Contraloría General de la República · Educación
Estatuto Docente
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Estatuto Docente, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre educación, que incluye Estatuto Docente, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre educaciónPronunciamientos
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La Contraloría concluye que las 3 horas semanales de trabajo colaborativo del PIE cuentan para la titularidad de la ley N° 21.176, por formar parte de la función docente, y ordena a la Municipalidad de Pucón reconocerlas y pagar las adeudadas de marzo a mayo de 2025.
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La desvinculación de docentes del tramo inicial o temprano que no avanzan de tramo en dos procesos consecutivos debe hacerse efectiva desde el 1 de julio del año respectivo, tras la resolución que fija el tramo, y no al término del año escolar.
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El requisito del artículo 2° N° 1 de la ley N° 21.728 solo exige haberse desempeñado en un establecimiento traspasado, sin importar el mecanismo de salida. Concluye que la renuncia forzada seguida de contratación municipal el mismo día no impide acceder al aporte, pues no interrumpió el vínculo con el Estado.
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La Contraloría imparte instrucciones sobre la ley N° 21.803, que otorga titularidad docente, precisando qué períodos y contrataciones computan y cuáles no. Concluye que, excepcionalmente y por única vez, se podrá acceder a la titularidad sin exigir el ingreso por concurso público, beneficio que regirá desde el 1 de marzo de 2026.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Padre Hurtado no puede pagar una asignación de movilización a los docentes regidos por la ley N° 19.070, porque ese beneficio no está contemplado en su estatuto ni en leyes especiales aplicables.
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La Contraloría concluye que el desistimiento de la renuncia voluntaria presentada por un docente para acogerse a la supresión de horas es válido si se realiza antes de su aceptación formal, por lo que acoge el reclamo y ordena al municipio regularizar la relación laboral.
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La Contraloría concluye que la educadora de párvulos se rige por el Título VI del Estatuto Docente y no es asistente de la educación, por lo que no le aplica la causal de cese invocada; el despido fue improcedente y el municipio debe regularizar su situación.
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Los profesionales de educación parvularia en jardines VTF administrados por servicios locales se rigen por el Código del Trabajo en materia de jornada, por lo que les aplica la reducción gradual de la ley N° 21.561; una vez bajo 43 horas semanales, la colación de 30 minutos ya no se imputa a la jornada.
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La Contraloría concluye que las municipalidades y los SLEP no pueden entregar vestuario formal y calzado a docentes, asistentes de la educación ni funcionarios de la administración superior, ni pactar "giftcards" para comprarlos, porque ningún estatuto aplicable lo autoriza.
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El administrador provisional reemplaza al municipio en la potestad disciplinaria sobre docentes y asistentes de la educación, por lo que puede continuar e iniciar los procesos disciplinarios desde su designación. Las sanciones expulsivas solo surten efecto tras los 60 días del artículo 156 de la ley N° 10.336.
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Tras asignarse el cupo de la bonificación por retiro voluntario, el municipio no puede cesar a la docente por la causal de salud irrecuperable del artículo 72 letra h), pues no está entre las excepciones permitidas. Debe gestionar el pago de la bonificación.
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La docente que tenía dos empleadores municipales debía postular a la bonificación por retiro voluntario ante ambos en el mismo proceso; al desistirse en Chépica, perdió irrevocablemente ese beneficio por esas horas, sin acreditarse información errónea.
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La causal de término por supresión de horas del artículo 72 letra j) de la ley N° 19.070 puede aplicarse a docentes traspasados que trabajan en oficinas administrativas de un SLEP, siempre que se funde en el Plan Anual por razones técnico-pedagógicas. Concluye que en este caso es improcedente porque no fueron incluidos en el Plan Anual 2025, y que las indemnizaciones del artículo 73 y del artículo 2° transitorio son compatibles.
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La Contraloría concluye que el equipo directivo de la Escuela Alemania no tiene derecho a la ADECO de 2023 pagada en 2024, porque la matrícula en marzo de 2024 fue de 226 alumnos, inferior al mínimo legal de 250 exigido también en el año de pago.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Recoleta debe dictar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, pues tiene diez o más trabajadores regidos por el Código del Trabajo, y que no hubo irregularidad en el sobreseimiento del sumario.
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El personal directivo y técnico-pedagógico traspasado desde los DAEM a los SLEP queda sujeto a la ley N° 19.070, por lo que puede cesar por las causales de sus artículos 72 y siguientes, sin que el traspaso limite esa facultad.
