Contraloría General de la República
Salud
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre salud, del más reciente al más antiguo. Página 5.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre salud, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre saludTemas de salud
Pronunciamientos
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de San Carlos actuó correctamente al contratar indefinidamente a los recurrentes solo por las horas que desempeñaban a plazo fijo al 29 de septiembre de 2023, pues la ley N° 21.308 busca regularizar esos contratos, no aumentar la jornada.
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La Contraloría concluye que un profesional con PAO reducido puede trasladarse a otro servicio de salud, pero debe cumplir íntegramente el PAO del lugar de destino, formalizando el acuerdo y ajustando el convenio y la garantía.
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La Contraloría no dio curso al instrumento que modifica los reglamentos de estupefacientes y productos psicotrópicos porque faltan antecedentes solicitados y contiene una página repetida.
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La Contraloría concluye que el Hospital puede contratar a honorarios a sus enfermeros con asignación de dedicación exclusiva (ley N° 20.909) para el proyecto de listas de espera, sin que pierdan el beneficio, siempre que trabajen fuera de jornada y mantengan la exclusividad con el mismo recinto.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el dictamen N° E232934 de 2022: para reconocer una capacitación en la carrera funcionaria debe estar en el programa municipal del año en que se cursó, y solo cuentan los cursos que cumplen los requisitos legales, no los extraprogramáticos.
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La Contraloría concluye que, aunque la ley N° 21.095 solo menciona las jornadas de 26 y 36 horas, la planilla suplementaria de los profesionales con jornadas de 16 y 18 horas que pasaron a 22 horas también debe calcularse comparando el valor hora semanal antes y después del traspaso, aplicando así una excepción a la regla general para evitar una discriminación arbitraria.
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La Contraloría concluye que el Hospital Militar puede exigir que el descanso reparatorio de la ley N° 21.409 se fraccione en bloques de al menos 5 días hábiles para el personal con jornada de 28 horas, pues debe resguardarse la continuidad del servicio.
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La Contraloría concluye que en las rendiciones de cuentas de los programas de reforzamiento de atención primaria deben incluirse todos los estipendios que constituyan remuneración según la ley N° 19.378 y la jurisprudencia, no solo el sueldo base y la asignación de atención primaria municipal, por lo que el Servicio de Salud de O'Higgins debe dejar sin efecto su oficio N° 1.294 de 2022 y ajustar las rendiciones ya efectuadas a este criterio.
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La Contraloría concluye que el criterio de desempate por atrasos solo puede aplicarse si todos los funcionarios empatados trabajaron presencialmente; si alguno hizo teletrabajo sin control horario, debe usarse la antigüedad, por lo que el Hospital de Santa Cruz debe revisar el proceso y pagar las diferencias.
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La Universidad de Antofagasta puede crear y administrar un hospital clínico y cobrar por prestaciones de salud, pero no puede delegar su administración ni funciones asistenciales en su fundación, que solo puede colaborar; deberá asumir la gestión e informar un cronograma en 30 días hábiles.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Paillaco no ha incumplido los mínimos legales de los sueldos base de atención primaria, pero debe revisar e informar si cumple las ponderaciones de capacitación y experiencia de su reglamento de carrera.
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La Contraloría concluye que el dictamen N° 16.855, de 2019, reconsideró tácitamente el dictamen N° 3.268, de 2004, por lo que el Servicio de Salud no puede celebrar con la Universidad del Desarrollo un contrato que constituya un derecho real de uso para que esta edifique y administre un módulo docente asistencial.
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La Contraloría aclara que los dictámenes sobre convenios asistenciales docentes regulan materias distintas: uno exige licitación pública para adquirir bienes y el otro regula el registro contable de la dación en pago. Concluye que el Servicio debe cumplir el dictamen N° 16.855 de 2019.
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La Contraloría concluye que sí procede pagar la asignación del artículo 8° de la ley N° 20.816 a los médicos especialistas que se desempeñan como directores en un CESFAM, pues la norma no exige funciones asistenciales, sino solo trabajar en un establecimiento municipal de atención primaria y cumplir los requisitos de especialidad y registro.
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La Contraloría concluye que, aunque la funcionaria tiene derecho al descanso reparatorio de la ley N° 21.409, no puede imputarlo a la duración de su especialidad, pues la normativa de la Universidad de Chile no lo permite, debiendo postergar sus estudios.
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La Contraloría concluye que el personal de las unidades de salud del SENAME no tiene derecho al descanso reparatorio de la ley N° 21.409, porque ese servicio no está entre las instituciones beneficiarias y sus unidades no asumieron las mismas obligaciones que los recintos de salud durante la pandemia.
