Contraloría General de la República · Municipalidades
Personal Municipal
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Personal Municipal, del más reciente al más antiguo. Página 4.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre municipalidades, que incluye Personal Municipal, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre municipalidadesPronunciamientos
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La Contraloría concluye que el municipio actuó correctamente al pagar el bono compensatorio de sala cuna solo por la mitad de la jornada, pues la funcionaria trabajaba media jornada bajo postnatal parental, y al descontar los días de feriado legal.
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La Contraloría concluye que, por las elecciones municipales de 2024, los alcaldes pueden celebrar el Día de los Funcionarios Municipales en una fecha cercana al 28 de octubre, distinta de ese día, manteniendo la continuidad del servicio.
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El dictamen concluye que es improcedente percibir la bonificación de la ley N° 20.919 junto con la de la ley N° 21.135, por ser incompatibles, y que tras recibir la primera el funcionario no puede volver a desempeñarse en la Municipalidad de Cerro Navia sin devolver el beneficio.
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La Contraloría concluye que el reintegro por remuneraciones percibidas indebidamente debe hacerse mediante descuentos en la remuneración, no por depósitos o transferencias bancarias, aunque la funcionaria puede pedir reducir el número de cuotas.
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La Contraloría acoge el recurso de revisión y reconsidera su dictamen anterior, reconociendo que al recurrente le asistió la confianza legítima de que su contrata sería renovada, por lo que el municipio debe reincorporarlo y pagarle las remuneraciones adeudadas.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, la Municipalidad de Río Verde puede trasladar a sus funcionarios en vehículos municipales desde Punta Arenas, por sus especiales condiciones geográficas y de conectividad, debiendo la alcaldesa dictar un decreto alcaldicio fundado que califique la situación.
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La Contraloría concluye que el cargo grado 9° de ingeniero en tránsito puede proveerse por quienes tengan títulos afines otorgados por la Universidad Tecnológica Metropolitana o el Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez, al no impartirse esa carrera exacta.
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El dictamen concluye que en los concursos internos de la ley N° 21.308 no se aplica el criterio del dictamen N° 42.208, de 2017, sino el límite de puntaje de capacitación del artículo 54 del decreto N° 1.889, de 1995.
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La Contraloría rechaza reconsiderar su jurisprudencia y confirma que el descanso complementario por horas extraordinarias se otorga solo por horas completas, desestimando los minutos restantes. Además, ordena al municipio ajustar sus decretos de horas extraordinarias a la normativa y evitar usos irregulares del descanso.
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La Contraloría concluye que, de forma extraordinaria, el MINEDUC debe reconocer a la recurrente su derecho a la bonificación por retiro de la ley N° 20.964, aplicando una excepción, y ordena el pago íntegro de dicho beneficio.
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La modificación que permite a extranjeros con permiso de residencia ingresar a la Administración del Estado no se aplica a las municipalidades, pues solo cambió el estatuto general y no el municipal. Concluye que se mantiene vigente la exigencia de nacionalidad chilena para ingresar a una municipalidad.
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La COMPIN solo evalúa la irrecuperabilidad de la salud del funcionario, no su compatibilidad con el cargo; si la declara recuperable, el alcalde puede igualmente declarar la salud incompatible.
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La Contraloría concluye que, como el Registro de Deudores no informa el monto mensual de la pensión, el empleador debe pedir al interesado, junto con la autorización, los antecedentes judiciales que lo acrediten; sin ellos no procede la contratación o renovación.
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El límite del gasto anual en personal municipal debe calcularse solo con los ingresos propios permanentes del año anterior, sin incluir los ingresos por percibir de la cuenta 115-12-10, pues son variables y eventuales. Así, no corresponde considerarlos para ese cálculo.
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La Contraloría concluye que la contratación de abogados externos por el municipio debe ser excepcional y transitoria, y que este debe responder oportunamente los requerimientos de los concejales; además, reconsidera el oficio previo y estima que la conciliación con el señor López Navarro no causó perjuicio patrimonial, al contar con acuerdo del concejo e incluir cotizaciones adeudadas.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de La Serena no puede transferir gratuitamente un inmueble municipal al SERVIU para un proyecto habitacional destinado a los integrantes de su Asociación de Funcionarios Municipales, pues no existe ley que la faculte para beneficiar a sus propios funcionarios.
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La Contraloría concluye que la referencia al artículo 84 en los numerales 6 y 8 de la ley N° 21.643 es un error y debe entenderse referida al artículo 82, letras l) y m), de la ley N° 18.883, permitiendo aplicar la normativa sobre acoso laboral a funcionarios municipales.
