Contraloría General de la República · Organización y Procedimiento Administrativo
Órganos, Atribuciones y Delegación
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Órganos, Atribuciones y Delegación, del más reciente al más antiguo. Página 4.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Organización y Procedimiento Administrativo, que incluye Órganos, Atribuciones y Delegación, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Organización y Procedimiento AdministrativoPronunciamientos
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La Contraloría concluye que no es irregular que las solicitudes de la asociación de funcionarios sean respondidas por jefaturas intermedias y no solo por el jefe superior, pues la ley no exige que este las atienda personalmente.
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La Contraloría concluye que, al no existir un pronunciamiento judicial sobre el fondo, procede informar la denuncia y no advierte irregularidades en la actuación de la Delegada Presidencial Regional del Biobío durante la paralización, al ponderar ella el auxilio de la fuerza pública.
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La Contraloría concluye que el MINDEP y el IND pueden compartir un COSOC ministerial y regional conjunto, válido para difundir el informe de diagnóstico, por aplicación del principio de coordinación, lo que constituye una excepción a la regla general de un COSOC por órgano.
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La Contraloría confirma que no existe relación jerárquica entre la DGMN y las Autoridades Fiscalizadoras de Carabineros, por lo que el recurso jerárquico debe resolverse ante el superior de cada autoridad fiscalizadora, y no ante la DGMN.
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La Contraloría toma razón del decreto que crea un comité interministerial sobre intercambio de datos de viajeros, con alcances: "permanentemente" alude a la participación durante su funcionamiento y cada entidad designa titular y suplente; funcionará hasta un nuevo acto que le ponga término.
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La Contraloría aclara que su dictamen de 2023, que asigna a la SUBESUP custodiar y certificar los registros de instituciones cerradas voluntariamente, rige solo para decretos de cierre posteriores a esa fecha, manteniendo por seguridad jurídica los traspasos ya acordados.
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La Contraloría concluye que la demolición y retiro de escombros de un “memorial narco” en Lo Espejo se ajustó a derecho, sin irregularidades ni exceso de atribuciones, aplicando la regla excepcional de emergencia del artículo 20 del DFL N° 22 de 1959.
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La Contraloría concluye que fijar el ancho de la vía T190 debe hacerse mediante un plano de detalle, competencia hoy del GORE y no de la SEREMI, por lo que esta debe ajustar su oficio y plano interpretativo.
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La Contraloría concluye que el delegado presidencial regional (o gobernador regional) puede fijar, junto al MBN, accesos vehiculares a las playas además del ingreso peatonal, cuando las condiciones del lugar lo justifiquen, pudiendo gestionarse estacionamientos ante el MDN o la DIRECTEMAR.
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La Contraloría concluye que el Director Nacional del Registro Civil puede crear el Departamento de Gestión Institucional, pues la planta fija ocho jefes de departamento y no siete, y que la asignación de funciones de oficiales civiles adjuntos se ajustó a derecho.
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La Contraloría concluye que el decreto que declara estratégica a Puerto Panul S.A. es legal, pues basta la firma del Ministro del Interior, y que la empresa quedó notificada tácitamente al tomar conocimiento del acto.
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La Contraloría reitera que la Delegación Presidencial Provincial de Maipo debe exigir la restitución administrativa del terreno de la vía Ongolmo, en Buin, por no acreditar gestiones concretas para ello, otorgándole 20 días para informar.
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La Municipalidad de El Monte debe registrar la firma de su ministro de fe ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para permitir la apostilla, pues no tener firma electrónica avanzada no la exime de ese deber.
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La Contraloría concluye que al INDH le rigen las mismas limitaciones que a los demás organismos públicos: no puede implementar el teletrabajo del Código del Trabajo, sino solo el autorizado por ley, ni anticipar la reducción gradual de jornada de la ley N° 21.561.
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La Contraloría concluye que el ingreso de la Junta de Vigilancia a un predio es una controversia entre particulares ajena a su competencia, y que la DGA no puede emitir instrucciones generales sobre el funcionamiento de las organizaciones de usuarios porque la ley no se lo permite.
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La Contraloría concluye que la SEREMI actuó correctamente al negar la certificación de subdivisión de tres lotes del proyecto Alto Huaquén, por configurar un núcleo urbano al margen de la planificación intercomunal, y rechaza la reclamación.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente y al amparo del DFL N° 22 de 1959, la Dirección de Vialidad puede intervenir en bienes fuera de su tuición para ejecutar cortafuegos del Plan Regional de Prevención de Incendios, dentro de sus capacidades técnicas y materiales.
