Contraloría General de la República · Responsabilidad Funcionaria y Probidad
Inhabilidades e Incompatibilidades
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Inhabilidades e Incompatibilidades, del más reciente al más antiguo. Página 2.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Responsabilidad Funcionaria y Probidad, que incluye Inhabilidades e Incompatibilidades, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Responsabilidad Funcionaria y ProbidadPronunciamientos
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La ley N° 20.986 solo prohíbe que los beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario se desempeñen, durante cinco años, en los servicios y establecimientos de salud que taxativamente señala. Como el Servicio Médico Legal no integra esa red asistencial, Contraloría concluye que no existe impedimento para que el señor Vukusich se contrate a honorarios en dicho servicio.
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La incompatibilidad de los altos directivos públicos con cargos unipersonales en partidos políticos solo alcanza a los órganos ejecutivos, no a los colegiados. Concluye que ser consejero del Comité Central del Frente Amplio no configura dicha incompatibilidad.
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La Contraloría concluye que, cuando funcionarios de Gendarmería acceden a la remuneración de un grado superior por los artículos 34 A, 34 B y 34 C del DFL N° 1.791, ello debe considerarse ascenso para el artículo 36 de la ley N° 14.908. Por tanto, deben autorizar la retención de pensiones alimenticias como condición habilitante.
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La Contraloría confirma que un empleo regido por la ley N° 18.883 es incompatible con un cargo de Alta Dirección Pública, pues la compatibilidad debe estar prevista en ambos estatutos y no se aportaron antecedentes para reconsiderar el dictamen anterior.
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La Contraloría concluye que Claudia Mora Rojas estaba inhabilitada para ser comisionada experta porque sus funciones como directora de sede del Instituto Profesional AIEP implicaban decisiones estratégicas y patrimoniales, aunque fueran transitorias. Por eso, el Ministerio de Educación debe invalidar su nombramiento.
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La Contraloría concluye que ser cliente de un banco propuesto no inhabilita por sí solo a los concejales para votar la licitación de cuentas corrientes municipales, pues no se presume falta de imparcialidad y exigir abstención general afectaría la continuidad de la función pública.
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La Contraloría concluye que el nombramiento del director de seguridad pública fue procedente porque la querella se dirigió contra el Cuerpo de Bomberos y no contra él, por lo que no se configuraba la inhabilidad de litigio pendiente. Acoge la reposición y deja sin efecto el oficio impugnado.
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Un funcionario del Servicio Médico Legal puede acceder a la bonificación por retiro de la ley N° 19.882, pero si la percibe queda inhabilitado por cinco años para seguir integrando la Comisión Ergonómica Nacional, salvo que devuelva el bono.
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La inhabilidad de cinco años para reingresar a la Administración del Estado tras recibir la bonificación por retiro no se aplica a quien es contratada a honorarios por una universidad privada, aunque se financie con fondos transferidos por un GORE. Concluye que no debe devolver el beneficio.
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La Contraloría concluye que la incompatibilidad absoluta entre fiscalización y consultoría ambiental se configura si una empresa relacionada tiene un objeto social amplio que la faculta para elaborar declaraciones o estudios de impacto ambiental, aunque no esté inscrita en el registro de consultores. No formula observaciones a la interpretación de la SMA.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con TIC SERVICES SpA, con alcances: deberá preverse el término anticipado si se inhabilita al contratista, no incluir anexos en blanco y limitar el tratamiento de datos personales a lo indispensable.
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La Contraloría concluye que los funcionarios municipales pueden ser directores de SASIPA sin incompatibilidad, por la excepción del artículo 85 letra c) de la ley N° 18.883, y que el parentesco invocado no constituye impedimento legal.
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La Contraloría aclara que los municipios deben exigir que todo el personal de guarderías y “after school” acredite no estar inhabilitado para tratar con menores, y que las patentes de alcohol no se otorguen a menos de 100 metros de esos recintos.
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La Contraloría concluye que corresponde al Servicio Mejor Niñez ponderar, en cada licitación, si existen "antecedentes fundados" para excluir a un colaborador acreditado, sin limitarse a condenas o medidas cautelares, debiendo fundar su decisión.
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La Contraloría no da curso al decreto con fuerza de ley N° 26, de 2023, de Educación, que aprueba el Estatuto de la Universidad de La Serena, porque su artículo 16 restringe la garantía constitucional de admisión a funciones públicas. Además, formula alcances sobre comisiones de servicio y personal no académico.
