Contraloría General de la República · Organización y Procedimiento Administrativo
Invalidación y Recursos Administrativos
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Invalidación y Recursos Administrativos, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Organización y Procedimiento Administrativo, que incluye Invalidación y Recursos Administrativos, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Organización y Procedimiento AdministrativoPronunciamientos
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La Contraloría rechaza la reconsideración y mantiene que la Universidad de Chile debe invalidar la adjudicación, pues la oferta de Hoppmann sí incluía el anexo técnico y su inadmisibilidad se basó en un error. Las compensaciones por perjuicios corresponden a los tribunales.
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La Contraloría revisa un recurso extraordinario de revisión contra oficios que no objetaron la recepción definitiva de un edificio en San Joaquín. Concluye que no se configura ninguna causal legal y desestima el recurso, al reiterar el recurrente antecedentes ya considerados.
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La Contraloría concluye que es legal la revocación de la pensión de gracia del reclamante, pues el Presidente tiene la atribución privativa de otorgarlas y dejarlas sin efecto, y la decisión está suficientemente fundada en los antecedentes penales y en los criterios de la Comisión Asesora, por lo que no es arbitraria.
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La Contraloría concluye que el INDH fue fiscalizado por su rol acreditador de víctimas en las pensiones de gracia de octubre de 2019 y que, en el caso denunciado, el beneficio ya fue revocado por falta de sustento.
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El CNED no puede revisar por reposición su propia resolución que rechazó la apelación del Instituto Profesional Los Leones, porque la ley N° 20.129 establece un sistema recursivo especial y agotado. Concluye que debe iniciar la invalidación de ese acto.
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La Contraloría concluye que la ANID actuó correctamente al exigir la restitución total de los fondos, pues la becaria superó el 25% de ausencia permitido y no informó sus salidas. Rechaza la prescripción y la condonación, aunque la ANID puede otorgar facilidades de pago.
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La Contraloría concluye que el reclamo del artículo 160 del Estatuto Administrativo no procede contra la resolución que rechaza un recurso extraordinario de revisión, pues este tiene regulación propia en la ley N° 19.880 y no contempla ese reclamo como instancia.
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La Contraloría concluye que el Presidente puede revocar discrecionalmente las pensiones de gracia otorgadas, y que exigir certificación del INDH también para la glosa 12 es válido, pues unifica el procedimiento de ambas glosas sin inconveniente legal.
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La Contraloría revisa las alegaciones de la Corporación Colegio Alemán contra sanciones de la Superintendencia de Educación y concluye que no hubo irregularidades en el procedimiento sancionatorio, desestimando todos los reclamos.
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La Contraloría concluye que no procede invalidar el certificado del SAG de 2020, pues la servidumbre no era requisito exigible al emitirse y ya transcurrió el plazo legal de invalidación.
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La Contraloría rechaza la reposición de Cerro Navia y confirma que la exfuncionaria debe recibir remuneraciones hasta el pago total de su bonificación por retiro voluntario, pues su renuncia solo cesa con ese entero. El municipio debe regularizar la situación en 30 días.
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La Contraloría concluye que el Servicio actuó conforme a derecho al evaluar y rechazar la propuesta de la Corporación Opción, pues la comisión evaluadora fue designada previamente y los puntajes se fundamentaron adecuadamente. Desestima el reclamo por no advertirse infracción al principio de estricta sujeción a las bases.
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La Contraloría concluye que la ANID se excedió al declarar inadmisible la propuesta de la Universidad Católica por el cambio de rol de su directora alterna, pues las bases son imprecisas y, ante la duda, debe prevalecer la admisión de la oferta. Ordena permitir el cambio y evaluar la propuesta.
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La Contraloría concluye que fue correcto que la Subsecretaría de Bienes Nacionales acogiera el recurso extraordinario de revisión y dejara sin efecto la regularización que había reconocido derechos a un tercero no indígena sobre un predio indígena, ordenando retrotraer el procedimiento y cancelar los títulos, sin advertir irregularidades en ese actuar.
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La Contraloría concluye que en la compra ágil de sillones se aplicaron mal los criterios de admisibilidad y puntaje, generando un vicio de legalidad, por lo que la Subsecretaría debe iniciar un procedimiento de invalidación y evaluar responsabilidades disciplinarias.
