante mantuvo $250.000.000 en forma transitoria o fiduciaria, los que se invirtieron para una mejor administración, pero que no eran de su propiedad. Afirma la reclamante que, si hubiese contado con los dichos fondos, no habría solicitado créditos de consumo, en forma posterior, lo que demuestra su escasa capacidad económica. Contrato de promesa de compraventa El año 2012, por el inmueble ubicado en calle 2 Poniente, N° 28 Departamento 32, Viña del Mar, la reclamante celebró una promesa de compraventa, adelantando $50.000.000, lo que no constituye un ingreso tributable, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de La Renta, porque aún no se celebra el contrato definitivo. Finalmente, la reclamante alega la inaplicabilidad constitucional del artículo 70 de la Ley de la Renta, por ser aplicada en forma abusiva, afectando los derechos establecidos en los números, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, al fijar impuestos en forma desproporcionada a su patrimonio, cobrando cantidades abusivas. Como se ha dicho, aquí no hay dineros clandestinos, todos los fondos y gastos tiene una existencia real y un posible error, no puede considerarse como una evasión de impuestos, considerando que todos los movimientos fueron efectuados en el sistema bancario, dentro del sistema formal, demostrando que no se ha tenido ninguna intención de ocultar movimientos de dinero. c) Por lo tanto, la reclamante solicita: 1. Se declare la improcedencia de la liquidación. 2. En subsidio, que se rebaje al monto que el Tribunal determine en derecho. B. Respuesta del Reclamo. Existiendo inconsistencias entre la información sobre las inversiones declaradas por la reclamante y aquella que poseía el Servicio, el Servicio envió Carta de Aviso, ante la cual la reclamante no asistió, por lo cual el Servicio la citó. Al no dar respuesta a la Citación, se emitió la Liquidación. Por ende, de acuerdo a los artículos 70 y 71 de la Ley de la Renta, las rentas determinadas se considerarán retiradas al término del ejercicio. Además, por tener como actividad Secretaria Ejecutiva, sus incrementos de capital corresponden a ingresos de Segunda Categoría y en consecuencia los gastos, desembolsos e inversiones cuyos fondos no han sido justificados por ésta, quedarán afectos a los imputados de Segunda Categoría y Global Complementario. a) Falta de justificación de inversiones, gastos o desembolsos. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 24-01-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9a9afbe9-5edd-4bd1-85c2-995d161ffbb0 Timbre Electrónico 3 La contribuyente no reclama de todo el monto de las inversiones, gastos y/o desembolsos determinados en la Liquidación reclamada, que asciende a $474.247.697, sino que presuntivamente indica que sería posible justificar $315.000 .000, por lo que la diferencia de $159.247.697 no ha sido reclamada por la contribuyente. Que, respecto al origen de los fondos para justificar las inversiones que la reclamante señala, señala el Servicio que: Venta de mobiliario de casa habitación Nada ha justificado toda vez que no hace referencia a contrato de compraventa alguno, no precisa fecha, partes del contrato, no hace referencia a documentos o antecedentes que acrediten sus dichos, no indica qué inversión(es) justificaría con dichos dineros, es decir, no justifica ni acredita nada respecto a dicha inversión, desembolso o gasto. Mera tenencia de otros ingresos No justifica ni acredita con documentos o antecedente alguno el supuesto mandato, no precisa partes del contrato, fecha, no acredita el traspaso de tan elevada suma de dinero de un tercero a ella ni menos hace referencia ni prueba la devolución de tales dineros que habría recibido, según dice como mero tenedor, por lo que no justifica ni acredita nada respecto a dicha inversión, desembolso o gasto. Contrato de promesa de compraventa Aquí no se está determinando un impuesto sobre la supuesta venta de dichos bienes, nada ha justificado toda vez que no hace referencia a contrato de promesa alguno, más aun considerando la elevada suma y que se trata de una promesa de un bien inmueble, por lo tanto en nuestro derecho es un contrato