Dictamen N° OF210547, de 5 de noviembre de 2026

I. Antecedentes

Se han dirigido a esta Contraloría General las H. Diputadas señoras Francesca Muñoz González y Sara Concha Smith, solicitando un pronunciamiento que determine la procedencia que las entidades públicas que indican hayan otorgado el patrocinio y facilitado la distribución del cuento “Ariel es una niña”, en diversos establecimientos educacionales.

Requerido su informe, la Defensoría de los Derechos de la Niñez señaló que, en efecto, entregó su asistencia técnica a la referida iniciativa, sin que ello irrogara gastos diferentes a los contemplados en la Ley de Presupuestos, teniendo en consideración el adecuado tratamiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), la representación respetuosa y no estereotipada de la niñez trans el uso del lenguaje inclusivo, y de acuerdo con la edad y la promoción de la sensibilización y empatía, todo ello, en el marco de las Convenciones sobre los Derechos del Niño y Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política y las leyes Nos 20.370, 21.067, 21.120, 21.430 y 21.120.

A su turno, la Subsecretaría de la Niñez manifestó que otorgó su patrocinio al referido texto, conforme al procedimiento general contenido en la resolución exenta N° 440, de 2019, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin que significara gasto alguno, frente a una solicitud de la ONG MOVILH, de conformidad con las citadas leyes Nos 21.120 y 21.430, y a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, resguardando que esa iniciativa no interfiriera en la facultad y responsabilidad de las familias en la crianza y educación de los NNA.

Por su parte, el Ministerio de Educación acompañó el oficio N° 59, de 2025, de su Unidad de Curriculum y Evaluación, por el que dio respuesta a lo solicitado sobre la misma materia por el Prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, precisando que el referido cuento no ha formado parte, en ningún proceso, del “Catálogo de Selección de Obras” del “Programa Centro de Lectura y Biblioteca Escolar”, razón por la cual no ha sido distribuido a los establecimientos escolares.

Finalmente, la Universidad de Chile ha señalado, en relación con la intervención del Liceo Experimental Manuel de Salas en la situación reclamada, que, de acuerdo con el Proyecto Educativo de ese recinto educacional, por su decreto universitario N° 7.235, de 2003, se creó la Unidad Multiestamental de Género y Sexualidad (UGESEX), la que “tiene como propósito visibilizar y abordar temáticas vinculadas al género y a las sexualidades en la convivencia cotidiana del liceo”, las que se materializan en el desarrollo de acciones orientadas a promover una educación que reconoce la diversidad y visibiliza las disidencias sexuales y de género.

En dicho contexto, la referida unidad colaboró con el MOVILH a través de la revisión pedagógica general del texto y la formulación de sugerencias de carácter educativo, orientadas a favorecer la comprensión de su mensaje por parte de los NNA, sin destinarse recursos adicionales al efecto. Puntualiza que, el 25 de noviembre de 2025, se llevó a efecto el lanzamiento del libro en la biblioteca del liceo, con la participación de estudiantes, apoderados y docentes de la comunidad educativa, resguardándose su consentimiento informado, así como de representantes de la Oficina de Diversidad de la Municipalidad de Ñuñoa, de la Fundación Iguales, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad de Chile.

II. Fundamento jurídico

La Constitución Política establece, en su artículo 19, N° 10 -que consagra el derecho a la educación-, que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, y que corresponde al Estado otorgar especial protección al ejercicio de ese derecho.

A su vez, la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, prevé, en su artículo 10, el derecho y deber preferente de los padres y/o madres a educar y cuidar de sus hijos. Agrega en su inciso segundo que, en su virtud, los NNA tienen derecho a ser cuidados, protegidos, formados, educados y asistidos, en todas las etapas de su desarrollo, preferentemente por sus padres y/o madres, siempre atendiendo al interés superior del niño, niña o adolescente, siendo deber del Estado, especialmente, respetar, promover y proteger el ejercicio de este derecho, así como el cumplimiento de los deberes paternos y/o maternos.

