Contraloría General de la República · Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Transferencias y Convenios entre Organismos
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Transferencias y Convenios entre Organismos, del más reciente al más antiguo. Página 5.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, que incluye Transferencias y Convenios entre Organismos, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoPronunciamientos
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La Contraloría autoriza, solo por un año, un procedimiento simplificado para que la Subsecretaría de Hacienda y CORFO regularicen rendiciones pendientes del Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Globales, usando información complementaria en SISREC o un oficio, y exige informar las medidas adoptadas en 60 días hábiles.
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El dictamen aclara que, cuando hay cuatro intervinientes (GORE, FOSIS, ejecutor privado y beneficiario final), no se aplica el oficio N° E516614 de 2024, sino que el FOSIS debe rendir cuentas al GORE y el ejecutor privado al FOSIS, registrándose los recursos según los procedimientos C-01 y C-03.
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La Contraloría concluye que a los colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia no se les puede exigir la garantía de fiel cumplimiento del artículo 25 letra b) de la ley de presupuestos 2025, porque su régimen especial (ley N° 20.032) prima sobre esa regla general.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba una transferencia de recursos a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, 2025, por ajustarse a derecho, con alcances: hace presente un decreto posterior y corrige la asignación presupuestaria (es la 001).
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La Contraloría no da curso al instrumento que autoriza y aprueba el convenio JUNAEB-Municipalidad de La Pintana para el Programa Salud Oral 2025, porque su cláusula vigésimo quinta infringe el artículo 27 de la ley de presupuestos (falta autorización previa de Dipres y plazo de rendición excede 6 meses) y la cláusula tercera individualiza anexos no adjuntos ni firmados.
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La circular N° 20 de 2023 ya no rige; hoy las transferencias a PRODEMU se rigen por la Ley de Presupuestos 2025. Si un convenio requiere compromisos que excedan el año presupuestario, debe pedirse autorización previa a la DIPRES.
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La Contraloría concluye que el MINEDUC actuó correctamente al descontar de las transferencias los gastos por licencias médicas docentes, pues el legislador presupuestario prohibió expresamente financiarlos con esos recursos durante 2023-2025, y el cálculo aplicado se ajusta a derecho.
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La Contraloría concluye que el MTT actuó correctamente al descontar el subsidio porque el operador, autorizado a operar con dos naves, no igualó la capacidad de carga de las tres naves comprometidas, conforme a la cláusula séptima del contrato. Rechaza la reclamación.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de colaboración y transferencia de recursos con CINCEL, por estar ajustado a derecho, con el alcance de que el Anexo N° 5 no forma parte del acto como allí se indica.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de transferencia entre CORFO y Software y Servicios Chile GECHS SPA para el proyecto "MIS MUERTOS TRISTES", por ajustarse a derecho, con el alcance de que sus modificaciones deben sancionarse mediante acto administrativo afecto a toma de razón.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre CORFO y Software y Servicios Chile GECHS SPA para el proyecto "LA VIDA PADRE", por ajustarse a derecho, con el alcance de que sus modificaciones deben sancionarse mediante acto administrativo afecto a toma de razón.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de transferencia entre CORFO y Software y Servicios Chile GECHS SPA para el proyecto "DORA SEASON 3", por ajustarse a derecho, con el alcance de que sus modificaciones deben sancionarse mediante acto administrativo afecto a toma de razón.
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La Contraloría toma razón del documento del Ministerio que dispone una transferencia de recursos, con el alcance de que en lo sucesivo deberá considerar el uso obligatorio del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC).
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere recursos a la Subsecretaría de Educación Parvularia para el Programa Convenio INTEGRA, con alcances: la rendición de cuentas no puede exceder seis meses y la restitución abarca recursos no rendidos, observados o no ejecutados.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre CORFO y CODESSER para el proyecto "SR. y SRA. PINOCHET", por ajustarse a derecho, con el alcance de que sus modificaciones deben sancionarse mediante acto administrativo afecto a toma de razón.
