Dictamen N° 18.978, de 12 de abril de 2010

N° 18.978 Fecha: 12-IV-2010 Don Juan Montenegro Salgado, en representación de la Federación de Trabajadores Pesqueros y Ramos afines de la zona centro sur, FETRAPES, se ha dirigido a esta Contraloría General solicitando un pronunciamiento sobre la interpretación que la Dirección del Trabajo, en su dictamen Ord. N° 3.152/063, citado por la requirente, ha dado a los artículos 42, letra a), 44 y 45 del Código del Trabajo -modificados por la ley N° 20.281-, así como al artículo transitorio de dicho cuerpo legal. Sobre el particular, cabe hacer presente, tal como se indicara en el dictamen N° 56.760, de 2009, de esta Entidad de Control, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 505 del Código del Trabajo, “la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”. A su vez, cabe precisar que, de acuerdo con lo informado por el peticionario, el origen y motivación de su presentación se encontraría en el proceso de negociación colectiva entre la empresa pesquera Bío Bío S.A. y el sindicato respectivo. En tal sentido, debe señalarse, tal como lo ha indicado esta Contraloría General en el dictamen N° 5.324, de 2007, que de acuerdo a los artículos 6° y 9° de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de este Organismo Fiscalizador, la Contraloría General carece de competencia para pronunciarse acerca de las situaciones laborales y previsionales acaecidas en una empresa privada, por cuanto, el personal que allí labora no reviste la condición de funcionarios públicos. En consecuencia, esta Entidad de Control se abstiene de emitir juicio sobre la materia consultada, remitiendo los antecedentes a la Dirección del Trabajo, de conformidad a lo prevenido en el artículo 14 de la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República