Contraloría General de la República · Educación
Universidades Estatales y Educación Superior
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Universidades Estatales y Educación Superior, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre educación, que incluye Universidades Estatales y Educación Superior, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre educaciónPronunciamientos
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La Contraloría toma razón del documento que distribuye recursos entre las Universidades Estatales, por estar ajustado a derecho, con el alcance de que el Ministerio y las universidades deben rendir cuenta de esas transferencias conforme a la resolución N° 2, de 2026.
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La Contraloría concluye que la Universidad del Biobío debe incluir a la nueva asociación AFACAD en la elección de representantes al Consejo Universitario, sin excluirla por agrupar a académicos y administrativos de ambas sedes, y adoptar medidas para su participación.
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El dictamen analiza el impacto contable del plan de condonación de deudas educativas del proyecto de ley, concluyendo que la condonación del CAE generaría un gasto patrimonial diferido en el tiempo, tanto para el Fisco como para las universidades estatales, sin poder cuantificarse un monto preciso.
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La Contraloría concluye que la SES actuó dentro de sus facultades al prohibir usar "acreditación" para certificaciones no reconocidas por ley, y ordena a los organismos competentes implementar pronto la acreditación voluntaria pendiente.
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La Contraloría concluye que la calidad de integrante del SNSS del Hospital Clínico de la Universidad de Chile solo rige para las atenciones del artículo 141, por lo que FONASA sí puede celebrar convenios con él en el marco del SAP, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
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La Contraloría concluye que los inmuebles recibidos en comodato no pueden reconocerse como activo ni aplicarse las NIC 20 o NICSP 13, sino que solo las mejoras deben registrarse como Propiedad, Planta y Equipo; el tratamiento anterior constituye un error de períodos anteriores que debe corregirse retroactivamente.
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La Contraloría rechaza reconsiderar su dictamen: quien fue recontratado como académico de excelencia tras recibir el bono compensatorio no puede usar ese último desempeño para obtener el bono adicional de la ley N° 21.043, pues esa recontratación es una excepción restrictiva.
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La reforma al artículo 36 del Estatuto de la Universidad de Chile, que incorpora a estudiantes y personal de colaboración con voto en los Consejos de Facultad, no altera la estructura general ni el Título I, por lo que no requería consulta a la comunidad ni pronunciamiento del Consejo Universitario, bastando la intervención del Senado Universitario.
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La condonación del saldo de la deuda del FSCU aplica también cuando las cuotas se fijaron según el artículo 11, no solo el artículo 8, y basta pagar íntegra y continuamente las cuotas por 12 o 15 años, aunque no en las fechas exactas. Contraloría ratifica ese criterio.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la Universidad de Los Lagos y mantiene que las docentes e investigadoras contratadas a honorarios bajo el artículo 48 de la ley N° 21.094 tienen fuero maternal, pues sus labores son habituales y no accidentales.
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Las glosas 21 y 22 de la ley de presupuestos 2025 obligaron a las instituciones de educación superior a informar remuneraciones, y Contraloría concluye que ese deber fue obligatorio y no vulneró su autonomía ni la ley de datos personales.
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Gendarmería puede celebrar convenios con instituciones de educación superior para que estudiantes del área de la salud realicen prácticas en sus unidades médicas, pues estas no integran la red asistencial y se rigen por normativa propia y específica, aplicándose las reglas generales solo supletoriamente.
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El CNED no puede revisar por reposición su propia resolución que rechazó la apelación del Instituto Profesional Los Leones, porque la ley N° 20.129 establece un sistema recursivo especial y agotado. Concluye que debe iniciar la invalidación de ese acto.
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La Contraloría concluye que la funcionaria no académica debe usar su feriado durante el receso institucional, conforme al artículo 105 de la ley N° 18.834, sin que proceda deducir esos días ni postergar el descanso.
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La Contraloría concluye que la actividad realizada en la Facultad de Artes tuvo connotación política y fue ajena a los fines universitarios, por lo que la autonomía no habilita el uso de bienes institucionales para esos efectos. Ordena a la Universidad regularizar sus procedimientos de autorización y controlar el uso de recursos públicos.
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La Contraloría concluye que los trabajadores de los Centros de Formación Técnica Estatales no tienen derecho a los bonos de vacaciones y de término de conflicto, porque la ley N° 21.724 no incluye a esas entidades entre sus beneficiarios.