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La Contraloría toma razón del documento del Ministerio que dispone una transferencia de recursos, con el alcance de que en lo sucesivo deberá considerar el uso obligatorio del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC).
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el decreto N° 473 de 2023 de Hacienda, por ajustarse a derecho, con alcances: se omitió señalar que el Contrato de Préstamo N° 5758/0C-CH fue aprobado por el decreto N° 1.041 de 2023 y la sigla SGD está mal indicada.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere recursos a la Subsecretaría de Educación Parvularia para el Programa Convenio INTEGRA, con alcances: el plazo de rendición no puede exceder seis meses, la restitución abarca recursos no rendidos, observados o no ejecutados, y el informe de avance debe cubrir enero a junio de 2025.
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La Contraloría toma razón del documento que dispone la transferencia de recursos, con el alcance de que el Ministerio debe usar, en lo sucesivo, el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC).
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre CORFO y CODESSER para el proyecto "SUPERMAN EN CHILE", por ajustarse a derecho, con el alcance de que sus modificaciones deben sancionarse mediante acto administrativo afecto a toma de razón.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la transferencia de fondos a la Delegación Presidencial Provincial de Arauco, por ajustarse a derecho, aunque con el alcance de que en lo sucesivo ese acto debe señalar la situación de emergencia hídrica y sus antecedentes.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre CORFO y CODESSER para el proyecto "Rojo Corazón", por ajustarse a derecho, con alcances: se omitió el código del proyecto y las modificaciones al convenio deben sancionarse mediante acto administrativo sometido a toma de razón.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la transferencia de fondos a la Delegación Presidencial Provincial de Arauco, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo deberá señalar en el propio acto los antecedentes que fundan la emergencia hídrica.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el contrato con Servicios Profesionales UP SpA para plataformas de análisis de datos, con alcances sobre el financiamiento, citas normativas y el monto de la garantía.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la Corporación Opción y confirma que debe reintegrar los recursos no ejecutados del PRJ Iquique, pues no se configuró la situación consolidada que permitía redistribuirlos conforme a la excepción del artículo 70.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de colaboración entre la Dirección de Obras Portuarias y la Armada, entendiendo que el traslado del personal de la contratista corre por cuenta de esa empresa, y ordena cumplir las normas de rendición de cuentas.
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La Contraloría rechaza la solicitud de DIPRECA para rendir cuentas mediante un procedimiento simplificado de las transferencias de las asignaciones 24-03-284, 287, 289 y 290, pues no acreditó condiciones excepcionales que justifiquen aplicar esa excepción a la regla general.
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La Contraloría concluye que la Dirección de Educación Pública actuó correctamente al no transferir la segunda cuota del FAEP a la Municipalidad de Ránquil, porque esta ingresó el informe de avance fuera del plazo convenido (21 de octubre de 2024). No es una sanción, sino aplicación estricta del convenio.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere los fondos a la cuenta bancaria seis, pero advierte que no consta el cumplimiento oportuno de la cláusula 5.4 del contrato, lo que deberá tenerse presente para lo dispuesto en el oficio N°E125048.
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La Contraloría rechaza eximir de toma de razón las resoluciones del IPS que aprueban transferencias de recursos a la FACM, pues deben someterse a control de legalidad si superan el monto fijado en la resolución N° 36, de 2024, y el IPS debe ajustar el convenio de 2019 a la normativa vigente.
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La Contraloría concluye que "instituciones privadas" en la ley de presupuestos comprende, por regla general, solo a las sin fines de lucro, salvo excepciones legales, y que no procede exigir garantías superiores al 5% en concursos públicos, aunque sí en asignaciones directas excepcionales.
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La Contraloría rechaza la solicitud de CONADI de rendir mediante procedimiento simplificado los recursos transferidos a INDAP, pues las dificultades operativas invocadas no constituyen una condición excepcional que lo justifique.
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La Contraloría concluye que el Servicio actuó ajustado a derecho al no exigir garantías en los concursos de 2024, pues los colaboradores eran beneficiarios y no ejecutores según el oficio circular N° 11; tampoco se requería autorización de la DIPRES porque la ley N° 20.032 permite convenios de hasta tres años.
