Contraloría General de la República · Previsión Social
Bonificaciones por Retiro y Bono Post Laboral
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Bonificaciones por Retiro y Bono Post Laboral, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Previsión Social, que incluye Bonificaciones por Retiro y Bono Post Laboral, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Previsión SocialPronunciamientos
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La Contraloría concluye que la Secretaria Técnica del Consejo de Alta Dirección Pública, aunque formalmente de exclusiva confianza, puede recibir las bonificaciones por retiro de las leyes N° 19.882 y N° 20.948, aplicando una excepción a la regla general, por sus rasgos de estabilidad y continuidad.
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La Contraloría concluye que no es ajustado a derecho que la Corporación Municipal de La Florida celebre acuerdos para calcular la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.919 usando las remuneraciones a la fecha de término de la relación laboral, pues la ley exige el promedio de los doce meses anteriores a la renuncia voluntaria.
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La Contraloría concluye que la exfuncionaria no puede acceder al incentivo al retiro de la ley N° 21.135 porque falleció antes de que se produjera el cese por invalidez, por lo que el beneficio no entró a su patrimonio y no es heredable.
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La Contraloría concluye que una funcionaria regida por el Código del Trabajo, reubicada en dependencias municipales distintas del DAEM tras no ser traspasada al SLEP, no puede acceder a la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.964 ni a los beneficios de la ley N° 21.135.
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La Contraloría rechaza reconsiderar su dictamen: quien fue recontratado como académico de excelencia tras recibir el bono compensatorio no puede usar ese último desempeño para obtener el bono adicional de la ley N° 21.043, pues esa recontratación es una excepción restrictiva.
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La Contraloría rechaza mantener vigente el segundo período de postulación 2025 para los beneficios de la ley N° 20.948, pues la funcionaria debía postular en el primer período y cesar funciones a más tardar el 1 de julio de 2025, plazo que no cumplió.
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La Contraloría concluye que la pensión por enfermedad terminal no equivale a la de invalidez para el bono de la ley N° 20.305, pero excepcionalmente reconoce ese derecho a los funcionarios certificados como enfermos terminales si cumplen los requisitos del artículo 89 de la ley N° 21.724.
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La Contraloría concluye que un funcionario reubicado tras no ser traspasado al SLEPP no accede a la bonificación de la ley N° 20.964, pero, como excepción, quienes postularon antes y obtuvieron cupo conservan ese derecho aunque no hayan sido traspasados.
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El cese del exfuncionario se produjo al pagarse la bonificación por retiro voluntario, no al pagarse los bonos de los artículos 8°, 10 y 11, por lo que no procede pagar remuneraciones posteriores. Se rechaza por extemporánea la reposición municipal y se ordena pagar $205.756 y $522.090 por errores de cálculo.
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La Contraloría concluye que, aunque la relación laboral se extendió hasta el pago de la bonificación por retiro (3 de julio de 2025), no procede pagar remuneraciones por ese período porque el exfuncionario no acreditó haber prestado servicios ni una causal legal que justificara su inasistencia.
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El tema principal es si un exfuncionario de salud municipal puede postular al plazo extraordinario de la ley N° 21.724 para la bonificación de la ley N° 20.919, pese a haber cesado por salud incompatible. Se concluye que no procede, pues ya no cumple el requisito de renunciar voluntariamente a su cargo.
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La Contraloría concluye que el período en EMOS S.A. (1989-1999) no sirve para los bonos de retiro, por ser empresa privada; en cambio, el Servicio de Bienestar del Magisterio sí cuenta hasta marzo de 2000 para el beneficio de la ley N° 20.948.
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La Contraloría concluye que no procede el pago retroactivo del bono post laboral entre enero de 2020 y agosto de 2023, porque se otorgó por la vía excepcional del artículo 80 de la ley N° 21.306, que fija su devengo desde el mes siguiente al acto que lo concede.
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El dictamen concluye que el bono postlaboral de la ley N° 20.305 se rige por la fecha de solicitud, no por el cese de funciones: tienen derecho quienes postularon hasta el 31 de diciembre de 2024 junto con las bonificaciones de las leyes N° 21.135 y N° 20.976, aunque cesaran en 2025.
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Tras asignarse el cupo de la bonificación por retiro voluntario, el municipio no puede cesar a la docente por la causal de salud irrecuperable del artículo 72 letra h), pues no está entre las excepciones permitidas. Debe gestionar el pago de la bonificación.
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La docente que tenía dos empleadores municipales debía postular a la bonificación por retiro voluntario ante ambos en el mismo proceso; al desistirse en Chépica, perdió irrevocablemente ese beneficio por esas horas, sin acreditarse información errónea.