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La Contraloría rechaza reabrir el caso sobre la invalidación del certificado de recepción definitiva de 2016, pues no hay antecedentes nuevos y ya transcurrió el plazo legal de dos años para invalidar. Las acciones judiciales quedan a decisión de los interesados.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión porque no tiene competencia sobre el acto de la Subsecretaría del Deporte y no se configura error de hecho ni documentos esenciales ignorados en la resolución de la Contraloría Regional Metropolitana.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría de Salud Pública debe registrar en SIAPER la designación de la jefa cuestionada y decidir fundadamente si invalida la priorización de pembrolizumab, ponderando los posibles conflictos de interés.
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La Contraloría concluye que SENAPRED actuó correctamente al invalidar la licitación por bases contradictorias en el criterio precio y declararla desierta, sin obligación de readjudicar, y que fijar la certificación ISO 9001 como criterio de evaluación es una facultad discrecional de la Administración. Desestima el reclamo.
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La Contraloría rechaza el recurso extraordinario de revisión de Oscar Torres contra el oficio N° E2710 de la Contraloría Regional del Maule, pues no se configura ninguna de las causales legales del artículo 60 de la ley N° 19.880 y los antecedentes reiteran lo ya presentado.
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La Contraloría concluye que la SEREMI acertó al no invalidar el certificado de recepción definitiva, pues había transcurrido el plazo legal de dos años, pero erró al declarar inadmisible el recurso por falta de competencia, ya que sí tiene facultades de supervigilancia sobre la Dirección de Obras Municipal.
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La Contraloría concluye que el silencio positivo no procedía respecto del recurso de reposición contra una multa, pues tratándose de impugnaciones de actos administrativos se aplica la excepción del artículo 65 de la ley N° 19.880, entendiéndose rechazada la solicitud; además, la Subsecretaría rechazó expresamente el recurso, por lo que desestima las alegaciones del interesado.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el reglamento sobre empresas donde no se podrá ejercer el derecho a huelga, con el alcance de que su artículo 12 no impide impugnar los actos administrativos conforme a la ley N° 19.880.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría actuó conforme a derecho al cobrar la multa pese al recurso de reposición pendiente, pues este no suspende la ejecución del acto, y al aplicarla siguiendo el procedimiento de las bases, rechazando la reclamación.
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La Contraloría concluye que la invalidación del artículo 53 de la ley N° 19.880 no es un recurso administrativo, sino una potestad de revisión que la SUSESO debe conocer y resolver fundadamente si se solicita, aunque el procedimiento especial de la ley N° 20.585 no la contemple expresamente.
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La Contraloría concluye que Carabineros adjudicó indebidamente la línea N° 6, pues la oferta no cumplía todos los requisitos técnicos de las bases, por lo que debe iniciar un procedimiento de invalidación del acto administrativo.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de una exfuncionaria porque la orden de no innovar que invocaba fue dejada sin efecto, por lo que no se configura la causal de aparición de documentos esenciales.
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La Contraloría rechaza el recurso extraordinario de revisión de Constructora SB Ltda. contra el dictamen N° E418706, de 2023, porque no se configura ninguna de las causales legales y los argumentos solo reiteran los ya presentados.
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La Contraloría concluye que el decreto municipal que puso término anticipado al contrato y ejecutó la garantía carece de motivación suficiente y no respetó los principios de contradictoriedad e impugnabilidad, por lo que el municipio debe invalidarlo o dictar un acto complementario que subsane esas falencias.
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La Contraloría concluye que CORFO debe investigar eventuales responsabilidades administrativas por la falta de verificación de la personería de quien suscribió el convenio, y decidir si inicia la invalidación o regulariza el convenio; las acciones judiciales indemnizatorias corresponden a los tribunales.
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La Contraloría confirma que no existe relación jerárquica entre la DGMN y las Autoridades Fiscalizadoras de Carabineros, por lo que el recurso jerárquico debe resolverse ante el superior de cada autoridad fiscalizadora, y no ante la DGMN.
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La Contraloría concluye que la Dirección del Trabajo actuó correctamente al invalidar el registro de la directiva regional de Los Ríos de ANTRAMEF, pues no se acreditó el quórum mínimo legal exigido, y desestima la alegación de que el asunto correspondiera a los Tribunales Electorales Regionales.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión del Municipio de Rauco, pues discrepar de su interpretación no constituye un manifiesto error de hecho, y confirma el pago retroactivo de las diferencias remuneratorias al señor Rojas Santelices por la subrogancia ejercida.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Cisnes actuó incorrectamente al rechazar por un aspecto meramente formal la oferta del reclamante y al adjudicar a un proponente que no acreditó su capacidad económica según las bases, por lo que debe iniciar un procedimiento de invalidación.
