Contraloría General de la República · Educación
SLEP y Educación Municipal
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre SLEP y Educación Municipal, del más reciente al más antiguo. Página 2.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre educación, que incluye SLEP y Educación Municipal, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre educaciónPronunciamientos
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La Contraloría confirma que un exdocente desvinculado por supresión de horas no tiene derecho al bono de la ley N° 20.305, pues esa causal no está contemplada taxativamente en dicha ley y no puede asimilarse a la supresión del empleo.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, los municipios deben seguir tramitando los procedimientos disciplinarios de empleados del DAEM no traspasados al Servicio Local, pues mantienen la potestad disciplinaria sobre ellos.
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El dictamen concluye que los docentes y asistentes de la educación cuyas contrataciones cesaron el 31 de diciembre de 2024 solo tienen derecho al reajuste del 3% de diciembre, pero no al aguinaldo de Navidad, bono de vacaciones ni bono especial, pues estos exigen estar en funciones al 3 de enero de 2025.
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El dictamen concluye que los docentes y asistentes de la educación del SLEP de Andalién Sur cuyas contrataciones cesaron el 31 de diciembre de 2024 tienen derecho al reajuste del 3% de diciembre y al aguinaldo de Navidad, pero no al bono de vacaciones ni al bono especial, pues estos exigen estar en funciones al 3 de enero de 2025.
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Los docentes que reciben la bonificación por retiro voluntario en diciembre, sean titulares o contratados, tienen derecho a la prórroga de enero y febrero del artículo 41 bis si cumplen los requisitos. El pago corresponde al municipio o corporación de origen, no al servicio local.
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La Contraloría concluye que los nombramientos de las directoras son válidos porque el concurso se realizó dentro de las competencias del municipio, aunque sus funciones iniciaran después del traspaso al SLEP; este debe regularizar la situación y pagar las remuneraciones adeudadas.
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La Contraloría no da curso a la resolución que declara beneficiario y aprueba el convenio de traspaso de fondos entre la Dirección de Educación Pública y la Municipalidad de Curacautín, por no ajustarse a derecho: faltan precisiones sobre la transferencia, el reajuste, la autorización presupuestaria, el plazo de rendición y los conceptos de gasto.
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El personal contratado bajo el Código del Trabajo con recursos SEP antes del 23 de diciembre de 2023 no integra la dotación máxima del SLEP para efectos del teletrabajo, aunque sí puede acceder a esa modalidad.
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La Contraloría concluye que la bonificación de zona extrema no corresponde a asistentes de la educación de jardines infantiles JUNJI dependientes de SLEP, salvo excepción: quienes fueron traspasados desde municipios conservan ese derecho por la norma protectora, debiendo el SLEP Aysén revisar casos particulares.
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La Contraloría concluye que las paralizaciones de profesores son ilegales y que las horas no trabajadas deben descontarse de las remuneraciones, sin que los planes de recuperación de clases justifiquen esas ausencias ni impidan el descuento.
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La Contraloría concluye que el Ministerio de Educación debe pagar a la Caja La Araucana la deuda previsional de la Corporación Municipal de San Fernando, aplicando la excepción del artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley N° 21.040, e informar en 20 días hábiles.
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La Contraloría concluye que la asignación de antigüedad de los funcionarios traspasados a los SLEP prescribe en seis meses (Estatuto Administrativo), no en 24 (Código del Trabajo), por lo que el SLEP debe pagar solo los últimos seis meses y recuperar el exceso.
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La Contraloría determina si el componente fijo del bono de desempeño laboral (artículo 50, ley N° 21.109) debe incluirse al calcular la asignación del artículo noveno transitorio. Concluye que sí corresponde incluirlo, aplicando la norma especial de cálculo por sobre la regla general que lo excluye de la remuneración.
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La Contraloría concluye que no procede pagar con recursos fiscales del artículo trigésimo octavo transitorio de la ley N° 21.040 una indemnización por mutuo acuerdo, pues la ley solo autoriza indemnizar desvinculaciones en las condiciones que indica, excluyendo otras causales como el mutuo acuerdo.
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La Contraloría concluye que las asignaciones de movilización y colación otorgadas por la Municipalidad de Lota a 38 asistentes de la educación en mayo de 2024 no se ajustaron a derecho, por superar los montos del personal regido por la ley N° 18.883 y carecer de justificación objetiva. Ordena al Servicio Local de Andalién Costa reintegrar lo indebidamente pagado.
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El SLEP debe respetar los beneficios del convenio colectivo pactados al menos seis meses antes del traspaso, salvo las excepciones del artículo 325 del Código del Trabajo, sin duplicar asignaciones legales. Sobre extenderlos a quienes no negociaron, Contraloría no se pronuncia por existir causa judicial pendiente.
