Contraloría General de la República
Municipalidades
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre municipalidades, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre municipalidades, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre municipalidadesTemas de municipalidades
Pronunciamientos
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La Contraloría concluye que la reubicación de personal del DAEM en municipios debe formalizarse mediante decreto alcaldicio que detalle las nuevas tareas, y que los reubicados conservan su antigüedad, pero se rigen por el régimen estatutario o laboral que corresponda, no por los beneficios colectivos anteriores.
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La hora de incidentes depende del tiempo que quede tras la tabla ordinaria y el alcalde solo puede intervenir en ella para dirigir y aclarar debates y hacer cumplir el reglamento, no para participar libremente.
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La Contraloría concluye que prohibir celulares en colegios municipales es legal si se ajusta a la ley N° 21.801 y a las instrucciones de la Superintendencia de Educación, y que no afecta la seguridad de los alumnos. Sobre los estuches que inhiben señal en Lo Barnechea, remite su calificación a la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
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La Contraloría concluye que las 3 horas semanales de trabajo colaborativo del PIE cuentan para la titularidad de la ley N° 21.176, por formar parte de la función docente, y ordena a la Municipalidad de Pucón reconocerlas y pagar las adeudadas de marzo a mayo de 2025.
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El tema principal es el juego ilegal en Chile y las facultades de los organismos para perseguirlo. Contraloría concluye que la SCJ actuó correctamente, que no puede revisar al Ministerio Público y que las patentes municipales deben renovarse solo si la actividad es lícita.
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La Contraloría instruye sobre las Direcciones de Control Municipal: su jefatura solo puede removerse por las causales legales de cese, y si se investiga el incumplimiento de sus funciones, el sumario lo instruye la Contraloría a solicitud del concejo.
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La Contraloría concluye que, aunque la ley N° 21.802 califica los vehículos de seguridad municipal como de emergencia, no modificó las licencias de conducir, existiendo un vacío normativo sobre cuál se requiere, que no puede llenarse interpretativamente, por lo que lo informa al Ejecutivo y al Congreso.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de San Miguel no debe usar sus redes sociales para publicitar empresas privadas, sino solo mencionarlas cuando sea necesario para informar a los vecinos, y debe evitar enlaces a cuentas comerciales en su sitio web institucional.
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El dictamen corrige errores en la cita de artículos de la ley N° 18.695 contenidos en el dictamen N° D401 de 2026, precisando las normas sobre aseo y ornato, autonomía financiera municipal y aprobación del presupuesto. Concluye rectificando solo esos términos y manteniendo vigente el resto del pronunciamiento.
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La Contraloría rechaza la denuncia por irregularidades en la designación del director de control de la Municipalidad de Coronel, pues el subrogante sí tenía título profesional habilitante y la acción disciplinaria por los hechos de 2020 está prescrita.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Quilicura no puede compensar la devolución de patentes pagadas en exceso con las patentes comerciales adeudadas por MACO S.A., por falta de habilitación legal expresa, debiendo devolver lo pagado en exceso y cobrar la deuda por separado.
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La Contraloría concluye que no hubo infracción legal en el rechazo de la postulación de la Fundación Ciudad Literaria, pues la falta de fundamentación fue un error informático subsanado después y considerado al adjudicar, desestimando el reclamo.
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La Contraloría concluye que el artículo 51 del Reglamento Interno de Sala del Concejo de Chillán no se ajusta a derecho, pues no puede exceptuar la aprobación tácita del artículo 82 letra c) de la ley N° 18.695. Además, en los tres casos reclamados operó dicha aprobación tácita, por lo que el municipio debe dictar un acto declarativo en tal sentido.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Peñaflor no estaba facultada para comprometer aportes al proyecto de detección acústica de disparos, pues ello excede sus labores de apoyo en seguridad pública, y ordena iniciar un procedimiento disciplinario.
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El personal del Departamento de Salud Municipal debe celebrar el Día de la Atención Primaria de Salud (6 de septiembre), no el Día de los Funcionarios Municipales; los reubicados ex DAEM regidos por el Código del Trabajo sí pueden participar, y los contratados a honorarios no, por no ser funcionarios municipales.