solemne que debe ser celebrado por escritura pública, según lo establecen los artículos 1554 y 1801y siguientes todos del Código Civil, además no precisa fecha, partes del contrato, no hace referencia a documentos o antecedentes que acrediten sus dichos, no indica qué inversión(es) justificaría con dichos dineros, es decir, no justifica ni acredita nada respecto a dicha inversión, desembolso o gasto. b) Objeto del presente juicio El Servicio precisa que la reclamante está confundida, por cuanto la Liquidación reclamada no está determinando un impuesto por la venta de bienes que forman parte del mobiliario de la casa habitación de la reclamante, ni sobre los dineros depositados en su cuenta corriente por terceros como mero tenedor, ni sobre la promesa de venta de un bien inmueble, como pretende la reclamante, sino la disconformidad entre los ingresos declarados en la respectiva Declaración de Impuesto a la Renta AT 2013 de la contribuyente y los ingresos que registra en los sistemas de este Servicio, resultando innecesario que la reclamante acredite el origen o la causa de dichos incrementos de capital, por cuanto los ingresos que declaró no dicen relación alguna con la información que este Servicio registra respecto a sus inversiones, desembolsos o gastos, motivo de la Carta de Aviso y Citación, frente a las cuales la reclamante sólo mantuvo una constante inactividad. El objeto del presente juicio es justificar el origen de los fondos con que la reclamante realizó determinadas inversiones, y no establecer si dichas inversiones deben tributar Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 24-01-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9a9afbe9-5edd-4bd1-85c2-995d161ffbb0 Timbre Electrónico 4 posteriormente según el acto de que se realice con ellas. como indica la reclamante respecto al contrato de promesa de un bien inmueble. En este sentido, el fallo Rol 65-2015 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago: 15°: "Que, bajo el paradigma probatorio normado, en concepto de esta Corte, que una persona entregue a otra (la reclamante) una suma millonaria (ciento setenta y cinco millones de pesos y un poco más) para la adquisición de un bien inmueble a nombre del tercero, sin expresión de causa, contraría el sentido común- o máxima de experiencia - según el cual, independiente de la sociedad y cultura, ha de existir correspondencia en las relaciones jurídicas y/o comerciales, ya sea por interés económico conmutativo (mutuo) o mera liberalidad (donación ), aspectos no acreditados por la contribuyente, debiendo haberlo hecho, por recaer sobre ella el onus probandi, conforme lo prevenido en el artículo 70 de la Ley de la Renta”. Las inversiones, desembolsos o gastos que dicen relación con la Liquidación reclamada se refieren a sumas altísimas que determinaron una base imponible de $474.247.697. La reclamante tiene como actividad secretaria ejecutiva, lo cual contraría el sentido común o la máxima de la experiencia, según el cual, como correctamente establece el fallo citado, es un razonamiento lógico independiente de la sociedad y cultura, lo cual no fue justificado. La reclamante no hace referencia alguna respecto a las inversiones, desembolsos o gastos descritos en la liquidación, así como tampoco controvierte ni desacredita ninguna de las inversiones señaladas. Por ende, establecida la existencia de inversiones, gastos o desembolsos efectuados por la contribuyente, corresponde a la reclamante, para liberarse de una determinación de impuestos, acreditar que los fondos con los cuales efectuó tales inversiones, gastos o desembolsos, provienen de rentas que ya pagaron los impuestos correspondientes, rentas exentas, rentas efectivas superiores a las presumidas de derecho o ingresos no constitutivos de renta. Por lo cual, si la contribuyente no prueba la existencia de las rentas o ingresos señalados precedentemente o si el monto probado es inferior a lo presumido, resultará una suma afecta a impuestos que dará origen a la liquidación de impuestos respectiva. c) En cuanto al plazo fatal del artículo 59 del Código Tributario y la fiscalización Si bien la norma establece un plazo