Contraloría General de la República
Educación
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre educación, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre educación, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre educaciónTemas de educación
Pronunciamientos
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Las horas docentes y de asistente de la educación eran incompatibles desde que se ejercieron simultáneamente, y el traspaso solo permitió detectar y regularizar esa situación. Se rechazan las reclamaciones: no hay restitución de remuneraciones ni indemnización.
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La incompatibilidad de percibir beneficios por un mismo concepto rige aunque cambie su fuente de financiamiento, y la asignación convencional de zona se mantiene vía planilla complementaria mientras no se renuncie a ella.
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La Contraloría concluye que la reubicación de personal del DAEM en municipios debe formalizarse mediante decreto alcaldicio que detalle las nuevas tareas, y que los reubicados conservan su antigüedad, pero se rigen por el régimen estatutario o laboral que corresponda, no por los beneficios colectivos anteriores.
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que prohibir celulares en colegios municipales es legal si se ajusta a la ley N° 21.801 y a las instrucciones de la Superintendencia de Educación, y que no afecta la seguridad de los alumnos. Sobre los estuches que inhiben señal en Lo Barnechea, remite su calificación a la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
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La Contraloría toma razón del documento que distribuye recursos entre las Universidades Estatales, por estar ajustado a derecho, con el alcance de que el Ministerio y las universidades deben rendir cuenta de esas transferencias conforme a la resolución N° 2, de 2026.
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La Contraloría no da curso al documento que aprueba la modificación del convenio entre la Dirección de Educación Pública y la Municipalidad de San Pedro de la Paz, porque el proyecto no cuenta con evaluación favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y faltan fundamentos exigidos.
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La Contraloría concluye que las 3 horas semanales de trabajo colaborativo del PIE cuentan para la titularidad de la ley N° 21.176, por formar parte de la función docente, y ordena a la Municipalidad de Pucón reconocerlas y pagar las adeudadas de marzo a mayo de 2025.
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La Contraloría concluye que la Universidad del Biobío debe incluir a la nueva asociación AFACAD en la elección de representantes al Consejo Universitario, sin excluirla por agrupar a académicos y administrativos de ambas sedes, y adoptar medidas para su participación.
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El dictamen analiza el impacto contable del plan de condonación de deudas educativas del proyecto de ley, concluyendo que la condonación del CAE generaría un gasto patrimonial diferido en el tiempo, tanto para el Fisco como para las universidades estatales, sin poder cuantificarse un monto preciso.
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El SLEP no asume las deudas previsionales y remuneracionales de municipios y corporaciones, que siguen siendo de su exclusiva responsabilidad, y un administrador provisional no impide el traspaso. Mantener el calendario es decisión del MINEDUC, no de Contraloría.
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La Contraloría concluye que las observaciones contables del oficio N° E112983 no afectan la determinación de los montos del CAE ni la cobranza de la TGR, por lo que no corresponde revisar los casos reclamados.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba las bases tipo para los concursos de los programas de cuidado alternativo y preparación para la vida independiente, por ajustarse a derecho, con alcances: no se pronuncia sobre las bases técnicas, la inhabilidad temporal se rige por el artículo 41 de la ley N° 21.302 y se advierte que la resolución exenta N° 173, de 2022, citada en el anexo 1, fue dejada sin efecto.
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La Contraloría rechaza la solicitud de ilegalidad del cálculo del aporte mensual complementario de educación, pues el DFL N° 4, de 2025, ya fue tomado de razón y se ajustó a la delegación. Además, la alegación sobre un financiamiento incompleto es materia constitucional ajena a su competencia.
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La Contraloría concluye que la ANID se equivocó al prorrogar de oficio la beca hasta febrero de 2025 y luego rechazar la extensión COVID-19, pues el plazo de 4 años es un máximo renovable, no un tope obligatorio. Ordena revisar la solicitud considerando el término original del 31 de diciembre de 2024.
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La Contraloría concluye que el artículo 8° del decreto N° 478, de 2015, se ajusta a la ley N° 20.845, pues si la variación de subvenciones es negativa el cobro máximo no se modifica, ya que la ley solo permite disminuirlo, nunca aumentarlo. Desestima la reclamación.