Asimismo, dicho cuerpo legal crea, en su artículo 1°, el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los NNA, formando parte de este sistema los órganos de la Administración del Estado, particularmente, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez, entre otros.

A continuación, su artículo 36 previene, en su inciso quinto, que los NNA serán protegidos contra cualquier tipo de coacción, con móvil discriminatorio, por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género, entre otras. Agrega, que los órganos de la Administración crearán y fomentarán programas sobre los derechos sexuales y respeto a la diversidad de los NNA.

Por otra parte, la Ley General de Educación, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, considera, en su artículo 3°, letra k), dentro de los principios inspiradores del sistema educativo chileno, los de integración e inclusión, propiciando, según el inciso segundo, que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.

Adicionalmente, el decreto N° 327, de 2019, del Ministerio de Educación, Reglamento que establece los Derechos y Deberes de los Apoderados, prevé, en su artículo 5°, que los apoderados tienen, no solo el derecho sino el deber de informarse acerca del proyecto educativo del establecimiento educacional elegido para que asistan sus hijos o pupilos y adherir a él.

Por último, la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, en su artículo 2°, entiende como discriminación arbitraria, para efectos de este cuerpo legal, toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, que cause privación perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, en particular, cuando se funden en motivos tales como, entre otros, el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, lo cual resulta concordante con lo previsto en el artículo 25 de la ley N° 21.120, que reconoce y protege el derecho a la identidad de género.

III. Análisis y conclusión

Expuesto el anterior marco normativo, fluye que se encuentran reconocidos tanto el derecho y el deber preferente de los padres y/o madres a educar y cuidar de sus hijos, como la diversidad en materia de orientación sexual, identidad o expresión de género, cautelándose especialmente la ausencia de toda discriminación, basada en tales aspectos, respecto de los NNA.

Así, las acciones que adopten los órganos de la Administración del Estado en la esfera de sus competencias específicas, en orden a promover o fomentar programas referentes al respeto a la diversidad de los NNA, previniendo la ocurrencia de exclusiones que puedan constituir una discriminación, en los términos anotados, se ajustan en las normas aludidas.

Por lo mismo, se advierte que las actuaciones tanto de la Defensoría de los Derechos de la Niñez como de la Subsecretaría de la Niñez se enmarcaron en el apuntado ámbito, dentro de la órbita de sus competencias, sin comprometer recursos públicos extraordinarios para tales fines (aplica dictámenes Nos 17.585 y 85.944, ambos de 2015, y 6.812, de 2018).

En efecto, debe puntualizarse que por medio de su resolución exenta N° 183, de 2025, la Subsecretaría de la Niñez, en consideración a que la iniciativa en comento “busca promover con un enfoque educativo y sensibilizador de los derechos de las infancias y adolescencias trans, fomentando el respeto y la valoración de las identidades de género diversas en familias, escuelas y la sociedad”, otorgó su patrocinio al cuento “Ariel es una niña”, autorizando el uso del logo institucional en la difusión y promoción del lanzamiento del texto.

Enseguida, respecto del Liceo Manuel de Salas, que acogió la actividad de lanzamiento del cuento de que se trata, se aprecia que también se sujetó en su obrar a lo preceptuado en los reseñados artículos 36 de la ley N° 21.430 y 3°, letra k), de la Ley General de Educación, así como a lo prevenido en su Proyecto Educativo, a cuyo amparo se creó la referida UGESEX.

En consecuencia, y considerando que las entidades públicas que intervinieron en la materia planteada actuaron en el ejercicio de sus potestades y que el lanzamiento del cuento cuestionado se verificó en un establecimiento educacional público que contempla en su proyecto educativo el abordaje de las temáticas señaladas, no resulta posible formular algún reproche en la materia, sin que, por lo demás, se advierta vulneración al derecho y el deber preferente de los padres y/o madres a educar a sus hijos.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden de la Contralora General de la República

VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS

Subcontralor General