de nueve meses, este se refiere a aquellos casos en que se ejerce la acción fiscalizadora y la contribuyente cumple con presentar al Servicio todos los antecedentes solicitados, mediante certificado del fiscalizador. Como ya se dijo, la contribuyente no aportó antecedente alguno al Servicio. Por ende, no opera el plazo de nueve meses sino solo el plazo de 3 años de prescripción del artículo 200 del Código Tributario. d) Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 70 de la Ley de la Renta. Los presupuestos de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad son los siguientes: a) Debe tratarse de la inconstitucionalidad de un precepto de rango legal; b) La referida norma debe haber sido declarada previamente inaplicable por sentencia; c) El proceso de inconstitucionalidad debe haberse iniciado por el ejercicio de una acción pública acogida a tramitación por el Tribunal Constitucional y d) Debe abrirse proceso sustanciándose y dictándose la correspondiente sentencia. Así se ha señalado en todas las sentencias de Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 24-01-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9a9afbe9-5edd-4bd1-85c2-995d161ffbb0 Timbre Electrónico 5 inconstitucionalidad (Roles 681-06, 1345-09, y 1254-08, previas a las modificaciones de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional y rol N° 1710-10). En autos no se cumplen los requisitos para la declaración de inconstitucional, pues este Tribunal Tributario y Aduanero es incompetente para efectuar tal declaración y por corresponder a otro procedimiento su conocimiento y resolución. De modo tal que no existirá pronunciamiento a su respecto, debiendo recurrirse ante quien corresponda. e) Carga de la prueba En justificación de inversiones, hay normas especiales la carga de la prueba. Además, las inversiones se encuentran probadas y la reclamante no controvierte su existencia, por lo que corresponde la aplicación de los artículos 70 y 71, en cuanto a que, si la contribuyente no acredita el origen de los fondos con que efectuó sus gastos, desembolsos o inversiones se presume que corresponden a utilidades afectas al impuesto de Primera o Segunda categoría, según corresponda atendida la actividad principal de la contribuyente. f) Inadmisibilidad probatoria. El Servicio solicita la inadmisibilidad probatoria de documentos que no fueron acompañados en la etapa de fiscalización, en virtud del artículo 132 incisos 11 y 12 del Código Tributario. Por lo tanto: El Servicio solicita el rechazo del reclamo, inadmisibilidad probatoria y condena en costas. III. CONSIDERANDO. Primero. Hechos del reclamo: a) Las inversiones que el Servicio cuestiona en las liquidaciones con: i. Inversiones en 2 bienes raíces. ii. Inversiones en 2 vehículos. iii. Inversiones en 2 fondos mutuos. iv. 11 compras de moneda extranjera, desde los US$10.000. b) La suma de estas inversiones, de acuerdo al agregado que el Servicio realiza en la liquidación, es de $474.247.697. c) La reclamante identifica, como monto de la discusión, la cifra de $313.360.565, que es el monto a pagar de impuestos más multas e intereses. Segundo. En virtud de los hechos anteriores, la causa se puede resumir en la discusión de: a) Justificación de las inversiones señaladas en el anexo de la liquidación. b) Acreditación de obtención de sumas de dinero por parte de la reclamante. c) Inaplicabilidad del artículo 70 de la Ley de la Renta. Este será el orden que seguirá la sentencia. A. Justificación de las inversiones señaladas en el anexo de la liquidación. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 24-01-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9a9afbe9-5edd-4bd1-85c2-995d161ffbb0 Timbre Electrónico 6 Tercero. En primer lugar, es necesario indicar que la reclamante no se hace cargo de manera especial de ninguna de las inversiones o gastos señalados en el anexo de la liquidación. Solamente señala que, de la suma liquidada total, tiene como demostrar la obtención de 315 millones de pesos. Cuarto. Esto es especialmente llamativo, como se verá a continuación, porque la reclamante no señala nada referente a las inversiones en fondos mutuos, que forman la mayor parte de las inversiones liquidadas, centrándose principalmente en las inversiones en dólares. B. Acreditación de obtención de sumas de dinero por parte de la reclamante. Quinto. La reclamante explica de manera sucinta la manera en que obtuvo ciertos montos de dinero. Así, indica que “Los valores indicados por el SII como inversiones, gastos y/o desembolsos de fondos sin justificación de origen, corresponden en gran parte a ingresos no renta, por venta de algunos bienes que formaban parte del mobiliario de mi cada habitación…; “…otros ingresos correspondientes a $250.000.000 los que mantuve en forma transitoria o fiduciaria, como mero tenedor de ellos, que se invirtieron para una mejor administración, pero que no eran de mi propiedad…; Asimismo, celebré un contrato de compraventa, el año 2012, por el inmueble de ubicado en calle 2 Poniente N° 28, departamento 32, Viña del Mar, en que se efectuó un adelanto del precio por $50.000.000, los que no constituyen un ingreso tributable; Sexto. Respecto a las 3 alegaciones, la reclamante presenta solamente dos medios probatorios: la declaración, en audiencia testimonial (fojas 68), de la testigo Teresa Escobar Machuca, contadora de la reclamante, desde hace 7 años, según sus propios dichos y la declaración jurada de James Fraser Ormazábal (fojas 71). Séptimo. De acuerdo a ambas declaraciones, la reclamante a) Obtuvo alrededor de 15 millones de pesos por la venta de cosas de su casa. b) Recibía dinero de don James Fraser Ormazábal, con el fin de comprar dólares para él. Se indica que los montos eran de 15 o 30 mil dólares, y ocurrieron entre 8 y 10 veces el año 2012. c) Manifestó la intención de vender una propiedad de Maipú, pero la testigo ignora si se realizó tal compraventa. Octavo. De lo expuesto, esta judicatura estima que la obtención de 15 millones no está suficientemente acreditada, ya que se cuenta solo con un testimonio, parcial e impreciso, que solo da cuenta de comentarios que le hace la reclamante. La testigo no presenció la venta o subasta del mobiliario e incluso ignora la ubicación del inmueble. Noveno. La recepción de dineros de parte de don James Fraser tampoco se acredita, ya que se cuenta solo con un testimonio, parcial e impreciso. que además hace referencia al año tributario 2012, no al 2013 objeto de la liquidación. La declaración del mismo señor Fraser tampoco es suficiente para demostrar que la reclamante recibió, de su parte, 250 Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 24-01-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9a9afbe9-5edd-4bd1-85c2-995d161ffbb0 Timbre Electrónico 7 millones de pesos. No deja de sorprender al Tribunal que la reclamante no haya presentado documentación bancaria- prueba bastante común en esta sede- para demostrar, al menos, que recibió tal dinero. Décimo. A lo anterior debe añadirse que tampoco se ha comprobado el mandato gratuito entre el señor Fraser y la reclamante, para que esta invirtiera en dólares. Undécimo. Finalmente, los 250 millones de pesos que la reclamante dice haber recibido, no coinciden con el monto liquidado, puesto que la cantidad invertida en dicha moneda equivaldría, aproximadamente, a la mitad de los 250 millones, con lo cual se devela una nueva inconsistencia argumentativa del reclamo. Duodécimo. Finalmente, acerca del manejo de grandes cifras en efectivo, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha fallado lo siguiente en la causa Rol 65-2015: Quinto: Que, bajo el paradigma probatorio normado sana crítica), en concepto de esta Corte, que una persona (Viviana Abu-Gosch) entregue a otra (Graciela González, la reclamante) una suma millonaria (ciento setenta y cinco millones de pesos y un poco más) para la adquisición de un bien inmueble a nombre del tercero, sin expresión de causa, contraría el sentido común– o máxima de experiencia- según el cual, independiente de la sociedad y cultura, ha de existir correspondencia en las relaciones jurídicas y/o comerciales, ya sea por interés económico conmutativo (mutuo) o mera liberalidad (donación), aspectos no acreditados por la contribuyente, debiendo haberlo hecho, por recaer sobre ella el