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La asignación por docencia en establecimientos con alta concentración de alumnos prioritarios se paga hasta cuatro años en cada tramo (inicial y temprano), no una sola vez. Contraloría concluye que Educación debe regularizar y transferir los recursos a las municipalidades de Pedro Aguirre Cerda y El Bosque.
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La Contraloría concluye que la declaración de vacancia del cargo directivo fue ajustada a derecho, pues el plazo de 48 horas fijado fue prudencial ante el vacío legal, y reconoce el derecho a la indemnización del artículo 34 A, pero no a la prórroga de enero y febrero.
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La Contraloría concluye que, para determinar la experiencia docente, la Subsecretaría de Educación puede considerar actos administrativos o resoluciones exentas de asignación de tramos de años anteriores y cualquier medio probatorio que acredite el tiempo efectivamente servido, además de los antecedentes vistos por el sostenedor.
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La Contraloría precisa que la Subsecretaría de Educación debe verificar los requisitos del aporte de la ley N° 21.728 revisando las declaraciones juradas, y solo puede solicitar antecedentes adicionales para contrastar fehacientemente esa información, sin exigir nuevos requisitos ni dilatar el pago.
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Un docente traspasado al SLEP mantiene además un cargo regido por el Estatuto Administrativo, lo que genera incompatibilidad, pues este solo permite simultanear hasta 12 horas docentes semanales. Concluye que puede conservar el cargo estatutario renunciando a las horas excedentes en el SLEP si es titular; si es contratado, debe cesar en el SLEP.
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La Contraloría confirma que un exdocente desvinculado por supresión de horas no tiene derecho al bono de la ley N° 20.305, pues esa causal no está contemplada taxativamente en dicha ley y no puede asimilarse a la supresión del empleo.
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La docente ya renunció voluntariamente a sus horas dentro de plazo, por lo que perdió la opción de volver a postular a la bonificación; la excepción para mujeres menores de 65 años no le aplica porque no se desistió del beneficio.
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El dictamen concluye que los docentes y asistentes de la educación del SLEP de Andalién Sur cuyas contrataciones cesaron el 31 de diciembre de 2024 tienen derecho al reajuste del 3% de diciembre y al aguinaldo de Navidad, pero no al bono de vacaciones ni al bono especial, pues estos exigen estar en funciones al 3 de enero de 2025.
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Los docentes que reciben la bonificación por retiro voluntario en diciembre, sean titulares o contratados, tienen derecho a la prórroga de enero y febrero del artículo 41 bis si cumplen los requisitos. El pago corresponde al municipio o corporación de origen, no al servicio local.
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La Contraloría ratifica que las paralizaciones docentes no eximen del deber de cumplir la jornada ni permiten pagar remuneraciones por tiempo no trabajado, por lo que corresponde descontar esos haberes, sin condonación posible. Solo si se recuperan las horas fuera de la jornada normal, autorizadas y acreditadas, procede pagar o reintegrar lo descontado.
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La Contraloría concluye que los nombramientos de las directoras son válidos porque el concurso se realizó dentro de las competencias del municipio, aunque sus funciones iniciaran después del traspaso al SLEP; este debe regularizar la situación y pagar las remuneraciones adeudadas.
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La Contraloría concluye que las paralizaciones de profesores son ilegales y que las horas no trabajadas deben descontarse de las remuneraciones, sin que los planes de recuperación de clases justifiquen esas ausencias ni impidan el descuento.
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La Contraloría remite jurisprudencia vigente sobre descuentos remuneracionales por paralización docente cuando se acuerda o dispone recuperación de clases, sin pronunciarse sobre el caso concreto consultado.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la docente porque sus labores como directora subrogante no sirven para obtener la titularidad, y ordena al municipio regularizar su situación y convocar a concurso para proveer el cargo de director.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del dictamen N° 30.270 de 2019, confirmando que no procede pagar a las educadoras diferenciales el complemento por mención de la bonificación de reconocimiento profesional de la ley N° 20.158, pues los subsectores de aprendizaje no incluyen la educación diferencial.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el dictamen N° 28.046 de 2016 y concluye que corresponde descontar remuneraciones a los docentes que adhirieron a una paralización ilegal, aunque recuperen las clases dentro de su jornada normal, pues ello no justifica la ausencia.
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La Contraloría concluye que el SLEP Iquique actuó conforme a derecho al dejar de pagar el "bono art. 47 tope 30%" (beneficio discrecional) y el "incremento respons. directiva" (ajeno al régimen remuneratorio docente), desestimando el reclamo de la directora.