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El Plan de Acción Comunal de Cambio Climático debe ser aprobado por el Concejo Municipal, pues la ley se refiere a la municipalidad como alcalde y concejo, y ese plan incide en planes, programas y ordenanzas que requieren acuerdo del Concejo.
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La Contraloría concluye que la selección de familias del proyecto La Platina se ajustó al procedimiento del SERVIU Metropolitano, sin intervención decisoria del municipio, y no advierte irregularidades en la actuación municipal denunciada.
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Los trabajadores de corporaciones municipales que administren fondos públicos deben suscribir y mantener vigentes pólizas de fidelidad funcionaria, aunque no sean funcionarios públicos. Sobre los descuentos para financiarlas, corresponde resolver a la Dirección del Trabajo.
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No existe norma que obligue a exhibir solo la foto del Presidente en ejercicio en oficinas públicas; el despacho del alcalde puede incluir imágenes de exautoridades si no hay proselitismo político. Concluye que no se infringió la probidad administrativa.
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Las modificaciones de la ley N° 21.173 al artículo 53 del Código Tributario, sobre interés penal diario por mora, también se aplican al pago atrasado de patentes, derechos y tasas municipales, por remisión del artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales.
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La Contraloría concluye que funcionarios municipales no pueden representar judicialmente a una corporación municipal de derecho privado, pues esta es ajena a la Administración del Estado, y ordena al municipio investigar las ausencias laborales detectadas.
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Las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública deben realizarse de forma presencial, tanto para miembros permanentes como invitados, pues la ley no permite modalidades online o híbridas. La Contraloría concluye que la presencialidad es la regla general exigible.
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El plazo para reclamar el desahucio de la ley N° 7.390 corre desde el cese definitivo de funciones, no desde el encasillamiento. Concluye que el derecho del reclamante no prescribió y ordena pagarlo, computando solo el período servido en la planta de obreros.
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La Contraloría concluye que el bloqueo administrativo de patentes dispuesto por la Municipalidad de Buin carece de habilitación legal y excede sus atribuciones, por lo que debe dejarlo sin efecto y regularizar los permisos de circulación afectados, sin cobrar reajustes ni intereses.
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La Contraloría instruye que los municipios pueden gastar en las celebraciones del Día del Funcionario Municipal y del Día de la Atención Primaria de Salud, siempre que esos gastos sean austeros, proporcionales, se ajusten al presupuesto y se imputen correctamente.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Conchalí difundió ofertas laborales con requisitos de sexo o género discriminatorios, y deberá abstenerse en lo sucesivo de publicar ofertas que incluyan ese tipo de exigencias.
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Las municipalidades pueden organizar fiestas de la vendimia y permitir venta y degustación de alcohol con permisos, pero no solicitar donaciones a empresas ni publicitarlas; solo aceptar donaciones espontáneas sin comprometer la probidad.
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El aporte fiscal al Fondo Común Municipal de las letras c) y d) del artículo 35 no puede considerarse ingreso propio permanente para calcular el límite del 42% de gasto en personal, pues solo se admite para el indicador de distribución del FCM.
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La Contraloría concluye que no es ajustado a derecho que la Corporación Municipal de La Florida celebre acuerdos para calcular la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.919 usando las remuneraciones a la fecha de término de la relación laboral, pues la ley exige el promedio de los doce meses anteriores a la renuncia voluntaria.
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La Contraloría imparte instrucciones sobre la contratación municipal de servicios de residuos sólidos domiciliarios: bases y adjudicaciones requieren toma de razón sin monto mínimo, y la compra ágil no procede para concesiones. Concluye que alcaldes deben asegurar su cumplimiento y difusión, bajo fiscalización del organismo.
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El municipio no tiene atribución permanente para ejecutar proyectos habitacionales como el planteado; solo puede hacerlo temporalmente mediante asociación con el SERVIU conforme a la Glosa 07 de la ley N° 21.796, mientras esta esté vigente.
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La Contraloría concluye que la señalética que solo informa la existencia y funcionalidades de un punto CajaVecina, sin promoción comercial, no constituye publicidad afecta al pago de derechos municipales, por lo que reconsidera el oficio recurrido y aplica la excepción legal.