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La Municipalidad de Río Bueno no puede por iniciativa propia dar apoyo técnico y asesoría a operadores de Servicios Sanitarios Rurales, pues esa función corresponde a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Excepcionalmente, puede hacerlo mediante convenio con dicha Subdirección.
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La Contraloría concluye que, ante la ausencia o impedimento de la Ministra del Medio Ambiente, la presidencia del Comité de Ministros del artículo 20 de la ley N° 19.300 la asume el Subsecretario del Medio Ambiente (titular o su subrogante), aplicando la subrogación legal del artículo 25 de la ley N° 18.575, pues esa ley no previó un mecanismo especial de reemplazo.
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El Consejo de Gestión de Carga Demográfica de Isla de Pascua es un organismo distinto del Ministerio del Interior, aunque recibe su apoyo, y sus miembros deben hacer su declaración de intereses y patrimonio en la plataforma DIP bajo el N° 10 del artículo 4° de la ley N° 20.880, actuando el Subsecretario del Interior como jefe de servicio para esos efectos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la nueva organización interna de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el alcance de que la facultad de administrar y controlar las casillas electrónicas oficiales queda limitada por las garantías constitucionales y la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría del Trabajo no puede exigir la autorización para retener pensiones alimenticias en cualquier momento de la vigencia de una contratación, sino solo al contratar, nombrar, promover o ascender al servidor, según el artículo 36 de la ley N° 14.908.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el Reglamento Orgánico del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el alcance de que las facultades de la División de Biodiversidad para suscribir convenios requieren delegación previa del Director Nacional.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de CONADI y confirma que el instructivo interno no puede exigir que la tierra no indígena permutada tenga una cabida igual o superior, pues es un requisito no previsto en la ley. Ordena dar cumplimiento al dictamen anterior en 20 días hábiles.
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La Contraloría toma razón del documento que establece las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas en la fiscalización de la ley N° 17.798, con alcances: su colaboración no puede implicar funciones privativas de las Fuerzas de Orden ni actuar autónomamente, quedando sometidas a la autoridad civil.
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La Contraloría concluye que el INIA, aunque es una corporación privada creada por iniciativa estatal para fines públicos, puede considerarse "organismo técnico del Estado" y suscribir el convenio mandato del artículo 16 de la ley N° 18.091 con el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
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La Contraloría concluye que la resolución exenta N° 4, de 2024, del Ministerio de Energía es ilegal, pues exige requisitos adicionales no previstos para invocar fuerza mayor o caso fortuito y carece de atribuciones para fiscalizar la ley N° 21.131, por lo que ordena dejarla sin efecto.
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La Contraloría no da curso al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2024, del Ministerio del Medio Ambiente, que fija grados mínimos y máximos de la escala única de sueldos del personal del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, por exceder o contravenir la ley delegatoria y presentar errores formales.
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La Contraloría concluye que la DGMN puede pedir al Registro Civil información genérica sobre condenas y sanciones por violencia intrafamiliar, incluso sin convenio, para verificar y evitar la inscripción de armas, reconsiderando el dictamen N° 29.052 de 2007.
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El ISP puede cobrar aranceles por modificar registros sanitarios de medicamentos cuando cambian las condiciones de aprobación, como ocurrió con el brote de Burkholderia cepacia, pues la ley lo autoriza expresamente. Contraloría concluye que el cobro es regular.
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La Contraloría concluye que la secretaria ejecutiva del CORE solo puede asesorar jurídicamente al consejo dentro de sus funciones legales y como ministra de fe, sin voz en sesiones ni intervención en el presupuesto; remite lo relativo a dirigencia gremial a la Dirección del Trabajo.
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La Contraloría instruye que las cuentas institucionales en redes sociales no pueden bloquear unilateralmente a usuarios por sus opiniones, aunque sí pueden restringir comentarios y denunciar contenidos ofensivos. Además, prohíbe difundir información oficial por cuentas personales antes que por las institucionales y enlazar estas con aquellas.
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El SERMIG creó el procedimiento "Ratificación de Residencia Temporal", pero la Contraloría concluye que no se ajusta a la normativa: solo la Subsecretaría del Interior puede disponer mecanismos de regularización de extranjeros irregulares, correspondiendo al SERMIG ejecutarlos, por lo que debe abstenerse de seguir aplicándolo.