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La Contraloría concluye que el SLEP Iquique actuó conforme a derecho al dejar de pagar el "bono art. 47 tope 30%" (beneficio discrecional) y el "incremento respons. directiva" (ajeno al régimen remuneratorio docente), desestimando el reclamo de la directora.
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El dictamen concluye que las funcionarias de jardines infantiles traspasadas al SLEP Iquique no tienen derecho a la bonificación de zona extrema del artículo 30 de la ley N° 20.313, pues nunca la adquirieron válidamente y el pago erróneo no genera derecho a conservarla.
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La Contraloría concluye que las medidas disciplinarias del artículo 121 del Estatuto Administrativo no se aplican a los asistentes de la educación de los SLEP, pues ni la ley N° 21.109 ni el Código del Trabajo las contemplan; solo procede el término de la relación laboral y las sanciones del reglamento interno.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Coihueco no pudo desvincular al recurrente, pues gozaba de fuero gremial al momento del despido; por excepción, debe reincorporarlo y reubicarlo en otras funciones, reintegrando la indemnización percibida.
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La Contraloría concluye que el decreto que fija un nuevo orden de subrogación del Director de Educación Pública es legal, pues solo rige para ausencias o impedimentos temporales, no para vacancias, y que el nombramiento de la señora Sáez se ajustó a derecho.
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La Contraloría concluye que el SLEP Maule Costa se apartó de la ley al convocar concursos públicos separados para 26 cargos a contrata, en vez de un único concurso cerrado para el personal DAEM. No obstante, aplicando la buena fe, permite que los designados conserven sus cargos.
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La Contraloría toma razón del documento que ordena transferir fondos a la administradora provisional de los establecimientos educacionales antes administrados por la Corporación Municipal de Tiltil, pues se ajusta a derecho, con el alcance de que modifica el decreto exento N° 324, de 2024, del Ministerio de Educación.
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La Contraloría concluye que el SLEP no incumplió sus obligaciones: la cena del día del profesor es un beneficio colectivo no exigible individualmente, y se acreditaron las jornadas de autocuidado y capacitaciones. La denuncia sobre desigualdad salarial se desestima por falta de antecedentes.
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El dictamen concluye que los inmuebles de establecimientos que perdieron su reconocimiento oficial al 31 de diciembre de 2014 permanecen afectos al servicio educacional y deben traspasarse al SLEP, salvo que la municipalidad haya suscrito y cumplido un Plan de Transición. Respecto de los establecimientos en receso que no comunicaron su reinicio, se aplica el artículo 25 del decreto N° 315 en su versión vigente a 2014, operando la renuncia tácita al reconocimiento oficial.
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El dictamen concluye que un integrante no funcionario del Comité Directivo Local de un SLEP no puede renunciar anticipadamente a la dieta, pues es una compensación de orden público; solo puede renunciar una vez devengado el derecho.
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La asignación de antigüedad puede absorber la planilla suplementaria de una funcionaria traspasada al SLEP, pues esta solo evita la merma al traspaso y se reduce con mejoramientos futuros. Concluye que el actuar del SLEPH se ajustó a derecho.
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La Contraloría confirma que la indemnización de la exjefa del DAEM de Putre debe pagarla la Municipalidad de Putre, con recursos fiscales que le transferirá el Ministerio de Educación, y que luego puede pedir reembolso a la Dirección de Educación Pública conforme a la glosa presupuestaria 2024.
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La Contraloría concluye que, tras el traspaso educacional, el SLEP puede celebrar convenios para facilitar transitoria y parcialmente espacios de sus establecimientos a fines comunitarios o deportivos, siempre que se resguarde preferentemente el derecho a la educación y la adecuada mantención de la infraestructura.
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La Contraloría concluye que los Servicios Locales de Educación Pública están obligados a constituir consejos de la sociedad civil (COSOC), pues los Consejos Locales de Educación (CLEP) no reemplazan esa obligación legal. Deben establecerlos a la mayor brevedad.
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La Contraloría concluye que los contratos a honorarios o del Código del Trabajo irregulares celebrados en 2023 pueden renovarse, pues la ley N°21.647 autorizó mantenerlos sin distinguir si cumplían la normativa, aplicando una excepción a la regla general.
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El pago del bono del artículo 59 de la ley N° 20.883 lo realiza el sostenedor respectivo (municipio o servicio local), con fondos que le transfiere el Ministerio de Educación, al que corresponde concederlo y resolver reclamos.
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Las bonificaciones por retiro de las leyes N° 19.882 y N° 20.948, que exigen renuncia voluntaria, no pueden percibirse junto con la indemnización del artículo trigésimo octavo transitorio de la ley N° 21.040, que requiere cese no imputable al funcionario. El SLEP debe informar a las recurrentes para que opten.