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La Contraloría concluye que el nombramiento del director de seguridad pública fue procedente porque la querella se dirigió contra el Cuerpo de Bomberos y no contra él, por lo que no se configuraba la inhabilidad de litigio pendiente. Acoge la reposición y deja sin efecto el oficio impugnado.
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La Contraloría acoge el recurso de SENCE y, aplicando una excepción a la regla general, acepta la rendición de 24 cursos ejecutados tras el término anticipado del convenio, pues los fondos se destinaron al fin comprometido y hubo buena fe.
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La Contraloría concluye que la Asociación de Municipalidades de Chile excedió sus funciones al actuar como intermediaria comercial en un convenio de administración de licencias médicas, distorsionando la libre competencia. Ordena a Puchuncaví invalidar la contratación directa y licitar conforme a la ley N° 19.886.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de la Municipalidad de Yerbas Buenas contra el oficio que ordenó invalidar la licitación, pues no se configura la causal invocada; sin perjuicio de ello, el municipio debe iniciar el procedimiento de invalidación, otorgando audiencia a los interesados.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de la Municipalidad de Lota porque no hay error de hecho manifiesto: el pago de remuneraciones a la docente no fue resuelto en sede judicial, sino solo la ilegalidad parcial del decreto alcaldicio.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de la Municipalidad de Yerbas Buenas porque no se configura un error de hecho ni aparecen documentos esenciales nuevos. Concluye que igualmente debe iniciarse el procedimiento de invalidación, con audiencia a los interesados, salvo que se afecten derechos adquiridos o situaciones consolidadas.
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La Contraloría concluye que fue procedente invalidar la ampliación de plazo de paralización otorgada a Aquachile, porque su solicitud fue extemporánea al presentarse fuera del plazo legal, y desestima la pretensión de la empresa.
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La Contraloría concluye que el Ejército actuó correctamente al invalidar la adjudicación y reevaluar la experiencia según las bases, bastando una factura por contrato para acreditarla, por lo que desestima el reclamo de la empresa recurrente.
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La Contraloría concluye que, aunque la resolución de subdivisión N° 113 de 2008 fue ilegal al vulnerar el PRMS, no puede invalidarse por el transcurso del tiempo, por lo que no hay reproche al oficio de la SEREMI que autoriza enajenar los lotes sin la prohibición.
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La Contraloría concluye que SERNAPESCA actuó correctamente al rechazar la revocación de la resolución exenta N° 831, de 2010, pues había vencido el plazo de invalidación y la revocación no procede tratándose de actos que crean derechos adquiridos. Desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que, en permisos de edificación vigentes no invalidados que infringen la norma de agrupamiento continuo, procede aprobar modificaciones que reduzcan alturas o aumenten mínimos, pero no las que amplíen parámetros máximos o reduzcan mínimos.
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La Contraloría concluye que la Comisión Ingresa no puede aplicar el teletrabajo del Código del Trabajo, por lo que debe eliminar esas cláusulas de sus contratos; solo puede usar el teletrabajo autorizado por la ley N° 21.652, con sus límites.
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La Contraloría acoge el recurso de revisión y reconsidera su dictamen anterior, reconociendo que al recurrente le asistió la confianza legítima de que su contrata sería renovada, por lo que el municipio debe reincorporarlo y pagarle las remuneraciones adeudadas.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de la Municipalidad de Lota, pues no hubo error de hecho: la titularidad de la docente deriva directamente de la ley N° 21.399, sin requerir solicitud previa.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de Sandor Arancibia porque no invoca ninguna causal legal y solo discrepa de la interpretación del oficio N° E211.766, de 2022, que negó reliquidar su pensión no contributiva incluyendo la asignación de responsabilidad superior.
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El MINEDUC puede revisar la legalidad de los actos de los procesos extraordinarios 2016-2021 sobre el bono del artículo 59 de la ley N° 20.883 e iniciar su invalidación o regularización. Respecto de la prescripción, se aplica la regla de dos años del Código del Trabajo, pero esta se interrumpe si el beneficio se impetró oportunamente y la omisión fue de la Administración, lo que no se acredita para todos los excluidos.