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La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba los convenios ad referéndum N°s 3 y 4, entendiendo que la etapa 2.2.16 "Implementación Consulta Indígena" inicia el día 570, y ordena adoptar medidas para aprobar oportunamente los convenios, dado el evidente retraso.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la transferencia de recursos a la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía para financiar proyectos del Programa Inversión en la comunidad, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la rendición de cuentas no puede exceder seis meses desde el término de las actividades.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para financiar proyectos del Programa Inversión en la comunidad entre julio y diciembre de 2025, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la rendición de cuentas no puede exceder seis meses desde el término de las actividades.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos a la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos para financiar proyectos del Programa Inversión en la comunidad entre julio y diciembre de 2025, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la rendición de cuentas no puede exceder seis meses desde el término de las actividades.
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La Contraloría determina que los honorarios que la Municipalidad de Pudahuel paga como complemento a los prestadores del convenio con SENDA deben imputarse al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", del decreto N° 854, de 2004.
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La Contraloría rechaza por ahora la solicitud de SERCOTEC de aplicar un procedimiento simplificado de rendición de cuentas, pues no detalló la documentación ni resguardos necesarios. Además, el uso obligatorio del SISREC rige desde el 1 de julio de 2024, no desde enero de 2025.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere fondos a la cuenta bancaria seis, aunque advierte que no consta el cumplimiento oportuno de la cláusula 5.4 del contrato, lo que deberá considerarse al instruir el procedimiento disciplinario y la auditoría dispuestos.
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La Contraloría concluye que en 2024 los gobiernos regionales no podían transferir recursos del subtítulo 29 a instituciones privadas para adquirir activos no financieros; solo en 2025 se autorizó, excepcionalmente, a instituciones públicas y cuerpos de bomberos.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba una transferencia al Ministerio de Obras Públicas, con alcances: los montos del considerando N° 6 son miles de pesos y los convenios deben detallar actividades, gastos y plazos.
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La Contraloría concluye que JUNJI puede aceptar los gastos por dos softwares computacionales rendidos por la Corporación para la Infancia de Santiago, pues la normativa permite financiar equipamiento y bienes necesarios para el funcionamiento administrativo de los jardines infantiles.
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La Contraloría concluye que la Delegación Presidencial del Biobío debe celebrar un solo convenio de transferencia con cada entidad privada ejecutora, incluyendo todos los proyectos que se le adjudicaron, y no uno por cada proyecto.
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La Contraloría toma razón del documento del Fondo Nacional de Salud que aprueba la renovación del convenio con la Municipalidad de La Granja, con alcances: solo se paga por prestaciones efectivamente otorgadas y respaldadas, sin superar el monto máximo, y la vigencia corre desde el 1 de abril de 2025.
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La Contraloría rechaza la solicitud de la Subsecretaría de Servicios Sociales de rendir mediante procedimiento simplificado los recursos transferidos a FOSIS, Educación Parvularia, SENADIS y SENAMA, pues no se acreditó una condición excepcional que lo justifique.
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La Contraloría concluye que los recursos no ejecutados al 31 de diciembre de 2024 provenientes de convenios con la Subsecretaría del Trabajo y el SENCE son ingresos propios de Chilevalora y no pueden manejarse como fondos en administración, debiendo incorporarlos a su presupuesto 2025 con los ajustes contables procedentes.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del exdirector del SERMIG y mantiene que el aporte de USD$30.000 a la OCDE careció de fundamento jurídico, pues comprometió recursos públicos sin facultades ni obligación consolidada, y ACNUR finalmente no financió el estudio.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba una transferencia de recursos a la Delegación Presidencial Regional de Biobío para proyectos del Programa Inversión en la Comunidad, julio-diciembre 2025, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la rendición de cuentas no puede exceder seis meses desde el término de las actividades.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el decreto N° 968, de 2023, de Hacienda, que aprobó el contrato de préstamo con el BIRF, por ajustarse a derecho, con el alcance de que se tuvo a la vista su traducción al español.