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La Contraloría confirma que la indemnización de la exjefa del DAEM de Putre debe pagarla la Municipalidad de Putre, con recursos fiscales que le transferirá el Ministerio de Educación, y que luego puede pedir reembolso a la Dirección de Educación Pública conforme a la glosa presupuestaria 2024.
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La Contraloría concluye que la bonificación adicional del artículo 8° de la ley N° 21.135 para trabajadores de cementerios municipales regidos por el Código del Trabajo se calcula con las reglas generales: jornada máxima de 44 horas semanales y proporcional si es inferior.
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La Contraloría concluye que fue ilegal el despido de una asistente de la educación de la Municipalidad de Santiago, pues el decreto no acreditó la causal invocada y contradijo el PADEM 2024. Ordena reincorporarla y pagarle las remuneraciones por el tiempo indebidamente alejada.
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La Contraloría concluye que los asistentes de la educación de categoría profesional sí pueden desempeñarse como coordinadores del PIE, acogiendo la reposición y dejando sin efecto la exigencia de que sean exclusivamente profesionales de la educación.
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La Contraloría concluye que no procede financiar con recursos de convenios transferidos (MIDESO, SENDA, SENCE, FOSIS) las remuneraciones de quienes pasaron de honorarios a contrata por el decreto alcaldicio N° 2.840, de 2023, pues esos convenios no constituyen funciones propias del municipio y el traspaso no se ajustó a la ley N° 21.526 ni al dictamen N° E296951, de 2023.
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El director de consultorio con contrato indefinido previo no puede ascender de nivel mientras ejerza ese cargo directivo, porque queda exceptuado de las normas sobre carrera funcionaria; solo puede volver a su plaza original al término de su período.
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La Contraloría concluye que, por excepción a la regla general, debe aceptarse la postulación tardía a la bonificación por retiro voluntario del señor Ahumada, pues un error de la Municipalidad no puede perjudicar a quien actuó de buena fe siguiendo sus instrucciones.
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La Contraloría concluye que el sistema de control de jornada municipal debe garantizar información fidedigna e íntegra, no bastando el libro de asistencia. Además, la regla general de 40 horas extraordinarias diurnas sí aplica a los municipios, pudiendo excederse solo excepcionalmente mediante decreto alcaldicio fundado.
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La Contraloría concluye que el Director de Control actuó dentro de sus competencias al informar sobre el costo de una contratación y calificarlo como confidencial por existir una investigación penal en curso, aunque la negativa inicial de entregarlo al Administrador Municipal quedó superada al ya haberse proporcionado.
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La Contraloría concluye que las conductas denunciadas por el Director de Control de Las Condes no constituyen acoso laboral, pues responden a facultades legales de jefatura, y que carece de competencia sobre la concejala involucrada.
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La Contraloría concluye que no procede otorgar feriado legal a un alcalde o funcionario mientras esté privado de libertad por decisión judicial, pues ello no constituye descanso efectivo, sino una ausencia que no debe legitimarse con ese beneficio.
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La Contraloría concluye que las bonificaciones de los artículos 3° de la ley N° 18.566 y 10 de la ley N° 18.675 deben incluirse en la base de cálculo de las bonificaciones por retiro voluntario y complementaria de la ley N° 21.135, por tener carácter remuneratorio permanente.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de la Municipalidad de San Ramón contra el oficio que anuló la no renovación de contratas, pues no se acreditó el déficit presupuestario ni la razón para prescindir solo de esos funcionarios. Debe cumplirse el oficio N° E183575, de 2022.
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El dictamen aclara que el desahucio de la ley N° 7.390 se calcula sobre la última remuneración efectiva, incluyendo las horas extraordinarias autorizadas, ejecutadas y pagadas en el último mes, por constituir renta. Concluye complementando el dictamen N° E134723, de 2021, en ese sentido.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, un funcionario municipal no puede conservar su cargo de planta al asumir un empleo de Alta Dirección Pública, pues la ley municipal no admite esa compatibilidad; por ello, Uribe Barahona cesó en su cargo municipal desde el 21 de marzo de 2023.
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La Contraloría concluye que, aunque el sueldo base del grado 5 fue transitoriamente menor que el del grado 6 por los reajustes de la ley N° 21.526, no procede aplicar la garantía de renta del artículo 97 de la ley N° 18.883, pues el monto fijo de $264.000 compensó esa diferencia y la ley N° 21.599 la subsanó.