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La Contraloría concluye que el feriado mínimo no fraccionable de diez días debe solicitarse, otorgarse y gozarse de forma continua, sin importar que la jornada semanal del profesional se distribuya solo de martes a viernes.
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La Contraloría reconsidera su criterio anterior y concluye que quienes fueron destituidos de corporaciones municipales por faltas a la probidad quedan inhabilitados para ingresar a la Administración por cinco años, aunque no sean funcionarios públicos.
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La Contraloría concluye que la “Vía Clínica” del MINSAL contiene orientaciones médicas sobre las que no le corresponde intervenir, pero que sus criterios de vida real y psicoterapia no pueden impedir el acceso a prestaciones ni tratar como enferma a la persona trans; además, deben actualizarse conforme a la ley N° 21.120 y aprobarse por acto administrativo.
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La planilla suplementaria de los funcionarios traspasados no debe recalcularse ni absorberse por los reajustes generales, sino solo reajustarse conforme a la ley. Contraloría concluye que el Servicio de Salud debe revisar y corregir los cálculos erróneos y reintegrar las diferencias adeudadas.
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La Contraloría concluye que el derecho a transmitir por causa de muerte la bonificación por retiro de la ley N° 20.986 se aplica también a quienes fallecieron antes de la ley N° 21.405, si el proceso de postulación estaba en curso; así, la sucesión de la funcionaria tiene derecho al beneficio.
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La asignación por cambio de residencia del artículo 29 de la ley N° 15.076 solo beneficia a la Etapa de Destinación y Formación, no a la Planta Superior. Contraloría concluye que la recurrente no tiene derecho a ella, pero no debe reintegrar pasajes y fletes ya otorgados por error del servicio.
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La Contraloría concluye que los estipendios que recibe la médica municipal en misión de estudio constituyen remuneración para todos los efectos legales, pues no tiene la calidad de becaria y no le aplican los beneficios del régimen de becarios.
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La Contraloría concluye que los recursos de convenios de estudios clínicos son ingresos propios del INC y deben incorporarse al presupuesto público, rechazando su manejo extrapresupuestario y ordenando regularizar esa situación.
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El dictamen concluye que no existe incompatibilidad en la ley N° 20.921 para que funcionarias de 60 a 65 años que obtuvieron pensión de invalidez del DL 3.500 accedan a las bonificaciones de sus artículos 1° y 9°, aplicando la excepción del artículo 10 que las exime de renuncia voluntaria.
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La Contraloría concluye que los profesionales contratados por 28 horas semanales en urgencias, maternidades o cuidados intensivos tienen derecho a la asignación de estímulo aunque su jornada se concentre en pocos días mediante turnos, aplicando una excepción a la regla general.
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La Contraloría determina que, como excepción a la regla general que asigna a la Seremi de Salud la autorización sanitaria, en campamentos de faenas del Cuerpo Militar del Trabajo esa autorización corresponde a la Autoridad de Sanidad del Ejército.
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La Contraloría interpreta que el artículo 10 de la ley N° 19.664 permite postular a perfeccionamiento o especialización hasta antes de completar 72 meses en la Etapa de Destinación y Formación, no 84. Excepcionalmente, autoriza por última vez que el proceso 2024 permita postular hasta antes de 84 meses.
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La Contraloría concluye que no es irregular que el MINSAL exija firmar un formulario de rechazo de vacunación, pues solo informa riesgos y la facultad de recurrir a la justicia. Además, no se condiciona la entrega de medicamentos o alimentos a los adultos mayores a vacunarse.
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La Contraloría concluye que Carabineros puede exigir el examen de VIH en sus procesos de selección, amparado en la excepción que la ley N° 19.779 contempla para el personal regido por su Estatuto, por las especiales exigencias de la función policial, sin que se aprecie ilegalidad.
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El dictamen concluye que la resolución N° 202, de 2020, del Ministerio de Salud no presentó irregularidades, pues el aislamiento nocturno fue ordenado por los Jefes de la Defensa Nacional en ejercicio de sus facultades durante el estado de excepción de catástrofe.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del dictamen N° E272988 de 2022, confirmando que el ISP puede exigir acreditar eficacia y seguridad de productos farmacéuticos destinados exclusivamente a exportación, al no haberse dictado el reglamento especial del artículo 97 del Código Sanitario.
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La Contraloría concluye que la Seremi de Salud de Atacama se apartó de la normativa al autorizar la exhumación y traslado del cadáver solicitada solo por uno de los hijos vivos, sin la mayoría exigida, pues no corresponde incluir a los nietos en representación del hijo fallecido.