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La ley N° 21.795 condonó de pleno derecho las deudas por incremento previsional pagadas en exceso hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que la Municipalidad de Galvarino debió cesar los descuentos desde el 26 de enero de 2026 y restituir lo descontado después de esa fecha.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Las Condes puede comprar agua embotellada y alimentos para sus funcionarios que trabajan en terreno durante emergencias meteorológicas, pues así se resguarda su salud y dignidad, no siendo objetable dicha compra.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, el protocolo Karin forma parte del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad municipal, por lo que debe someterse a consideración del Comité Paritario, las asociaciones de funcionarios y los trabajadores, sin que ello implique su aprobación.
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La Contraloría concluye que no procede pagar el bono compensatorio de sala cuna durante los recesos programados o jornadas sin párvulos, pues la excepción jurisprudencial exige una imposibilidad permanente o prolongada, no situaciones ocasionales y acotadas.
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La Contraloría concluye que fue improcedente el convenio entre la Municipalidad de San Bernardo y su corporación de salud para patrullajes preventivos, pues la seguridad pública es atribución municipal indelegable; no obstante, al estar ya extinguido, no indaga responsabilidades.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, el director o un funcionario de la Dirección de Obras Municipales puede actuar como "Analista ejecutor" en el SISREC para rendir transferencias de proyectos de obras, sin alterar la obligación de la Unidad de Administración y Finanzas de rendir cuentas directamente ante la Contraloría.
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La Contraloría concluye que las modificaciones al Plan Regulador Comunal deben seguir el procedimiento de participación ciudadana de la LGUC, sin perjuicio de la facultad municipal de plebiscito del artículo 99, que no puede vulnerar dicha normativa.
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La Contraloría concluye que el artículo 68 de la ley N° 21.442 permite a las municipalidades destinar recursos y ejecutar programas de mantenimiento en áreas verdes de condominios sociales, pero solo como apoyo complementario y temporal, no permanente ni indefinido, pues la mantención corresponde por regla general a los copropietarios.
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La Contraloría concluye que el traspaso del recurrente al SLEP Antofagasta no procede, porque su desvinculación de la corporación municipal rompió la continuidad laboral exigida por la ley N° 21.040.
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La Contraloría concluye que Jaime Melis Hidalgo infringió la prohibición de ingresar a la municipalidad manteniendo litigios pendientes con ella, por lo que corresponde anular sus designaciones y reintegrar remuneraciones, sin acoger la excepción legal.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión del Municipio de Talca, pues las nuevas denuncias de acoso laboral se basan en hechos distintos y posteriores a los ya resueltos en 2024, sin que exista el error de hecho invocado.
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La ley N° 21.802 permite a los municipios contratar inspectores de seguridad municipal mediante planta, contrata o Código del Trabajo, y excepcionalmente a través de asociaciones municipales. Concluye que esa facultad de contratación a honorarios es permanente y que dicho gasto computa dentro del límite del 42% de ingresos propios.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría concluye que las municipalidades solo pueden entregar vestimenta a sus funcionarios cuando esta constituya uniforme, con fundamento, presupuesto y reglamento; no pueden otorgar giftcards para adquirir prendas que excedan ese carácter. Por eso ordena a Providencia revisar y ajustar su reglamento.
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La Contraloría concluye que no procede sancionar al funcionario municipal condenado a inhabilitación perpetua, pues la jurisprudencia vigente al momento de su condena impedía aplicar esa pena accesoria, y tampoco advierte irregularidades en el pago de horas extraordinarias.
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La Contraloría concluye que no hubo inhabilidad para contratar a honorarios a la sobrina de una directiva municipal, pues al momento del contrato la tía había renunciado a la suplencia y luego quedó amparada por la excepción del artículo 64. Acoge la reconsideración y deja sin efecto el oficio recurrido.
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El requisito del artículo 2° N° 1 de la ley N° 21.728 solo exige haberse desempeñado en un establecimiento traspasado, sin importar el mecanismo de salida. Concluye que la renuncia forzada seguida de contratación municipal el mismo día no impide acceder al aporte, pues no interrumpió el vínculo con el Estado.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Recoleta no debió asignar al funcionario Sebastián Vargas Olivari funciones de las categorías E y F, distintas del apoyo al nivel profesional propio de su categoría C de técnico de nivel superior, por lo que debe encomendarle tareas acordes a su título.