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La Contraloría concluye que no procede reemplazar a los funcionarios traspasados al Código del Trabajo por la ley N° 21.526, pues no existe habilitación expresa para ello; solo se permite exceder los límites de gasto en personal mientras esos traspasados se mantengan en sus cargos.
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La Contraloría concluye que, pese a que el recurrente no tenía derecho al bono de la ley N° 20.305 según dictámenes previos, el artículo 80 de la ley N° 21.306 otorga un plazo extraordinario que lo habilita para postular nuevamente, por lo que la Municipalidad de Porvenir debe tramitar su solicitud de enero de 2023 y concederle el beneficio si verifica los demás requisitos.
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La Contraloría concluye que, por excepción, el tiempo trabajado en el DAEM debe contarse para la asignación de antigüedad del personal traspasado a los SLEP, pues la ley interpretativa lo ordena desde la vigencia de la ley N° 21.040. Por ello, el SLEPAS debe regularizar y pagar a la recurrente considerando esos años.
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La Contraloría concluye que los municipios deben consultar el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos y exigir autorización de retención a los prestadores a honorarios con inscripción vigente, como condición para contratarlos o renovarlos, reteniendo desde el primer emolumento sin intervención judicial.
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La inhabilidad por vínculo conyugal con un directivo no impide el traspaso de una servidora a honorarios a la contrata, pues se aplica la excepción del artículo 64 de la ley N° 18.575: puede mantenerse en unidades sin dependencia jerárquica de su cónyuge.
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La Contraloría concluye que, por efecto retroactivo de la ley N° 21.544, los años trabajados como manipuladora de alimentos deben incluirse en la base de cálculo de la bonificación por retiro de la exfuncionaria, ordenando al municipio reliquidar íntegramente sus beneficios.
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La Contraloría concluye que el permiso gremial mínimo de 11 horas semanales de los dirigentes comunales del Colegio de Profesores puede imputarse tanto a horas lectivas como no lectivas, fijándose de común acuerdo con el director, por lo que no se aplica la regla del reglamento que las considera solo actividad no lectiva.
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La obligación de contar con un especialista en inclusión laboral del artículo 157 quáter del Código del Trabajo rige solo para empresas privadas, no para municipios. Contraloría concluye que las municipalidades se rigen por la ley N° 20.422, que no exige dicho especialista.
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La Contraloría concluye que no procede usar vehículos municipales para trasladar a funcionarios con discapacidad desde sus hogares al trabajo y viceversa, pues ello no constituye una necesidad institucional indispensable; pero pueden otorgar ese beneficio vía servicio de bienestar.
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La Contraloría concluye que la asistente social contratada a honorarios está amparada por las normas de protección a la maternidad del Código del Trabajo, por lo que el municipio debe renovar su contratación durante el fuero maternal, sin pagar diferencias de honorarios no pactadas.
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La Contraloría concluye que, por excepción y para no perjudicar a quienes actuaron de buena fe, el bono de la ley N° 20.305 debe pagarse a los 11 exfuncionarios desde el mes siguiente a sus primeras postulaciones, no desde la segunda.
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La Contraloría concluye que no procede contratar a honorarios para que un externo actúe como fiscal instructor de sumarios, pues esa labor exige ser funcionario público; y como excepción, si no hay funcionarios habilitados, la Contraloría Regional puede sustanciar el procedimiento.
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La exdirectora de un DAEM no traspasada al SLEP tiene derecho a indemnización de cargo fiscal, pero debe pagarla la Municipalidad de Putre, con fondos que le transfiera el Ministerio de Educación, sin intereses ni reajustes.
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El artículo 80 de la ley N° 21.306 permite postular al bono postlaboral de la ley N° 20.305 dentro del plazo extraordinario, aunque no se haya solicitado junto con la renuncia voluntaria. Se concluye que los exdocentes tienen derecho a percibirlo.
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La Contraloría concluye que el municipio debe calificar si la causa invocada por la docente para poner término anticipado a su relación laboral es justificada, aplicando la excepción del numeral 10 del artículo 2° de la ley N° 20.976, y si la aprueba, informar al MINEDUC para el pago de la bonificación.
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La Contraloría concluye que el aumento de feriado por el tiempo de viaje al continente se aplica también cuando el feriado se usa en fracciones, incluso inferiores a 10 días, aunque el alcalde puede anticipar o postergar la fracción por necesidades del servicio sin afectar ese derecho.
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El Módulo Dental donde trabajan las funcionarias municipales no es un establecimiento educacional, sino un espacio de apoyo a JUNAEB. Por ello, no corresponde traspasarlas al Servicio Local de Educación Pública, pues la ley exige desempeñarse en un establecimiento educacional.