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La Contraloría reconsidera su criterio anterior y concluye que, ante la falta de instrucciones ministeriales, todos los establecimientos de menor complejidad deben considerarse como cumplidores de los requisitos para calcular la asignación directiva, excluyendo de ese total a la Dirección del Servicio y a los CESFAM y COSAM.
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El descanso reparatorio de la ley N° 21.409 solo beneficia al personal de DIPRECA que trabajó en su hospital y servicios médicos que apoyaron la pandemia, no al resto de sus funcionarios. Se complementa el dictamen N° E318021 de 2023.
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Los funcionarios de pabellón y recuperación, ginecología y unidad centralizada de camas del Hospital Puerto Montt tienen derecho a la asignación de urgencia, pues esas unidades están homologadas en la resolución N° 188/2020, siempre que cumplan los demás requisitos legales.
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La Contraloría concluye que las farmacias municipales pueden vender medicamentos por medios electrónicos con despacho por un tercero licitado, cumpliendo los requisitos sanitarios, y que la responsabilidad sanitaria por los productos despachados sigue siendo del establecimiento autorizado.
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La Contraloría concluye que la funcionaria no cumple el requisito de desempeño continuo exigido por la ley N° 21.409 para acceder al descanso reparatorio, porque sus inasistencias injustificadas interrumpieron dicho desempeño, sin que los descuentos de remuneraciones alteren esa conclusión.
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El dictamen concluye que el descanso reparatorio de la ley N° 21.409 puede fraccionarse libremente, sin exigir un mínimo de días continuos, pues la ley no impone esa restricción. Ordena a la Municipalidad de Lo Barnechea otorgar el beneficio sin condiciones adicionales.
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La Contraloría concluye que el descanso reparatorio de la ley N° 21.409 exige desempeño continuo en instituciones públicas de salud, sin que pueda computarse el trabajo previo en el sector privado, pues ninguna de las dos leyes permite sumar períodos entre sectores.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, quien usa licencia médica parcial puede tomar feriado fraccionado en medios días, pues la media jornada trabajada no impide ejercer ese derecho; el permiso con goce de remuneraciones ya se le reconoció.
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La Contraloría concluye que la Tesorería cobró indebidamente una multa sanitaria cuyos efectos estaban suspendidos por un reclamo judicial pendiente, por lo que debe regularizar ese cobro coordinándose con la SEREMI.
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La Contraloría concluye que los profesionales regidos por la ley N° 19.664 tienen derecho a horas extraordinarias durante el descanso reparatorio de la ley N° 21.409, siempre que estén formalmente en turnos rotativos, regulares y permanentes, ordenando su pago.
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La Contraloría concluye que las funcionarias que cumplen entre 60 y 64 años en el segundo semestre de 2023 sí pueden postular al noveno proceso (junio de 2024), por lo que el Ministerio de Salud debe ajustar su Instructivo N° 8 de 2022, que indebidamente las obligaba a postular antes.
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Las multas aplicadas en contrataciones regidas por la ley N° 19.886 son ingresos propios del servicio, por lo que les aplica el procedimiento de multas del SIGFE II en el pago centralizado, sin alterar su naturaleza.
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La Contraloría concluye que el descanso reparatorio de la ley N° 21.409 exige haber sido nombrado o contratado bajo las modalidades que indica esa norma, sin incluir las compras de servicios personales; por ello, no procede reconocerlo a quienes prestaron labores bajo esa modalidad.
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La Contraloría toma razón del decreto N° 51, de 2022, de Salud, que fija los establecimientos rurales de desempeño difícil para 2023-2027, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debió citarse la resolución exenta N° 9, de 2023, como antecedente fundante.
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La Contraloría toma razón del decreto N° 50, de 2022, de Salud, que fija establecimientos urbanos de desempeño difícil de atención primaria 2023-2025, por ajustarse a derecho, con el alcance de que deben remitirse los antecedentes fundantes omitidos.
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La Contraloría concluye que el origen de los recursos no impide reconocer el descanso reparatorio de la ley N° 21.409 a una profesional a honorarios financiada por convenios con el servicio de salud, pues la norma solo exige continuidad y jornada mínima. Ordena al municipio verificar los demás requisitos y, si corresponde, otorgar el beneficio.
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La Contraloría concluye que, al no acreditarse que las 11 horas se contrataron bajo compra de servicios, deben entenderse a honorarios y, por excepción, reconoce el fuero maternal, ordenando reintegro y pago de honorarios adeudados.