Dictamen N° OF209982, de 4 de noviembre de 2026

I. Antecedentes

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) consulta sobre la aplicación del artículo 33 de la ley N° 21.080 a la contratación de servicios de corretaje inmobiliario en el exterior para la enajenación de inmuebles fiscales mediante venta directa.

Requeridos sus informes, el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) y la Dirección de Presupuestos (DIPRES) manifiestan sus consideraciones acerca del asunto planteado.

II. Fundamento jurídico

Sobre el particular, el decreto ley N° 1.939, de 1977 -que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado-, dispone en su artículo 1°, inciso primero, que el Presidente de la República ejercerá las facultades de adquisición, administración y disposición sobre los bienes del Estado o fiscales por intermedio del ahora MBN, sin perjuicio de las excepciones legales. Según su artículo 3° le corresponderá a éste formar y conservar el catastro de los bienes raíces de propiedad fiscal y de todas las entidades del Estado.

En ese contexto, el artículo 1° del decreto ley N° 965, de 1975, determina que la tuición y administración de los bienes del Estado ubicados en el extranjero, que sirvan de sede a misiones diplomáticas y consulares de Chile se ejercerán a través del MINREL.

Agrega su artículo 2°, inciso primero, que la adquisición y enajenación de dichos bienes se efectuarán mediante decreto supremo de dicha cartera, el que deberá ser firmado además, por el Ministro de Hacienda. Su inciso segundo precisa que “Las cantidades que en cada caso se obtengan ingresarán al presupuesto de capital de dicha Secretaría de Estado y se destinarán a los fines señalados en el artículo 1°”.

Por su parte, cabe anotar que el artículo 8°, inciso primero, del decreto ley N° 1.056, de 1975, permite la enajenación de toda clase de activos, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, del Fisco, que no sean imprescindibles para el cumplimiento de los fines de la entidad respectiva. El inciso segundo añade que tales ventas serán dispuestas por resolución del jefe superior del organismo correspondiente, previa autorización del ministerio del ramo. Tratándose de la enajenación de bienes inmuebles fiscales se requerirá de la autorización previa del Ministro de Hacienda.

Luego, el inciso primero de su artículo 9° establece que aquellas enajenaciones deben hacerse a título oneroso y en subasta pública o llamándose a propuesta pública, requisito que puede eliminarse con las formalidades que indica su artículo 14.

Su artículo 11 consigna que, en caso de hacer uso de la autorización contenida en su artículo 8°, “no se aplicará a las respectivas enajenaciones ninguna disposición legal o reglamentaria que establezca modalidades o procedimientos distintos a los indicados en este párrafo, ya sea respecto de las enajenaciones mismas o del destino del producto de ellas”.

Enseguida, el artículo 14 preceptúa que “Por decreto supremo fundado del Ministerio de Hacienda, el que deberá llevar además la firma del Ministro del ramo respectivo, podrá eliminarse el requisito de subasta o propuesta pública para la enajenación de determinados bienes y se fijará el procedimiento y modalidades a que deberá ajustarse la enajenación pertinente. Por último, el artículo 16 señala que “El producto de las enajenaciones de bienes muebles constituirá ingreso propio del servicio”.

En otro orden de ideas, el artículo 33 de la ley N° 21.080 dispone que a los contratos administrativos que el MINREL y sus servicios dependientes y relacionados celebren con personas naturales o jurídicas extranjeras o con chilenos residentes en el exterior, que deban ejecutarse fuera del territorio nacional -tales como contratos de suministro de bienes muebles, de prestación de servicios o de ejecución de acciones de apoyo-, no les será aplicable la obligación de utilizar en los procesos de compras el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración y la de contratar con personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el registro de proveedores, a los cuales se refiere la ley N° 19.886 y su reglamento, pero deberán presentarse como mínimo tres cotizaciones de diferentes proveedores, salvo en los casos del artículo 8°, inciso final, de ese texto legal o que el monto de la contratación sea inferior al ahí indicado.

Añade que “En los contratos administrativos que se celebren en el exterior deberán resguardarse debidamente los principios de eficiencia, transparencia, publicidad, impugnabilidad, igualdad y no discriminación arbitraria, y deberán considerarse, entre otros, los factores idiomáticos, culturales y de orden jurídico existentes en el exterior”.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la reiterada jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora -contenida, entre otros, en su dictamen N° E14387, de 2025- ha determinado que, considerando el principio de especialidad de las normas jurídicas, las disposiciones que regulan situaciones específicas priman sobre aquellas de carácter genérico.