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La desvinculación de docentes del tramo inicial o temprano que no avanzan de tramo en dos procesos consecutivos debe hacerse efectiva desde el 1 de julio del año respectivo, tras la resolución que fija el tramo, y no al término del año escolar.
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La Contraloría concluye que corresponde a la Agencia de Calidad definir la situación de los establecimientos con desempeño insuficiente y la base de evaluaciones para aplicar el artículo 31, y considera razonable y justificada la opinión de la ACE de no considerar el historial de ordenación para esos efectos.
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Solo corresponde traspasar al SLEP Manquehue el lote donde funciona el Centro Educacional Fermín Vivaceta, no así el entregado en comodato a Carabineros, por lo que tampoco procede aumentar ese terreno policial.
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La Contraloría concluye que la SES actuó dentro de sus facultades al prohibir usar "acreditación" para certificaciones no reconocidas por ley, y ordena a los organismos competentes implementar pronto la acreditación voluntaria pendiente.
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La falta de reconocimiento oficial no impide aplicar el Título VI del Estatuto Docente ni pagar remuneraciones a educadoras de párvulos. Concluye que la educadora pasa al régimen de profesionales de la educación, por lo que no procede pagarle el bono de responsabilidad.
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La Contraloría concluye que el traspaso del recurrente al SLEP Antofagasta no procede, porque su desvinculación de la corporación municipal rompió la continuidad laboral exigida por la ley N° 21.040.
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La Contraloría concluye que los organismos ejecutores solo pueden imputar al convenio los gastos por obtener la garantía (comisiones, primas), no el monto mismo de la caución, que debe cumplir los requisitos legales.
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La Contraloría concluye que la circular N° 65 de JUNJI no es irregular, pues las tareas asignadas a la Oficina de Prevención de Riesgos se limitan a su rol de asesoría técnica como unidad requirente, sin desplazar las etapas administrativas de compras.
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La Contraloría toma razón del documento que ordena pagar la subvención Pro-retención 2026, por ajustarse a derecho, con alcances sobre dónde constan los requisitos y las nóminas de montos.
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La Contraloría concluye que la asignación de experiencia pactada en convenios colectivos debe pagarse dentro de la planilla complementaria, comparándola con la asignación legal del artículo 48 y pagando solo la de mayor valor, sin duplicarla; el SLEPSR debe regularizar su procedimiento.
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El requisito del artículo 2° N° 1 de la ley N° 21.728 solo exige haberse desempeñado en un establecimiento traspasado, sin importar el mecanismo de salida. Concluye que la renuncia forzada seguida de contratación municipal el mismo día no impide acceder al aporte, pues no interrumpió el vínculo con el Estado.
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La Contraloría reconsidera su dictamen previo y concluye que no hay impedimento para las contrataciones a honorarios cuestionadas, pues las leyes de presupuestos desde 2023 eximen de las limitaciones del artículo 11 del Estatuto Administrativo, aun tratándose de labores habituales.
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La Contraloría concluye que el CFT de Los Ríos puede exigir requisitos objetivos, como la antigüedad de un año, para otorgar el ajuste individual por desempeño, pues la norma permite fijar condiciones adicionales a la evaluación. No hay reproche a dichas exigencias.
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La Contraloría concluye que la calidad de integrante del SNSS del Hospital Clínico de la Universidad de Chile solo rige para las atenciones del artículo 141, por lo que FONASA sí puede celebrar convenios con él en el marco del SAP, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
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El convenio colectivo de octubre de 2024 entre CODEDUC y SINAPE no es oponible al SLEP Santa Corina ni debe pagarlo mediante planilla complementaria, pues no se aplica el inciso quinto del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040; su pago corresponde a CODEDUC.
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La Contraloría imparte instrucciones sobre la ley N° 21.803, que otorga titularidad docente, precisando qué períodos y contrataciones computan y cuáles no. Concluye que, excepcionalmente y por única vez, se podrá acceder a la titularidad sin exigir el ingreso por concurso público, beneficio que regirá desde el 1 de marzo de 2026.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Padre Hurtado no puede pagar una asignación de movilización a los docentes regidos por la ley N° 19.070, porque ese beneficio no está contemplado en su estatuto ni en leyes especiales aplicables.
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La Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre la asignación de zona pactada colectivamente en Punta Arenas porque el asunto está sometido a tribunales, y respecto del SLEPM concluye que solo debe pagar la asignación legal del artículo 47 de la ley N° 21.109, desestimando la reconsideración.
