Contraloría General de la República · Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Otros (Finanzas Públicas y Bienes del Estado)
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Otros (Finanzas Públicas y Bienes del Estado), del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, que incluye Otros (Finanzas Públicas y Bienes del Estado), y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoPronunciamientos
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El dictamen analiza el impacto contable del plan de condonación de deudas educativas del proyecto de ley, concluyendo que la condonación del CAE generaría un gasto patrimonial diferido en el tiempo, tanto para el Fisco como para las universidades estatales, sin poder cuantificarse un monto preciso.
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El aporte fiscal al Fondo Común Municipal de las letras c) y d) del artículo 35 no puede considerarse ingreso propio permanente para calcular el límite del 42% de gasto en personal, pues solo se admite para el indicador de distribución del FCM.
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El SENAMA no puede usar los fondos que exceden el 85% aportado por residentes fallecidos para financiar el plan de intervención de los ELEAM, pues no es su asignatario; deben restituirse a los herederos conforme a las reglas sucesorias del Código Civil.
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La Contraloría confirma que los intereses generados por recursos municipales provenientes de transferencias no son ingresos propios de libre disposición: deben usarse en los fines convenidos o reintegrarse, y rechaza la reconsideración de Renca.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Los Andes solo debe pagar intereses y comisiones por facturas emitidas desde el 1 de junio de 2022, al no acreditarse que la empresa sea de menor tamaño, aplicando así la fecha general de vigencia de la ley N° 21.131.
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La Contraloría concluye que no corresponde financiar con fondos públicos la defensa jurídica privada de un exministro de Estado acusado constitucionalmente, pues el derecho a defensa del artículo 90 del Estatuto Administrativo solo ampara a quienes conservan la calidad de servidores, y el exministro ya había cesado en funciones.
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La Contraloría concluye que Chañaral puede usar los aportes fiscales al Fondo Común Municipal de 2024 para contrataciones a honorarios y compra de computadores, pero no para pagar deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2023.
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La Contraloría reconsidera su dictamen de 1991 y concluye que las multas del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil deben destinarse a las Corporaciones de Asistencia Judicial, por ser continuadoras legales del antiguo Colegio de Abogados en la asistencia jurídica gratuita.
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La Contraloría concluye que no le corresponde autorizar a la ANID para declarar incobrables los créditos por licencias médicas impagas, pues esa facultad recae en los Ministerios del ramo y de Hacienda, sin perjuicio de las responsabilidades por el cobro tardío.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general sobre intereses municipales, la Municipalidad de La Serena debe traspasar al Servicio de Bienestar los intereses generados por los saldos en su cuenta corriente separada, pues esos fondos están afectos a los fines de la ley N° 19.754.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que el Fondo para Hospitales de Carabineros no puede financiar el servicio de cobranza de deudores morosos contratado con Equifax, pues sus recursos solo deben usarse para los fines previstos en la ley.
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La Contraloría concluye que la campaña solidaria de la JUNJI de Valparaíso, que usó la cuenta personal de una funcionaria para recibir donaciones privadas tras los incendios, se ajustó a derecho, por lo que desestima la denuncia.
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Los intereses de cuentas corrientes municipales que no provienen de transferencias son ingresos municipales de libre disposición para los fines legales del municipio; en cambio, los generados por recursos transferidos quedan afectos a la finalidad convenida y, si no se acuerda otro uso, deben reintegrarse.
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La Municipalidad de Providencia celebró dos contratos de arriendo con opción de compra sin la autorización previa del Ministerio de Hacienda que exige el artículo 14 de la ley N° 20.128. Contraloría concluye que debió solicitarla, pero como los contratos ya terminaron, solo debe adoptar medidas para cumplirla en lo sucesivo.
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El Tema principal es la solicitud de condonación del saldo del Préstamo Solidario del Estado. Contraloría concluye que no procede aún, porque la condonación solo opera tras pagar las cuatro cuotas anuales, y la última vence en 2025.
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La Contraloría concluye que, como el Día de la Atención Primaria de Salud no ha sido declarado por decreto supremo del Presidente, la Municipalidad de Molina no puede financiar su celebración con fondos públicos, incluido el ítem de gastos de representación.
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Los municipios solo pueden usar los fondos de la oferta económica de casinos para cumplir sus funciones legales y deben incorporarlos a su presupuesto, sujetos a la ley N° 18.695 y a las normas de administración financiera del Estado.
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El dictamen concluye que los CFT estatales, como el de Arica y Parinacota, pueden efectuar operaciones de ahorro o adquirir instrumentos de renta fija sin autorización previa del Ministro de Hacienda, aplicando la excepción del artículo 36 de la ley N° 18.267, siempre que se resguarde su misión institucional y se ajusten a las normas de contratación pública.
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La Contraloría aclara que los fondos reservados de la ley N° 18.948 y los de bienestar social de la ley N° 18.712 no deben traspasarse a la cuenta de la ley N° 17.502, por ser fines sensibles o ajenos a obras militares. Concluye que la FACH no ha cumplido el dictamen N° E271804 y debe coordinarse con la DIPRES para dictar el decreto supremo del artículo 4° de la ley N° 17.502.
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CORFO debe mantener y renovar las garantías de las administradoras mientras no se acredite el cumplimiento total de las obligaciones que ellas asumieron, y solo devolverlas si verifica dicho cumplimiento; además, debe cobrar oportunamente los créditos de los fondos deudores.
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La Contraloría concluye que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos no puede invertir en el mercado de capitales los recursos transferidos para el programa "Bomberos de Chile" ni los aportes de gobiernos regionales, pues están afectos a fines específicos y la normativa no lo permite.
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La Contraloría concluye que el Director General de la DICREP no puede condonar los intereses y derechos anexos devengados durante la retención cautelar, pues la ley no le atribuye expresamente esa facultad; solo puede aplicar la condonación excepcional del artículo 3° transitorio del DFL N° 16, de 1986.
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La Contraloría concluye que la Tesorería actuó dentro de sus facultades al rechazar la devolución, pues cualquier error debe resolverlo el banco, no la TGR; por ello desestima la solicitud, aunque ordena ajustar la circular N° 5 de 2015.