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La ley N° 21.600 rige desde su publicación, por lo que las nuevas concesiones en áreas protegidas, incluidas las pendientes, deben cumplir sus exigencias de plan de manejo e informe previo, sin que el oficio impugnado incurra en irregularidad al atribuir esas funciones a CONAF y a la Subsecretaría del Medio Ambiente mientras no opere el SBAP; solo se objeta la suspensión general de trámites sectoriales.
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La Contraloría toma razón del decreto que constituye el Área Metropolitana del Gran Concepción por ajustarse a derecho, considerando la minuta que acredita las condiciones legales, con el alcance de que las enmendaduras deben ser visadas en lo sucesivo.
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La Contraloría toma razón del decreto que constituye el Área Metropolitana de Santiago por ajustarse a derecho, con alcances: recuerda que toda enmendadura del texto debe ser visada con firma y timbre, lo que no ocurrió en este caso.
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La Contraloría concluye que el municipio actuó conforme a derecho al delegar en el director jurídico la facultad de poner término a contratos a honorarios, por lo que acoge la reposición y deja sin efecto el oficio que había acogido el reclamo de la señora Cornejo.
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La Contraloría concluye que la SEREMI de Bienes Nacionales de Antofagasta no es competente para declarar el término y archivo de solicitudes de concesión gratuita de largo plazo, y que en las de corto plazo faltó la opinión del Gobierno Regional, por lo que ordena al Ministerio regularizar la tramitación para que esas peticiones sean resueltas por la autoridad ministerial competente mediante un acto decisorio.
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La Contraloría concluye que la DGA se excedió en sus atribuciones al interpretar con efectos generales el artículo 56 bis del Código de Aguas mediante la resolución exenta N° 2.600, de 2022, por lo que debe ajustar su actuación, aunque valida en general la resolución N° 2.682, de 2022, ordenando rectificar exigencias sin sustento normativo.
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La Contraloría concluye que la campaña del Gobierno sobre la reforma de pensiones se ajustó a derecho: el MINTRA actuó dentro de sus facultades, la contratación vía licitación no presenta observaciones y el spot indica que el proyecto está sujeto a aprobación del Congreso.
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La Contraloría concluye que el Fiscal Nacional Económico actuó dentro de sus atribuciones al rechazar un estudio de mercado sobre el pan, pues la ley le otorga discrecionalidad y su negativa estuvo fundamentada en la falta de recursos.
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El dictamen interpreta que quien reemplaza a un experto del Comité de Prevención contra la Tortura cesado anticipadamente ejerce hasta el término del período original, no por cuatro años desde su designación. Concluye que el INDH debe regularizar y convocar los tres procesos de selección pendientes.
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La Contraloría concluye que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia actuó dentro de sus atribuciones al excluir las pensiones de reparación de los ingresos considerados en la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares, por lo que la medida anunciada es legal.
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La Contraloría concluye que el cambio metodológico de la ENUSC 2022 —que trasladó el trabajo de campo a abril-julio de 2023, manteniendo como período de referencia todo 2022— se ajustó a derecho, estuvo fundado técnicamente y no excluyó los meses de septiembre a diciembre de 2022.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 21.489 sobre actividad apícola, por ajustarse a derecho, con alcances sobre la distancia de las marcas del registro tachado y las competencias del SAG y el Ministerio de Salud.
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La Contraloría concluye que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumplió la normativa de participación ciudadana al crear un único Consejo de la Sociedad Civil ministerial que abarca las competencias de ambas subsecretarías, pues no se advierte inconveniente en ello.
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La Contraloría toma razón del decreto que crea el Panel de Expertos para la Encuesta Casen 2024, por ajustarse a derecho, con alcances sobre la referencia normativa desactualizada en sus considerandos y sobre la exigencia de manifestar voluntad para continuar en el cargo.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el decreto N° 70 de 2018 del Ministerio de Minería, sobre delegación de facultades de adquisición y representación, por ajustarse a derecho, con el alcance de que se omitió indicar en su suma que ese decreto emana de dicho ministerio.
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La Contraloría toma razón del decreto que crea la Comisión Asesora Ministerial sobre Tecnologías Cuánticas, por ajustarse a derecho, con el alcance de que las obligaciones para los integrantes de las letras b) a e) solo serán exigibles una vez que manifiesten su voluntad de participar.
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La Contraloría concluye que el convenio de colaboración policial con Venezuela es un convenio interinstitucional, no un tratado internacional, por lo que el Ministerio del Interior estaba facultado para suscribirlo sin aprobación del Congreso, generando obligaciones solo para los organismos chilenos que lo suscriben.