Contraloría General de la República
Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Fuerzas Armadas, de Orden y GendarmeríaTemas de Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería
Pronunciamientos
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La Contraloría concluye que no procede pagar docencia adicional invocando el artículo 87 letra a) de la ley N° 18.834 a funcionarios de la DGAC cuya jornada ya comprende docencia permanente en la ETA, pues no constituye un desempeño distinto; tales necesidades deben cubrirse con jornada extraordinaria o aumento de destinación.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, un exfuncionario sin derecho a imponerse en CAPREDENA puede pensionarse allí si cotizó directamente al menos 20 años, como ocurre con el solicitante, por lo que ordena tramitar su retiro.
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Gendarmería pasó a depender del Ministerio de Seguridad Pública al incorporarse a las Fuerzas de Orden y Seguridad, pero su traspaso operativo interno requiere una ley; mientras tanto, Justicia y Seguridad deben coordinar la continuidad administrativa.
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El dictamen concluye que fue procedente que Carabineros cobrara intereses sobre el anticipo entregado para comprar un helicóptero, pues las bases y el contrato lo contemplaban y la operación se rigió por la ley N° 18.928.
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La Contraloría concluye que el oficio circular N° 26 de Hacienda, que ordenó a DIRECTEMAR reintegrar sus excedentes de caja al Tesoro Público, es legal, pues prevalece el artículo 29 bis del DL N° 1.263 sobre el artículo 115 del decreto N° 427.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el Reglamento de seguridad de la aviación civil (DAR 17), con alcances: el acceso a información queda sujeto a la normativa vigente, se mantiene la numeración y título de la Sección 3.3, y la "Política Nacional de Instrucción" se entiende referida al Programa Nacional de Instrucción.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la compraventa de un inmueble de la Dirección de Bienestar de Carabineros, con alcances: antes de su total tramitación debe informarse al Minvu y a la Comisión Mixta de Presupuestos, y deben corregirse omisiones en la transcripción del contrato.
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La Contraloría aclara que los chilenos nacionalizados en el extranjero y no residentes en Chile pueden entrar y salir del país con su pasaporte extranjero, cumpliendo los requisitos de ingreso y permanencia aplicables a los nacionales de ese país.
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La Contraloría concluye que la Armada puede exigir la Clave Única a los funcionarios del Hospital Naval para acceder a las fichas clínicas electrónicas, pues es un mecanismo válido de autenticación, siempre que los sistemas estén integrados y certificados por la Secretaría de Gobierno Digital.
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El Presidente tiene disponibilidad permanente y protección integral, lo que justifica usar bienes fiscales, incluido el avión institucional, incluso en viajes por sufragio. Concluye que no hubo irregularidades en los traslados del ex Presidente a Magallanes.
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La Contraloría concluye que la inadmisibilidad de la oferta fue correcta, pues el vehículo ofertado excedía la cilindrada máxima exigida en las bases y la comisión evaluadora no estaba obligada a pedir aclaraciones. Desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que los diplomados y máster del CEEN no requieren reconocimiento del Ministerio de Educación, pues no son educación formal, y que la División de Bienestar del Ejército puede difundirlos por convenio, sin acreditarse censura ni bloqueo.
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El requerimiento de la exministra de Seguridad Pública a la PDI excedió sus atribuciones legales y vulneró su deber de abstención, pues pidió datos sensibles de funcionarios vinculados a una investigación en curso. La desvinculación de la Prefecta General y la supuesta disolución de la Unidad Estratégica se ajustaron a derecho.
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La atención psicológica temprana por denuncias de acoso o violencia laboral debe otorgarse de inmediato al funcionario contratado por resolución que la solicite, sin sumario ni investigación previa, financiándose con cargo a gastos por prestaciones de seguridad social, sin reembolso posterior.
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La Contraloría concluye que los funcionarios de la DGAC no tienen atribuciones para verificar si el transporte de cannabis medicinal está suficientemente justificado, por lo que deben siempre denunciar el hecho ante la autoridad competente, sin aplicar la excepción de tratamiento médico.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que las pensiones de invalidez de primera clase de exfuncionarios de Gendarmería, adscritos a DIPRECA, se calculan aplicando el tope de imponibilidad de 60 UF del artículo 5° del decreto ley N° 3.501, aunque el artículo 95 no lo mencione expresamente.