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El dictamen concluye que el Vicerrector Académico ejerció las funciones de Rector por subrogación, no suplencia, pues la ley solo permite proveer ese cargo mediante elección, sin nombrar suplentes.
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La Universidad de La Frontera puede fijar autónomamente el día de pago de las remuneraciones dentro del mes calendario, conforme a su régimen especial de remuneraciones. Sobre la planilla complementaria no emite pronunciamiento por falta de información, aunque debe procurar pago íntegro y oportuno.
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La Contraloría concluye que la UFRO puede comprar directamente inmuebles a una corporación de la que es socia, aplicando una excepción a la regla de licitación pública, siempre que una resolución fundada justifique la necesidad, el trato directo, el cumplimiento de probidad y el financiamiento.
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La Contraloría cambia su criterio y concluye que la prohibición de reingreso a universidades estatales tras el retiro voluntario también se aplica a la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la USACH, por financiarse con recursos estatales. No obstante, el cambio rige solo hacia el futuro, por lo que los casos consultados no deben devolver los bonos ni se les impide cobrar.
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La Contraloría concluye que, si la firma del solicitante ya fue autorizada ante notario o cónsul chileno, no hay fundamento para exigir además una copia legalizada de la cédula de identidad, pues la identidad ya fue verificada.
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La Contraloría concluye que el tiempo servido como Secretaria Regional Ministerial, conservando la propiedad del cargo académico, computa para la bonificación adicional por retiro de la ley N° 21.043, por lo que la funcionaria tiene derecho a ella si cumple los demás requisitos.
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La Contraloría concluye que corresponde a la Subsecretaría de Educación Superior ponderar la modificación del proyecto de infraestructura del CFT y otorgar una nueva prórroga, considerando el retraso de casi 6 años y los recursos ya invertidos.
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La Contraloría concluye que un académico de excelencia recontratado tras jubilar con el bono del artículo 9° de la ley N° 20.374 no puede recibir nuevos beneficios por retiro, pues el artículo 21 de la ley N° 21.043 lo prohíbe expresamente.
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El dictamen aclara que, en la UPLA, deben presentar declaración de intereses y patrimonio el Rector y los miembros del Consejo Superior, por ser el órgano colegiado ejecutivo, pero no los integrantes del Senado Universitario, que cumple funciones principalmente académicas y representativas.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio tipo para proyectos de universidades estatales, por ajustarse a derecho, con alcances: las modificaciones deberán sancionarse por acto administrativo totalmente tramitado y no aplicarse instrucciones contrarias a la resolución N° 30, de 2015.
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La Contraloría concluye que el fuero maternal se extiende a honorarios del artículo 48 inciso segundo de la ley N° 21.094 solo en docencia e investigación habitual, no en proyectos con financiamiento propio, y ordena a la Universidad de Los Lagos determinar el caso de la señora Ávalos.
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La Contraloría concluye que la exfuncionaria no tiene derecho a los bonos de Navidad, vacaciones ni término de conflicto de la ley N° 21.724, porque no mantenía vínculo laboral vigente al 3 de enero de 2025, fecha de publicación de esa ley, y ordena reintegrar el aguinaldo de Navidad ya pagado.
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La Contraloría concluye que los recursos para los incentivos al retiro de las universidades estatales deben registrarse como ingreso y gasto, no como cuentas por cobrar y pagar, reconociendo la obligación y el derecho simultáneamente al emitirse el acto administrativo y producirse el cese.
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La decana de Derecho de la Universidad de Tarapacá puede compatibilizar ese cargo con ser abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Arica y directora de la Empresa Portuaria Arica, pues no hay inhabilidad legal. Pero debe recuperar las horas no trabajadas, y Contraloría fiscalizará su jornada.
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La Contraloría toma razón del decreto que designa a la Universidad de O'Higgins como tutora del CFT estatal de O'Higgins, dejando sin efecto la designación de la USACH. Instruye al MINEDUC arbitrar medidas para finiquitar el convenio vigente con la USACH.
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La Contraloría toma razón del decreto que distribuye al Instituto Profesional Arcos un anticipo de hasta el 80% de la gratuidad 2025, con el alcance de que se revisen los descuentos aplicados, cuyos saldos no se acreditan.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la CUP y confirma que la SUBESUP determinó correctamente los valores regulados 2025, pues ya se analizaron y descartaron los mismos reclamos sin aportar antecedentes nuevos.