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El dictamen aclara que la inhabilidad por destitución en corporaciones municipales se acredita solo con declaración jurada simple, sin registros adicionales; si se descubre falsedad, se cesa al funcionario y se denuncia penalmente.
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La Contraloría toma razón de la resolución que adjudica la licitación de insumos de cardiología del Hospital Dipreca, con alcances: el servicio debe verificar que las adjudicadas no hayan sido condenadas por delitos económicos (ley N° 21.595) y poner término anticipado a los contratos si incurren en esa inhabilidad.
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El alcalde cesó válidamente por renuncia aceptada antes de quedar firme la sentencia condenatoria, generándose la vacancia del cargo. El secretario municipal debe citar de inmediato al concejo para elegir al nuevo alcalde que complete el período.
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La Contraloría toma razón de la resolución de la Fuerza Aérea que adjudica una licitación privada, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe verificar antes del contrato que el adjudicatario no tenga la inhabilidad del artículo 33 de la ley N° 21.595.
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La Contraloría no da curso al instrumento que adjudica la asesoría a la Inspección Fiscal de la Concesión Vial Rutas del Loa, porque la adjudicataria mantiene un vínculo contractual con una sociedad conformada por los mismos socios, configurando la inhabilidad del artículo 34 del Reglamento de Consultoría.
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La Contraloría toma razón de la resolución que adjudica la licitación de insumos de neuroradiología del Hospital Dipreca, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el hospital debe verificar que las empresas adjudicadas no estén inhabilitadas por condenas según la ley N° 21.595.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, un funcionario municipal no puede conservar su cargo de planta al asumir un empleo de Alta Dirección Pública, pues la ley municipal no admite esa compatibilidad; por ello, Uribe Barahona cesó en su cargo municipal desde el 21 de marzo de 2023.
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Los asistentes de la educación de un Servicio Local no pueden ser contratados como docentes de reemplazo, pues sus estatutos no prevén esa compatibilidad. Excepcionalmente, solo pueden cubrir una clase puntual ante ausencia transitoria de un docente.
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La inhabilidad por vínculo conyugal con un directivo no impide el traspaso de una servidora a honorarios a la contrata, pues se aplica la excepción del artículo 64 de la ley N° 18.575: puede mantenerse en unidades sin dependencia jerárquica de su cónyuge.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con la Universidad Austral de Chile para programas de especialización médica, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entidad debe verificar que esa universidad no esté inhabilitada para contratar con la Administración por condena según la ley N° 21.595.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con la Universidad Diego Portales para programas de especialización médica, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entidad debe verificar que esa universidad no esté inhabilitada para contratar con la Administración por condenas según la ley N° 21.595.
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La Contraloría toma razón de la resolución que adjudica la licitación, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entidad deberá verificar que las empresas adjudicadas no estén inhabilitadas por condenas según la ley N° 21.595.
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La Contraloría toma razón de la resolución que adjudica la licitación de motores y upgrade de un avión de Carabineros, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entidad debe verificar que la empresa adjudicada no esté inhabilitada por la ley de delitos económicos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación del servicio de arriendo de plataforma de comunicaciones para la Presidencia, con alcances: la institución debe precisar la inhabilitación por delitos económicos, corregir referencias a anexos y concordar plazos de contrato.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación de servicios de aseo para la Seremi de la Región Metropolitana, por ajustarse a derecho, con alcances: en la etapa de aclaraciones deberán precisarse la inhabilidad de proveedores condenados por delitos económicos, el plazo para suscribir el contrato y la hora de apertura de ofertas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases, contrato y anexos para licitar lanchas policiales, por ajustarse a derecho, con el alcance de precisar en el Sistema de Compras que tampoco podrán contratar los condenados por delitos económicos (ley N° 21.595).
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La Contraloría concluye que Paula Silva Barroilhet no incurrió en la inhabilidad para integrar el Panel Técnico de Concesiones, pues su rol como directora independiente del Fondo de Infraestructura no implica un vínculo con el MOP que afecte su imparcialidad, desestimando el reclamo.
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La inhabilidad y declaración jurada del artículo 55 bis de la ley N° 18.575 se aplican en la PDI al Director General y a los Prefectos Generales (grado 2), por integrar los dos primeros niveles jerárquicos; los controles de consumo los costea el MISP.
