Dictamen N° OF210044, de 4 de noviembre de 2026

I. Antecedentes

El señor Bernabé Levio Llaupe -quien pide ser nombrado en adelante como Bernabé Llaupe Namuncura- y la señora Verónica Levio Llaupe, solicitan un pronunciamiento respecto de la legalidad del actuar del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), al rechazar su solicitud de curaduría provisoria de su hermano.

Requeridos de informe, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Subsecretaría de Salud Pública, el SRCEI y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) lo remitieron y se han tenido a la vista para emitir el presente pronunciamiento.

II. Fundamento jurídico

Sobre el particular, es del caso señalar que la ley N° 18.600 define, en su artículo 2°, que persona con discapacidad mental es aquella que, como consecuencia de una o más de las limitaciones que detalla, ve obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.

Dicha ley establece un régimen especial aplicable a ese tipo de discapacidad, contemplando, en su artículo 4°, un procedimiento judicial voluntario de interdicción para personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

Por su parte, el inciso primero de su artículo 18 bis preceptúa que las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el RND y que tengan a su cargo personas con discapacidad mental, cualquiera sea su edad, serán curadores provisorios de los bienes de éstos, por el solo ministerio de la ley, siempre que se cumplan los requisitos que ahí se indican, a saber, que estas personas se encuentren bajo su cuidado permanente -lo cual se entiende cuando existe dependencia en los términos que expresa-, que carezcan de curador o no se encuentren sometidos a patria potestad, y, por último, que la persona natural llamada a desempeñarse como curador provisorio o, en su caso, los representantes legales de la persona jurídica, no estén afectados por alguna de las incapacidades para ejercer tutela o curaduría que establece el párrafo 1° del Título XXX del Libro Primero del Código Civil.

El inciso segundo prevé que, si las circunstancias mencionadas en el inciso anterior constaren en el RND, bastará para acreditar la curaduría provisoria frente a terceros, el certificado que expida el SRCEI.

Enseguida, cabe consignar que el artículo 55 de la citada ley N° 20.422 crea el RND, a cargo del SRCEI, el que tiene por objetivo reunir y mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los organismos que se señalan en el artículo siguiente, en la forma que establezca el reglamento.

Al respecto, el dictamen N° 27.016, de 2016*, puntualizó que, acreditada la inscripción en el RND a que se refiere el artículo 18 bis y el cumplimiento de los requisitos que esa norma prevé, el servicio antes mencionado debe certificar la existencia de la curaduría, acto que es una mera constatación, porque, por expresa disposición de ese artículo, concurriendo tales supuestos, las personas respectivas adquieren esa representación “por el solo ministerio de la ley”.

Agrega dicho pronunciamiento que, en atención a que la ley N° 18.600 no establece expresamente la forma en que deben acreditarse los requisitos que contempla el referido artículo 18 bis, para que tenga lugar la curaduría en comento, y dado que de acuerdo con esa normativa legal es al SRCEI a quien corresponde llevar los registros de discapacidad, y que la ley radica en esa entidad la obligación de otorgar el certificado que permite comprobar la existencia de esa representación frente a terceros, cabe entender que es justamente ante ese servicio público donde el interesado en que se certifique dicha condición, debe acreditar que concurren tales exigencias.

III. Análisis y conclusión

En la especie, de los antecedentes tenidos a la vista consta que, con fecha 12 de agosto de 2025, los reclamantes solicitaron al SRCEI la curaduría provisoria de su hermano, aportando los siguientes antecedentes: carta dirigida al director nacional del SRCEI; b) copias simples de sus cédulas de identidad; c) certificados de residencia emitido por la Junta de Vecinos “Tucapel Bajo” mediante la cual se certifica su domicilio; d) credencial de discapacidad del hermano por quien solicitan la curaduría provisoria; y e) declaración jurada mediante la cual los interesados exponen que no se encuentran afectos a ninguna de las incapacidades para ejercer una tutela o curaduría.

Asimismo, aparece que mediante correo electrónico de 28 de agosto de 2025, el anotado servicio requirió a los solicitantes los siguientes documentos: a) declaración jurada señalando expresamente, en lo que importa, que para los efectos del N° 3 del artículo 18 bis de la ley N° 18.600 declaran no estar afectos a ninguna de las incapacidades para ejercer una tutela o curaduría; al menos dos declaraciones juradas de terceras personas que afirmen que se encuentran a cargo del cuidado de su hermano; c) certificado de residencia de su hermano a fin de acreditar que todos viven en el mismo domicilio; y d) certificado médico indicando el estado de salud de su hermano y la circunstancia de encontrarse bajo su cuidado.