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La Contraloría concluye que una funcionaria que postuló a los 66 años solo puede recibir la bonificación por retiro voluntario y el bono adicional, no el incremento del artículo 7°, por lo que rechaza su reclamo.
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La Contraloría concluye que la ley N° 21.806 extendió excepcionalmente el bono postlaboral de la ley N° 20.305 para quienes cesaron después del 31 de diciembre de 2024, ordenando a los empleadores y al Servicio de Tesorerías cumplir sus obligaciones según cada situación particular.
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La funcionaria no accede a la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.964 porque fue desvinculada por necesidades de la empresa antes de que se le asignara el cupo y se le pagara el beneficio, por lo que no cesó por renuncia voluntaria.
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La Contraloría cambia su criterio y concluye que la prohibición de reingreso a universidades estatales tras el retiro voluntario también se aplica a la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la USACH, por financiarse con recursos estatales. No obstante, el cambio rige solo hacia el futuro, por lo que los casos consultados no deben devolver los bonos ni se les impide cobrar.
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La bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.919 se calcula una sola vez, a la fecha de retiro, actualizando las remuneraciones según el IPC, sin reajuste posterior. Concluye que es de cargo municipal, y los bonos de los artículos 7° a 9°, de cargo fiscal.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el decreto N° 35, de 2017, de Educación, con el alcance de que su tramitación fue tardía: ingresó después del plazo excepcional de postulación fijado para 2025, por lo que el ministerio debe adoptar medidas para tramitar oportunamente sus instrumentos.
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La Contraloría rechaza el recurso de la Municipalidad de Juan Fernández y confirma que las renuncias voluntarias de dos funcionarios debían aceptarse, pues la retención solo puede durar 30 días según el artículo 48 de la ley N° 19.378, sin excepción por sumarios ordenados por la Contraloría.
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La Contraloría concluye que el tiempo servido como Secretaria Regional Ministerial, conservando la propiedad del cargo académico, computa para la bonificación adicional por retiro de la ley N° 21.043, por lo que la funcionaria tiene derecho a ella si cumple los demás requisitos.
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Los Servicios Locales de Educación Pública están adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública y la ley N° 21.040 no excluye expresamente la indemnización del artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, por lo que sus directores ejecutivos pueden acceder a ella si cumplen los requisitos.
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La Contraloría rechaza la reposición de Cerro Navia y confirma que la exfuncionaria debe recibir remuneraciones hasta el pago total de su bonificación por retiro voluntario, pues su renuncia solo cesa con ese entero. El municipio debe regularizar la situación en 30 días.
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La Contraloría concluye que no procede reconocer el tiempo trabajado en la antigua Compañía de Teléfonos de Chile para las bonificaciones por retiro, porque fue una sociedad anónima de derecho privado que nunca integró la Administración del Estado.
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El SBAP consulta sobre el régimen laboral de su personal tras el traspaso desde CONAF y la Subsecretaría del Medio Ambiente. Contraloría concluye que no procede el incentivo al retiro de la ley N° 19.882, pero sí la bonificación adicional de la ley N° 20.948, y que un contrato indefinido es incompatible con plazas del SADP.
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La Contraloría concluye que un académico de excelencia recontratado tras jubilar con el bono del artículo 9° de la ley N° 20.374 no puede recibir nuevos beneficios por retiro, pues el artículo 21 de la ley N° 21.043 lo prohíbe expresamente.
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La Contraloría concluye que la viuda tiene derecho al desahucio de la ley N° 7.390 y que la bonificación por retiro de la ley N° 21.135 es transmisible por causa de muerte, pues el funcionario falleció tras postular; ordena tramitar pronto la postulación.
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La Contraloría concluye que el "retiro" del artículo 1° de la ley N° 20.919 es la fecha fijada por el funcionario para su renuncia voluntaria, y que las entidades administradoras deben pagar todos los beneficios de esa ley, incluidos los de cargo fiscal, en esa misma oportunidad.
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La Contraloría reconsidera su criterio y concluye que quienes cesan por necesidades de la empresa pueden recibir conjuntamente el bono del artículo 4° de la ley N° 20.948 y la indemnización del artículo 163 del Código del Trabajo. No obstante, en doce casos del Hospital de DIPRECA no se acreditaron dichas causales, por lo que ordena recuperar los fondos pagados indebidamente.
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El exfuncionario ingresó después del 23 de septiembre de 1989, por lo que no le corresponde el desahucio fiscal, y solo procede devolverle las cotizaciones descontadas indebidamente.