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La Contraloría concluye que la suspensión del proveedor del Registro Especial del Sector Defensa fue correcta, pues no renovó sus antecedentes en el plazo legal, lo que configura la causal específica de suspensión sin exigir un procedimiento administrativo previo.
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Gendarmería puede celebrar convenios con instituciones de educación superior para que estudiantes del área de la salud realicen prácticas en sus unidades médicas, pues estas no integran la red asistencial y se rigen por normativa propia y específica, aplicándose las reglas generales solo supletoriamente.
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La Contraloría precisa que el informe de la COMPIN sobre salud mental del inculpado solo se exige cuando existan indicios de inimputabilidad relacionados con la infracción investigada. Concluye que, en los casos de viajes al extranjero durante licencia médica, generalmente no procede requerirlo, sin perjuicio de lo que resuelva el fiscal.
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La Contraloría concluye que la DGMN actuó correctamente al rechazar la acreditación de instructor independiente, pues el solicitante no cumplía los requisitos del artículo 27 letra d) del reglamento para la excepción. Solo le ordena evitar futuras publicaciones erróneas en su web.
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El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til, por su carácter penitenciario, está exceptuado de permisos, inspecciones y recepción de obras municipales según el artículo 116 de la LGUC. Contraloría concluye que no requiere recepción definitiva de obras.
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La Contraloría concluye que la multa por atraso es correcta, pues la ampliación de plazo aceptada sin reclamo y la falta de pruebas sobre el caso fortuito no la desvirtúan; además, el contrato no es reajustable, pero el Ejército debe regularizar el pago de intereses por facturas tardías conforme a la ley N° 21.131.
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La Contraloría concluye que, como regla general, no es obligatorio incorporar un estipendio a la renta global única (RGU) aunque se cumplan sus requisitos, salvo excepciones legales: el sobresueldo por título profesional y ciertos trienios del personal reincorporado pensionado, que deben pagarse aunque incrementen la RGU.
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Los domicilios de funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad y servicios afines son datos personales protegidos por la ley N° 19.628 y la Ley de Transparencia, y deben resguardarse conforme a las normas específicas de cada servicio.
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El INDH puede pedir información al Ejército solo si fundamenta de forma concreta y normativa que se vincula con su mandato de derechos humanos; las solicitudes que solo citan los artículos 2° y 4° de la ley N° 20.405 no bastan. Concluye que debe motivarlas y el Ejército proporcionarla oportunamente.
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La Contraloría concluye que los organismos públicos que cumplen funciones legales en aeródromos y aeropuertos no están obligados a pagar las tasas TICA y PAV, pues no existe norma legal que las imponga y rigen los principios de gratuidad y coordinación.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere recursos a la PDI en el marco del Plan Calles sin Violencia, por ajustarse a derecho, con alcances sobre el certificado de disponibilidad presupuestaria: debe incluir el ID de la entidad emisora e ingresarse por ventanilla única.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el convenio de subejecución técnica entre la Subsecretaría de Seguridad Pública y la PDI, con alcances: la transferencia de recursos solo procede desde la total tramitación del acto, y deben corregirse detalles del convenio.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba una transferencia de fondos al "Fondo para Obras de las Fuerzas Armadas-Fuerza Aérea", por ajustarse a derecho, con los alcances de que solo puede efectuarse desde su total tramitación y que la rendición de cuentas no puede exceder seis meses.
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La Contraloría concluye que los funcionarios destinados a los CAIS solo pueden adscribirse a DIPRECA tras cumplir 20 años de servicio en ellos, contados desde 2020, pues antes no eran unidad penal y no cabe efecto retroactivo.
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La Contraloría concluye que un exfuncionario que ejerce docencia en establecimientos de Carabineros no puede participar simultáneamente en empresas de seguridad privada fiscalizadas por esa institución, pues genera un potencial conflicto de intereses que afecta la probidad administrativa.
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La Contraloría concluye que el artículo 169 de la Ley de Tránsito no permite exonerar al funcionario de su responsabilidad civil frente al organismo público por daños al vehículo fiscal, pues esa norma solo cubre daños a terceros; la exoneración debe tramitarse según el artículo 62 de la ley N° 10.336.
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La DGAC puede restringir las operaciones de transporte de valores en el aeropuerto AMB por motivos de seguridad, y lo hizo conforme a la normativa aplicable. Contraloría concluye que no hubo irregularidad y desestima el reclamo de Brinks.