Enseguida, se verifica que los recurrentes remitieron únicamente la declaración jurada autorizada ante notario, negándose a acompañar los demás documentos.

A continuación, consta que el SRCEI mediante la resolución N° 404, de 2025, rechazó la solicitud de curaduría provisoria en base a que, en lo que importa, la documentación presentada resultaba insuficiente para acreditar los requisitos exigidos por el artículo 18 bis de la citada ley N° 18.600, puesto que ella no permite al servicio constatar la concurrencia de los presupuestos legales necesarios para certificarla. Agrega que, examinados y ponderados en conciencia los únicos antecedentes allegados al procedimiento administrativo de solicitud de nombramiento de curador provisorio, no es posible al servicio adquirir la convicción acerca de la procedencia de la solicitud de curaduría provisoria.

En este contexto, es necesario precisar que el dictamen N° 27.016, de 2016*, citado por los requirentes en su presentación, sostiene que, acreditada la inscripción en el RND y el cumplimiento de los requisitos que prevé el artículo 18 bis de la ley N° 18.600, el SRCEI debe certificar la existencia de la curaduría.

Al efecto, es menester anotar que la ley N° 18.600 no establece expresamente la forma en que deben acreditarse los requisitos que contempla el antedicho artículo 18 bis, para que tenga lugar la curaduría en comento. Por lo mismo, a falta de regulación y en consideración a que, de acuerdo con esa normativa legal, al SRCEI le corresponde llevar los registros de discapacidad y la obligación de otorgar el certificado que permite comprobar la existencia de esa representación frente a terceros, cabe entender que es justamente ante ese organismo donde el interesado debe acreditar que concurren las apuntadas exigencias.

Agrega el anotado dictamen, que siendo la certificación aludida un acto administrativo que resulta de una serie de actuaciones que configuran propiamente un procedimiento administrativo, corresponde aplicar a él, supletoriamente, la ley N° 19.880 en todos aquellos aspectos no regulados por la ley N° 18.600; entre los que se encuentra el artículo 35, conforme a cuyo tenor los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia.

Pues bien, dado que el SRCEI apreció en conciencia los antecedentes aportados por los recurrentes en su solicitud de curaduría provisoria, considerándolos insuficientes para adquirir la convicción de que se cumplía con la totalidad de los requisitos contenidos en el artículo 18 bis de la ley N° 18.600; y que requirió a los interesados que adjuntaran la información faltante a fin de dar por acreditados aquéllos, sin que esta fuera acompañada, no se advierte reproche que formular a dicho organismo al rechazar la solicitud en análisis.

Corrobora lo anterior lo sostenido por el Departamento COMPIN Nacional en su MEMO B10 N° 27, de 2026, acompañado por la Subsecretaría de Salud Pública en su informe, conforme al cual a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez le corresponde, en esta materia, determinar la condición de discapacidad de la persona, haciendo presente que dicha calificación “no agota, por si sola, los presupuestos exigidos por el artículo 18 bis de la ley N° 18.600 para la procedencia de la curaduría provisoria, por cuanto esa norma exige, además, acreditar otros requisitos copulativos”; agregando que “si bien la certificación de discapacidad constituye un antecedente relevante, no resulta suficiente por sí sola para tener acreditados todos los requisitos que la ley exige para la curaduría provisoria”.

En el mismo sentido está lo informado por el SENADIS, en cuanto indica que la exigencia de determinados requisitos, establecidos por el SRCEI, corresponden a una prerrogativa contemplada en la ley que se condice con la necesidad de resguardar los derechos de las personas con discapacidad y evitar eventuales abusos en contra de ellos, sin resultar arbitrarios ni vulneratorios de la persona con discapacidad. Una regulación demasiado laxa, podría permitir una mayor vulneración de sus derechos y un riesgo para la administración de los bienes de personas que se encuentran en una situación de dependencia.

Por consiguiente, en mérito de la normativa y jurisprudencia expuesta, esta Contraloría General debe rechazar el requerimiento presentado por los interesados.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden de la Contralora General de la República

VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS

Subcontralor General

*Dice "

N° 27.016, de 2016", debe decir "

N° 27.016, de 2012"