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La Contraloría concluye que la resolución exenta N° 812, de 2021, de la Superintendencia de Educación es legal, pues solo aplica en el ámbito escolar principios y garantías ya consagrados en la ley N° 21.120, sin regular el cambio registral de niños y adolescentes.
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La Contraloría concluye que los inmuebles recibidos en comodato no pueden reconocerse como activo ni aplicarse las NIC 20 o NICSP 13, sino que solo las mejoras deben registrarse como Propiedad, Planta y Equipo; el tratamiento anterior constituye un error de períodos anteriores que debe corregirse retroactivamente.
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La Contraloría concluye que una funcionaria regida por el Código del Trabajo, reubicada en dependencias municipales distintas del DAEM tras no ser traspasada al SLEP, no puede acceder a la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.964 ni a los beneficios de la ley N° 21.135.
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La Contraloría rechaza reconsiderar su dictamen: quien fue recontratado como académico de excelencia tras recibir el bono compensatorio no puede usar ese último desempeño para obtener el bono adicional de la ley N° 21.043, pues esa recontratación es una excepción restrictiva.
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La Contraloría concluye que, por la sucesión legal del SLEP Los Libertadores como sostenedor desde el traspaso, a este le corresponde continuar los procedimientos disciplinarios por hechos ocurridos bajo la CORESAM, la que debe remitirle todos los antecedentes.
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La deuda por remuneraciones indebidamente percibidas antes del traspaso educacional queda radicada en el patrimonio municipal, pero como la funcionaria ahora depende del SLEPLP, la Municipalidad de Quinta Normal debe coordinarse con ese servicio para que efectúe los descuentos y luego ingresar los montos al municipio.
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La Contraloría concluye que la inasistencia de una asistente de la educación a una capacitación por estar con permiso postnatal parental se justifica para calcular la variable de convivencia escolar del bono de desempeño laboral, aplicando una excepción a la regla general.
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La Contraloría concluye que el contrato del Subdirector de Control Interno es improcedente porque sus funciones de asesoría jurídica e informes se superponen con las del Fiscal, alterando la estructura legal; el CFT debe ajustarlo. En cambio, acepta la subrogancia del Fiscal si el designado cumple los requisitos.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba una transferencia de recursos para pagar obligaciones previsionales pendientes de municipalidades y corporaciones municipales, por ajustarse a derecho, con el alcance de que esos recursos deben reconocerse mediante un decreto de modificación presupuestaria.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de DIPRES y confirma que el FES no es un activo financiero, sino un activo contingente, porque el derecho a restitución solo nace cuando el beneficiario obtiene ingresos futuros.
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La Contraloría concluye que la reducción gradual de jornada de la ley N° 21.561 no se aplica a los asistentes de la educación de establecimientos municipales y VTF, regidos por el artículo 39 de la ley N° 21.109, pero sí rige para el personal municipal afecto al Código del Trabajo.
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La Contraloría concluye que los $3.000 millones transferidos por el Gobierno Regional de Antofagasta al SLEP deben administrarse presupuestariamente, pues se trata de una transferencia consolidable, y rechaza su manejo extrapresupuestario bajo "Administración de Fondos".
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La Contraloría concluye que el desistimiento de la renuncia voluntaria presentada por un docente para acogerse a la supresión de horas es válido si se realiza antes de su aceptación formal, por lo que acoge el reclamo y ordena al municipio regularizar la relación laboral.
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La reforma al artículo 36 del Estatuto de la Universidad de Chile, que incorpora a estudiantes y personal de colaboración con voto en los Consejos de Facultad, no altera la estructura general ni el Título I, por lo que no requería consulta a la comunidad ni pronunciamiento del Consejo Universitario, bastando la intervención del Senado Universitario.
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La condonación del saldo de la deuda del FSCU aplica también cuando las cuotas se fijaron según el artículo 11, no solo el artículo 8, y basta pagar íntegra y continuamente las cuotas por 12 o 15 años, aunque no en las fechas exactas. Contraloría ratifica ese criterio.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la Universidad de Los Lagos y mantiene que las docentes e investigadoras contratadas a honorarios bajo el artículo 48 de la ley N° 21.094 tienen fuero maternal, pues sus labores son habituales y no accidentales.