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La Contraloría concluye que los recursos para los incentivos al retiro de las universidades estatales deben registrarse como ingreso y gasto, no como cuentas por cobrar y pagar, reconociendo la obligación y el derecho simultáneamente al emitirse el acto administrativo y producirse el cese.
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La Contraloría ratifica que las funcionarias de 60 a 64 años deben cesar en el cargo a más tardar el primer día del quinto mes siguiente al cumplimiento de la edad con que postulan; si no lo hacen, pueden postular nuevamente en 2026, cumpliendo los nuevos plazos reglamentarios.
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La Contraloría concluye que la exfuncionaria no cumple el plazo legal para renunciar y acceder al bono, pero la Subsecretaría debe acreditar documentadamente que recibió instrucciones erróneas de su División de Gestión de Personas para aplicar la excepción jurisprudencial.
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La Contraloría concluye que el bono de reconocimiento del exfuncionario debe liquidarse según el cálculo de CAPREDENA, que aplica la excepción jurisprudencial: reajustar por IPC desde su reincorporación al sistema de AFP (1993), no desde su afiliación original (1982).
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La Contraloría concluye que, aunque la exfuncionaria postuló a los beneficios de las leyes N°s. 19.882 y 20.948 bajo el artículo 53 de la ley N° 21.647 y cumplía los requisitos, su sucesión solo puede recibir el bono de la ley N° 20.948, pues la ley N° 19.882 no permite transmitir su bonificación por causa de muerte.
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La Contraloría confirma que un exdocente desvinculado por supresión de horas no tiene derecho al bono de la ley N° 20.305, pues esa causal no está contemplada taxativamente en dicha ley y no puede asimilarse a la supresión del empleo.
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La docente ya renunció voluntariamente a sus horas dentro de plazo, por lo que perdió la opción de volver a postular a la bonificación; la excepción para mujeres menores de 65 años no le aplica porque no se desistió del beneficio.
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Los docentes que reciben la bonificación por retiro voluntario en diciembre, sean titulares o contratados, tienen derecho a la prórroga de enero y febrero del artículo 41 bis si cumplen los requisitos. El pago corresponde al municipio o corporación de origen, no al servicio local.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del CNED y confirma que su personal, regido por el Código del Trabajo, no tiene derecho a la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 19.882, aunque sí al bono adicional de la ley N° 20.948.
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La Contraloría determina cómo registrar contablemente el reintegro del adelanto del aporte estatal por una funcionaria que renunció a la bonificación por retiro voluntario, aplicando una excepción: la municipalidad debe restituir todo a la Tesorería y luego el SSMC le devolverá las cuotas descontadas.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Providencia pagó de menos al reclamante en la bonificación por retiro voluntario (ley N° 21.135) y en el desahucio (ley N° 7.390), por errores en sus cálculos, adeudándole $205.756 y $522.090, respectivamente; en cambio, el bono postlaboral y las bonificaciones de los artículos 8, 10 y 11 de la ley N° 21.135 ya están en vías de pago o solucionados.
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La Contraloría concluye que la funcionaria de DIRECTEMAR no tiene derecho a las bonificaciones por retiro de las leyes N°s. 19.882 y 20.948, porque esas normas enumeran taxativamente las entidades beneficiarias y no incluyen a la DIRECTEMAR, lo que solo podría cambiarse por ley.
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La Contraloría concluye que los funcionarios de la DGAC regidos por el decreto ley N° 3.500 no pueden acceder a los beneficios de las leyes N°s. 18.675 y 19.200, pues su régimen remuneratorio es distinto y no existe norma legal que los incluya; solo el legislador podría disponerlo.
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La Contraloría concluye que el profesor por horas no cumple el requisito de diez años de servicio para el bono adicional por retiro, pues no acreditó cinco años continuos que permitan sumar períodos discontinuos; sin embargo, puede postular en el plazo extraordinario para 2026.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos al Instituto de Previsión Social para financiar bonos de complemento a la pensión e incentivo al retiro, marzo a junio de 2025, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la rendición de cuentas no puede exceder seis meses desde el término de las actividades.
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La ley N° 20.986 solo prohíbe que los beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario se desempeñen, durante cinco años, en los servicios y establecimientos de salud que taxativamente señala. Como el Servicio Médico Legal no integra esa red asistencial, Contraloría concluye que no existe impedimento para que el señor Vukusich se contrate a honorarios en dicho servicio.
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La Contraloría concluye que el bono postlaboral de la ley N° 20.305 puede solicitarse entre la postulación al bono de la ley N° 20.919 y el mes siguiente a la adjudicación del cupo, por lo que la solicitud de la recurrente fue oportuna y el Servicio de Tesorerías debe concederlo.