onus probandi, conforme lo prevenido en el artículo 70 de la Ley de la Renta. Sexto: Que, al no haber aportado elementos de convicción para superar la omisión anotada se presume que su patrimonio se ha incrementado en dicho monto y debe tributar conforme al giro que registra en el Servicio de Impuestos Internos, consignado en el considerando Séptimo de la impugnada sentencia. Decimotercero. Sobre los 50 millones de pesos recibidos por la promesa de compraventa de un departamento en Viña del Mar, la reclamante no ofrece prueba alguna. Es más, la testigo solamente indica que la reclamante le había comentado que vendería una de sus propiedades, de Maipú, pero no recuerda si alcanzó a venderla. También desconoce su ubicación. Decimocuarto. Como comentario general respecto al reclamo, se indica que todos los movimientos por los que el Servicio liquida, fueron efectuados en el sistema bancario, sin indicar cuáles, ni por cuánto ni cuándo y sin presentar prueba alguna e incluso siendo contradicha por el señor Fraser, que dijo “pasar por mano” los millones para las inversiones en dólares. Decimoquinto. Respecto a la acreditación de ingresos en materia de justificación de inversiones, la Corte Suprema, en la causa Rol 7219-13, citada en la causa de este Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, RIT GR-15-00225-2014, se indicó lo siguiente: “Que, en lo tocante a este punto, de la prueba rendida ha quedado claramente justificado que el contribuyente no ha logrado demostrar en forma fehaciente la percepción de los dineros provenientes del préstamo y de los aportes efectuados Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 24-01-2018. 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Cabe notar además que, siendo la contabilidad, un antecedente tan relevante en las causas tributarias, no se acompañó en autos antecedente contable alguno, ni de Inmobiliaria San Fernando que como gestora del contrato de asociación o cuenta en participación, resultaba relevante tener a la vista. Decimoséptimo. De la escasa prueba rendida en conjunto con la aplicación de las respectivas normas legales, se concluye que las alegaciones de la reclamante no están en absoluto acreditadas. Decimoctavo. Apreciados en su conjunto el reclamo interpuesto, la liquidación reclamada, el traslado evacuado por el Servicio de Impuestos Internos, las alegaciones hechas valer, la documentación aportada, y el testimonio de una sola testigo y solo un documento, la declaración jurada, en conjunto, analizada su coherencia, razonabilidad y plausibilidad, este sentenciador concluye que no se acredita el origen de los fondos con que se adquirieron las inversiones que el Servicio de Impuestos Internos solicitó le fueran justificadas. C. En cuanto al plazo fatal del artículo 59 del Código Tributario y la fiscalización Decimonoveno. La reclamante solo menciona el transcurso del tiempo, sin indicar los efectos jurídicos correspondientes a esa circunstancia. Sin embargo, a esta escueta explicación no acompaña comprobante alguno que permita al Tribunal tener por acreditado que el Servicio, efectivamente, solicitó todos los antecedentes solicitados, lo cual suele hacerse mediante certificado del fiscalizador. Como ya se dijo, la contribuyente no aportó antecedente alguno al Servicio. Por ende, tal como lo indicó el reclamado, no opera el plazo de nueve meses sino solo el plazo de 3 años de prescripción del artículo 200 del Código Tributario. D. Inaplicabilidad del artículo 70 de la Ley de la Renta. Vigésimo. Que, previo al análisis de la normativa aplicable en materia de justificación de inversiones, cabe hacer mención de lo que nuestro legislador tributario entiende por renta, la que se encuentra definida por el N° 1 del artículo 2 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta. Dispone la citada norma que: “Artículo 2°. Para los efectos de la presente ley se aplicarán, en lo que no sean contrarias a ella, las definiciones establecidas en el Código Tributario y, además, salvo que la naturaleza del texto implique otro significado, se entenderá: 1° Por “renta”, los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 