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El dictamen concluye que no procedía pagar el bono compensatorio de sala cuna durante el feriado legal, por lo que es válido exigir su reintegro; sin perjuicio de ello, las docentes pueden solicitar condonación o facilidades de pago conforme al artículo 67 de la ley N° 10.336.
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La Contraloría concluye que el inmueble del Jardín Infantil Semillitas de Plata, al compartirse con una sede vecinal y no destinarse exclusivamente a educación, queda excluido del traspaso al SLEPA, aplicando la excepción del artículo decimoctavo transitorio de la ley N° 21.040, y ordena rectificar la resolución que lo traspasó.
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La jubilación termina la relación laboral desde que la institución previsional la concede, sin que el acto administrativo posterior altere ese cese. No obstante, el SLEPA puede reincorporar al docente jubilado conforme al artículo 54 de la ley N° 21.526, si sus funciones se vinculan directamente al Plan de Mejoramiento Educativo.
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Los excedentes de la subvención del artículo 1° de la ley N° 19.464 no pueden destinarse a otros fines ni redistribuirse, pues deben usarse solo para el incremento remuneracional de los asistentes de la educación. Contraloría concluye que el SLEP Puerto Cordillera debe restituir esos saldos.
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La Contraloría concluye que, aunque los docentes postularon al bono postlaboral fuera del plazo legal, un error del servicio empleador no puede perjudicarlos; por excepción, ordena reenviar sus solicitudes para que Tesorerías las tramite extraordinariamente y les conceda el beneficio si cumplen los demás requisitos.
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La Contraloría concluye que, por excepción, el tiempo trabajado en el DAEM debe contarse para la asignación de antigüedad del personal traspasado a los SLEP, pues la ley interpretativa lo ordena desde la vigencia de la ley N° 21.040. Por ello, el SLEPAS debe regularizar y pagar a la recurrente considerando esos años.
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La Contraloría cambia su jurisprudencia: en procesos disciplinarios de asistentes de la educación de un Servicio Local se puede designar fiscal o investigador regido por las leyes N°s. 18.834, 19.070 o 21.109, siempre que no dependa del inculpado y tenga igual o mayor jerarquía, comparada por nivel remuneratorio.
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El dictamen concluye que el tiempo servido como encargado de convivencia escolar, por ser una función técnico-pedagógica, debe computarse para acceder a la titularidad docente de la ley N° 19.648, acogiendo así la consulta del SLEPC.
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La Contraloría concluye que solo debe traspasarse al Servicio Local la porción del inmueble efectivamente destinada a la Escuela Pampa Guanaco, no todo el terreno, por lo que el municipio debe informar la subdivisión y pedir a la DEP rectificar la resolución que traspasó las 40 hectáreas.
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La contratación de asesorías externas para los concursos de directores debe regirse por la ley N° 19.886 y su reglamento, eligiendo el proveedor mediante licitación o trato directo, y no por trato directo fundado como antes se concluyó. Reconsidera el dictamen N° 70.912 de 2012.
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La exdirectora de un DAEM no traspasada al SLEP tiene derecho a indemnización de cargo fiscal, pero debe pagarla la Municipalidad de Putre, con fondos que le transfiera el Ministerio de Educación, sin intereses ni reajustes.
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La Contraloría concluye que la renuncia anticipada de la docente quedó sin efecto porque cumplió la edad para jubilar después de derogarse la indemnización del artículo 73, por lo que el SLEPAS actuó correctamente al no terminar su relación laboral ni pagarle indemnización.
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La Contraloría concluye que el SLEPH debe subdividir los terrenos de las escuelas Ignacio Carrera Pinto y Gualberto Kong Fernández, manteniendo solo la parte destinada a fines educacionales y devolviendo al Fisco el resto, donde funcionan dependencias municipales ajenas a ese fin.
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La prórroga de contratos de enero y febrero del artículo 75 del Código del Trabajo no se aplica a todos los asistentes de la educación de los SLEP, sino solo, como excepción, a los de nivel parvulario financiados por transferencia de la JUNJI; se rechaza la solicitud.
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La Contraloría concluye que la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.976 solo considera el tiempo trabajado en la municipalidad a la que se renuncia, sin sumar períodos en otros municipios, por lo que se ajustó a derecho el cálculo del SLEPH.
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El Módulo Dental donde trabajan las funcionarias municipales no es un establecimiento educacional, sino un espacio de apoyo a JUNAEB. Por ello, no corresponde traspasarlas al Servicio Local de Educación Pública, pues la ley exige desempeñarse en un establecimiento educacional.
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La Contraloría concluye que el Servicio Local de Barrancas debe reconocer la rebaja horaria del convenio colectivo a los asistentes de la educación traspasados que cumplan los requisitos, pues es un derecho adquirido protegido por el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040.