Contraloría General de la República · Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería
Fuerza Aérea y Aeronáutica Civil
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Fuerza Aérea y Aeronáutica Civil, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería, que incluye Fuerza Aérea y Aeronáutica Civil, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Fuerzas Armadas, de Orden y GendarmeríaPronunciamientos
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La Contraloría concluye que no procede pagar docencia adicional invocando el artículo 87 letra a) de la ley N° 18.834 a funcionarios de la DGAC cuya jornada ya comprende docencia permanente en la ETA, pues no constituye un desempeño distinto; tales necesidades deben cubrirse con jornada extraordinaria o aumento de destinación.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el Reglamento de seguridad de la aviación civil (DAR 17), con alcances: el acceso a información queda sujeto a la normativa vigente, se mantiene la numeración y título de la Sección 3.3, y la "Política Nacional de Instrucción" se entiende referida al Programa Nacional de Instrucción.
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El Presidente tiene disponibilidad permanente y protección integral, lo que justifica usar bienes fiscales, incluido el avión institucional, incluso en viajes por sufragio. Concluye que no hubo irregularidades en los traslados del ex Presidente a Magallanes.
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La Contraloría concluye que los funcionarios de la DGAC no tienen atribuciones para verificar si el transporte de cannabis medicinal está suficientemente justificado, por lo que deben siempre denunciar el hecho ante la autoridad competente, sin aplicar la excepción de tratamiento médico.
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La Contraloría concluye que los organismos públicos que cumplen funciones legales en aeródromos y aeropuertos no están obligados a pagar las tasas TICA y PAV, pues no existe norma legal que las imponga y rigen los principios de gratuidad y coordinación.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba una transferencia de fondos al "Fondo para Obras de las Fuerzas Armadas-Fuerza Aérea", por ajustarse a derecho, con los alcances de que solo puede efectuarse desde su total tramitación y que la rendición de cuentas no puede exceder seis meses.
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La DGAC puede restringir las operaciones de transporte de valores en el aeropuerto AMB por motivos de seguridad, y lo hizo conforme a la normativa aplicable. Contraloría concluye que no hubo irregularidad y desestima el reclamo de Brinks.
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La Contraloría concluye que la DGAC puede otorgar la extensión de vigencia del certificado de aeronavegabilidad (EVCA) por solo 24 meses, pues los 9 años son un tope máximo y no un plazo fijo, y restringirlo es una facultad técnica discrecional no revisable por este órgano.
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La Contraloría concluye que los años servidos en la Armada y usados para la pensión de retiro no pueden computarse otra vez para el tercer sueldo superior, por lo que rechaza la pretensión del recurrente y deja sin efecto el dictamen N° 14.611, de 2008.
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La Contraloría concluye que la DGAC sí está facultada para autorizar la construcción, instalación, mantenimiento y operación de sistemas de ayuda a la navegación aérea en aeródromos privados, y debe fiscalizar permanente y eficazmente esas instalaciones y aeródromos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que dispone la transferencia de recursos a la Fuerza Aérea, con alcances: la transferencia solo procede desde la total tramitación del acto, la rendición no puede exceder seis meses y el reintegro comprende saldos observados, no rendidos y no ejecutados, pagaderos a rentas generales.
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La Contraloría concluye que los funcionarios de la DGAC regidos por el decreto ley N° 3.500 no pueden acceder a los beneficios de las leyes N°s. 18.675 y 19.200, pues su régimen remuneratorio es distinto y no existe norma legal que los incluya; solo el legislador podría disponerlo.
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La DGAC tramitó la reapertura de la investigación de un accidente aéreo ordenada por la Comandancia en Jefe de la FACh, remitiendo su nuevo informe técnico en abril de 2025. Contraloría desestima el reclamo por dilación, pues la complejidad técnica y el reemplazo de parte del equipo justifican los plazos empleados.
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La DGAC puede adquirir por ocupación los elementos prohibidos abandonados por los pasajeros en aeropuertos, tras un plazo prudencial sin reclamo, conforme al artículo 624 del Código Civil, y disponer de ellos.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el Reglamento Orgánico de la Fuerza Aérea, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el "Apéndice 1" que adjunta no fue aprobado ni incorporado en su texto.