24-01-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9a9afbe9-5edd-4bd1-85c2-995d161ffbb0 Timbre Electrónico 9 se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. (…)” Vigésimo primero. Que, expuesto lo anterior corresponde ahora analizar las normas aplicables a la materia de autos, esto es, la Justificación de Inversiones. En este orden de ideas encontramos en primer lugar al artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el que dispone que: “Artículo 70°. Se presume que toda persona disfruta de una renta a lo menos equivalente a sus gastos de vida y de las personas que viven a sus expensas. Si el interesado no probare el origen de los fondos con que ha efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones, se presumirá que corresponden a utilidades afectas al impuesto de Primera Categoría, según el N° 3 del artículo 20 o clasificadas en la Segunda Categoría conforme al N° 2 del artículo 42, atendiendo a la actividad principal del contribuyente. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad completa, podrán acreditar el origen de dichos fondos por todos los medios de prueba que establece la ley.” Vigésimo segundo. Que en esta parte tampoco se dará lugar al reclamo, ya que, de partida, el reclamo no indica de qué modo se cumplen los requisitos legales para que el Tribunal deje de aplicar el artículo indicado y mucho menos ha acreditado dicha circunstancia. E. Inadmisibilidad probatoria Vigésimo tercero. El Servicio menciona la inadmisibilidad probatoria en su reclamo, pero a la vez también señala que la reclamante no había presentado ninguno de los documentos solicitados en la citación. Vigésimo cuarto. A lo largo del juicio, la reclamante tampoco presentó la documentación que el Servicio temía fuera presentada, por lo cual tampoco se volvió a hacer mención del asunto. Vigésimo quinto. En definitiva, no procede que el Tribunal se pronuncie, puesto que no se ha solicitado que sea decretado, como inadmisible, documento alguno. F. COSTAS. Vigésimo sexto. En vista de lo considerado anteriormente, la reclamante ha sido vencida totalmente y no se aprecia motivo plausible para litigar. Vigésimo séptimo. Por lo tanto, se condena en costas a la reclamante, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los artículos 2 y 148 del Código Tributario. G. CONCLUSIÓN Vigésimo octavo. Vistos los antecedentes de hecho señalados, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica y lo dispuesto en los artículos 2, 21, 124, 132 y 200 del Código Tributario; artículos 42 y 70 de la Ley de Impuesto a la Renta, Circular N° 8 del año 2000 del SII, artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, auto acordado sobre forma Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 24-01-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9a9afbe9-5edd-4bd1-85c2-995d161ffbb0 Timbre Electrónico 10 de las sentencias, doctrinas y principios esbozados y demás antecedentes considerados y leyes pertinentes, IV. SE RESUELVE: I.- NO HA LUGAR AL RECLAMO. En consecuencia, se confirma la Liquidación 314109000269 de 21 de marzo de 2016 de la Dirección Regional Santiago Poniente. II.- SE CONDENA EN COSTAS AL RECLAMANTE, por no haber tenido motivo plausible para litigar. ANÓTESE, REGÍSTRESE y en su oportunidad ARCHÍVESE. Notifíquese la presente resolución al reclamante por carta certificada, y publíquese en forma íntegra en el sitio de Internet de este Tribunal. Dese aviso a los correos electrónicos registrados en el proceso. Déjese testimonio en el expediente. Proveyó don LUIS ALFONSO PÉREZ MANRÍQUEZ, Juez Titular del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autoriza don JAVIER ALARCÓN ROJAS, Secretario (S) del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. “FARÍAS GONZALEZ CON SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO PONIENTE” RIT: GR-15-00060-2016 RUC: 16-9-0000639-3 Luis Alfonso Pérez Manríquez Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal R. Metropolitana. Primero Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 24-01-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 9a9afbe9-5edd-4bd1-85c2-995d161ffbb0 Timbre Electrónico 2018-01-24T09:51:00-0300 FEA