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La Contraloría concluye que la designación presidencial de un funcionario de planta de la AGCID como agregado a contrata en el exterior es compatible con su cargo de planta, por configurar una compatibilidad especial distinta de la suspendida en 2023.
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El dictamen aclara que el principio de probidad se aplica a las corporaciones municipales y a quienes cumplen función pública, aunque no sean órganos del Estado. Concluye rechazando la reconsideración, pues no hubo cambio de jurisprudencia ni aplicación retroactiva indebida.
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La Contraloría concluye que Gendarmería puede mantener a fiscales instructores de menor jerarquía que el implicado cuando este ya cesó en sus funciones antes del cierre de la investigación, pues al dejar de ser funcionario no se afecta la imparcialidad del fiscal.
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La Contraloría concluye que la actual Ministra Aisén Etcheverry debió abstenerse de evaluar las propuestas para constituir la Fundación Data Observatory, por haber trabajado antes en Amazon Web Services, una de las postulantes, lo que infringió el deber de abstención; sin embargo, ello no invalida la conformación de la fundación.
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La Contraloría concluye que las autoridades cuestionadas no incurrieron en las causales de inhabilidad ni faltas a la probidad invocadas, pues sus opiniones previas fueron generales y sus decisiones técnicas y fundadas; solo advierte que deben evitarse declaraciones anticipadas sobre materias en estudio.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que Lilian Troncoso incurrió en la inhabilidad de ingreso del artículo 155 letra d) de la LGPA al asumir como Directora Zonal antes de un año desde su cese en un Comité Científico Técnico. Concluye que debe invalidarse su nombramiento, sin que el plazo del artículo 53 de la ley N° 19.880 limite esa facultad.
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La Contraloría concluye que la eliminación de antecedentes prontuariales no borra la condena por abusos deshonestos y que el requisito de idoneidad moral impide desempeñarse como asistente de la educación, por lo que el SLEP debe desvincular al afectado; no aplica la causal de inhabilidad sobreviniente.
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La Contraloría concluye que si un funcionario con cargo de planta conservado mejora el grado de su contrata, ello implica una nueva designación y cesa en el cargo conservado por incompatibilidad, sin aplicarse la excepción de la ley de Presupuestos.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del Hospital Regional de Copiapó y confirma que incurrió en infracción al no cumplir los requisitos del inciso noveno del artículo 4° de la ley N° 19.886, pues la excepción invocada no fue acreditada.
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La Contraloría concluye que el Premio Guacolda no es un donativo protocolar ni de cortesía, por lo que los servicios públicos deben abstenerse de postular a sus funcionarias, para evitar conflictos de intereses; las premiadas anteriores no deben restituirlo.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la USACH y mantiene la representación del trato directo con su sociedad relacionada, pues el rector y directivos participan en su dirección, configurando un conflicto de intereses que afecta la imparcialidad y la probidad, aunque la ley no prevea expresamente ese caso.
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La Contraloría concluye que la labor de docente mentor es compatible con el cargo de funcionario de la JUNJI y debe remunerarse, aplicando una excepción a la regla general de incompatibilidad, debiendo el funcionario prolongar su jornada para compensar las horas no trabajadas.
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La Contraloría concluye que, aunque la designación de la funcionaria es nula por parentesco con una concejala, su fuero maternal prevalece: el cese se ejecutará al terminar esa protección o al acogerse el desafuero, lo que ocurra primero.
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La Contraloría rechaza la solicitud de revisar los oficios que declararon el cese del recurrente en el Servicio de Salud Coquimbo al asumir un cargo directivo en un CFT, porque el recurso de revisión se presentó fuera del plazo fatal de un año.
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La Contraloría concluye que el nombramiento de Lilian Troncoso como Directora Zonal de Pesca y Acuicultura de Ñuble y Biobío se hizo antes de cumplirse el año de inhabilidad tras cesar en un Comité Científico Técnico, por lo que SUBPESCA debe invalidarlo.
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La Contraloría concluye que un funcionario a honorarios no puede arrendar ni subarrendar por terceros un inmueble al municipio si el contrato alcanza 200 UTM, por configurarse la inhabilidad del artículo 54 letra a) de la ley N° 18.575.
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La inhabilidad del artículo 4° de la ley N° 19.886 también se aplica a quienes ejercen cargos directivos en calidad de subrogante, por lo que el HRC no podía contratar con la sociedad del denunciado. Al no acreditarse la excepción legal, se configura la infracción y corresponde instruir un procedimiento disciplinario.