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El Fondo para Hospitales de Carabineros es parte de la Administración del Estado y no tiene norma especial para disponer de sus bienes muebles en desuso, por lo que se aplica la regla general. Concluye que su transferencia o eliminación debe regirse por la ley N° 21.634 de economía circular y su reglamento.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de Gendarmería y mantiene que el personal de la Planta III solo puede afiliarse a DIPRECA tras acreditar al menos 20 años de desempeño en unidades penales, aplicando excepcionalmente ese régimen previsional.
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La exención de responsabilidad civil del nuevo artículo 169 de la Ley de Tránsito cubre también traslados de detenidos, desplazamientos administrativos, entrega de especies fiscales y formación de personal, pero solo frente a terceros. La PDI mantiene su facultad de instruir sumarios para determinar responsabilidad administrativa y pecuniaria del conductor.
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La Contraloría concluye que la DGAC puede otorgar la extensión de vigencia del certificado de aeronavegabilidad (EVCA) por solo 24 meses, pues los 9 años son un tope máximo y no un plazo fijo, y restringirlo es una facultad técnica discrecional no revisable por este órgano.
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La Contraloría reconsidera parcialmente su criterio anterior y concluye que el tiempo de formación como aspirante en la Escuela de Investigaciones Policiales sí debe computarse como servicio efectivo para completar los 38 años exigidos para el retiro absoluto, aplicando la excepción prevista en el artículo 83 del Estatuto de Carabineros.
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La PDI puede destinar personal a proteger parlamentarios sin orden judicial ni denuncia formal, pues cuenta con atribuciones reglamentadas para resguardar la vida e integridad de autoridades. Corresponde a la propia PDI ponderar cada caso y evaluar periódicamente si mantiene esa protección.
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La Contraloría no da curso al instrumento que modifica el contrato de concesión "Sistema Oriente-Poniente", pues no consta el acto que habilite incluir la obra policial "57° Comisaría Motorizada Renca", cuya competencia corresponde a Carabineros.
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La Contraloría concluye que el Ejército pagó mal los reajustes de la RGU al recurrente, adeudándole $175.860, y que los descuentos aplicados sin resolución de la Contraloría son improcedentes; además, el personal a contrata tiene derecho a trienios, pero no puede constituir asociaciones de funcionarios.
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La Contraloría concluye que los años servidos en la Armada y usados para la pensión de retiro no pueden computarse otra vez para el tercer sueldo superior, por lo que rechaza la pretensión del recurrente y deja sin efecto el dictamen N° 14.611, de 2008.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Ñuñoa se excedió en sus competencias al permitir que inspectores municipales cursen multas por consumo de alcohol en la vía pública, pues esa facultad corresponde a Carabineros, por lo que debe dejar sin efecto o adecuar su ordenanza.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el addendum N°1 del convenio entre la Dirección de Obras Portuarias y la Armada, precisando que el traslado del personal de la contratista es de cuenta y cargo de la empresa.
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La Contraloría cambia su criterio: el plazo de seis meses de licencias médicas en dos años se cuenta desde que la jefatura pide el informe a la COMPIN, no desde la resolución de vacancia. Así, el cese por salud incompatible procede solo cumplidos ambos requisitos.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y mantiene que un chileno con doble nacionalidad que vive en Chile debe portar pasaporte chileno para salir del país, sin perjuicio de convenios que admitan otro documento; solo los nacionalizados en el extranjero pueden entrar con pasaporte extranjero.
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La Contraloría toma razón de la resolución que dispone una transferencia y fija condiciones de rendición de recursos al Ejército, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la transferencia solo puede efectuarse desde la total tramitación del acto.
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La Contraloría toma razón del documento que elimina el carácter "Especial" de la Unidad Penal de Til-Til, con el alcance de que ello no limite las atribuciones de Gendarmería para resguardar la integridad y salud de los internos adultos mayores, conforme a la normativa y tratados vigentes.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el decreto N° 127, de 2019, de Defensa, sobre carrera de la gente de mar, con alcances e instrucciones sobre errores de referencia, la resolución N° 7, enmiendas sin timbre y espacios en blanco.
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La Contraloría toma razón del documento que adjudica la licitación privada de arriendo de radiocomunicación satelital a Interexport, por 60 meses, eximiéndola de propuesta pública por ser material estratégico. Además, anuncia una investigación especial sobre la selección de proveedores invitados.