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La Contraloría concluye que las contrataciones de reemplazo que excluyen fines de semana, feriados y vacaciones de invierno no rompen la continuidad de servicios exigida por el artículo 41 bis, por lo que rechaza la reconsideración municipal y confirma el oficio impugnado.
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La Contraloría concluye que el feriado docente debe usarse solo en enero-febrero o en la interrupción escolar, sin que la licencia médica permita gozarlo en otra época, confirmando la jurisprudencia administrativa previa.
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La Contraloría concluye que la DNSC no acreditó los fundamentos del trato directo para contratar la asesoría externa, debiendo evitar su repetición; no obstante, como la consultoría ya se ejecutó, la Municipalidad de Santa Juana debe pagarla para evitar un enriquecimiento sin causa.
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La Contraloría concluye que las tres docentes cumplen los requisitos del inciso tercero del artículo vigésimo transitorio de la ley N° 20.903 —excepción a la regla general— para recibir la asignación de responsabilidad técnico-pedagógica, incluidos los cargos técnico-pedagógicos y no solo los de exclusiva confianza del director, por lo que la Municipalidad de Temuco debe pagarles dicho beneficio.
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La Contraloría concluye que el sostenedor puede reubicar al inspector general cesado en otro establecimiento municipal, incluso de adultos y nocturno, sin aplicar el PADEM ni el artículo 42, y desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que renovar con menos horas a un docente con fuero gremial es improcedente, pues el fuero exige mantener la misma jornada; si acredita su fuero, el municipio debe restituir la carga horaria y renovar en iguales condiciones.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de la Municipalidad de Lota, pues no hubo error de hecho: la titularidad de la docente deriva directamente de la ley N° 21.399, sin requerir solicitud previa.
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La Contraloría concluye que el SLEP no incumplió sus obligaciones: la cena del día del profesor es un beneficio colectivo no exigible individualmente, y se acreditaron las jornadas de autocuidado y capacitaciones. La denuncia sobre desigualdad salarial se desestima por falta de antecedentes.
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La Contraloría concluye que el docente no cumple el requisito de 20 horas contratadas al 31 de julio de 2021 para la titularidad de la ley N° 19.648, pero debe reevaluarse su solicitud bajo la ley N° 21.176, considerando su rol de docente de aula.
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La jubilación termina la relación laboral desde que la institución previsional la concede, sin que el acto administrativo posterior altere ese cese. No obstante, el SLEPA puede reincorporar al docente jubilado conforme al artículo 54 de la ley N° 21.526, si sus funciones se vinculan directamente al Plan de Mejoramiento Educativo.
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Los asistentes de la educación de un Servicio Local no pueden ser contratados como docentes de reemplazo, pues sus estatutos no prevén esa compatibilidad. Excepcionalmente, solo pueden cubrir una clase puntual ante ausencia transitoria de un docente.
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El dictamen concluye que el tiempo servido como encargado de convivencia escolar, por ser una función técnico-pedagógica, debe computarse para acceder a la titularidad docente de la ley N° 19.648, acogiendo así la consulta del SLEPC.
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El dictamen aclara que el monto de la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.976 se fija con el acto que transfiere los recursos, aplicando el reajuste vigente a esa fecha. Concluye que corresponde el reajuste de 2022, no el de 2023, rechazando el reclamo.
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La contratación de asesorías externas para los concursos de directores debe regirse por la ley N° 19.886 y su reglamento, eligiendo el proveedor mediante licitación o trato directo, y no por trato directo fundado como antes se concluyó. Reconsidera el dictamen N° 70.912 de 2012.
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La Contraloría concluye que el permiso gremial mínimo de 11 horas semanales de los dirigentes comunales del Colegio de Profesores puede imputarse tanto a horas lectivas como no lectivas, fijándose de común acuerdo con el director, por lo que no se aplica la regla del reglamento que las considera solo actividad no lectiva.
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La Contraloría concluye que, por excepción y para no perjudicar a quienes actuaron de buena fe, el bono de la ley N° 20.305 debe pagarse a los 11 exfuncionarios desde el mes siguiente a sus primeras postulaciones, no desde la segunda.
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La Contraloría concluye que la renuncia anticipada de la docente quedó sin efecto porque cumplió la edad para jubilar después de derogarse la indemnización del artículo 73, por lo que el SLEPAS actuó correctamente al no terminar su relación laboral ni pagarle indemnización.