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La Contraloría concluye que los contratistas de obras militares financiadas por la ley N° 21.174 deben inscribirse tanto en el Registro General de Contratistas como en el Registro Especial de Proveedores del sector defensa, sin importar la fuente de financiamiento.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general del teletrabajo regulado en la ley N° 21.526, la DGAC puede disponer que el funcionario con discapacidad trabaje íntegramente en forma remota, como ajuste razonable mientras concluye su rehabilitación, revisando periódicamente que se mantengan las condiciones.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de programa académico entre el Fisco-FACH y la Universidad Adolfo Ibáñez, con alcances: el plazo de pago es de 30 días desde la factura, no el del acto, y la remisión debe ser a la cláusula sexta.
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La Contraloría concluye que los ingresos del Duty Free son ingresos propios de la DGAC y deben incorporarse al presupuesto público, rechazando su manejo extrapresupuestario y ordenando regularizar los registros contables.
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La Contraloría concluye que los oficiales que sirvieron como conscriptos menos de un año solo pueden computar ese tiempo y sus dos últimos años de estudio, sin completar los tres años, por lo que no procede acceder a lo solicitado.
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La Contraloría toma razón de la resolución que fija niveles de sueldos base para el personal auxiliar de la DGAC, pues se ajusta a derecho, con alcances: esos niveles deben aplicarse desde el 1 de julio de 2024 y se corrige el año de la ley N°21.578 (2023).
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La Contraloría concluye que, como el Programa de Acondicionamiento Físico del SSEI es voluntario, el funcionario que decida participar debe costear su propio certificado médico de aptitud, sin perjuicio de usar sus exámenes preventivos anuales de salud.
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La Contraloría aclara que los fondos reservados de la ley N° 18.948 y los de bienestar social de la ley N° 18.712 no deben traspasarse a la cuenta de la ley N° 17.502, por ser fines sensibles o ajenos a obras militares. Concluye que la FACH no ha cumplido el dictamen N° E271804 y debe coordinarse con la DIPRES para dictar el decreto supremo del artículo 4° de la ley N° 17.502.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la FACH y confirma que la no renovación de la contrata de un funcionario en retiro debe estar suficientemente motivada, pues la confianza legítima le ampara y la Tabla invocada no acreditó ser secreta.
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La Contraloría concluye que las bases de licitación de la Fuerza Aérea y el uso de los fondos FAMEFA y FOSSAP para financiar equipamiento médico y gastos administrativos se ajustan a la ley N° 19.465, por lo que no formula observaciones.
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La Contraloría concluye que la funcionaria no tiene derecho al descanso reparatorio de la ley N° 21.409 porque no cumplió el requisito de desempeño continuo ni el mínimo de once horas semanales promedio mensual exigidos.
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La Contraloría no da curso a la resolución N° 5.250, de 2022, del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea, que aprueba un contrato con la Fundación Dr. Jorge Pérez Rifo, por existir un conflicto de intereses potencial, no ajustarse su objeto al contrato y faltar acreditación de idoneidad.
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La Contraloría concluye que la FACH debe devolver a la empresa el monto pagado por el arriendo del espacio ferial de FIDAE 2020, pues al no realizarse la feria retuvo el dinero sin contraprestación, generando un enriquecimiento sin causa.
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La Contraloría concluye que los funcionarios de la DGAC que alcanzaron a usar su descanso compensatorio por orden de la autoridad, luego declarada improcedente, consolidaron esa situación y no deben verse afectados, pues ya ejercieron ese derecho.
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La Contraloría concluye que toda obra de exclusivo carácter militar debe regirse por la ley N° 17.502, sin excepción por fuente de financiamiento, tamaño o tipo de obra. Por ello, la FACH debe traspasar los recursos al Fondo para Obras de las Fuerzas Armadas y dictar el decreto supremo habilitante.
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La Contraloría concluye que la FACH actuó conforme a las reglas del proceso al declarar inadmisible la oferta de BSEL por no acompañar un documento exigido como requisito excluyente, aclarado en la etapa de consultas.
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El dictamen concluye que los funcionarios de la DGAC no están amparados por el seguro de la ley N° 21.063, porque se rigen por el régimen de accidentes del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y no por la ley N° 16.744, cuya afiliación es requisito para acceder al beneficio.