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La Contraloría concluye que el profesor por horas no cumple el requisito de diez años de servicio para el bono adicional por retiro, pues no acreditó cinco años continuos que permitan sumar períodos discontinuos; sin embargo, puede postular en el plazo extraordinario para 2026.
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La Contraloría concluye que no le corresponde emitir el pronunciamiento solicitado sobre el artículo 103, letra b), de la ley N° 21.091, porque la materia quedó resuelta por sentencias judiciales y determinar sus efectos es competencia exclusiva de los tribunales.
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La Contraloría toma razón del decreto que distribuye recursos de la asignación basal por desempeño entre universidades, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la referencia a resoluciones anteriores debe entenderse hecha a la resolución N° 36, de 2024.
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La Contraloría concluye que el convenio entre el MINVU y la Universidad de Chile está excluido de la ley N° 19.886 por aplicación del artículo 37 de la ley N° 18.575, aunque observa que no consta la resolución fundada que dispuso el trato directo.
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La USACH no está regida por el artículo 23 de la Ley de Presupuestos 2024, pues su presupuesto no está incluido en ella; debe asignar recursos conforme al artículo 9° de la ley N° 18.575, pudiendo excepcionalmente usar trato directo fundado. Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre el caso concreto por falta de antecedentes.
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La Contraloría aclara que su dictamen de 2023, que asigna a la SUBESUP custodiar y certificar los registros de instituciones cerradas voluntariamente, rige solo para decretos de cierre posteriores a esa fecha, manteniendo por seguridad jurídica los traspasos ya acordados.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el reglamento de formación de la terna para elegir Rector(a) de la UTEM, con alcances: omisión del cuerpo legal de ciertos artículos citados, de la facultad del Rector sobre el presupuesto y de la calidad de Rectora Subrogante de quien firma.
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La Contraloría concluye que una universidad estatal no puede contratar a título oneroso con una sociedad relacionada, pues el rector participa en la designación de sus directores y ello configura un conflicto de intereses que afecta la imparcialidad; solo excepcionalmente procede un comodato gratuito, mediante resolución fundada y cumpliendo las reglas de probidad.
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La Contraloría concluye que la Universidad del Bío-Bío debe reclasificar su deuda con el FSCU según su origen (anticipos ordinarios, extraordinarios y recaudaciones de terceros) y devolver los fondos usados en fines no autorizados, informando las medidas en 90 días.
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El CFT de La Araucanía consulta si puede reducir la jornada laboral a 40 horas sin respetar la gradualidad de la ley N° 21.561. Contraloría concluye que, pese a su autonomía, debe aplicar la reducción gradual conforme al artículo primero transitorio.
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La Contraloría toma razón del documento que reajusta las remuneraciones del personal de la Universidad de Santiago de Chile, con alcances: precisa que la asignación de dirección ya está contenida en la resolución N° 16, de 2023, y corrige la imputación del gasto.
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La Contraloría concluye que Claudia Mora Rojas estaba inhabilitada para ser comisionada experta porque sus funciones como directora de sede del Instituto Profesional AIEP implicaban decisiones estratégicas y patrimoniales, aunque fueran transitorias. Por eso, el Ministerio de Educación debe invalidar su nombramiento.
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La gratuidad se mantiene si el cambio de carrera o institución ocurre en el segundo semestre, pues la ley no exige que sea al final del año académico. La Subsecretaría debe instruir los procedimientos y el Mineduc coordinar el reembolso a la estudiante afectada.
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Las universidades estatales están obligadas a entregar a los parlamentarios la información solicitada sobre las actividades de conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, pues su autonomía no las exime de ese deber legal.
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La Contraloría concluye que no hubo irregularidades en el proceso de la SUBESUP para fijar los valores regulados 2025: hubo participación efectiva de las IES y el criterio de complejidad institucional está fundamentado.
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La Contraloría concluye que la Universidad Católica del Norte es una entidad privada para efectos presupuestarios, por lo que las transferencias que le haga el Gobierno Regional de Antofagasta deben cumplir la normativa sobre transferencias a instituciones privadas de la Ley de Presupuestos 2024.
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La Contraloría concluye que el rector de la Universidad de La Frontera no puede ser reelegido para un nuevo período (2026-2030), porque ya completó el límite de una reelección permitido por el artículo 21 de la ley N° 21.094.