III. Análisis y conclusión

1. Sobre enajenación de inmuebles del Estado en el exterior, normativa aplicable y destino de los recursos

Como se puede advertir de las normas anotadas, el legislador, en general, entregó la disposición de los bienes del Estado o fiscales al MBN, lo cual es sin perjuicio de las excepciones legales vigentes, como sería el reseñado decreto ley N° 965, de 1975.

En efecto, acorde a una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico citado y al principio de especialidad, en relación con los bienes raíces del Estado ubicados en el extranjero -que sirvan de sede a misiones diplomáticas y consulares de Chile-, debe primar lo expresamente regulado por el anotado decreto ley N° 965, de 1975, lo cual no obsta a que esto se verifique en armonía con las demás normas procedimentales de carácter general contenidas en el referido decreto ley N° 1.056, de 1975, respecto de la disposición de inmuebles, en todo lo no regulado por aquél, como sería la excepción relativa a la supresión del requisito de subasta o propuesta pública para la enajenación de determinados bienes.

Así, declarado prescindible por la autoridad del MINREL el bien raíz a enajenar en el extranjero -de aquellos que trata el referido decreto ley N° 965, de 1975-, deben otorgarse las autorizaciones contempladas en los artículos 8° y 14, de proceder esta última, contenidas en el antedicho decreto ley N° 1.056, de 1975. Luego, la venta del inmueble debe efectuarse mediante decreto supremo del MINREL firmado, además, por el Ministro de Hacienda, en los términos dispuestos por el artículo 2 ° del anotado decreto ley N° 965, de 1975. Tal instrumento será sometido a toma de razón por este Ente de Control, según el N° 12.3, B), del artículo 12 de su resolución N° 36, de 2024, cuando aquello supere las 10.000 UTM.

Lo anterior, no obsta al deber del MINREL de poner a disposición del MBN los antecedentes y documentos relacionados con el respectivo inmueble una vez enajenado, por cuanto esta última cartera llevará el referido catastro, aplicable a todos los inmuebles de propiedad fiscal (aplica dictamen N° 84.982, de 2016).

Por último, tal como se señalara, considerando la especialidad de lo dispuesto por el aludido decreto ley N° 965, de 1975, las cantidades que se obtengan por una enajenación de bienes inmuebles del Estado ubicados en el extranjero, que sirvan de sede a misiones diplomáticas y consulares de Chile, ingresarán al presupuesto de capital del MINREL, en los términos de su artículo 2°.

2. Sobre aplicación del artículo 33 de la ley N° 21.080

Acerca de la pertinencia de la aplicación del artículo 33 de la ley N° 21.080 para la eventual contratación de servicios de corretaje inmobiliario en el exterior, para enajenar aquellos ya referidos inmuebles fiscales mediante venta directa, es del caso señalar que dicho precepto es una disposición de carácter especial dictada en favor del MINREL para los contratos administrativos que celebre con personas naturales o jurídicas extranjeras o con chilenos residentes en el exterior, que deban ejecutarse fuera del territorio nacional, para los fines que ahí se señalan -como sería la contratación de una prestación de servicios-.

Como puede advertirse, para que se configure la excepción que contempla el precitado artículo se requiere la concurrencia de varios requisitos, a saber: 1) Que se trate de contratos administrativos celebrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus servicios dependientes y relacionados; 2) Que estos contratos se celebren con personas naturales o jurídicas extranjeras o con chilenos residentes en el exterior; y 3) Que tales contratos deban ejecutarse fuera del territorio nacional. Solo si se cumplen esas exigencias al singularizado ministerio no le será aplicable la obligación de desarrollar los procesos de compras utilizando el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, ni la de contratar con personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro de Proveedores.

Ahora bien, considerando que se trata de una excepción a la regla general, su aplicación debe circunscribirse única y exclusivamente para los efectos específicos descritos en esa norma, dado que se trata de una disposición de derecho estricto que no corresponde extender a otras situaciones, sea por similitud o analogía, acorde al principio de la interpretación restrictiva de los preceptos de esa naturaleza (aplica dictamen N°s. 90.510, de 2014, y oficio N° OF187404, de 2026).

Así, cabe sostener que la obligación ahí descrita, en relación con los procedimientos de compra o quién debe ser contratado en los términos de la ley N° 19.886 y su reglamento, no le es aplicable al MINREL para la situación de que se trata, en la medida que se cumplan con las demás las condiciones descritas en tal precepto.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden de la Contralora General de la República

VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS

Subcontralor General